Una Presidencia para construir la Europa del mañana

Una presidencia en cuatro tiempos

El 1 de julio, España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión Europea con la intención de aportar sus iniciativas y su europeísmo para seguir construyendo la Europa del futuro. 

La integración europea busca ante todo garantizar el bienestar y ampliar los derechos de sus ciudadanos a través de un proceso de creación sucesiva de nuevas políticas y nuevas maneras de relacionarse entre europeos.  La ambición de los fundadores del proyecto europeo cuando concibieron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero iba mucho más allá del establecimiento de un régimen común para unos productos esenciales en la reconstrucción económica. Sabían que con ella estaban sentando las bases de un proyecto de futuro, inicialmente para seis países, pero concebido para todo un continente. 

La Unión Europea es, por lo tanto, mucho más que una construcción pragmática basada en el desarrollo de unas políticas sectoriales: es el proyecto de destino común de todos los europeos, el único capaz de realizar el horizonte de prosperidad y bienestar al que todos nosotros aspiramos. Y ese proyecto se ha ido construyendo a través de unos de los mayores ejercicios de innovación política de la historia, en el que sobre los fundamentos del orden secular europeo, el Estado westfaliano, se superponía una estructura institucional única.

La COVID o la guerra de Ucrania nos han dado nuevos ejemplos de cómo la Unión ha vuelto a saber avanzar en situaciones de crisis. La respuesta europea a la agresión rusa ha sido muy distinta a la de crisis anteriores. En lugar de actuar por separado y de manera descoordinada, estamos respondiendo con unidad y solidaridad, aportando soluciones europeas y no sólo nacionales, como también hicimos frente a la pandemia del COVID19. Pero es que esa es la esencia misma de nuestro proyecto de integración: un proyecto en constante creación. 

El escritor checo Milan Kundera, recientemente fallecido, decía que la verdadera razón por la que buscamos ser dueños de nuestro futuro es para cambiar nuestro pasado. Y de ese pasado con dos contiendas masivas en 30 años, los europeos hemos elegido, y logrado, que la Unión Europea sea todo lo contrario: un proyecto paz basado en valores de democracia, tolerancia, igualdad, no discriminación. 

La inaceptable guerra de agresión rusa contra Ucrania nos debe recordar la importancia de ese camino recorrido. Ha pasado ya casi año y medio desde el 24 de febrero de 2022. Aquella mañana asistimos con estupor al comienzo de una invasión que nos retrotraía a los peores momentos de la historia europea cuando precisamente la Unión nació para superarlos. El pueblo ucraniano tiene muy claro el alcance y el valor de lo que hemos construido en los últimos 70 años; y los europeos apoyamos y reconocemos el sacrificio que Ucrania está haciendo en nombre de ese ideal europeo. 

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El proyecto europeo debe sostenerse a través de la unidad y la cohesión, que serán dos de los ejes principales de nuestra Presidencia. Unidad entre los Estados miembros y cohesión interna, promoviendo las políticas que dejen claro a los ciudadanos que la Unión es un proyecto de todos los europeos y para todos los europeos. Políticas de progreso para seguir avanzando hacia una Europa competitiva, ecológica y digital, pero también justa e inclusiva. Es el camino para construir esa Europa del futuro con peso en el mundo y con un proyecto reconocible dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Esta es la Europa en la que cree España. Ésta es la Europa de la Presidencia española del Consejo, cuyo lema es “Europa, más cerca”, y que se plasma en un programa ambicioso que busca forjar consensos europeos frente a las grandes cuestiones a las que se enfrenta la Unión. La situación lo exige, ya que nuestra Presidencia será, además, la última completa de la actual legislatura europea, antes de las elecciones al Parlamento en junio de 2024. 

Durante los próximos meses estaremos ante una gran oportunidad para conseguir avances decisivos en los grandes debates que condicionarán el futuro de la Unión durante décadas.  Los tiempos lo exigen. La unidad europea no solo será necesaria para seguir respondiendo con decisión al órdago que supone la agresión rusa. También para poder consolidar a la Unión como una potencia con voz propia en un mundo y para defender nuestro modelo de valores y principios. 

España lleva años impulsando políticas de progreso en Europa y una integración más estrecha. Fieles a ese espíritu, los esfuerzos de la Presidencia española se articularán en torno a cuatro líneas de trabajo.

El progreso mediante la protección y la inversión

El proyecto europeo de ampliación de derechos es también un proyecto de progreso económico. España impulsará políticas que ayuden a atraer industrias, modernizar nuestra economía y diversificar nuestras relaciones comerciales con el exterior. La Unión debe buscar una mayor competitividad de sus empresas, asegurando que la industria europea se consolide a la cabeza de los grandes sectores de futuro. Debemos promover la competitividad y el crecimiento económico sostenible e inclusivo, fortaleciendo y profundizando el mercado único ahora que celebramos el trigésimo aniversario de su creación. Todo ello forma parte de reducir vulnerabilidades y dependencias estratégicas que otros países pueden usar como instrumento de presión, condicionando nuestro bienestar económico. 

Para ello es necesario seguir fomentando un marco regulatorio que combine los incentivos al desarrollo tecnológico y la innovación con la defensa del modelo europeo y nuestros valores. Este modelo europeo de digitalización responsable, basado en la igualdad de acceso al entorno digital y en la garantía de la privacidad de los europeos, es una seña de identidad que se respeta e imita en otras regiones del mundo, y por ello debe considerarse como un activo a potenciar y no un lastre para la innovación. Uno de los objetivos en este sentido será avanzar hacia un primer Reglamento de Inteligencia Artificial.

Paralelamente, debemos reducir las vulnerabilidades en áreas de suministro esenciales como los alimentos, la energía, la salud o el ámbito tecnológico. Uno de los expedientes de mayor importancia en este ámbito es el de la Ley de Materias Primas Críticas, cuyas negociaciones la Presidencia española espera impulsar en trílogos una vez que el Parlamento Europeo haya votado su posición negociadora. La agresión rusa ha puesto de manifiesto el enorme riesgo que significa tener una dependencia excesiva de una potencia dispuesta a usar la energía como arma de guerra. También ha demostrado que hacer frente a estas dependencias supone una gran oportunidad para invertir en un modelo energético sostenible. Diversificar suministradores y reducir nuestras dependencias nos brinda oportunidades, por lo tanto, a la hora de cumplir otros objetivos estratégicos.

En este sentido, será especialmente importante consolidar las alianzas con nuestros socios más fiables, avanzando en los acuerdos de asociación con regiones prioritarias. Como no puede ser de otra manera, España pone en valor a América Latina y el Caribe como la región más “eurocompatible” del planeta, tanto por los valores que compartimos como por los intereses que nos unen. Además de los importantes vínculos económicos, sociales y culturales que existen entre nuestros dos continentes, nos une una profunda compatibilidad a la hora de defender los valores democráticos. En el contexto geopolítico actual, las relaciones entre Europa y América Latina revisten, por ello, una dimensión estratégica a cuya altura debemos estar. 

La Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC, del 17 y 18 de julio en Bruselas, ha marcado un punto de inflexión en la relación birregional a todos los niveles. Desde 2015 no se organizaba una cumbre con América Latina, señal de que es imprescindible reforzar el diálogo político a todos los niveles con mayor contenido y periodicidad. Los resultados han sido prometedores y permiten avanzar decisivamente en este objetivo: hemos aprobado una agenda de 45.000 millones en inversiones estratégicas para la región y consolidado un mecanismo de seguimiento que permitirá estructurar nuestro diálogo en el futuro. 

Una transición justa y adecuada

Forjar una Europa de futuro pasa inevitablemente por asegurar que las próximas generaciones tienen un planeta en el que puedan disfrutar de ella.  Por ello, la segunda prioridad será avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental. La Unión debe acelerar la transición ecológica para poder seguir contribuyendo de forma efectiva a la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Debe ser una transición que mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos y que genere oportunidades de empleo, asegurando un reparto equitativo de las cargas y teniendo en cuenta a los ciudadanos más vulnerables.

Durante nuestra Presidencia impulsaremos importantes expedientes en este ámbito, como la Ley sobre Industria de cero emisiones netas. También esperamos cerrar las negociaciones con el Parlamento Europeo en lo que respecta a la Directiva y el Reglamento del Gas y del Hidrógeno, como paso necesario para lograr la neutralidad climática y reforzar la seguridad energética europea. 

Un elemento esencial de este objetivo será acelerar el despliegue de las energías renovables e interconexiones como vía para reducir la dependencia energética que tanto ha costado a Europa, así como completar la mejora del mercado eléctrico para garantizar unos precios de la electricidad asequibles para los europeos, incluso en tiempos de crisis. Igualmente, impulsaremos la descarbonización de la economía europea, culminando la adopción del Fit for 55 y fomentando una economía verde, que asegure el empleo de calidad y la competitividad de las empresas europeas.

Una década de crisis sucesivas ha dejado cicatrices en nuestro tejido social que debemos sanar. Una Europa de futuro solo puede ser una Europa cohesionada a todos los niveles, en la que sus ciudadanos puedan sentir que forman parte de un proyecto de bienestar para todos. En línea con este compromiso, nuestra tercera prioridad será impulsar una mayor justicia social y económica. Los europeos nos reclaman respuestas sociales ambiciosas para reducir desigualdades, ampliando y fortaleciendo los derechos laborales y sociales y protegiendo a los grupos más vulnerables. Para ello, impulsaremos una economía social en la que la generación de riqueza alcance a todos los europeos y garantizaremos los derechos de los trabajadores en los nuevos sectores económicos. 

Redistribución, Estado del bienestar y justicia social en Europa

Un elemento fundamental en este objetivo será asegurar la justicia fiscal europea, basada en el espíritu redistributivo que ancla todo proyecto social. El peso de la recuperación y de las medidas sociales no puede recaer en los más vulnerables, porque ya hemos visto a qué nos avocan esas políticas: a la exclusión, a la desafección y al aumento de las desigualdades. Por eso, vamos a trabajar en la adopción de estándares mínimos de tributación a nivel europeo y en la lucha contra la elusión fiscal. 

En ese mismo espíritu llevaremos a cabo la reforma de la gobernanza económica de la Unión Europea. Queremos reglas fiscales más justas, realistas y predecibles, que permitan a los Estados miembros financiar las políticas y los servicios públicos necesarios para asegurar la prosperidad de los europeos, a la vez que garantizamos la sostenibilidad fiscal. Está en juego la cohesión europea para las próximas décadas: no podemos volver a los tiempos de la austeridad a costa del futuro de nuestros ciudadanos

Una Europa más cercana a los europeos también pasa por una Europa con un fuerte Estado del bienestar. Por ello, progresaremos en las iniciativas y objetivos fijados en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. También avanzaremos en la adopción de medidas a favor de la igualdad de trato entre personas y su inclusión, prestando especial atención a la igualdad de género y a las cuestiones de infancia y de discapacidad, ámbito en el que impulsaremos la aprobación de una Tarjeta Europea para la Discapacidad. 

La solidaridad y la cohesión tienen que alcanzar todos nuestros territorios. España conoce de primera mano los desafíos que suponen los desequilibrios geográficos, como la insularidad, y el reto demográfico. Por ello, vamos a trabajar por una cohesión territorial que tenga en cuenta las particularidades naturales y geográficas de la Unión, garantizando la calidad y el modo de vida rurales, además de fomentando una transición ecológica y digital que genere oportunidades en las zonas rurales y las regiones ultraperiféricas. El reto demográfico y la lucha contra la despoblación son una prioridad transversal de la Presidencia española y, en este sentido, vamos a impulsar medidas como la vertebración entre municipios rurales y áreas urbanas, el análisis de los fondos europeos de naturaleza estructural para abordar su impacto en la lucha contra la despoblación o la elaboración de una estrategia europea para adaptar los sistemas nacionales de protección social a la nueva realidad del envejecimiento demográfico.

Todo ello sin olvidar lo que la pandemia de la COVID-19 tristemente nos recordó: que no podemos aspirar a construir un espacio de prosperidad sin antes garantizar lo más básico, que es la salud de las personas. Por eso queremos culminar una verdadera Unión Europea de la Salud, consagrando un espacio europeo de datos sanitarios y reforzando la acción europea en materia de cuidados y de salud mental. 

La transición geopolítica de la Unión

La cuarta prioridad será mantener la unidad europea en la defensa de un orden internacional basado en reglas. La guerra en Ucrania no es una mera disputa territorial europea, sino que es una crisis sistémica que concierne a todas las naciones del mundo. La Carta de las Naciones Unidas, cuyos principios han sido manifiestamente ultrajados, es una garantía de la independencia de todos los Estados del mundo, no sólo de los europeos. Sin la protección de la Carta, erosionada cada vez que ésta se ignora, damos un paso más hacia una vuelta a las relaciones internacionales del pasado, basadas en la ley del más fuerte y en la razón de las armas. 

Por ello, debemos mantenernos unidos contra la agresión. En un mundo crecientemente interconectado, pero no por ello más estable, la seguridad de Europa pasa no sólo por la cooperación entre Estados miembros sino con nuestros socios y aliados. Para afrontar los desafíos de nuestro siglo, tanto geopolíticos como sociales y económicos, necesitamos una fortaleza institucional y una seguridad económica que sólo podemos conseguir manteniéndonos abiertos al mundo. La Unión debe aspirar a consolidar un espacio estratégico europeo sobre la base de los intereses que nos unen a nuestros socios y aliados.

En el Mediterráneo y el Sahel también debemos buscar la creación de una comunidad de intereses comunes ante los importantes desafíos de la región. Ésta es una relación birregional en la que la prosperidad, la estabilidad y la sostenibilidad medioambiental están estrechamente vinculadas e interrelacionadas. Trabajaremos por una revisión de la Vecindad Sur que busque crear un verdadero partenariado mediterráneo, con la Unión por el Mediterráneo como uno de sus pilares. 

Pero la unidad en la acción exterior solo será posible si también logramos avanzar en las grandes reformas pendientes en la Unión. Una de las reformas esenciales es la del Pacto de Migración y Asilo. Necesitamos que la gestión humana, ordenada, solidaria, responsable y efectiva de los flujos migratorios ocupe un lugar mayor en el debate y agenda europeos. La Unión debe ser capaz de diseñar una política migratoria que haga frente a los retos económicos y demográficos a medio y largo plazo, más allá de la lucha contra la migración irregular. Es fundamental colaborar con nuestros socios a través de una dimensión exterior de la migración dotada de recursos adecuados.

Por ello, la Presidencia española aspirará a lograr resultados en las dos propuestas de Directiva sobre migración legal actualmente en negociación. Se trata de simplificar procedimientos, proteger las fronteras europeas y también a los trabajadores migrantes que buscan en Europa un futuro mejor. Con ello lograremos, además, atraer y retener talento a Europa, contribuyendo a satisfacer las necesidades laborales nacionales.

Otra de las grandes reformas institucionales pendientes es la ampliación. Este año se incluirá por primera vez a Ucrania y a Moldavia en el Informe Anual de Progreso de los Estados candidatos que elabora la Comisión. Con base en este informe, nuestra Presidencia impulsará unas Conclusiones del Consejo sobre Ampliación que ofrezcan unas perspectivas realistas a los países candidatos. Reconocemos el esfuerzo que han hecho muchos de los países candidatos de los Balcanes Occidentales, y trabajaremos para impulsar su proceso de adhesión, así como para avanzar en la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia.

La perspectiva de una Unión de más de 30 Estados miembros también nos obliga a avanzar la reflexión sobre los procedimientos de toma de decisiones en la Unión, para hacerlos más ágiles y eficientes. En línea con el seguimiento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, nuestra Presidencia profundizará el debate sobre las cláusulas pasarela para extender el uso de la mayoría cualificada, tanto en asuntos de Política Exterior y Seguridad Común como en otras políticas esenciales como la fiscal.

La Unión Europea, un proyecto de valores y ampliación de derechos

Nuestra Presidencia llega en un momento en el que el mundo y la Unión atraviesan un momento de profundas transformaciones. En el trasfondo de estos cambios se encuentran propuestas que ponen en cuestión los derechos y los valores sobre los que hemos construido nuestra paz y nuestra prosperidad durante décadas y en torno a los cuales se ha desarrollado la Europa que conocemos hoy en día. La guerra contra Ucrania es su manifestación más visible, pero este mar de fondo recorre desde hace tiempo nuestras sociedades, ganando voz y nutriéndose de la desafección y temores de muchos de nuestros ciudadanos. Su premisa es clara: la involución y la regresión, la polarización social como caballo de batalla. No se basa en propuestas ni ofrece una perspectiva de progreso o de futuro ni un camino para alcanzarlo; representa la negación de los valores y derechos que conforman la esencia europea.

Por ello, en el trigésimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht y la creación del concepto de ciudadanía europea, tenemos que reivindicar la Unión como el proyecto de ampliación de derechos que siempre ha sido. Porque, desde sus inicios, la historia de la construcción europea es también la historia de progresiva ampliación de derechos. Derechos de los europeos y como europeos. 

Hoy todos los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión podemos considerarnos ciudadanos europeos. Asociada a esa ciudadanía, reconocemos toda una serie de derechos políticos y civiles: el derecho a circular y residir libremente en toda la Unión; el derecho a votar y ser votado en las elecciones municipales del país de residencia sin importar el Estado de origen de cada uno; el derecho a pedir la protección consular de un Estado miembro en el extranjero a pesar de no ser nacional de ese país y el derecho a dirigirse como ciudadano a las Instituciones Europeas.   

Nuestra responsabilidad, hoy, es seguir ampliando esa esfera de derechos, con más ímpetu si cabe en este momento en que se encuentran cuestionados. Debemos seguir avanzando, también en el plano europeo, hacia la consolidación de los derechos civiles, sociales y económicos como requisito indispensable para una ciudadanía plena y porque son la mejor manera de reafirmar el compromiso con los valores que fundamentan nuestra Unión: pluralismo, no discriminación, tolerancia e igualdad entre hombres y mujeres.

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Renovarse constantemente

Durante las siete décadas de su existencia, la Unión Europea ha conseguido no sólo adaptarse y reinventarse, sino convertirse en una comunidad cada vez más estrecha, un referente mundial de democracia, bienestar y prosperidad. España asume la responsabilidad de la Presidencia del Consejo con la voluntad de seguir contribuyendo al proceso de creación que es la esencia misma de nuestra Unión: una comunidad basada en principios y derechos esenciales, capaz de renovarse constantemente para garantizarlos.