Este texto también está disponible en inglés en el sitio web del Groupe d’études géopolitiques.

La economía mundial se enfrenta a muchos retos, relacionados con el shock de la pandemia1, pero también con cambios más largos y profundos que, pandemia o no, tienen y tendrán efectos duraderos. Más que nunca, es urgente una pluralidad de reformas en Francia y en Europa para construir la economía de mañana.

En el seno de la comisión internacional que presidimos se llegó a un consenso en torno a tres temas clave que dieron lugar a la publicación de un informe el pasado mes de junio2. Es un hecho que merece ser destacado, porque reunió a economistas de diferentes orígenes, franceses, europeos y estadounidenses. El primer tema contempla la amenaza existencial del cambio climático y las respuestas que debemos dar. El segundo se refiere a las desigualdades y la inseguridad económica, con el objetivo de construir una economía inclusiva. El tercero tiene que ver con el cambio demográfico, y en particular el envejecimiento demográfico, que requiere una serie de adaptaciones. 

Sobre cada uno de esos temas, hemos hecho una síntesis de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Luego, hemos rescatado las implicaciones en materia de políticas económicas apropiadas. Al debatir las reformas, hemos prestado especial atención a las percepciones y eventuales oposiciones, así como al modo de abordarlas. Esto nos parece esencial para que las reformas, a menudo necesarias, sean aceptadas y tengan éxito.

Clima y medio ambiente

Es un hecho que el cambio climático es una emergencia absoluta. El último informe del IPCC, publicado el 9 de agosto, lo confirma: las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero están teniendo un impacto negativo en el clima y, en comparación con los niveles preindustriales, el calentamiento global podría alcanzar 1,5ºC en 20 años. Un aumento de la temperatura de esa magnitud desencadenaría fenómenos meteorológicos extremos « sin precedentes ». Queda poco tiempo para actuar, y cuanto más esperemos, más costosas serán las medidas necesarias de mitigación y adaptación. Esta urgencia es ampliamente percibida como tal por la mayoría de los franceses y europeos: más del 90% de los franceses creen que el calentamiento global está provocado por el hombre y que, por tanto, puede ser controlado. En la Unión Europea, el 93% de los ciudadanos considera que el cambio climático es un problema grave3.

Sin embargo, cuando se trata de la política medioambiental y de las medidas puestas en marcha para hacer frente a las consecuencias del calentamiento global, las percepciones difieren y se ajustan más o menos a la realidad. Un conjunto de medidas está sujeto a percepciones incorrectas, que impiden o facilitan su aplicación: las medidas con un impacto « visible » –con los impuestos sobre el carbono como caso emblemático– son mucho más impopulares que las medidas con un impacto « invisible » –prohibiciones, subvenciones a las energías renovables o introducción de nuevas normas–, aunque estas últimas sean potencialmente mucho más costosas.

Partiendo de los objetivos fijados a nivel europeo –reducir las emisiones en un 55% de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990 y lograr la neutralidad de carbono de aquí a 2050– y considerando el objetivo de +2°C como factor, el reto de nuestra comisión ha sido doble: proponer soluciones para reducir la distancia entre las palabras y los hechos, y garantizar la aceptabilidad política de las medidas costosas manteniendo su coste lo más bajo posible. En primer lugar, proponemos un precio universal del carbono que incluya los sectores que actualmente se benefician de exenciones. Esto iría acompañado de un ajuste del carbono en frontera, para evitar el dumping medioambiental. En segundo lugar, creemos que es esencial aumentar la inversión en investigación y desarrollo y crear dos instituciones a nivel europeo para garantizar la buena gobernanza. En tercer lugar, estas medidas podrían ir acompañadas de una serie de normas y prohibiciones que tendrían que evaluarse en función del coste implícito en términos de emisiones de CO2 evitadas. Por último, aunque la influencia de Francia en el cambio climático puede ser sustancial, sólo será efectiva a nivel europeo, el nivel pertinente para desarrollar una política climática eficaz que pueda allanar el camino a nivel internacional.

La tarificación del carbono para una transición justa y eficaz

A pesar de su impopularidad, es indispensable un precio del carbono elevado, universal y redistributivo, que refleje la urgencia y la magnitud del desafío climático. Tiene al menos cuatro ventajas: impulsa la acción de quienes pueden eliminar su contaminación a un coste relativamente bajo, estimula la innovación ecológica y simplifica la toma de decisiones por parte del Estado y los agentes económicos al garantizar la medición de las emisiones. Además, no supone un gran gasto público, sino que aumenta los ingresos, que pueden redistribuirse entre los hogares más expuestos. Tanto en el Reino Unido como en Suecia ha demostrado su eficacia.

Repasemos brevemente cómo funciona: los gobiernos fijan un « presupuesto de carbono », que corresponde al volumen de emisiones que aún se puede generar sin superar los límites establecidos por el Acuerdo de París. El precio del carbono lo fija entonces el equilibrio del mercado. Sin embargo, para hacer frente a las incertidumbres –como la aparición y el coste de las tecnologías verdes o los obstáculos políticos y geopolíticos–, el presupuesto de carbono debe revisarse a lo largo del tiempo, lo que puede implicar un alto grado de incertidumbre sobre los precios para los agentes económicos, que deben tomar hoy decisiones a largo plazo. Para reducir ese riesgo, proponemos garantizar cierta estabilidad en el precio de las emisiones de carbono mediante la fijación de un piso y un techo.  Para evitar los efectos de los grupos de presión, también sugerimos la creación de un Banco Central del Carbono con una gobernanza independiente que decida la evolución del volumen de emisiones en el tiempo de acuerdo con el mandato político. 

El paquete « Fit for 55 » (« Objetivo 55 ») presentado por la Comisión Europea en julio es ambicioso –una reducción del 55% de las emisiones respecto a 1990 en el horizonte 2030, es decir, mañana– y aborda muchos de los temas de nuestro informe, en particular la cuestión del ajuste del carbono en frontera, la revisión del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE) y el Fondo Social del Clima. He aquí algunas observaciones sobre este tema.

En primer lugar, la inclusión de los sectores de la construcción y el transporte (responsables en conjunto del 57% de las emisiones europeas) es en sí misma una buena noticia. Si bien no satisface a los puristas (no hay ninguna razón económica para crear un régimen de comercio de derechos de emisión paralelo para crear precios más bajos para esos dos sectores), del otro lado se han alzado muchas voces que se oponen a la inclusión de esos sectores en un régimen de precios del carbono. Creemos que es una actitud equivocada. Aunque compartimos la preocupación por el impacto social de la inclusión, debemos separar ambos aspectos: expresar su apoyo a la tarificación del carbono en esos sectores (la falta de tarificación ha hecho que no se produzcan avances en el sector de la construcción, y las emisiones del transporte han aumentado, mientras que las emisiones del sector eléctrico –sujeto al RCCDE– han disminuido); y expresar su preocupación por los aspectos distributivos y apoyar a la Comisión en la negociación de las compensaciones previstas para los próximos dos años (la cifra del 25% de los ingresos asignados al Fondo de Acción Social por el Clima, en cambio, parece quedarse corta).

Las otras medidas clave del « Fit for 55 » son el ajuste en frontera –también recomendado en nuestro informe– y la interrupción de la venta de coches impulsados por combustibles fósiles en 2035-2040 (con bastante retraso, ya que quedarán grandes stocks hasta 2050-2060). Entre las recomendaciones de nuestro informe, queda por desarrollar la creación de dos organismos europeos independientes y bien gobernados, uno para la investigación de vanguardia y otro para evaluar la eficacia comparativa de las políticas de lucha contra el calentamiento global.

La tarificación del carbono (directa, como en el caso de un impuesto sobre el carbono, o indirecta, como en el caso de la inclusión del sector en el ETS) es regresiva, al igual que muchas subvenciones verdes (fotovoltaica en tejados, coches eléctricos, rehabilitación energética). Una parte importante de los ingresos procedentes de la tarificación del carbono debería asignarse explícitamente a los procesos de compensación, tanto por razones de equidad como de economía política.

Del mismo modo, esta redistribución debe realizarse tanto dentro de los países como entre ellos. Por ejemplo, es un imperativo que la producción de carbón polaco y alemán, una fuente de ahorro de CO2 de bajo coste, cese inmediatamente; pero Europa debe compensar adecuadamente a los mineros de esos países.

Intensificar el esfuerzo de I+D

Actualmente, no se invierte lo suficiente en la I+D ecológica para limitar el calentamiento global. Inspirándonos en el éxito del rápido desarrollo de las vacunas de ARN mensajero, recomendamos establecer objetivos tecnológicos realistas para el sector privado. Proponemos la creación de una EU-ARPA-E a nivel europeo, que financie proyectos de investigación y desarrollo de alto riesgo y alto potencial. Para garantizar una gobernanza transparente, siguiendo el modelo de ARPA-E, se nombraría a un científico respetado con conocimientos de investigación y gestión y flexibilidad operativa para supervisar la asignación de fondos y garantizar la independencia del organismo respecto a los grupos de interés y la política. Varios proyectos de éxito a nivel europeo parecen presagiar este tipo de cooperación entre los sectores público y privado.

En cuanto al establecimiento de las prioridades para las inversiones, nos parece oportuno, sin querer sustituir las decisiones de dicha agencia, invertir más en tecnologías que hagan obsoletos los combustibles fósiles a largo plazo (energías renovables y baterías baratas), dando prioridad a las tecnologías de baja huella ecológica (uso de metales raros, por ejemplo) con vistas a su rápida adopción a escala mundial. En cuanto a la energía nuclear, si bien nuestra comisión no se ha pronunciado ni sobre la conveniencia de construir nuevas centrales (como en el Reino Unido y Polonia), ni sobre la tecnología nuclear concreta que debería utilizarse en ese caso, consideramos esencial mantener en funcionamiento las centrales existentes (respetando los principios de seguridad), que hoy en día proporcionan las tres cuartas partes de la producción de electricidad en Francia y el 25% de la producción total de electricidad en la Unión Europea. Aunque la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía verde de la Unión Europea divide a los Estados miembros, el reconocimiento de la energía nuclear, la hidroelectricidad y los biocombustibles como las únicas fuentes controlables de electricidad descarbonizada nos parece extremadamente importante en ausencia de tecnologías maduras para el almacenamiento de la electricidad.

Normas y prohibiciones

Creemos que la tarificación del carbono no será suficiente por sí misma (precio demasiado bajo, información imperfecta para los consumidores). Por ello, proponemos acompañar ese tipo de medidas con normas y prohibiciones, siguiendo el ejemplo de la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso, o la prohibición de la venta o matriculación de vehículos nuevos propulsados por determinados combustibles a partir de una fecha determinada. A condición de que los costes sean razonables y de que exista una estrategia global coherente (habrá que evaluar las prohibiciones, las normas y las subvenciones con una estimación aproximada de su coste implícito por tonelada eliminada), consideramos que estos instrumentos deberían formar parte de un dispositivo óptimo.

Aunque nuestro informe no pretendía estudiar en detalle todas las medidas medioambientales, como norma general recomendamos que cada medida sectorial se someta a un análisis coste-beneficio, basado en una estimación del coste por tonelada de CO2 no emitida, y de su coste social y medioambiental. En ese sentido, creemos que, dado su bajísimo coste por tonelada de CO2 no emitida, la sustitución del carbón por el gas natural es un mal menor, al tiempo que se evita la construcción de nuevas centrales, para sortear los efectos de cierre energético (lock-in effect): el gas representa actualmente casi el 20% del mix eléctrico europeo. La salida del gas natural tendrá que producirse en una fase posterior.

Hay dos maneras de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero: una es utilizar energía más limpia y la otra es utilizar menos energía. Nadie sabe cuál es la mezcla óptima entre ambas. Pero lo bueno del mecanismo de fijación de precios del carbono es que no tenemos que favorecer un enfoque sobre el otro; el ahorro se hará donde sea menos costoso.

Sin embargo, hacemos hincapié en la noción de coste. No creemos en el concepto de « crecimiento verde », que sugiere que podemos tener nuestro pastel y comerlo también. Pero si así fuera, ¿por qué no lo habríamos hecho en los últimos treinta años? Para que las cosas avancen, necesitamos el valor político de aceptar que hay un coste. Una vez aceptada esta noción, es más fácil adoptar las políticas adecuadas.

La escala europea

Europa, y no Francia, es la escala pertinente de acción y el compromiso europeo en la lucha contra el cambio climático podría tener un verdadero efecto de palanca a nivel internacional. Con el paquete « Fit for 55 », al presentar los contornos de un sistema de ajuste del carbono en frontera que permitiría tanto garantizar una competencia leal entre las empresas nacionales y los importadores en materia de precios del carbono como animar a los países reticentes a comprometerse, la Unión ha expresado su voluntad de ir más allá de « dar ejemplo ». Además, al dedicarse a la I+D ecológica, Europa podría desempeñar un papel clave en la transición ecológica de los países pobres.

Desigualdades y redistribución

Según los indicadores tradicionales, las desigualdades no son peores en Francia que en otras partes. Según esos indicadores, Francia sale mejor parada que muchos países europeos y mucho mejor que Estados Unidos: la parte de la renta captada por el 10% de los que más ganan, con un 32%, es inferior a la del Reino Unido (35%), Alemania (37%) y Estados Unidos (45%). Y la evolución en las últimas décadas ha sido mucho menos desfavorable que en otros países, especialmente Estados Unidos.  Pero más allá de estos indicadores tradicionales y de otras comparaciones internacionales, la mayoría de los franceses consideran que viven en una sociedad demasiado desigual4. Y esa percepción es en gran medida correcta: Francia sigue siendo un mal alumno en materia de igualdad de oportunidades, acceso a una buena educación, acceso a un buen empleo y movilidad social. Estos son los puntos en los que hemos decidido centrarnos para presentar propuestas para reducir las desigualdades.

Las medidas que proponemos se organizan en un tríptico y permiten abordar las desigualdades en varios frentes: antes de la producción, para aumentar la igualdad de oportunidades al comienzo de la vida; durante la producción, para orientarla hacia empleos de más calidad; y, por último, después de la producción, con medidas clásicas de redistribución para proteger a los que han salido peor parados.

Antes de la producción, reducir la desigualdad de oportunidades

Para reducir la desigualdad de oportunidades, hay que actuar en dos frentes: la educación y la desigualdad en patrimonio.

El sistema educativo francés sigue siendo muy desigual. La categoría social es, en todas partes del mundo, el principal criterio que explica el nivel de estudios, pero es particularmente acentuado en Francia, tal como señala la OCDE. La comparación con otros países europeos es, una vez más, reveladora: a la pregunta de si todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades de asistir a la universidad, apenas el 44% de los encuestados en Francia está de acuerdo, el porcentaje más bajo de los siete países en cuestión; el índice de respuestas positivas en Italia es del 49% y en Alemania del 70%. Las reformas llevadas a cabo en los últimos años para invertir más en las zonas más desfavorecidas (ZEP, REP5) han tenido resultados positivos. Sin dejar de conservar esta misma lógica, ahora es necesario hacer e invertir (mucho) más.

En cuanto al patrimonio, la ecuación es sencilla: algunos van por la vida con mucho, muchos con nada. En ese marco, consideramos que el impuesto de sucesiones es el instrumento más adecuado para reducir las diferencias en las condiciones iniciales, como parte de un contrato social más igualitario. 

Las percepciones sobre el impuesto de las herencias son contradictorias y comprensibles: por un lado, los franceses consideran que deben tener derecho a legar el patrimonio adquirido « a pulso »; por otro lado, no aceptan las desigualdades de condiciones iniciales y las consideran injustas. Francia se encuentra en una situación paradójica, con unos tipos impositivos sobre las sucesiones relativamente altos entre los países de la OCDE, pero al mismo tiempo una redistribución de la riqueza relativamente ineficiente. La medida que proponemos para un impuesto más justo se fundamenta en primer lugar en un principio: basar este impuesto en el beneficiario y no en el donante, al considerar todas las donaciones recibidas en vida para el cálculo del impuesto y al gravarlas sólo por encima de un umbral relativamente alto. También es necesario revertir la introducción de elevadas exenciones fiscales y oportunidades de evasión que benefician únicamente a los hogares más informados. Por último, con el objetivo de aumentar la aceptabilidad de este impuesto históricamente impopular, creemos que es deseable hacer una excepción al principio de las finanzas públicas y destinar explícitamente los ingresos fiscales de este impuesto al apoyo de los jóvenes desfavorecidos, en forma de regímenes dirigidos a todos los aspectos de la igualdad de oportunidades –por ejemplo, los estudiantes noruegos reciben un préstamo de 1.050 euros al mes, con reembolso condicionado a los ingresos futuros, al buen rendimiento académico y al tiempo de obtención del título. La condicionalidad en el uso es necesaria para lograr el objetivo de la igualdad de oportunidades en vida. 

Después de la producción, las medidas clásicas de redistribución

Replantear todo el sistema fiscal habría sido una tarea demasiado ambiciosa para este informe. Hemos optado por centrarnos sólo en algunos puntos que, en nuestra opinión, deberían ser objeto de especial atención en futuras reflexiones e investigaciones. 

En primer lugar, la fiscalidad del capital debe ser replanteada. El capital siempre ha sido un factor más móvil que el trabajo. El sentido común fiscal tradicional, que exige gravar a los factores menos móviles y con menos posibilidades de salir del territorio, ha dado lugar a una imposición mucho más elevada del trabajo que del capital. Ahora es necesario restablecer un mejor equilibrio, especialmente porque la elasticidad fiscal del capital y su movilidad internacional probablemente disminuyan: el acuerdo de la OCDE sobre un tipo impositivo mínimo para las multinacionales y el movimiento en el que está empeñada la comunidad internacional hacia una mayor armonización fiscal son pasos en la dirección correcta. 

En segundo lugar, debe abordarse seriamente la cuestión de la recaudación efectiva de los ingresos fiscales por parte de los Estados. En este punto, recomendamos prestar especial atención al desarrollo de la inteligencia artificial y repensar su uso por parte de las administraciones tributarias: la IA podría ser, efectivamente, una herramienta decisiva para mejorar el control fiscal, evitar el fraude y permitir al Estado recaudar todos los ingresos fiscales que le corresponden. 

Durante la producción, la cuestión de la calidad del trabajo

Los trabajadores quieren empleos de calidad. Según las encuestas disponibles, esto significa, por supuesto, un buen salario, pero también oportunidades de progreso, de responsabilidades, de duración de empleo y de un entorno de trabajo decente. Según las mismas encuestas, ven la globalización, el libre comercio y el cambio tecnológico como amenazas, y temen que muchos de esos empleos de calidad desaparezcan. Este problema debe ser abordado de frente.

La eficacia de una serie de medidas tradicionales está bien establecida, pero a menudo no existen o son insuficientes. La formación profesional a lo largo de toda la vida es esencial, sobre todo, pero no sólo, para evitar los efectos devastadores y bien documentados del  desempleo en las poblaciones desfavorecidas. Creemos que la formación profesional es tan importante como la educación que se recibe inicialmente. La actual reforma, que establece la cuenta personal de formación (CPF) y crea una nueva estructura encargada de la certificación de las formaciones y una mejor difusión de la información, es un primer paso importante. 

Sin embargo, creemos que es necesario ir más allá de esas medidas de formación y adaptación, al actuar directamente sobre la distribución y la naturaleza de los puestos de trabajo que ofrecen las empresas. Efectivamente, las elecciones tecnológicas y de organización interna de las empresas son en gran medida endógenas. Tanto para las empresas como para la I+D, la elección de desarrollar o utilizar tecnologías que mejoren los puestos de trabajo existentes o, por el contrario, los eliminen, es una elección económica, que depende de los precios de los factores, la normativa, los incentivos fiscales, etc. Por lo tanto, es posible influir en ellos. Se pueden tomar incentivos convencionales, como los que reducen el precio relativo de la mano de obra con respecto al capital, los que actúan sobre los términos de la legislación laboral, o los incentivos en forma de bonus y malus en la política de contratación de las empresas. De manera más general, nos parece esencial una colaboración más estrecha y ascendente entre las empresas, los trabajadores y la administración sobre cómo crear buenos empleos y buenos perfiles profesionales; experiencias extranjeras sugieren que se pueden generar verdaderos progresos. Concretamente para Francia, esto implica una mayor integración y cooperación entre Pôle Emploi, France Compétences y una cierta cantidad de empresas. 

Demografía, envejecimiento, pensiones

La tercera parte del informe se centra en la demografía, con especial atención a la cuestión del envejecimiento de la población y sus consecuencias en el trabajo y la jubilación de las personas mayores.

En primer lugar, hay que subrayar que el envejecimiento demográfico en Francia es una buena noticia. Es consecuencia, principalmente, del aumento de la esperanza de vida (82,3 años en 2020), que va acompañado de una mejora de la salud de las personas mayores. El envejecimiento demográfico en Francia no se explica, por tanto, por una baja tasa de fecundidad, que asciende a 1,86 hijos por mujer en 2019, la más alta de la UE, mientras que se sitúa en los niveles más bajos en los países mediterráneos (1,23 en España y 1,27 en Italia). Sin embargo, lo cierto es que el envejecimiento demográfico se acentuará, que no es neutro y que debemos encontrar las adaptaciones adecuadas para otorgar una respuesta.

Por ello, sugerimos, una vez más, varias reformas. Por un lado, proponemos una reforma de las pensiones, hacia un sistema por puntos, que esté caracterizado por normas de transparencia, equidad y sostenibilidad, y no por simples reformas paramétricas. Por otra parte, creemos que una reforma sólo tendrá éxito si aumenta tanto la oferta como la demanda de trabajo para las personas mayores, mediante la prevención y la adaptación a las enfermedades crónicas, la introducción de horarios más flexibles, la generalización del trabajo a tiempo parcial y el refuerzo de la formación profesional de las personas de edad avanzada.

Un sistema de pensiones por puntos: la transparencia y la equidad

Partimos de dos observaciones sobre el actual sistema de pensiones. La primera es que es poco transparente, a menudo no es equitativo y es difícil de entender para los que contribuyen. La segunda es que el mecanismo de ajuste del sistema a los cambios demográficos está lejos de ser la mejor manera de resolver la cuestión de la sostenibilidad del sistema de pensiones.  Creemos que, en ambas dimensiones, podemos mejorar.  

En cuanto a la transparencia, proponemos pasar a un sistema de pensiones por puntos. Cada trabajador acumula puntos durante su carrera. Cada punto se define como un porcentaje del salario medio de cada año. Alguien que gana el salario medio tiene un punto, alguien que gana el doble del salario medio tiene dos puntos, y así sucesivamente. Cuando el trabajador desea jubilarse, los puntos se convierten en ingresos por pensión en función de un valor de base del punto, un valor que aumenta cada año con los ingresos medios y que se ajusta en función de los cambios demográficos en caso de ser necesario (más detalles a continuación).

En cuanto a la edad de jubilación, estamos a favor de una edad mínima de jubilación claramente definida para todos los trabajadores –posiblemente adaptada a la penosidad del trabajo, como se describe a continuación– que, en efecto, elimina el denostado principio de la « edad de referencia ». Por supuesto, hay que permitir a quienes lo deseen trabajar más tiempo y, por tanto, obtener una pensión mensual más alta. Proponemos que, si un trabajador se jubila más tarde, el aumento de su pensión refleje tanto las cotizaciones adicionales como la disminución de la esperanza de la cantidad de años restantes, por lo que debería ser neutro desde el punto de vista del equilibrio financiero del sistema.  

Por razones de equidad, la reforma también debe tener en cuenta las diferencias individuales en las carreras de los trabajadores.

El primer ajuste que proponemos se refiere a los trabajadores con salarios bajos o con una carrera profesional agitada. Con el mismo espíritu que el sistema actual, proponemos puntos adicionales para las personas por los periodos en los que no han podido trabajar, en particular durante la baja por maternidad y los periodos de desempleo. También proponemos un sistema de redistribución transparente, con puntos extra para los trabajadores de los tres o cuatro deciles inferiores. 

La reforma también debe tener en cuenta los diferentes grados de penosidad del trabajo. Aunque no es tan fácil de medir objetivamente, esta penosidad es, sin embargo, muy real.  Pero creemos que corresponde a los interlocutores sociales, al margen del régimen general, definir los ajustes vinculados a la penosidad para cada puesto de trabajo a nivel de rama o de empresa, pero también hacerse cargo del coste adicional generado por estos ajustes. Esta medida, que responsabiliza a los sectores y a las empresas, ha sido un éxito en los Países Bajos en materia de seguros de invalidez.

Por último, observamos que, a una edad determinada, las diferencias en la esperanza de vida son muy elevadas entre los distintos grupos sociales, especialmente entre ricos y pobres. Sin embargo, nuestra comisión no llegó a un consenso sobre si las diferencias en la edad mínima de jubilación deben justificarse, por ejemplo, en función de los ingresos a lo largo de la vida.  Algunos de nosotros eramos partidarios de esas diferencias, otros pensaban que una edad mínima única desempeña un papel esencial en materia de normas y que las medidas que hemos discutido anteriormente eran suficientes, por lo que el tema sigue abierto.  

¿Cómo garantizar el equilibrio financiero del sistema?

En Francia, el Consejo de Orientación de las Pensiones (COR, por sus siglas en francés) emite cada año un dictamen sobre la situación del sistema de pensiones. En 2021, concluyó que el sistema de pensiones francés es financieramente sostenible. Sin embargo, creemos que las hipótesis del COR son optimistas y, más fundamentalmente, que el mecanismo de ajuste del sistema actual no es el adecuado. El equilibrio del sistema actual, en el que las cotizaciones están indexadas a la evolución de los salarios y las pensiones a la evolución de los precios, se basa de hecho en la evolución de la productividad, que determina la diferencia entre ambas. Esto significa dejar el ajuste, cuya forma tiene importantes consecuencias humanas, a merced de una variable aleatoria difícil de predecir. Esto no nos parece deseable. 

Por lo tanto, estamos a favor de indexar las pensiones a los salarios medios, y no a los precios. La indexación de facto de las cotizaciones, y de iure de las pensiones, a los salarios medios elimina el problema de la dependencia del sistema actual de la evolución de la productividad. Dicho esto, ante el aumento de la esperanza de vida y, por tanto, de la proporción de pensionistas respecto a los cotizantes, hay que buscar otro proceso de ajuste. Desde el punto de vista contable, hay tres soluciones: aumentar las cotizaciones, aumentar la edad mínima de jubilación o disminuir las pensiones. En la actualidad, el importe de las pensiones francesas se acerca al 15% del PIB en 2020, según las previsiones de la Comisión. Sólo Italia tiene un porcentaje mayor (15,6%), pero debido a una población mucho más envejecida. Por lo tanto, creemos que, dado el elevado peso de las cotizaciones en Francia, la elección es de facto entre los dos últimos márgenes.

La elección es entonces la siguiente: en un extremo, se puede mantener la edad de jubilación sin cambios, pero esto daría lugar a un valor de puntos más bajo y, por lo tanto, a pensiones menos generosas; en el otro extremo, se puede aumentar la edad de jubilación en proporción al aumento de la esperanza de vida, de modo que se mantenga la misma proporción de cotizantes y pensionistas, y se mantenga el valor de puntos (y se garantice un aumento del nivel de las pensiones en función de los ingresos medios); o se puede, por supuesto, y probablemente, elegir una solución entre estos dos extremos. 

Creemos que esta elección es fundamental y debe hacerse de forma transparente y democrática. Estamos a favor de un organismo independiente, que muestre la naturaleza de la elección y que, una vez hecha ésta, la ponga en práctica. No nos hemos pronunciado sobre la forma exacta del proceso democrático para tomar esta decisión.  

Por último, recomendamos la supresión gradual de los regímenes especiales de pensiones y el paso a un régimen general único, en un periodo de quince años, lo que nos parece razonable.

Aumentar la demanda y la oferta de trabajo para las personas mayores

Una reforma del sistema de pensiones no tendrá éxito si las empresas no quieren mantener o contratar a personas mayores, o si las propias personas mayores no quieren trabajar más tiempo. Muchos jubilados quieren seguir trabajando para aumentar sus ingresos o mantener los vínculos y la actividad social, pero desean formas de empleo más flexibles. 

Por lo tanto, por el lado de la demanda, la flexibilidad debe estar en el centro de la reforma. Deben explorarse las oportunidades de trabajo a tiempo parcial y de formación profesional para las personas mayores. Hay que revisar cualquier normativa que ponga en desventaja a los trabajadores de más edad frente a los más jóvenes. 

Por el lado de la oferta, urge mejorar el tratamiento de las enfermedades crónicas, que afectan a un tercio de la población francesa (20 millones). Tenemos que actuar en la fase inicial, concienciando a los trabajadores y empresarios sobre el bienestar y la salud mucho antes de que se descubra la enfermedad. También debemos actuar posteriormente, haciendo posible la adaptación de los horarios y las condiciones de trabajo a las enfermedades crónicas de algunas personas mayores y compensando la discapacidad de forma que les permita seguir trabajando. En ese sentido, la telemedicina, que se disparó durante la pandemia, puede ser muy útil para apoyar a los trabajadores con enfermedades crónicas, especialmente en los desiertos médicos.

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Notas al pie
  1. Olivier Blanchard, La crisis económica del Covid-19, El Grand Continent, 14 de noviembre de 2020
  2. Les grands défis économiques, France Stratégie, junio de 2021.
  3. Special Eurobarometer 513 Climate Report, European Commission 2021.
  4. Según una encuesta realizada por la Comisión, el 73% de los encuestados considera que la desigualdad de ingresos en Francia es un problema grave o muy grave, y el 62% la desigualdad en patrimonio.
  5. Zonas de educación prioritaria en el sistema francés