Relanzar la competitividad de la Unión: la propuesta de España

El debate sobre el futuro económico de la Unión se escribe en estas páginas. En una pieza de doctrina inédita, el ministro español propone una visión en respuesta a los textos de Enrico Letta sobre el mercado único, Mario Draghi sobre la competitividad y Emmanuel Macron sobre Europa publicados por el Grand Continent. Para participar en este debate, piensa en suscribirte.

A lo largo del tiempo y desde su creación, la Unión Europea ha tenido que enfrentarse a acontecimientos que han ido dando forma a lo que hoy entendemos como el proyecto europeo, sus estándares, valores y su modelo económico y social. 

La situación actual constituye también, sin ninguna duda, un momento definitorio para el futuro de la Unión. Las decisiones que los responsables políticos seamos capaces de tomar durante los próximos meses serán determinantes para la economía y el bienestar de la ciudadanía europea.

El punto de partida es, posiblemente, mejor de lo que habríamos anticipado hace tan solo un año. Los peores escenarios que algunos auguraban se han evitado y la Unión Europea ha logrado superar la doble crisis de los últimos años sin cicatrices evidentes, con mercados de trabajo boyantes —muy particularmente en el caso de España, cuyas cifras de empleo alcanzan máximos históricos mes tras mes—.

Por delante quedan grandes retos que hacen necesario, ahora más que nunca, identificar la política económica más adecuada para que Europa mantenga una voz relevante en el escenario global.  

Transformar para preservar: una nueva estrategia para retos inéditos

La Unión Europea se encuentra en un punto de inflexión que exige tomar las riendas para definir una estrategia de futuro, en la que se priorice nuestra autonomía estratégica y se minimicen vulnerabilidades externas, pero al mismo tiempo, que defienda la apertura y la apuesta por el sistema multilateral, así como nuestro modelo de estado del bienestar.  

Por un lado, las tensiones geopolíticas, que empiezan con la invasión rusa de Ucrania, exacerbadas recientemente por el conflicto en Oriente Medio, desdibujan las relaciones económicas tradicionales, fragmentan la economía mundial y generan ineficiencias en las complejas cadenas de suministro globales. Surge así la necesidad de reducir dependencias de insumos clave y de defender la autonomía estratégica de la Unión. A nivel global observamos cómo la carrera por la seguridad económica está dando lugar, por ejemplo, a numerosas medidas de restricción de exportaciones en los últimos años: estas medidas se han multiplicado por 14 desde antes de la pandemia, alcanzando su punto más alto en 2022¹.  

A este entorno incierto se añaden otros factores, como la persistencia del reto climático y digital, que continúa requiriendo ingentes cantidades de inversión, y ello en un contexto en el que las nuevas reglas fiscales exigirán sendas de consolidación gradual. 

Todo ello, en un nuevo escenario de feroz competencia entre los principales actores mundiales, frente a los cuales la Unión arrastra una pérdida de productividad desde hace más de dos décadas. Estados Unidos ha respondido con iniciativas como el “Infrastructure Investment and Jobs Act”, el «Inflation Reduction Act» y el «Chips Act«, que en conjunto conllevan una inversión pública de casi 2 billones de dólares, para impulsar su competitividad en áreas clave como la infraestructura, la innovación verde y la tecnología de semiconductores. Más recientemente hemos perdido cuota de mercado de tecnología verdes ante China, que está redefiniendo el sector de automóvil a nivel global con el desarrollo del mercado del vehículo eléctrico.

Adicionalmente, estamos en un año en el que se celebran elecciones en buena parte del mundo, desde India y Sudáfrica hasta México y Estados Unidos. Con un cuarto de la población mundial votando en 2024², entran en juego consideraciones de economía política que podrían ensanchar todavía más las grietas del comercio mundial, y desacelerar el intercambio de bienes y servicios que tanto han beneficiado a nuestro bloque comercial. La fragmentación del comercio puede llegar a reducir el PIB mundial en un 7%, o el equivalente a 7,4 billones de dólares a largo plazo³.

Ante esta realidad compleja, la Unión Europea debe responder con una estrategia ambiciosa, capaz de transformar nuestra economía para, paradójicamente, reforzar nuestra esencia y los valores que definen el proyecto común.

En este debate para sentar las bases de nuestro futuro, contamos con aportaciones que vienen de la mano de los informes de Enrico Letta —publicado la semana pasada— y de Mario Draghi. Ambos van a contribuir a construir la hoja de ruta para el próximo ciclo legislativo que empieza tras las elecciones europeas del mes de junio.

Aunque el reto es significativo, contamos con los mejores mimbres para el éxito. En julio de 2020, nació el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado de más 800.000 millones de euros de financiación y en cuyo diseño y aprobación España desempeñó un papel determinante. Este Mecanismo ha supuesto un hito que marca una respuesta diferencial ante la crisis económica y un paso crucial para transformar nuestra economía.

Su impacto en la Unión Europea ya es una realidad. De acuerdo con la evaluación intermedia publicada recientemente por la Comisión europea, a cierre de 2022 el Mecanismo ya se había traducido en 0,4 puntos más de crecimiento de la economía de la Unión y en 0,2 puntos menos de tasa de desempleo⁴. En España, el impacto es todavía mayor: de acuerdo con los datos de la Comisión, los fondos de recuperación se han traducido ya en 1,9 puntos más de crecimiento económico y 0,7 puntos menos de tasa de desempleo. Es más, a futuro la Comisión proyecta que los fondos pueden contribuir hasta 3,5 puntos al crecimiento del PIB español. Y esto sin contar con el impulso que reformas profundas, como la del mercado laboral, tendrá en nuestro PIB potencial en los próximos años.  

El impulso político está ahí y debemos capitalizarlo. Son muchas las iniciativas que están sobre la mesa, y España, una vez más, está dispuesta a liderar los principales debates, manteniendo nuestro compromiso con la modernización de la Unión Europea.   

Es por ello que hay que avanzar en dos ámbitos clave, desbloqueando el potencial de nuestro mercado único y dotándonos de los recursos necesarios para llevar a cabo nuestros compromisos en materia de seguridad económica y provisión de bienes públicos.

Mercado Único y financiación de inversiones

La Unión Europea constituye el mayor bloque comercial del mundo, con cerca de 450 millones de consumidores⁵. Cuenta, por tanto, con la capacidad de actuar como seguro frente a la incertidumbre exterior y con un potencial para el crecimiento económico que, simplemente, no se puede dejar de lado.

Para el aprovechamiento de ese Mercado, uno de los ámbitos de actuación clave será la actualización y mejora de la política común de competencia. 

En su informe, Enrico Letta alerta que los mercados nacionales, diseñados originalmente para proteger las industrias domésticas, ahora actúan como una especie de techo, limitando el potencial de crecimiento de compañías europeas en sectores estratégicos globales⁶. La política de competencia que requiere la Unión, sin embargo, debe redefinir el mercado relevante para velar por la capacidad de nuestras empresas de competir en igualdad de condiciones, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 

Esto se traduce en un nuevo enfoque, incorporando consideraciones dinámicas que deben recoger la importancia de llevar a cabo inversiones que, en última instancia, redundan en mejoras para los consumidores, que seguirán teniendo acceso a bienes de calidad a precios asequibles. En sectores como el financiero, las telecomunicaciones o la energía, este nuevo enfoque resulta particularmente determinante, tanto desde el punto de vista de su competitividad a medio plazo, como para la garantía de provisión de servicios de carácter estratégico. 

Más allá de los sectores concretos, esta visión renovada de la política de competencia resulta coherente con las necesidades de política industrial que marca el nuevo entorno internacional. Genera, además, un impacto positivo sobre la economía; contar con empresas de mayor tamaño desemboca en mayor productividad, por el efecto arrastre sobre la productividad de sus proveedores, sobre el tamaño también de éstos, la transferencia de know-how o el acceso a nuevas redes de clientes, entre otros efectos que es deseable desencadenar en la Unión Europea⁷.

Tres palancas para liberar el potencial del mercado único

Regular de manera más inteligente

El mejor aprovechamiento del Mercado Único también pasa por la apuesta por una regulación más inteligente, que reduzca los costes administrativos para las empresas. 

Ahora bien, ésta es una agenda de mejora regulatoria en la que llevamos años trabajando y, sin perjuicio de que debamos mantener esa ambición y seguir avanzando, España está ya trabajando en una herramienta que pueda generar mejoras en el muy corto plazo. En concreto, estamos colaborando con empresas tecnológicas para implementar un instrumento de inteligencia artificial que ayude a las pymes y microempresas a navegar el complejo entramado regulatorio existente, liberando recursos y tiempo para que puedan centrarse en su actividad principal, impulsando, así, su eficiencia.

Como piloto para poner esta herramienta en práctica, ¿qué mejor ocasión que la gestión de la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo?

 A medio plazo, usar esta tecnología transformadora de manera responsable y ética fomentará, asimismo, la innovación en nuestro tejido productivo, ofreciendo a las pymes europeas soluciones que van desde análisis de datos, comunicación, hasta planificación estratégica y marketing⁸.  

Seguir el modelo del plan de recuperación: movilizar fondos al nivel adecuado

El segundo ámbito en el que se debe actuar, para impulsar la competitividad europea es activando los mecanismos de financiación suficientes para cerrar la brecha de inversión necesaria en las próximas décadas. Debemos ser capaces de aportar los recursos financieros necesarios para cumplir con nuestros objetivos de seguridad económica.

Actualmente, se está avanzando en profundizar la Unión de los Mercados Capitales europeos, con esfuerzos centrados en el desarrollo de una herramienta de inversión paneuropea, que pueda canalizar el ahorro privado hacia inversiones productivas dentro de la Unión, entre otros. 

No obstante, es evidente que la envergadura del reto exigirá también de la inversión pública. De hecho, la Comisión europea y el Banco Central Europeo situaban recientemente su estimación de las inversiones anuales necesarias para hacer frente a las transiciones verde y digital, en el entorno del 5% del PIB de la Unión. El potencial de la inversión privada es elevado, pero no debe ser la única apuesta.

Las nuevas reglas fiscales, por su parte, están pensadas para proteger la capacidad de inversión en los ámbitos prioritarios de la transición verde y digital, en el ámbito social y en defensa. Ésta es una de las grandes novedades del nuevo marco, de hecho, más inteligente y orientado a proteger el crecimiento a largo plazo. Éste es el objetivo también de los fondos de recuperación, que han sido un catalizador de la inversión en Europa, aumentando su PIB potencial y modernizando su economía. 

En el caso de España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se traduce en un volumen de inversión sin precedentes (hasta 160.000 millones de euros hasta 2026) y también en una ambiciosa agenda de reformas que abarcan desde la transición energética, la modernización del tejido industrial de la pyme, el impulso a la innovación o la transformación del sistema educativo y el mercado laboral.  El impulso reformista ha sido reconocido por las instituciones europeas y el ritmo de ejecución de inversiones ya ha alcanzado velocidad de crucero: ya se han ejecutado más de 35.000 millones, más del 50% de los fondos asignados a nuestro país en la primera fase del Plan. Recientemente se ha hecho pública una nueva base de datos, ELISA⁹, que permite el seguimiento de la ejecución de estas inversiones y pone a disposición de los ciudadanos el detalle de la financiación, su destino geográfico, tipo de empresas beneficiarias y ámbitos de actuación. Se trata de un ejercicio de transparencia que permite confirmar, mes a mes, cómo la financiación llega a la economía real.

En definitiva, España está demostrando su compromiso y está sabiendo aprovechar esta oportunidad histórica para consolidar el crecimiento económico y la modernización de nuestra economía.

Sobre esta base y aprovechando las lecciones aprendidas, ahora se hace necesario avanzar un paso más y plantear nuevos elementos que completen la arquitectura financiera de la Unión más allá de 2026. En ese año está previsto el vencimiento de los fondos Next Generation EU, aunque sabemos que las necesidades de inversión permanecen. Éstas incluyen los bienes públicos genuinamente europeos, desde la calidad medioambiental, la defensa, las infraestructuras transfronterizas o la cohesión social, que generan beneficios más allá de nuestras fronteras y contribuyen a la convergencia entre los países miembros.

Un mecanismo de financiación conjunto a nivel de la Unión Europea está justificado, además, por un criterio de eficiencia financiera. La emisión conjunta genera ventajas en términos de un menor interés asociado, que se traduce, por tanto, en mayor capacidad de atender las necesidades de inversión, a menor coste. Este efecto, además, sólo seremos capaces de aprovecharlo plenamente en la medida en que un instrumento de estas características se incorpore como elemento estructural del entramado financiero de la Unión Europea.

Es evidente que contar con capacidad de financiación centralizada presenta ventajas clave para lograr movilizar un volumen de financiación suficiente, aprovechando la experiencia de Next Generation EU, capaz de atender necesidades de bienes públicos europeos y a menor coste, de manera acorde a la envergadura de los retos que persisten.

Aterrizar nuestras ambiciones: nuestro giro realista para la competitividad

Por último, no menos importante, el tercer ingrediente clave para la competitividad de la Unión Europea consiste en encontrar la combinación adecuada entre ambición de las medidas propuestas y el realismo para su puesta en marcha. 

Se trata de articular mecanismos de gobernanza ágiles, que permitan que las propuestas se concreten en medidas sobre el terreno, para aportar soluciones eficaces y ajustadas a las necesidades reales de la Unión Europea en la carrera por la competitividad en la que estamos inmersos.

Para ello, deberían activarse entornos de prueba en los que poder poner en práctica iniciativas novedosas, proyectos piloto, entre países que quieran participar. De este modo, se fomenta la innovación y se hace posible comprobar la utilidad e introducir los ajustes necesarios en nuevos proyectos, por ejemplo, de refuerzo de la Unión de mercados de capitales, antes de generalizar su aplicación al resto de estados miembros.  

Es el momento de actuar con ambición. Sin duda, en los próximos meses contaremos con muchas buenas ideas para reforzar la competitividad de la Unión Europea en un momento definitorio para su futuro y del papel que desempeñará en el escenario internacional. No obstante, los esfuerzos no pueden concluir con un mero listado de recomendaciones. No cuando nos jugamos continuar rezagados en la carrera mundial por la competitividad. La Unión Europea debe estar a la altura de la magnitud del reto y la oportunidad que se nos presenta. 

Nos corresponde a todos nosotros, desde nuestras distintas responsabilidades, actuar con agilidad para defender el modelo económico y social europeo en el complejo contexto en el que nos movemos. España continuará siendo proactiva en el debate, con ideas constructivas, ambiciosas y disposición a trabajar con nuestros socios europeos para convertirlas en realidad y contribuir así a un futuro más próspero para nuestras próximas generaciones.