Putin ha hecho aprobar una nueva ley que permite al ejército ruso intervenir en el extranjero

El 25 de mayo, Vladimir Putin promulgó una ley que amplía las prerrogativas del presidente de la Federación de Rusia en materia de despliegue de las fuerzas armadas en el extranjero. Este texto, aprobado por la Duma el 13 de mayo y posteriormente por el Consejo de la Federación el 20 de mayo, permite ahora al presidente recurrir al ejército para proteger a los ciudadanos rusos en el extranjero.

La Ley Federal n.º 149-FZ, de 25 de mayo de 2026, introduce dos modificaciones en las leyes federales relativas a la ciudadanía y a la defensa. Su texto establece lo siguiente: 

• «Por decisión del presidente de la Federación de Rusia y dentro de los límites de sus competencias establecidas por la legislación de la Federación de Rusia, los órganos del poder del Estado de la Federación de Rusia adoptarán las medidas necesarias para la protección de los nacionales de la Federación de Rusia que sean objeto de detención (o prisión preventiva), de un proceso penal o de cualquier otra forma de enjuiciamiento en aplicación de resoluciones de tribunales extranjeros investidos de competencias en materia de proceso penal por otros Estados extranjeros sin la participación de la Federación de Rusia, y/o de órganos judiciales internacionales cuya competencia no se base ni en un tratado internacional en el que la Federación de Rusia sea parte, ni en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en el marco de las competencias previstas en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas».
• «La intervención de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en el cumplimiento de misiones que impliquen el uso de armas fuera de su ámbito habitual, incluso para la protección de ciudadanos de la Federación de Rusia que sean objeto de detención (o prisión preventiva), de procesos penales o de cualquier otra forma de enjuiciamiento en aplicación de resoluciones de tribunales extranjeros investidos de prerrogativas en materia de procedimiento penal por otros Estados extranjeros sin la participación de la Federación de Rusia, y/o de órganos judiciales internacionales cuya competencia no se base ni en un tratado internacional en el que la Federación de Rusia sea parte, ni en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en el marco de las competencias previstas en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, será decidida por el presidente de la Federación de Rusia de conformidad con las leyes federales».

¿Qué aportación jurídica real supone? 

La novedad no radica en que la legislación rusa otorgue al presidente de la Federación de Rusia el derecho a enviar tropas al extranjero. 

• Desde una resolución del Consejo de la Federación de 2009, este estaba autorizado a desplegar las fuerzas armadas rusas en cuatro casos: repeler un ataque armado contra las fuerzas rusas estacionadas en el extranjero; repeler un ataque armado contra otro Estado; proteger a los ciudadanos rusos en el extranjero en caso de ataque armado; luchar contra la piratería y garantizar la seguridad de la navegación ¹.

La principal novedad de este texto radica, por tanto, en el objetivo de las posibles intervenciones armadas rusas fuera de las fronteras del país: la protección de los ciudadanos rusos frente a procesos penales en el extranjero se considera, en el derecho ruso, como un uso de las fuerzas armadas «fuera de su ámbito de competencia», es decir, como un caso inusual, atípico y extramilitar. Ahora bien, la Ley «De Defensa» de 1996 establece que cualquier recurso a las fuerzas armadas «fuera de su destino» debe ser decidido por el presidente de la Federación de Rusia, quien debe poder, a tal fin, basarse en una base legislativa existente. Así es, pues, como debe entenderse la función de estas dos enmiendas, al menos desde el punto de vista técnico. 

Un texto abierto a la interpretación 

El primer problema que plantean estos textos es de carácter jurídico. Como es habitual, el Gobierno ruso se encarga de elaborar un texto cuyo marco parece estricto, pero que en realidad es muy impreciso en cuanto a su ámbito de aplicación.

• De hecho, el texto comienza dando a entender que los ciudadanos rusos susceptibles de recibir protección de la Federación de Rusia serían aquellos contra los que pesa una resolución de un tribunal extranjero o internacional —como una orden de detención—, para añadir inmediatamente después que «cualquier otra forma de persecución» podría constituir un motivo para la intervención de las fuerzas armadas rusas. 
• Por otra parte, las enmiendas se encargan de precisar que se excluirá el recurso a las tropas en los casos en que Rusia participe en las actividades de la jurisdicción que haya dictado la resolución correspondiente; sin embargo, resulta difícil imaginar a qué instituciones se referiría este caso, más allá de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que se ocupan de controversias entre Estados sin iniciar acciones penales contra personas físicas. 

Vladimir Putin contra la Corte Penal Internacional 

Por lo tanto, queda claro que el principal objetivo de este texto es la Corte Penal Internacional —y, potencialmente, en un futuro próximo, el Tribunal Especial para el delito de agresión contra Ucrania, cuyo estatuto data de junio de 2025—.

• De hecho, la Corte Penal Internacional es, efectivamente, la jurisdicción que dictó en 2023 la orden de detención contra Vladimir Putin y, de forma secundaria, contra la comisaria rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, a quienes se considera responsables de dos crímenes de guerra: deportación ilegal y traslado ilegal de poblaciones —en este caso, niños ucranianos arrancados de los territorios ocupados—.
• En una declaración, el presidente de la Comisión de Defensa de la Duma, Andréi Kartapolov, destacó que estas disposiciones contribuirían a proteger los derechos de los ciudadanos rusos siguiendo un modelo inspirado en una ley similar aprobada por Estados Unidos en 2002. Se trata muy probablemente de una referencia a la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Militar Estadounidense (American Service-Members’ Protection Act), cuyo objetivo era disuadir a la Corte Penal Internacional de enjuiciar a militares y funcionarios nacionales de Estados Unidos o de países aliados por su responsabilidad en intervenciones militares en el extranjero. De hecho, el texto autorizaba al presidente a tomar «todas las medidas necesarias» para proteger a dichos ciudadanos de ser procesados ante el Tribunal de La Haya ². 
• La diferencia con respecto al texto ruso es, por tanto, doble: en él no se mencionaba explícitamente el recurso a la fuerza armada (aunque la redacción del texto no excluía esa posibilidad) y dicho texto no se dirigía a la totalidad de los ciudadanos estadounidenses, sino sólo a determinadas categorías específicas. En este sentido, las nuevas enmiendas rusas son a la vez más exclusivas en su objetivo (el uso de las fuerzas armadas) y más universales en su ámbito de aplicación (el conjunto de los ciudadanos rusos). 

Tres interpretaciones contrapuestas

A primera vista, este texto no parece tener tanto por objeto dotar a Rusia de nuevos medios de intervención militar como influir en las decisiones geopolíticas de otros Estados. 

• El discurso oficial ruso se esfuerza por restar importancia al asunto, citando únicamente un caso concreto que estas presiones legislativas habrían permitido evitar: el del arqueólogo Aleksandr Boutaguine, detenido en Polonia a petición de Ucrania acusado de realizar excavaciones ilegales en Crimea, antes de ser finalmente repatriado a Rusia en el marco de un intercambio de prisioneros. 
• Los responsables rusos presentan así esta ley no como una medida que implique automáticamente el uso de medios militares, sino más bien como un medio para influir en el comportamiento de los Estados extranjeros. En otras palabras, Rusia considera que la amenaza y la intimidación por vía jurídica son formas habituales de prevención de conflictos. 

Una segunda interpretación, defendida sobre todo por juristas rusos ³, interpreta más bien este texto como una base que permite formalizar jurídicamente prácticas ya aplicadas por la Federación de Rusia en el ámbito marítimo, a saber, la escolta militar de los buques de su «flota fantasma». 

• De hecho, esta ley podría aplicarse perfectamente en caso de que un buque de la guardia costera extranjera abordara un buque ruso y detuviera a su tripulación. 

Por último, el Institute for the Study of War y varios representantes de la prensa rusa de oposición plantean una interpretación bastante preocupante.

• Según su interpretación, esta ley se inscribe al final de una larga serie de declaraciones del Kremlin en las que se afirma que los países extranjeros persiguen a los rusoparlantes y a los rusos étnicos. El Institute for the Study of War señala así que este texto podría crear perfectamente las condiciones jurídicas que permitan a Rusia justificar una intervención militar en el extranjero bajo un pretexto de esta naturaleza, en particular en los países bálticos, principal objetivo de la retórica del Kremlin ⁴.
• The Moscow Times sitúa estas enmiendas en el contexto de las advertencias de los servicios de inteligencia estadounidenses, neerlandeses y alemanes, que desde el verano pasado vienen repitiendo que el Kremlin se estaría preparando para una guerra contra uno o varios países europeos y alertando, en particular, sobre el riesgo real de una provocación rusa en los países bálticos, siguiendo un guion similar al de la anexión de Crimea ⁵.