Un gobierno Meloni frente a las limitaciones externas

No es fácil, para un observador externo, tratar la dinámica interna de la democracia italiana. Más allá de ciertos fenómenos recientes que son, en cierto modo, comunes a todos los países occidentales —el surgimiento de movimientos más o menos populistas, la radicalización, la volatilidad del electorado, las instancias soberanistas—, el laboratorio italiano presenta varios perfiles particulares, que el período actual, en vísperas de las elecciones del 25 de septiembre, está en vías de poner de relieve.

Si bien tras el colapso del sistema de partidos que había guiado la vida política de la «primera república» empezaban a aparecer algunos síntomas de la dimensión patológica en la que se hundiría posteriormente la democracia italiana —en particular, la fragilidad de la bipolaridad artificial derecha-izquierda, intercalada con el recurso a los primeros gobiernos «técnicos»—, los últimos diez años son los que mejor resumen todas las distorsiones: una soberanía limitada de facto por la infraestructura jurídica de la Unión, especialmente en lo que respecta a los fundamentos de la deuda y el déficit públicos, así como al nivel monetario; una clase dirigente a menudo complaciente con esta limitación externa, considerada como la única forma de reformar un país irreformable; limitaciones adicionales en materia de política exterior, empezando por la adhesión a los imperativos atlánticos; en consecuencia, una incapacidad de las clases dirigentes para identificar un interés nacional, a menudo subordinado a los imperativos exteriores ya mencionados o inscrito en una dimensión europea abstracta, siempre con miras a la evasión de responsabilidades y al recurso a los pilotos automáticos; la presencia de partidos más proclives a cumplir estos mandatos, muy arraigados en las estructuras de poder y presentes casi sistemáticamente en las mayorías gubernamentales; la aparición de partidos considerados como poco fiables y antisistema, cuya posibilidad de victoria se percibe como un problema externo, con la amenaza latente de una reacción de los mercados financieros; el peso de la Presidencia de la República como garante de las limitaciones externas, gracias también al poder de nombramiento del Presidente del Consejo y de los ministros previsto en la Constitución; la utilización, en la práctica, de este poder para mantener al país en una posición conforme a las limitaciones mencionadas; mientras tanto, una abstención cada vez mayor, con una distancia cada vez más marcada entre la legitimidad popular percibida y el marco político-jurídico de las elecciones.

¿Cómo puede interpretarse la posible victoria de la coalición de derecha en las elecciones del 25 de septiembre en función de estas categorías? Evidentemente, como han demostrado Giovanni Orsina y Lorenzo Castellani en estas columnas, todo puede suceder. Según los sondeos, la coalición podría quedarse a las puertas de la mayoría absoluta a nivel proporcional, resultado que tendría que ser completado por la corrección mayoritaria de la ley electoral: esto supondría una amplia mayoría potencial en términos de escaños. Por el momento, el partido de Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, está claramente a la cabeza de la coalición, seguido por la Liga y Forza Italia, que se debilitan cada vez más. Por ello, las miradas de todos los observadores, nacionales, pero sobre todo internacionales, se dirigen hacia la cabeza de Fratelli d’Italia, a quien el presidente Mattarella «debería» probablemente confiar la tarea de formar el nuevo gobierno. 

Fratelli d’Italia es considerado un partido nacionalista, populista y postfascista; acusado de tendencias nostálgicas, en los últimos años también ha sido portador de reivindicaciones euroescépticas. En suma, aunque lleve mucho tiempo operando en la vida política y democrática del país —Giorgia Meloni fue ministra del cuarto gobierno de Berlusconi, entre 2008 y 2011—, para la mayoría de los observadores sigue siendo un partido potencialmente antisistema, una novedad que puede resultar preocupante —nos remitimos a este respecto al estudio en profundidad de Lorenzo Castellani en estas columnas—. Al fin y al cabo, si en las últimas elecciones de 2018 el partido no llegó ni al 5%, hoy, según las encuestas, podría superar el 25%. La posibilidad concreta de un gobierno de Meloni obliga, por un lado, a los distintos actores —cancillerías extranjeras, empresas, élites financieras— a interesarse por la líder de Fratelli d’Italia y, por otro, obliga a ésta a dar una imagen más tranquilizadora de sí misma en relación con sus intereses. 

Este aspecto es notable e ilustrativo de la situación: ¿la necesidad de Giorgia Meloni de dirigirse a los observadores extranjeros para presentarse como moderada y fiable no es un primer paso hacia la negación de las exigencias políticas que ha planteado? Si la líder de Fratelli d’Italia ha conseguido —o está consiguiendo— aprovechar el descontento del electorado canalizándolo hacia una derecha en cierto modo radical, es decir, que no quiere limitarse a pequeños ajustes del statu quo, sino que pretende cambiar las reglas del juego —sobre la inmigración, los impuestos, las limitaciones europeas, las multinacionales—, ¿por qué se ve obligada, al mismo tiempo, a renegar, en parte, de su propia dimensión política ante los actores extranjeros? La limitación externa (vincolo esterno) parecen operar incluso antes de que el posible gobierno tome posesión, con el efecto de dividir la campaña electoral de los Fratelli d’Italia en dos direcciones: la de los mensajes dirigidos al interior y la de los mensajes dirigidos a los actores internacionales.

En el ámbito político italiano, este fenómeno sólo se produce en relación con determinadas realidades. Desde este punto de vista, el Partido Democrático de Enrico Letta representa la encarnación de la adhesión total a las limitaciones externas y la garantía de un sistema de gobierno esencialmente no radical. Desde el apoyo incondicional a los cuadros técnicos —Monti y Draghi— de los gobiernos «larghe intese«, hasta el gobierno de Conte II, el PD siempre ha sido parte integrante de las mayorías gubernamentales de los últimos diez años, con la excepción del paréntesis de Conte I —cuya brevedad no es tan sorprendente—. En cada uno de esos casos, el Partido Democrático representaba el rostro de la fiabilidad y, en particular, de las decisiones políticas y económicas moderadas, circunscritas dentro del único margen de maniobra que puede forjarse de forma realista un país como Italia, según los defensores de la restricción externa: sin revoluciones, sin trastornos y, sobre todo, sin cuestionar piedras angulares como la alianza atlántica y la pertenencia a la Unión Europea. Si en esta campaña electoral fuera la coalición del PD la premiada por las encuestas, las cancillerías extranjeras y los mercados financieros estarían de buen humor: sin novedad en el frente occidental. 

Una orientación similar, aunque menos importante desde el punto de vista electoral, es la del Tercer Polo —la alianza entre el ex primer ministro Matteo Renzi y el exministro Carlo Calenda—, que centró su campaña electoral precisamente en el realismo frente a las limitaciones externas. La oferta política de esta alianza liberal-centrista se apoya, en efecto, en una aceptación realista de las limitaciones a las que está sometida Italia, de la que se derivan una serie de propuestas presentadas como creíbles, además de realizables, en contraste con el populismo de quienes prometen la aparición de nuevos mundos. Una tipología de mensaje que querría premiar el pesimismo de la razón sobre el optimismo de la voluntad, para imponerse sobre todo a los que pueden permitírselo, es decir, a los que se benefician del statu quo, o al menos que no están totalmente excluidos de él, y que son conscientes de las limitaciones antes mencionadas. Tanto es así que, más allá del uso de un léxico bastante ilustrativo de esta orientación —»seriedad», «credibilidad», «competencia», «responsabilidad»—, llama la atención que la alianza insista en mantener a Mario Draghi en el Palazzo Chigi, llegando incluso a afirmar que un posible gobierno de derecha sólo duraría unos meses y que, por tanto, habría que preparar ya su relevo en favor de la fórmula italiana clásica: gobierno de unidad nacional, primer ministro técnico y objetivo de reformas «estructurales» para reactivar un país estancado desde hace décadas. Este aspecto pone de manifiesto una de las principales patologías del sistema político italiano, el uso excesivo de los llamados gobiernos técnicos: Ciampi entre 1993 y 1994, Dini entre 1995 y 1996, Monti entre 2011 y 2012 y, finalmente, Draghi entre 2021 y 2022. Se trata de un ejemplo plástico de la debilidad y evasión de responsabilidad de los partidos, pero también de la neutralización del conflicto político, al confiar a figuras aparentemente técnicas —en el sentido de economistas expertos no vinculados a un partido— decisiones que son, en realidad, intrínsecamente políticas —cada político debe decidir en qué segmento influir, a quién ayudar, cómo hacerlo, con qué paradigmas, qué representar y con qué intensidad actuar—. No sólo eso: la ilusión de los gobiernos técnicos también consiste en considerar las figuras humanas individuales como intercambiables. El europeísmo siempre ha sido un denominador común. Sin embargo, ésa es una posición eminentemente política. Así, gran parte de la vida política de la Segunda República se ha desarrollado, de forma más o menos consciente, en un terreno de juego ya predeterminado: europeísmo, atlantismo, centrismo, medidas económicas moderadas. El deseo de Calenda y Renzi de que Draghi siga en el cargo no es otra cosa que una adhesión convencida a este camino, considerado el único viable para un país como Italia. Una cosa es segura: si el próximo gobierno «político» cae y un gobierno «técnico» retoma el poder, el Partido Demócrata y el Tercer Polo estarán dispuestos a apoyarlo.

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La certeza con la que algunos apuestan por la corta duración de un futuro gobierno de Meloni nace de la convicción de que la reacción de los mercados, unida a la incapacidad declarada de la derecha para gobernar y aplicar un programa tan fantasioso, conducirá inexorablemente a su caída, como ocurrió con Berlusconi en 2011 y con Conte I en 2021. Por otro lado, no son de extrañar los intentos de la líder de los Fratelli d’Italia de presentarse como una moderada, tanto por el lado de las políticas económicas —queriendo asegurar que no habrá desviaciones presupuestarias— como en el frente de la pertenencia a la Unión Europea, que no está a discusión, y en el tema de los ministros, donde intenta compartir algunos nombres que poner en los ministerios clave, empezando por el de Economía y Finanzas, con el Quirinal. Además, el claro posicionamiento de Giorgia Meloni a favor de Ucrania y de la OTAN tras la invasión rusa ayuda sin duda en sus relaciones con Washington, a diferencia de la ambigüedad de sus aliados en la coalición, Matteo Salvini y Silvio Berlusconi. 

En este sentido, no se descarta en absoluto que la líder de Fratelli d’Italia consiga formar gobierno; el proceso de normalización que está llevando a cabo podría convencer al Quirinal de confiarle la tarea a cambio de ciertas garantías; al fin y al cabo, si el voto popular fuera especialmente claro, Mattarella tendría márgenes de maniobra más estrechos. Si la líder de los Fratelli d’Italia es inteligente, intentará, como parece que está haciendo, acordar con el jefe del Estado algunos ministros clave, para evitar situaciones delicadas como la oposición de Mattarella al economista euroescéptico Paolo Savona en Finanzas cuando se formó el gobierno de Conte I, que había sido un ejemplo típico de la figura del presidente de la república como garante de las limitaciones exteriores.

Pero la pregunta principal sigue siendo: ¿qué tendría que ver un gobierno de Meloni tan profundamente institucionalizado, entre el reconocimiento de las exigencias del Quirinal, las señales tranquilizadoras enviadas a las cancillerías europeas y a los mercados financieros, la moderación del lenguaje y las promesas electorales más agresivas, con el mensaje político transmitido en los últimos años por la líder de los Fratelli d’Italia y acogido, al menos según las encuestas, por tantos italianos? Cualquier connotación antisistema, revolucionaria en el sentido de oponerse al statu quo, capaz de galvanizar a un electorado cada vez más desilusionado y frustrado en busca de una identidad fuerte a la que referirse se perdería en el proceso. Por supuesto, esto evitaría al menos la deriva potencial más peligrosa: las instancias antisistema serían absorbidas por el propio sistema. En efecto, esto convertiría al potencial gobierno de Meloni en un ejecutivo de la derecha conservadora, perfectamente insertado en las limitaciones externas, entre pequeñas medidas fiscales a favor de los empresarios, algunas políticas de protección para las empresas italianas —ya en sintonía con el Zeitgeist de esta fase histórica, sin ninguna distinción relevante entre la derecha y la izquierda—, algunas acciones simbólicas sobre la inmigración —pensadas para escandalizar a los grupos progresistas, pero que en realidad no serán muy incisivas, pues la base de los acuerdos de Minniti con Libia seguirá siendo central—, una mayor centralidad de la fuerza policial y ningún avance en materia de derechos civiles. Poco, quizás demasiado poco, para un electorado que aspira a un cambio radical y que cuenta con Giorgia Meloni, no sólo por una cierta simbología de derecha a la que una parte de la población se adhiere realmente, sino también por esa «novedad» de la que hablaba el politólogo Giovanni Orsina: Meloni estaba en la oposición bajo Draghi, por lo que representa la novedad y quizás la última carta a jugar después de todo lo que se ha intentado. Por tanto, si esa «novedad» se tradujera en una mera variación más conservadora del statu quo, la desilusión podría alcanzar niveles preocupantes.

Sobre todo por la situación económica que tendrá que afrontar el nuevo gobierno. El alza de los precios de la energía es cada vez más insostenible, sobre todo para las empresas y sectores que hacen un uso intensivo de la misma (acero, cerámica, vidrio, productos químicos, etc.). El riesgo de oleadas de despidos, de cierres con una mayor reducción de la oferta y de quiebras es el principal reto para este otoño y augura un entorno bastante hostil para gobernar. Tanto es así que no sería de extrañar que el plazo para formar gobierno se alargue más de lo previsto, dejando al actual ejecutivo al frente de la responsabilidad de cualquier medida impopular —entre ellas el hipotético racionamiento— o incluso de la Ley de Presupuestos de diciembre. Para la coalición ganadora, no es urgente tomar el timón. En cualquier caso, ya sea en octubre, noviembre o diciembre (o incluso en enero), el nuevo gobierno no sólo tendrá limitaciones externas en contra de sus ambiciones, sino también la dramática crisis energética.

El panorama es, por tanto, extremadamente complejo, tanto a nivel interno como externo. Resumamos la situación por hipótesis. Una coalición de centro-derecha liderada por Meloni debería salir victoriosa y recibir el mandato del presidente para formar gobierno, más aún si Fratelli d’Italia quedara a la cabeza, por delante del PD. Tal coalición tendría que alcanzar primero un punto de equilibrio interno, considerando que un resultado demasiado negativo para la Liga podría convencer a su líder, Matteo Salvini, de jugar con algunos de sus temas favoritos, empezando por el controvertido asunto de las sanciones contra Rusia; sin tal equilibrio, los riesgos de no lograr formar gobierno aumentarían —recordemos que la Liga y Forza Italia apoyaron, a diferencia de Fratelli d’Italia, el gobierno de Draghi—; en general, la coalición no está tan unida como parece. Una vez resueltos los problemas internos, el juego se trasladaría al terreno de las limitaciones externas: el Quirinal querrá garantías sobre los ministros clave, así como sobre el posicionamiento del gobierno ante la alianza atlántica y la Unión Europea. El proceso de normalización de Meloni frente al establishment italiano e internacional parece ir en ese sentido. Una vez establecidos con precisión cuáles son los retos insuperables, debemos preguntarnos hasta qué punto es excepcional la fase histórica actual. De hecho, al menos durante todo el año 2023, la austeridad europea se dejaría de lado; se puede pensar en Alemania, que destina varios miles de millones para hacer frente a las elevadas facturas de los servicios públicos sin preocuparse demasiado por equilibrar su presupuesto. Los Estados tienen más margen de maniobra en cuanto a políticas de protección, ayudas a las empresas y acciones sobre los precios. Se trata de una situación muy diferente a la de la crisis de la deuda soberana. Pero al mismo tiempo, estos márgenes tendrán que utilizarse inevitablemente para hacer frente a la crisis energética, un reto prioritario para cualquier gobierno europeo. Por lo tanto, si la dimensión de emergencia es asegurar la continuidad del sistema industrial intensivo en energía, poco quedará de las medidas emblemáticas para el electorado. Es de suponer que no habrá nada particularmente incisivo: ningún choque fiscal, ninguna inversión del declive demográfico. La coyuntura histórica actual no es terreno fértil para los nuevos miembros del gobierno, que se verán obligados desde el principio a jugar a la defensiva para asegurar su supervivencia, sin posibilidad de contraataque.

En cualquier caso, más allá de la situación excepcional de crisis, los riesgos a largo plazo de la profunda condición de parálisis permanente de la política italiana son evidentes. Por supuesto, algunos dirán que gracias a las limitaciones mencionadas, un partido con connotaciones «radicales» como Fratelli d’Italia se habrá normalizado. Pero, al mismo tiempo, es legítimo preguntarse si una democracia puede perdurar en tales condiciones, en las que cualquier deseo de cambio se niega de tajo. La desafección con las urnas y, en general, con el juego democrático, es una consecuencia de esta realidad. Si la política toma la forma de una simple administración de un espacio circunscrito, sin la posibilidad de señalar direcciones alternativas o promover un cambio radical, entonces ya no es política. Cuando un partido se mantiene en la mayoría gubernamental durante casi diez años seguidos, cuando, ante una crisis, se llama a un primer ministro técnico que es apoyado por todas las fuerzas del parlamento, cuando ya no es posible discernir diferencias entre las políticas concretas de los distintos partidos porque están condicionadas por algún tipo de limitación, entonces el electorado empieza a entrar lentamente en una espiral de desilusión: aceptar el cuentagotas de lo existente y no acudir a las urnas, o,  en el peor de los casos, radicalizarse hasta el punto de apoyar derivas peligrosas. 

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A largo plazo, los riesgos de las limitaciones externas están ahí. Si bien es cierto que estas limitaciones, que siempre han sido bien recibidas por las élites, pueden funcionar como una fuerza tranquilizadora en la medida en que excluye a los extremos y defiende un statu quo del que puede beneficiarse una parte de la población, no deja de representar un peligro para el buen funcionamiento de la democracia. No es imposible que este mecanismo se atasque y acabe por romperse. Pero incluso antes de tal escenario extremo, está su evolución, que demuestra que no es algo dado e imperecedero, sino transitorio, sujeto por un lado a la propia voluntad política, y por otro a los avatares espectrales del curso de la historia. Las crisis de los dos últimos años han puesto en tela de juicio los dogmas «neoliberales» que se creían insuperables y han contribuido a la sedimentación de las viejas limitaciones externas de la fase anterior, ahora vaciadas de contenido por el nuevo contexto proteccionista: restricciones a los movimientos de capitales, sanciones que afectan al mercado, incautaciones de mercancías, bloqueos fronterizos, compra de bonos, intervención estatal, control de precios. De ahí la fragilidad de las posturas que pretenden aceptar acríticamente lo existente considerando inmutables las estructuras, los paradigmas y los marcos que, por el contrario, no son más que yuxtaposiciones políticas y, por tanto, contingentes.

En cualquier caso, hay limitaciones que, de momento, parecen todavía intocables: la alianza atlántica, a causa de la cantidad de bases estadounidenses que hay en territorio italiano, producto del equilibrio europeo nacido de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, y la pertenencia a la Unión Europea, también por la complejidad de una posible salida en esta etapa histórica: hoy en día, sólo hay un partido verdaderamente euroescéptico, Italexit, que no llega al 3%.

Por lo demás, los grandes movimientos en el escenario mundial hacen que cualquier orden establecido sea susceptible de cambio. Esto no significa que deba ocurrir, sino todo lo contrario. Las limitaciones del próximo gobierno italiano siguen siendo fuertes. Sin embargo, ya son diferentes de las de hace cinco años. Y dentro de cinco años, puede que ya hayan cambiado. La política también consiste en reconocer la posibilidad del cambio. La lectura «realista» es válida para el análisis, no para la política.