Reforma eléctrica y nacionalización del litio en México

Portada: © IPA PRESS ITALY/SIPA
Fecha: 21 de abril de 2022

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El domingo 17 de abril la Cámara de Diputados de México rechazó la reforma eléctrica propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Con 275 votos a favor y 223 en contra, la reforma no ha conseguido la mayoría cualificada de 2/3 que necesita para entrar en vigor.
La reforma proponía la gestión de un mínimo del 54% del mercado de la energía a manos del sector público, mediante la Comisión Federal de Electricidad. Lo que implicaría un descenso del control energético por el sector privado y las compañías extranjeras, que ahora mismo gestionan un 62%, dejando en manos estatales el manejo del 38% de la energía del país.
El presidente ha calificado de “traición a la patria” el rechazo de la reforma, aludiendo a la corrupción y el lucro financiero de compañías como Iberdrola -que produce el 31% de la energía en México-. Por otro lado, la oposición ha manifestado el potencial impacto negativo que la reforma tendría para el medio ambiente, así como al posible aumento del costo de la electricidad.
El debate viene de lejos, desde que López Obrador convirtió en parte de su sello político las reformas en materia de electricidad. La carga política tras la reforma es muy grande, ya que lo que se debate es la modificación del modelo energético mediante el fortalecimiento del sector público en detrimento del privado.
Sin embargo, el reciente descalabro legislativo deja entrever una advertencia al presidente y a Morena, sobre todo en relación al proyecto de reformas legislativas al que han venido a llamar la Cuarta Transformación. Desde la pérdida de escaños en las elecciones de 2021 se hizo latente que el control de las Cámaras ya no reside en un único partido y que la negociación política será imprescindible en adelante. Por ello, desde la oposición se ha venido recalcando que cualquier iniciativa de reforma constitucional estará obligada a trascender la presidencia, y a establecerse sobre acuerdos democráticos.
Las tensiones políticas han enmarcado el proceso de votación -más teniendo en cuenta que en junio del presente año se renuevan cargos políticos en seis Estados Mexicanos-. Por ello, la reforma eléctrica se ha politizado tanto, en un clima de reproches, descalificaciones y tensiones políticas.
Por otro lado, el rechazo hacia la reforma también se materializó en otros organismos empresariales del país, como el consejo Coordinador Empresarial o la Confederación Patronal de la República Mexicana, por considerar que podría afectar negativamente a la comercialización de la energía incrementando los precios de las tarifas de suministro. Entidades internacionales también se han pronunciado, como es el caso de Estados Unidos, que se posicionó en contra de la reforma por incumplir el T-MEC. Asimismo, cabe destacar que más del 90% de las empresas que participan en la generación de electricidad en México son privadas, por lo que la reforma pone en juego muchos intereses cruzados.
Frente al rechazo de la reforma, el presidente anunció en sus redes sociales la planificación de un plan B, cuyo protagonista es el litio. México posee uno de los mayores yacimientos del mundo en Sonora -con más de 3,5 millones de toneladas-. Por ello, el mismo domingo se presentó una reforma a la Ley Minera para la nacionalización del litio.
El lunes 18 de abril se aprobó en la Cámara de diputados con 298 votos a favor, 0 en contra y 197 abstenciones. El martes 19 fue aprobada en el Senado de la República. Esta reforma implica la exclusión de empresas privadas y transnacionales en el proceso de exploración y explotación del litio. La gestión del mineral pasa a ser competencia exclusiva del Estado, y se creará una entidad pública para administrar y controlar la cadena de valor del litio. Esta se encargará de los procesos de extracción, procesamiento y comercialización, así como el apoyo a la investigación y el desarrollo local, cerrando la posibilidad de concesiones y contratos a empresas privadas.
A nivel político, desde Morena se ha celebrado la victoria con entusiasmo. El partido se ha amparado en el reciente incremento del valor del mineral -por su utilidad en las baterías- para afirmar la futura generación de bastos ingresos, con los que se espera pagar la deuda externa.
Sin embargo, por el otro lado la oposición ha tildado la reforma de inconstitucional, por no aparecer en la Constitución el litio como competencia estratégica nacional, abriendo las puertas a posibles impugnaciones judiciales. Asimismo, ha sido criticada por las dudas en cuanto a las capacidades técnicas del país para la explotación del mineral, y la falta de presupuesto que cuestiona que el gobierno pueda explotar el mineral sin inversiones privadas.
También ha sido criticada las prisas con las que se ha aprobado la reforma, la cual pasó por la Cámara de Diputados por la vía urgente sin comisiones, permitiendo la rápida aprobación de la misma en el Senado. Parece que esta maniobra responde a una estrategia política de Morena para legitimar una rápida victoria de López Obrador, que compensaría el fracaso de la reforma constitucional eléctrica.
Analistas han señalado que todo podría ser parte de una estrategia política y que López Obrador ya contaba con el rechazo de la reforma eléctrica antes de proponerla. Así, conseguiría fortalecer un discurso populista en el que se posicionase como líder frustrado de un cambio en pro del pueblo mexicano que no salió adelante debido a la oposición política.
Más allá de los análisis políticos, se mantienen algunas incógnitas. Como el qué pasará con las empresas que a fecha actual explotan minerales en México. Es el caso de la británica con capital chino Bacanora Lithium, que tiene una concesión en Sonora, que le permite extraer 35.000 toneladas al año. Otras cuestiones más técnicas se refieren a aspectos como la incertidumbre en cuanto al funcionamiento de la nueva entidad nacional, la cual podría acabar pareciéndose a la endeudada e ineficiente PEMEX, la empresa nacional de explotación petrolera.
En cualquier caso, desde el pasado año, el gobierno ha estado asesorado por Bolivia, que nacionalizó el litio en 2008 y que también cuenta con una empresa estatal de explotación. Aun así, hay que tener en cuenta que, 14 años después, Bolivia sigue sin ser un competidor fuerte en el mercado internacional de baterías de litio. Frente a esta estrategia, encontramos la de Chile o Argentina, que aceptan la participación de empresas privadas e inversiones extranjeras y que sí son grandes países productores de litio. Hoy por hoy, las incógnitas son muchas y habrá que esperar para ver el camino que la nacionalización mexicana adopta.