Se trata del segundo desembolso consecutivo que no se realiza: el tramo correspondiente al segundo semestre de 2022, por valor de 19.000 millones de euros, aún no se ha desembolsado porque la Comisión Europea ha cuestionado la consecución de determinados objetivos.
- En concreto, Bruselas se habría negado a pagar 300 millones de euros para la construcción de viviendas para 7.500 estudiantes universitarios, por considerar insuficientes los documentos que prueban que se han alcanzado los objetivos fijados.
- Además, varios medios italianos informan de que la Comisión Europea pide más información sobre otros proyectos, lo que complica las relaciones con el Ministerio de Asuntos Europeos y el Plan de Recuperación, dirigido por Raffaele Fitto.
- Como en el caso de Rumanía y Lituania, Bruselas propuso un desembolso parcial de los fondos. Sin embargo, el ejecutivo italiano se negó y el ministro Fitto declaró que la situación se resolvería en las próximas semanas: «Soy optimista, estamos en la fase final». Las dificultades se deben, según Fitto, a que el tercer tramo del plan prevé resultados «materiales» y a que ha habido interpretaciones divergentes sobre su consecución entre Italia y las oficinas de la Comisión.
- En cuanto al cuarto tramo, Roma no ha facilitado los documentos solicitados porque considera que algunos de los proyectos no son viables, por lo que tiene intención de modificarlos. El gobierno sólo ha cumplido 10 de los 27 objetivos exigidos para obtener los fondos correspondientes, que ascienden a unos 16.000 millones de euros.
Según la página web OpenPolis, que analizó el informe de 400 páginas presentado por el gobierno al Parlamento, hay dos razones para estos retrasos, además del coste de las materias primas.
- La primera está relacionada con las limitaciones medioambientales que pesan sobre las inversiones y que, según el gobierno, impiden alcanzar los objetivos previstos. El retraso se debe a la configuración del Plan de Recuperación italiano: muchos proyectos no se diseñaron en 2020 y, en algunos casos, no prevén el cumplimiento de la normativa europea que ha entrado en vigor desde entonces, en concreto el principio de «no causar daños significativos al medio ambiente».
- La segunda razón se refiere a la inadecuación de las autoridades locales, que no están preparadas para semejante volumen de gastos y obligaciones. A menudo, los municipios no disponen del personal cualificado para llevar a cabo los proyectos, y sus retrasos complican la labor del gobierno. Este es uno de los puntos débiles del plan destacados por los economistas Andrea Capussela y Carlo Alberto Carnevale Maffè.
No está claro cómo piensa el Gobierno modificar el plan. Los Estados miembros tienen hasta el 31 de agosto para presentar los cambios que deseen introducir.
