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El 21 de febrero de 2022, tres días antes de la invasión a gran escala de Ucrania, Vladimir Putin había convocado una reunión ampliada del Consejo de Seguridad, retransmitida por televisión. Se trataba de decidir si se debía reconocer a las dos «repúblicas» separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Varios participantes, al considerar que la cuestión estaba realmente abierta, pidieron prudencia. Serguéi Naryshkin, jefe de los servicios de inteligencia exteriores, apoyó una propuesta destinada a conceder a Occidente «una última oportunidad» antes de cualquier reconocimiento. Putin lo interrumpió. ¿Se refería a negociaciones o al reconocimiento? «— Yo apoyaría… — ¿«Yo apoyaría» o «yo apoyo»? — Yo apoyo… — Entonces, dígalo con franqueza: ¿sí o no?». Visiblemente desconcertado, Naryshkin respondió finalmente «Sí» y, en su confusión, se pronunció a favor de la incorporación de las repúblicas a Rusia en lugar de su independencia. Putin soltó una risita y le interrumpió: «Por favor, siéntese. Gracias».
Tanto el público ruso como el occidental presenciaron esta escena y se plantearon la pregunta obvia: ¿por qué nadie, en aquella sala, impidió la guerra? Sin embargo, la pregunta podría estar mal formulada, ya que la élite rusa había dejado de ser una élite mucho antes de que comenzara la guerra. Para entender por qué, hay que distinguir entre dos tipos de capacidad de acción de las que disponen quienes ostentan el poder y que definen a una verdadera élite.
Cómo la élite rusa perdió sus dos poderes
El primer poder es estratégico. Se trata de la capacidad de influir en la orientación del Estado, de modificar una decisión antes de que se adopte o de plantearle un argumento al que el dirigente está, como mínimo, obligado a responder. El segundo es táctico: la capacidad de maniobrar dentro de una línea de actuación ya trazada, de retrasar, suavizar, reinterpretar, proteger a los suyos u obtener una contrapartida. La clase dirigente rusa perdió la primera mucho antes de 2022 y, como demostró la reunión del Consejo de Seguridad, la guerra le ha hecho perder la segunda.
Putin dedicó sus dos primeros mandatos a desmantelar todas las tribunas desde las que una élite pudiera expresarse políticamente. El ejemplo más flagrante es el de los gobernadores regionales. En 2004, con el pretexto de luchar contra el terrorismo y haciendo caso omiso de una sentencia del Tribunal Constitucional, el Kremlin suprimió la elección directa de los gobernadores. El Consejo de la Federación, del que los propios gobernadores habían sido apartados poco antes y que a partir de entonces estaba compuesto por miembros designados por el Kremlin, aprobó este cambio sin la más mínima objeción. En cuestión de unos años, las discrepancias entre las regiones y el poder central desaparecieron, ya que los gobernadores nombrados dejaron de ser políticos para convertirse en administradores cuyas competencias se limitaban a la economía regional.
El mundo empresarial ha extraído la misma lección de una serie de inspecciones llevadas a cabo por los servicios de seguridad y las autoridades reguladoras. Tanto el exmagnate de los medios de comunicación Vladimir Gusinski como el oligarca Boris Berezovski abandonaron el país a principios de la década de 2000. El caso más sonado fue la confiscación de los bienes y la condena a diez años de prisión del hombre más rico de Rusia, Mijaíl Jodorkovski, propietario de la petrolera Yukos. El mensaje caló tan hondo que, en la década de 2010, ya no era necesario recordárselo a nadie. La propiedad seguía estando supeditada a la lealtad, y los conflictos políticos habían dado paso a una rivalidad burocrática por atraer la atención del dirigente.
La anexión de Crimea en 2014 supuso una auténtica prueba a gran escala. Cientos de funcionarios reorganizaron los presupuestos, crearon un ministerio encargado de los asuntos de Crimea y confiscaron bienes ucranianos sin el más mínimo roce interno. Cinco meses después de la anexión oficial, un viceprimer ministro (considerado liberal) ofreció a un embajador europeo una selección de vinos de Crimea. El diplomático se negó; dentro de la administración, esta propuesta se percibió como una broma sin importancia.
En febrero de 2022, los altos responsables de la economía rusa sabían perfectamente por qué la guerra no tenía ningún sentido: cientos de miles de millones de dólares en reservas depositadas en países occidentales, una fuerte dependencia tecnológica de las importaciones y una estructura presupuestaria basada en la integración en los mercados mundiales. Por orden de Putin, los bancos y las principales empresas industriales llevaron a cabo pruebas de resistencia para evaluar la capacidad de la economía y hacer frente a las sanciones. Los resultados, según los cuales una ruptura con Occidente costaría más del 10 % del PIB, se transmitieron al presidente. Sin embargo, estos datos nunca sirvieron de argumento contra la guerra. De hecho, el espacio en el que podría haberse celebrado tal debate se había cerrado años antes.
Lo que la élite supo conservar hasta 2022 fue una capacidad de adaptación extraordinaria. Privada del derecho a expresar una opinión política, lo ha compensado desarrollando un arte de la supervivencia: saber a quién llamar, qué cargo dentro de un consejo de administración ofrece protección, cuándo callarse y cuándo pagar. Sus miembros se han mantenido en el sistema, ya sea por temor por su propia seguridad, la de sus seres queridos y sus equipos, por la falta de alternativas o bien debido al control que el Estado y los servicios de seguridad ejercen sobre sus carreras. La lealtad es aquí una estrategia de supervivencia racional, no una adhesión a las ambiciones de Putin ni un apoyo a su persona.
La guerra ha bloqueado todas las salidas
Por parte del Estado, en el verano de 2022, cuando las empresas empezaron a mostrarse reacias a dar prioridad a las reparaciones y piezas de recambio destinadas a una «operación especial» que consideraban asunto ajeno, la Duma aprobó una ley que autorizaba al gobierno a obligar a cualquier empresa, independientemente de su régimen de propiedad, a aceptar pedidos militares del Estado y a reasignar a sus empleados sin su consentimiento. El texto superó las tres lecturas y las dos cámaras en menos de una semana, y Putin lo promulgó tan solo siete días después de su presentación. Las empresas ni siquiera tuvieron tiempo de oponerse. «Todo para el frente», se quejó en privado el director de una empresa pública: «Mis equipos de reparación son enviados al Ministerio de Defensa, y luego me echan bronca porque no cumplo los objetivos comerciales».
En lo que respecta a los bienes inmuebles, la Fiscalía ha multiplicado las acciones judiciales para recuperar activos para el Estado, en particular terrenos en Barvija, el pueblo de las dachas del Kremlin situado cerca de Moscú. La cercanía a los responsables políticos siempre había servido de amuleto contra los depredadores empresariales y los servicios de seguridad. Ya no es así: «Da igual de qué lado te inclines, ya no cambia nada», me confió un empresario que figura entre las veinte mayores fortunas de Forbes. «Los documentos de protección ya no sirven para nada. Antes, bastaba con nombrar a un allegado de Putin en el consejo de administración para estar a salvo. Hoy en día, ni siquiera eso te salva». El mensaje, resume, es claro: el «viejo capital» ya no existe.
En Occidente, la vía de salida se ha cerrado. Las sanciones individuales no han conseguido que los capitalistas se vuelvan contra el Kremlin, sino que incluso los han hecho más vulnerables en su propio país y más dependientes del poder.
La capacidad de adaptación no ha desaparecido. La flota fantasma, los nichos que han quedado vacíos tras la marcha de las empresas occidentales, el floreciente negocio de los intermediarios… Todo ello es fruto de la iniciativa, pero de una iniciativa que se ajusta a la línea impuesta, sin desviarse nunca de ella.
¿Por qué las sanciones han resultado ineficaces a la hora de influir en la élite rusa?
Las sanciones no han obligado a las empresas y a la élite rusas a elegir entre Moscú, por un lado, y Londres y el lago de Como, por otro. En esencia, les han cerrado el acceso a ambos destinos, es decir, a todo Occidente, y solo les han dejado Moscú. Prohibiciones de visados, cuentas bloqueadas, activos congelados, rechazo de los bancos, temor a las embargos: el dinero ha vuelto a Rusia.
Hoy en día, el 97 % de los depósitos de los rusos acaudalados se concentran en bancos sujetos a sanciones, y ese dinero alimenta, de hecho, la economía de guerra. De hecho, en el balance de un banco, los depósitos tienen como contrapartida los créditos; y la concesión de créditos reproduce, en esencia, el modelo de dos velocidades de la economía rusa. Por un lado, la contratación pública, vinculada principalmente a la guerra, se beneficia de los créditos; por otro, todo lo demás se estanca. Las personas sancionadas no tienen, por tanto, ninguna salida: su única estrategia consiste en aferrarse a lo que poseen, es decir, redoblar su lealtad.
Sin estas sanciones individuales, la élite viviría más cómodamente. Pero, en general, las sanciones han tenido sobre todo otro efecto: al señalar a las personas por su nombre, establecen su complicidad y les quitan la coartada de ser «solo hombres de negocios» o simples ejecutores que «pulsan botones». Ahora es posible señalar a personas concretas y las funciones específicas que desempeñan en la cadena de valor militar: compras, intermediación financiera, logística, etc. No obstante, estas sanciones castigan una posición más que un comportamiento.
Sin embargo, ninguno de estos mecanismos especifica cómo deberían comportarse las personas afectadas para que se levanten o se suavicen las sanciones. En otras palabras, cuando te incluyen en una lista y te restringen la vida cotidiana por formar parte del consejo de administración de una empresa pública, no te sugieren ninguna medida que pueda mejorar tu situación. Puede que te esfuerces por todos los medios, que transfieras dinero a Ucrania, que te procesen por ello en Rusia y que acabes en la cárcel —tú, tus familiares, tus compañeros de trabajo—, pero las sanciones seguirán vigentes: ningún texto prevé su levantamiento si se condena la guerra y se financia a Ucrania. Unas sanciones sin salida son una condena, no un incentivo. Para que resulte incentivadora, la política de sanciones debe, por tanto, ofrecer una alternativa.
¿Qué puede hacer Europa?
En primer lugar, no hay que quedarse de brazos cruzados esperando una escisión de la élite. Una élite que ha perdido sus dos formas de poder no propondrá ninguna alternativa, ya que, por su propia estructura, ha olvidado cómo hacerlo. Los que estaban dispuestos a marcharse por principios ya lo han hecho; los que se han quedado han tachado a los disidentes de ingenuos o desleales, reforzando así su propio apego al poder.
En segundo lugar, las sanciones individuales no constituyen una palanca sobre Putin, ya que las personas afectadas tampoco tienen ninguna: «Para dar un golpe de Estado, hay que estar en el palacio. Nosotros no estamos allí», me confió uno de ellos. Las sanciones no hacen más que acentuar su dependencia de Putin. Se pueden considerar un castigo, pero no una forma de presión.
En tercer lugar, y aquí es donde entra en juego Europa, la salida realista no es una revolución palaciega. Pero tras casi cinco años de guerra, se ha instalado un cansancio abrumador en la sociedad rusa, tanto entre la población como entre las élites. Cada vez resulta más difícil mantener la lealtad. El deseo de salir de esta situación es irresistible; pero no hay salida. El equilibrio del que gozan sistemas tan cerrados, que parecen tan estables desde dentro, solo puede romperse desde fuera. Un diálogo —y no una negociación—, entablado no con el Kremlin, sino con quienes realmente hacen funcionar el Estado —los responsables económicos y los empresarios—, podría dar a la clase dirigente rusa el impulso necesario para recuperar la autonomía perdida.
Aquella noche, el 21 de febrero de 2022, se le pidió a Naryshkin que volviera a su asiento. Todos los participantes en la reunión entendieron que se le estaba invitando a que se guardara sus opiniones para sí mismo y a que no corriera riesgos. Casi cinco años después, nada dentro del sistema puede ofrecerle la oportunidad de recuperarse. Precisamente por eso, el impulso debe venir del exterior.
