Para cumplir con el informe Draghi, ¿debe el BCE borrar 3 billones de deuda?

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En Francia, el debate sobre la deuda se ha reavivado con fuerza desde el verano, cuando Jean-Luc Mélenchon y su partido, LFI, incluyeron en su programa la propuesta de condonar la parte de la deuda pública francesa en manos del Eurosistema a través del Banco de Francia. Los conservadores de todo tipo critican duramente esta propuesta. Esta propuesta, de la que ninguno de sus partidarios tiene la ingenuidad de pensar que resolvería por sí sola la espinosa ecuación de las finanzas públicas de Francia, tiene, no obstante, varios méritos que merece la pena explicar. No hace falta simpatizar con LFI para comprender que se trata de una poderosa herramienta conceptual para cuestionar y replantearse el marco de las finanzas públicas y el de los bancos centrales.

Salir del ámbito nacional para comprender el problema de la deuda pública

Este enfoque invita a cuestionar el modo de financiación de los Estados y la sostenibilidad de la deuda que contraen en los mercados financieros. De este modo, se ponen de relieve los factores clave que influyen en ella, como la moneda en la que se emite la deuda. De hecho, el euro no es el dólar: cada uno de los 21 Estados de la zona del euro emite su propia deuda, mientras que en Estados Unidos la deuda soberana la emite únicamente el Estado federal. También hay que tener en cuenta la profundidad del mercado en el que se negocia la deuda, o incluso quiénes son sus tenedores, entre los que se encuentra el Banco Central. El Banco Central Europeo no tiene la misma participación que el Banco Central de Japón, por ejemplo. Esto invita, por tanto, a examinar estos parámetros, no limitándose al caso francés, sino desde una perspectiva europea e internacional.

Además, la propuesta de cancelación no es un fin en sí misma, sino que su valor radica sobre todo en el abanico de opciones monetarias del que forma parte y que invita a explorar. De una forma u otra, los bancos centrales de todo el mundo entrarán en la ecuación de las finanzas públicas. Se les plantean varias opciones. Algunas retomarán las operaciones de compra de títulos públicos que llevaron a cabo tras las crisis financieras y sanitarias. La mayoría ya lo está haciendo, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de Japón (BoJ); pero no es el caso, por ejemplo, del BCE o del Banco de Inglaterra. Otros bancos centrales optarán por proteger o renunciar a los créditos que aún mantienen sobre los Estados. O bien, algunas optarán por ampliar su abanico de herramientas, llegando quizás incluso a emitir subvenciones monetarias para abrir una fuente sostenible de financiación de las inversiones, que ni el mercado ni el Estado cubren. A grandes males, grandes remedios, salvo que ni los Estados ni la sociedad civil tienen control sobre este abanico de opciones. Estos diversos escenarios ponen, por tanto, en tela de juicio el poder de los bancos centrales, el de la moneda que crean de la nada y que su gobernanza no contribuye precisamente a poner al servicio del bien común.

Educación sobre la deuda: el banco central, un acreedor singular

El primer mérito de la propuesta de cancelación es de carácter pedagógico. Obliga, desde el principio, a responder a cuestiones que con demasiada frecuencia se mantienen al margen del debate democrático, a saber, la financiación de los Estados y la elección de los mercados, en lugar de sus respectivos bancos centrales, como fuente de financiación. Esto también lleva a cuestionarse la utilidad de la deuda pública —¿permite invertir o saldar la deuda pasada?— y quién es su titular. O, incluso, sobre la gestión de los créditos en función de los actores: ¿gestionan los bancos centrales sus créditos como lo harían los inversores privados?

Los Estados financian sus déficits en los mercados financieros. Lo que se conoce como deuda soberana corresponde al saldo acumulado de los préstamos contraídos para financiar los déficits públicos. En Europa, fue en 1993, con la ratificación del Tratado de Maastricht, cuando se consagró la prohibición de la financiación monetaria de los Estados por parte de los bancos centrales, con el argumento de que ello los haría costosos e implicaría un riesgo inflacionista. Desde entonces, los Estados se financian mediante la emisión de títulos de deuda que los inversores compran tras sopesar el riesgo y la rentabilidad que estos suponen para su cartera. Los inversores aceptan que un título de deuda pública genere pocos beneficios si les parece lo suficientemente seguro. Y, en caso contrario, exigen una tasa de interés más elevada. A los Estados emisores se les asigna una calificación crediticia, al igual que a las empresas, y velan constantemente por que su «deuda» resulte atractiva desde el punto de vista de los mercados, lo que implica aplicar políticas que sean del agrado de los inversores. La política presupuestaria de los Estados y el gasto que de ella se deriva quedan así sometidos a la presión de los mercados. 

Los Estados «renuevan su deuda», lo que significa que reembolsan sus préstamos anteriores con nuevos préstamos. Pero el mercado no es un pozo sin fondo: cuanto mayor es la deuda que hay que refinanciar, más se destinan los nuevos préstamos a amortizar en gran parte los préstamos acumulados, en lugar de a invertir en el futuro. Por lo general, los compradores de títulos de deuda soberana son principalmente bancos y sus clientes particulares ahorradores, aseguradoras, fondos o gestores de activos. Sin embargo, en el marco de las medidas adoptadas para gestionar las crisis —la financiera de 2007-2008 y, posteriormente, la sanitaria de 2020-2021—, los bancos centrales han comprado masivamente títulos de deuda pública. De este modo, se han convertido en acreedores de los Estados. Los bancos centrales del Eurosistema llegaron a poseer hasta aproximadamente un tercio del saldo vivo de la deuda. Se observa un pico en 2022, seguido de un descenso progresivo a partir de 2023, hasta aproximadamente una cuarta parte. ¹ Se han cuidado mucho de presentar estas operaciones como una ayuda a los Estados, tal y como obliga el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). No obstante, estas operaciones permitieron reducir las tasas de interés de los empréstitos soberanos a un nivel cercano a cero o incluso negativo durante la crisis sanitaria. Lamentablemente, los Estados apenas han aprovechado esta oportunidad para invertir, en particular en la transición ecológica. 

Sin embargo, el banco central no es un acreedor cualquiera, sino que se caracteriza por su paciencia y su pragmatismo. Mantiene sus títulos durante mucho tiempo, a menudo hasta su vencimiento. No los revende ante la más mínima incertidumbre, sino todo lo contrario, ya que es el guardián de la estabilidad monetaria y financiera. Por ello, la deuda que figura en el activo de un banco central está a salvo. De ello se deriva un efecto de inmunidad sobre la carga de intereses, que aumenta en menor medida a medida que aumenta el nivel de deuda, cuanto mayor sea la parte que posee el banco central. 

Si la deuda japonesa ha podido alcanzar hasta el 250 % del PIB sin que se haya puesto en duda su sostenibilidad, es precisamente porque el Banco de Japón (BoJ) poseía más de la mitad de la deuda pública en circulación (hasta el 53 % en 2023). Gracias a esta elevada proporción, la tasa de interés en el mercado de deuda japonés se mantuvo durante mucho tiempo insensible al aumento de la deuda. ² Fue precisamente cuando el Banco de Japón comenzó a reducir sus compras de bonos del Estado a partir de agosto de 2024 (al descender su participación en la tenencia de la deuda por debajo del 50 %) cuando se inició la subida de las tasas soberanas japonesas. En dos años, Japón pasó así de décadas de tasas prácticamente nulas a niveles de tasas a largo plazo sin precedentes desde mediados de la década de 1990. En septiembre de 2026, la taa a 10 años alcanzó el 3,06 % —algo nunca visto desde 1996— y el de 30 años, el 4,12 %. Bajo la presión de este repunte de las tasas a largo plazo y para evitar alimentar la desconfianza de los mercados, el Banco de Japón anunció en junio de 2026 que suspendería la reducción de sus compras a partir de abril de 2027, estabilizándolas en torno a los 2 billones de yenes al mes. Sin embargo, esto no logró frenar de inmediato la subida de las tasas a largo plazo. Habrá que esperar. Es probable que este «escudo de inmunidad» que suponía la fuerte posición de la BoJ para la sostenibilidad de la deuda tarde en recuperarse.

En cuanto a Estados Unidos, el mercado de bonos del Tesoro estadounidense también se ha visto afectado por el hecho de que los bancos centrales extranjeros ya solo poseen alrededor del 23 % de la deuda estadounidense, frente a más del 34 % a mediados de la década de 2010. Esta erosión, que refleja sobre todo las decisiones de los bancos centrales de China, Rusia y Japón, los hace más vulnerables al aumento del saldo de la deuda y contribuye, por tanto, al repunte de las tasas a largo plazo: el 5,24 % en septiembre de 2026, su nivel más alto desde 2007.

La propuesta de condonación —que, cabe recordar, se refiere únicamente a la parte de la deuda pública en manos de los bancos centrales del Eurosistema— se fundamenta, por tanto, en la condición especial del banco central como acreedor e institución pública. No tiene las restricciones presupuestarias de un acreedor ordinario: financia sus compras mediante la creación de moneda central. E incluso cuando el Estado es su accionista, desde el punto de vista contable e institucional, el banco central se distingue de este, ya que pertenece al sector de las sociedades financieras y no al de las administraciones públicas. Añadamos también que no existe una cuenta consolidada entre el Estado y el banco central. Por lo tanto, nada obliga al Estado a rescatar al banco central en caso de pérdidas (salvo disposición legal explícita), ya que este puede funcionar con fondos propios negativos. 

Estas disposiciones permiten, al menos desde el punto de vista técnico, la cancelación total o parcial de los créditos que los bancos centrales del Eurosistema tienen frente a los Estados de la zona euro. La pérdida resultante no les impediría seguir funcionando y no obligaría en modo alguno a recapitalizarlos. Es cierto que los Estados accionistas dejarían de percibir dividendos si no hubiera beneficios, pero esta situación ya existe, ya que los bancos centrales han registrado pérdidas en sus balances en los últimos años. ³ Asimismo, la pérdida de ingresos sería menor para los Estados, ya que dejarían de tener que pagar los intereses de las deudas canceladas. Y, sobre todo, las cantidades condonadas permitirían a los Estados de la zona euro volver a pedir prestado el equivalente para invertir en la transición ecológica y en la reducción de las dependencias estratégicas (energías renovables, tecnología digital, defensa, etc.). Si se extendiera a toda la zona del euro, la operación ascendería a unos 3 billones de euros, lo que permitiría planificar al menos seis años de inversiones públicas para cubrir el déficit puesto de manifiesto en el informe Draghi. En dicho informe, el déficit de inversión se cuantifica en aproximadamente el 5 % del PIB, de lo cual solo la mitad es lo suficientemente rentable como para ser financiada por el sector privado. 

Gestionar la deuda e invertir: dos cuestiones relacionadas

Ahí es donde surge una segunda ventaja de la propuesta de anulación, en la articulación de dos cuestiones que a menudo se tratan por separado: la gestión de la deuda y la financiación de las inversiones que exige la transformación ecológica y estratégica. Este último reto se plantea tanto en Francia como en sus socios europeos y, más aún, en todos aquellos lugares donde la presión sobre las finanzas públicas es tan grande como las necesidades de inversión. La propuesta de condonación no pretende ofrecer una herramienta de estabilización presupuestaria —evidentemente, no bastaría para ello—, sino poner en marcha el motor de las inversiones que Europa necesita. 

En lugar de recurrir a calificativos indignos propios del registro de lo insustancial («es ilusorio», «no tiene sentido», «es una estupidez», «es irresponsable») o contraargumentos infundados, los detractores de la propuesta podrían señalar, con mayor acierto, el carácter excepcional y no duradero de la misma. Porque no es el pánico de los mercados lo que hay que temer, en la medida en que los acreedores privados no se verían afectados. Ni un riesgo de inflación, ya que la condonación de la deuda no crea dinero, sino que evita una destrucción monetaria; la diferencia es importante. E incluso en caso de creación monetaria, la relación empírica entre la cantidad de moneda central («base monetaria») y la inflación no tiene absolutamente nada de mecánico. En cuanto al argumento más sutil de la falta de recursos que ello supondría para el banco central y que le impediría remunerar las reservas de los bancos —lo que, según se dice, perjudicaría la gestión de la política monetaria—, es igualmente infundado. De hecho, esta justificación pasa por alto que el banco central no remunera las reservas de los bancos a partir de recursos previos, sino mediante la creación de moneda central. Y eso supondría una creación de moneda central sin ningún crédito exigible como contrapartida; en otras palabras, se trata de una subvención monetaria encubierta. ⁴ Por último, en cuanto a la legalidad, siempre que el banco central considerara que la operación es útil y conforme a sus misiones de estabilidad monetaria y financiera, nada le impediría, según los defensores de la propuesta, renunciar a su crédito. Sin embargo, esta interpretación es rechazada por las instituciones afectadas: la presidenta del BCE, Christine Lagarde, consideró que tal condonación infringiría el artículo 123 del TFUE, y el gobernador del Banco de Francia la calificó de ilegal.

La propuesta de anulación no es, por tanto, una panacea, pero su punto débil no radica en esos contraargumentos que obstaculizan el espíritu de análisis. Radica en otra parte. Por un lado, en la configuración de los niveles de las tasas de interés, muy diferente a la de la pandemia de 2020-2021. Volver a pedir prestadas las cantidades canceladas al nivel actual de las tasas soberanas —en torno al 4 % para los Estados de la zona euro, con diferenciales importantes, de hasta 146 puntos básicos a principios de octubre de 2026, entre la tasa a 10 años del OAT francés y del Bund alemán—, sería sin duda más difícil que al nivel mínimo que prevalecía para todos durante la crisis sanitaria, momento en el que esta propuesta se defendió con vehemencia. Sin embargo, no hay que olvidar que es a este nivel más elevado de tasas de interés a lo que los Estados de la zona del euro refinanciarán su deuda de todos modos. Por lo tanto, sería mejor pedir préstamos para invertir en el futuro gracias a la operación de cancelación, que pedir préstamos principalmente para amortizar la deuda pasada. 

Sin embargo, aunque la medida de anulación solo permitiría poner en marcha la inversión, y no abrir una fuente de financiación sostenible —quizá este sea el contraargumento más serio en contra de esta operación—, no es, con todo, la única opción monetaria posible. Existen otras con las que puede combinarse. 

Ampliar las opciones mediante la cancelación

De ahí surge una tercera ventaja de la propuesta de anulación, que no radica tanto en su valor intrínseco, sino más bien en lo que permite sacar a la luz. Esta propuesta abre un abanico de opciones, que articulan en mayor o menor medida la política monetaria y la presupuestaria, con el fin de financiar mejor la transformación económica. 

La flexibilización cuantitativa, ya ampliamente probada por los bancos centrales, se sitúa al principio de este abanico. Las compras de títulos de deuda pública han facilitado la financiación de los Estados, tras la crisis financiera y durante la crisis sanitaria, al hacer bajar las tasas de interés soberanas. Estas medidas podrían reactivarse en el marco de programas que combinen recompras garantizadas por el banco central con emisiones de deuda pública destinadas a invertir en la transición ecológica y la autonomía estratégica. Los programas también podrían abarcar títulos privados y no solo públicos. Un aspecto positivo a destacar es que, de este modo, aumentarían tanto las inversiones públicas como las privadas. Pero esto también presenta dos riesgos: el primero es el aumento de las desigualdades, ya que los titulares de valores son los principales beneficiarios de estas operaciones; y el segundo, un aumento de la inestabilidad financiera, ya que estas operaciones hacen subir los precios de los activos y contribuyen a la formación de burbujas.

Al igual que el Banco de Japón, la mayoría de los bancos centrales no han podido prescindir durante mucho tiempo de sus programas de compra de valores. Desde diciembre de 2025, la Reserva Federal de Estados Unidos ha reanudado incluso las compras firmes de bonos del Tesoro a menos de un año («Reserve Management Purchases») para ayudar a los bancos a reponer sus reservas de moneda central y relajar el mercado de deuda estadounidense. Así, el balance de la Fed volvió a crecer desde el momento en que finalizó su endurecimiento cuantitativo, el 1 de diciembre de 2025. 

Las únicas excepciones son el BCE y el Banco de Inglaterra, que siguen en una fase de reducción de su balance y ya no respaldan el mercado de deuda mediante compras en firme. Pero seguramente no por mucho tiempo: al no recibir órdenes de los Estados (dado que los bancos centrales son independientes) y sin justificar nunca como tales sus operaciones de compra de valores, los bancos centrales volverán a recurrir a ellas si continúa la subida de las tasas soberanas. Si bien, hasta ahora, la reactivación de dichas operaciones obedece a una estrategia defensiva destinada a contener las tensiones en el mercado de deuda, esta podría enmarcarse en una estrategia más ofensiva de facilitación de las inversiones públicas y privadas necesarias para la transición ecológica y la autonomía estratégica.

También hay otras opciones dentro de este abanico, como la mutualización de la deuda pública mediante la emisión de eurobonos, la desindexación de los empréstitos soberanos respecto a la inflación o, incluso, la gestión del vencimiento de la deuda, es decir, su ampliación cuando las tasas a largo plazo son bajas. No obstante, hay que destacar sus limitaciones. Es cierto que estas medidas harían que la deuda existente resultara menos costosa de mantener, pero no generarían nuevas capacidades de inversión.

Entre estas opciones, la emisión de eurobonos sigue encontrando reticencias por parte de los países de la zona euro, comprometidos con la estabilidad presupuestaria. Alemania, por ejemplo, —que reformó su freno al endeudamiento en marzo de 2025 para financiar varios planes de inversión en defensa, energía e infraestructuras—, podría acabar viendo el interés de endeudarse conjuntamente con sus socios. Pero resulta difícil imaginar cómo, en Europa, los mercados de deuda podrían integrarse y profundizarse tal y como desea la Comisión Europea en su estrategia de la Unión del Ahorro y la Inversión, ⁵ si los 21 Estados de la zona del euro siguen emitiendo cada uno sus propios títulos. 

Sin embargo, un eurobono ofrecería a los inversores un activo comparable al bono del Tesoro estadounidense y reforzaría el papel internacional del euro. Es cierto que el privilegio desmesurado que durante mucho tiempo ha permitido a Estados Unidos endeudarse a menor costo ha comenzado a erosionarse. Pero la ventaja sigue siendo evidente: si el mercado de deuda soberana estadounidense sigue siendo el más profundo del mundo, es porque solo lo emite el Estado federal, y no cada uno de los cincuenta estados. Sin este federalismo presupuestario, ni el bono del Tesoro estadounidense se habría convertido en una cuasi-moneda internacional, ni el dólar en la divisa clave presente en todas las carteras internacionales. 

Ampliemos aún más el abanico. La congelación o la cancelación de la deuda pública en el balance de los bancos centrales se sitúan un poco más allá. Los créditos que los bancos centrales tienen frente a los Estados ya están «congelados» en cierto modo, ya que los bancos centrales suelen conservarlos hasta su vencimiento. Congelarlas equivaldría a transformarlas en deuda perpetua al 0 %, lo que, en cierto sentido, ya no es una deuda, pero conserva el nombre. Los Estados encontrarían en ello un margen de maniobra, ya que no tendrían que refinanciar esa parte de la deuda ni pagar los intereses. Sin embargo, este margen sería, a priori, menor que en una operación de cancelación, ya que la congelación no elimina el crédito (por lo que no altera la razón deuda/PIB). Si no se condiciona la congelación a la realización de las inversiones necesarias, la operación sería más incierta que la cancelación condicional en cuanto a su efecto impulsor sobre la inversión. Por estas razones, la cancelación se sitúa un paso más allá en el abanico de opciones. 

Más allá aún en el abanico se encuentra la financiación de los Estados mediante anticipos del banco central. Lo que hoy está prohibido en los estatutos de la mayoría de los grandes bancos centrales ha sido durante mucho tiempo la principal forma de financiación de los Estados. Esta opción sigue activa o puede activarse en algunos lugares, en particular en el Reino Unido, donde el vínculo financiero entre el Tesoro y el Banco de Inglaterra es más fuerte que en otros lugares. Restablecer, allí donde está prohibido, esta posibilidad de que el banco central conceda anticipos al Estado tendría la ventaja de reducir la dependencia de los Estados respecto a los mercados. Pero, una vez más, hay que ser prudentes: el efecto sobre la inversión no estaría garantizado; y, por otra parte, en democracias frágiles donde el poder se vuelve más autoritario, conceder esta facilidad monetaria a los Estados no estaría exento de peligro. 

¿La subvención monetaria: una opción sostenible? 

En el extremo opuesto del espectro se encuentra otra propuesta, que, por su parte, abriría una fuente sostenible de financiación pública de la inversión: la subvención monetaria. ⁶ Esta propuesta parte de una constatación algo polémica: los bancos comerciales están ampliamente subvencionados por los bancos centrales del Eurosistema ⁷ que remuneran a la tasa de la facilidad de depósito las reservas excedentarias que estos depositan en ella. Los bancos centrales lo justifican por el papel que desempeña hoy en día la tasa de interés de la facilidad de depósito en la gestión de las tasas del mercado monetario. Pero es, sobre todo, el aumento del nivel de reservas de los bancos comerciales en el banco central lo que, por un lado, ha reducido su necesidad de obtener préstamos del banco central y, por otro, ha desplazado la gestión de la política monetaria de la tasa principal de refinanciación (REFI) a la tasa de la facilidad de depósito. A medida que se reduzcan los excedentes de reservas de los bancos, la tasa REFI volverá a ser el instrumento de control que era. Una forma de lograrlo sería aumentar los requisitos de reservas obligatorias. Mientras tanto, los bancos ganan y la sociedad pierde.

Por el contrario, nada impediría técnicamente utilizar ese mismo poder de subvención de una forma radicalmente más justa, redirigiéndolo hacia estructuras financieras específicas. Estas, a su vez, subvencionarían las inversiones indispensables pero no rentables, que el mercado nunca financiará. De este modo, se sacaría una parte de la financiación pública de la lógica del mercado de la deuda: el banco central establecería un mecanismo complementario y permanente de emisión de moneda pública, que permitiría invertir manteniendo la deuda constante, sin tener que esperar, como en el caso de la cancelación, a que se diera una mejor configuración de las tasas de interés para poder activarlo.

Desde el punto de vista macroeconómico, la inversión aumentaría tanto como pudiera, al igual que la deuda pública, si los préstamos obtenidos se destinaran a invertir en lugar de a saldar deudas anteriores. Sin embargo, este aumento se produciría sin los efectos antirredistributivos de la deuda pública de mercado, que beneficia estructuralmente a quienes la poseen, es decir, a los más ricos. Una subvención monetaria no tendría ese sesgo: con un efecto de financiación equivalente, no agrandaría las desigualdades, no profundizaría el capitalismo financiero y, por el contrario, ayudaría a transformarlo, o incluso a superarlo.

¿Sería inflacionista esta creación de dinero? Es una objeción frecuente. Sin embargo, se puede defender lo contrario por varias razones. En primer lugar, la relación causal entre la masa monetaria y la inflación, cuya existencia suponen los monetaristas «siempre y en todas partes», no resiste el examen de los hechos. Desde principios de la década de 2000 hasta hoy, la masa monetaria se ha cuadruplicado en Europa y se ha quintuplicado en Estados Unidos, sin que la inflación haya seguido el mismo ritmo. Por el contrario, los años 1990-2000 fueron de una gran moderación de la inflación, mientras que los que siguieron a la crisis de 2007-2008 hicieron temer una deflación. No fue hasta el final de la crisis sanitaria cuando la inflación volvió a aparecer. Esto no se explica tanto por un exceso de dinero en la economía real como por las perturbaciones duraderas en las cadenas de producción tras la crisis sanitaria, y por el aumento de los precios del gas y del petróleo a raíz de la guerra en Ucrania. Más fundamentalmente, con la financiarización del capitalismo, las variaciones de la masa monetaria se reflejan más en las fluctuaciones de los precios de los activos financieros que en el nivel general de precios. 

Por lo tanto, un mayor volumen de dinero en circulación no provoca automáticamente más inflación, a menos que se suponga que la creación monetaria no responde a ninguna necesidad de la economía —lo que parece ser una hipótesis muy fuerte que da por sentado el resultado monetarista que pretende demostrar—. En este caso, la emisión de subvenciones monetarias se destinaría a gastos de inversión en la transición social, ecológica y energética (reverdecimiento de las ciudades, prevención de inundaciones, reforestación, rehabilitación energética de colegios, hospitales, residencias de personas mayores, etc.). Esto respaldaría tanto la oferta como la demanda, ayudaría a adaptarse al cambio climático y a mitigarlo al reducir nuestra dependencia de las energías fósiles, lo que a su vez reduciría una de las fuentes actuales de inflación: la derivada del calentamiento global. 

Por último, si bien no se puede descartar que esta moneda, creada sin deuda reembolsable, acabe, a medida que circula, por superar la necesidad que se tiene de ella, conviene tener en cuenta el posible reflujo monetario. Por un lado, se trata del reflujo o la destrucción monetaria que se produce de forma espontánea mediante el pago de impuestos, así como a causa de la inflación. Y, por otro lado, de la posibilidad de aumentar este reflujo mediante microimpuestos financieros o medioambientales para regular esta fracción de la masa monetaria. Esto también pasa por llevar a cabo una política monetaria activa para reducir el resto de la masa monetaria.

No cabe duda de que, si los bancos centrales lo consideraran necesario y compatible con su mandato, podrían recurrir a este abanico de herramientas monetarias y seleccionar medidas de entre ellas. De entre todas las opciones mencionadas, salvo los anticipos del banco central al Estado, que están expresamente prohibidos por el artículo 123 del TFUE, ninguna está prohibida explícitamente por la letra de los tratados. Evidentemente, esto no significa que su adopción no diera lugar a acalorados debates con los juristas del Eurosistema. No obstante, en el actual esquema de gobernanza de los bancos centrales del Eurosistema (y esto también es válido a escala mundial, ya que prácticamente todos los bancos centrales son independientes), nadie puede imponerles su política. De hecho, aunque la independencia de los bancos centrales no signifique «ni autonomía total ni neutralidad política». ⁸ el poder político apenas tiene influencia sobre la elección de sus instrumentos. La sociedad civil, aún menos. Y si los bancos centrales decidieran incorporar algunas de estas medidas a su conjunto de herramientas, se plantearían de inmediato cuestiones de gobernanza y, como mínimo, una cuestión de coordinación con los poderes públicos. En términos más generales, esto plantearía de inmediato cuestiones sobre el reparto de la gobernanza, abriéndola a la sociedad civil o a sus representantes parlamentarios, para que la decisión que determine la orientación de estas medidas sea, efectivamente, fruto de una elección democrática.