La deuda y el muro de la realidad

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Los hechos son conocidos y están documentados. Recientemente, la OCDE. ¹ el Tribunal de Cuentas, ² y posteriormente el grupo de trabajo formado por Xavier Jaravel, Xavier Ragot, Jean-Luc Tavernier y Natacha Valla han elaborado un informe contundente sobre la alarmante situación de las cuentas públicas de Francia. ³ Este texto no aporta nada nuevo a los trabajos en los que se inspira. Sin embargo, trata de ofrecer una visión de nuestra situación que pueda ser ampliamente compartida. A pocos meses de unas elecciones presidenciales decisivas, se trata de proponer un camino colectivo y viable para optar por la recuperación ahora y evitar tener que sufrir la austeridad más adelante. Los análisis que contiene son, evidentemente, mejorables y pueden ser cuestionados, pero permiten entablar un diálogo con todos aquellos que desean sinceramente preservar la capacidad de deliberación democrática en Francia, para poder seguir tomando decisiones colectivas en el futuro.

Hacer más con menos

Ahora tenemos que, juntos, hacer más con menos. Es frustrante, pero es la realidad, y es precisamente esa frustración la que alimenta la ira y, a menudo, una forma de radicalismo, en una parte cada vez mayor de nuestros conciudadanos.

Tenemos que hacer mucho más, porque debemos resolver los problemas del pasado y del presente, en particular restablecer la promesa republicana de la escuela y la excelencia de nuestra investigación, adaptar el funcionamiento del sistema sanitario al envejecimiento de la población, garantizar el buen funcionamiento de un sistema judicial cada vez más solicitado, reinventar la cohesión de los territorios y los centros urbanos, modernizar las infraestructuras de transporte y energía que se están quedando obsoletas, o incluso acompañar las transiciones agrícolas.

Pero también debemos resolver los problemas de hoy y de mañana, como la adaptación a gran escala al cambio climático, la defensa de nuestras libertades en el continente —lo que requiere el desarrollo de capacidades de defensa adaptadas a las nuevas amenazas—, el restablecimiento de nuestra competitividad tecnológica y de nuestras ambiciones en materia de inteligencia artificial e informática cuántica, la reindustrialización del país en un contexto de competencia feroz con China y de tensiones duraderas con Estados Unidos, la lucha contra la narcocriminalidad que se infiltra en nuestra sociedad y, sobre todo, la adaptación a un envejecimiento demográfico inevitable. Es fácil olvidar las realidades demográficas, ya que se trata de procesos lentos, pero no por ello son menos masivos ni menos seguros en sus efectos.

Ahora tenemos que, juntos, hacer más con menos. 

Stéphane Boujnah

Sin embargo, tenemos que hacer mucho más con mucho menos, ya que nuestras capacidades de toma de decisiones colectivas —y, por tanto, de acción pública— se están reduciendo. Sin embargo, nuestro país es el que más impuestos recauda de entre los 38 países más desarrollados del planeta, cerca del 44 % del PIB, es decir, de la riqueza que creamos cada año; y, dentro de ese mismo grupo, también es el que destina al gasto público la mayor parte del PIB, más del 57 %. ¿Por qué, si recaudamos más impuestos y gastamos más dinero público que los demás, no conseguimos resolver nuestros problemas de ayer, de hoy y de mañana? Porque hemos tomado decisiones colectivas, implícitas o explícitas, que nos llevan a un callejón sin salida.

Elegir el futuro

Juntos hemos elegido el presente en lugar del futuro, es decir, transferir ingresos a la generación actual en lugar de invertir para preparar un futuro mejor para los jóvenes de hoy y las generaciones futuras. Por ejemplo, hemos preferido garantizar el aumento de las pensiones de jubilación en lugar de preservar nuestra capacidad de investigación espacial. Hemos dado prioridad a un generoso sistema de bajas por enfermedad en detrimento de nuestra capacidad de investigación médica. Nos hemos acostumbrado a que un profesor jubilado perciba una pensión más elevada que el sueldo de un profesor que está empezando su carrera.

Hemos preferido instaurar progresivamente una sociedad de consumidores en lugar de construir una nación de productores dinámicos. Nuestras decisiones sobre la financiación de la protección social, que recaen principalmente sobre las empresas y los trabajadores, la aceptación resignada de intercambios asimétricos con China, o incluso la habituación a un nivel, sin parangón en el planeta, de regulaciones que afectan a las actividades industriales, ponen de manifiesto nuestra preferencia colectiva por consumir a bajo precio en lugar de producir de forma competitiva.

Nuestra preferencia por el presente también ha alimentado un crecimiento débil al que parece que nos estamos acostumbrando. Sin embargo, nuestro modelo solo funciona de forma sostenible si el crecimiento de nuestra economía es mayor que el de nuestro gasto público. Poco a poco nos hemos acostumbrado a financiar con el dinero de otros unas decisiones que ya no podíamos permitirnos, es decir, a pedir prestado el dinero que luego redistribuimos. A menudo se dice que los franceses no quieren hacer sacrificios. Eso no es cierto: hay un sacrificio que hacemos colectivamente, con método y constancia, el de nuestros hijos, a quienes cada año les dejamos una deuda más pesada y un espacio de deliberación democrática más reducido para que tomen sus propias decisiones en el futuro.

Nuestra preferencia por el presente nos ha llevado a buscar en todas partes, y sobre todo en el Estado, protección frente a los riesgos externos. El euro nos libera en gran medida de la angustia que provocaba la devaluación y la consiguiente disminución del poder adquisitivo. Los franceses también se caracterizan por ser poco sensibles a la subida de las tasas de interés: cuando compran su vivienda, solicitan un préstamo a tasa fija, a diferencia de la mayoría de los países europeos, donde los créditos hipotecarios son a tasa variable, de modo que, en Francia, la subida de las tasas es, ante todo, un problema del banco prestamista. Además, estamos mucho más protegidos que otros países frente a la inflación mundial, gracias a generosas intervenciones públicas, como el «escudo energético». Así, hemos creado las condiciones para que muchos franceses piensen que viven en una isla aislada de las realidades mundiales, ya que hemos optado por construir una auténtica burbuja para aislarlos de los cambios que se producen en el mundo y preservar el bienestar actual. Pero esta burbuja es costosa y, cada vez más, la financian nuestros acreedores.

Hay un sacrificio que hacemos colectivamente, con método y constancia: el de nuestros hijos.

Stéphane Boujnah

El crédito y la deuda no son, en sí mismos, perjudiciales, siempre y cuando, en primer lugar, los fondos se destinen a preparar el futuro y, en segundo lugar, la sociedad genere recursos suficientes para garantizar su reembolso sin transferir cargas desproporcionadas a las generaciones futuras. Así, una familia pide un préstamo, con toda razón, para realizar obras de aislamiento en su vivienda, o para financiar el alquiler o la compra de una habitación para un hijo que va a prepararse para su futuro en una ciudad universitaria. Pero, colectivamente, hacemos exactamente lo contrario: pedimos préstamos, en su mayoría al resto del mundo, para mantener un nivel de protección social que ya no podemos permitirnos.

Esta situación es el resultado de una acumulación de pequeñas renuncias que se han convertido en hábitos, en la que cada uno tiene su parte de responsabilidad. Los responsables políticos, que a menudo han preferido fijarse en las urnas en lugar de en las cunas, y dirigirse a los votantes en lugar de a los ciudadanos. Pero también cada uno de nosotros, que constatamos, sin sacar las consecuencias pertinentes, que este sistema de protección social, creado en 1945, hace más de tres generaciones, se basaba en unas condiciones económicas y demográficas que ya no existen. Dentro de 19 años, la Seguridad Social cumplirá un siglo, y en casi un siglo Francia y el mundo han cambiado. La mayoría de los franceses recuerdan su infancia como una época en la que, el día de Navidad, los niños que abrían los regalos bajo el árbol eran más numerosos que los adultos y las personas mayores que se quedaban alrededor de la mesa; ahora, bajo el mismo árbol, unos pocos niños —cada vez más escasos— abren los regalos bajo la mirada de muchos adultos y, sobre todo, de un número cada vez mayor de personas mayores.

¿Por qué nuestro letargo colectivo ya no puede durar más y por qué esta vez es diferente? Porque algunos problemas, cuando se prolongan demasiado tiempo sin tratamiento, acaban cambiando no de gravedad, sino de naturaleza. El tratamiento tardío de un cáncer muy avanzado es más duro y más incierto que el tratamiento precoz del tumor inicial. Ya hemos llegado a ese punto. Es tarde, pero no es demasiado tarde.

La asfixia que conduce a la austeridad impuesta

Juntos nos hemos adentrado en un proceso de asfixia que se acelera y que puede conducir a una austeridad impuesta.

Hay quien piensa que se puede seguir postergando la decisión, que las soluciones de siempre siguen siendo viables, ya que siempre hay compradores para la deuda francesa y que, por lo tanto, no hay ningún problema en endeudarse aún más. Es un error cuando quienes lo creen ignoran la realidad de los hechos; es una mentira cuando quienes lo afirman conocen los hechos y las cifras. Porque, aunque probablemente estemos a salvo de una falta repentina de oxígeno, es innegable que hemos entrado en un proceso de asfixia progresiva. Y la mentira, en este ámbito, es una traición. Una traición hacia nuestros hijos, sobre quienes hacemos recaer mañana el peso de nuestras renuncias y de nuestras comodidades de hoy. Una traición hacia los trabajadores, a quienes se les pide que financien hoy un nivel de vida más alto para los jubilados, cuando saben que ellos mismos no tendrán acceso a las mismas pensiones. Una traición hacia los jubilados, que no entienden por qué cambian las reglas del juego, cuando ya solo se puede repartir lo que se produce y ya no se produce lo suficiente.

Los hechos son crudos. Hace dos años, Francia obtenía préstamos a diez años a una tasa de interés que, aunque era más alto que el de Alemania, era inferior a los que pagaban, para el mismo plazo, Portugal, España, Italia y Grecia. Hoy en día, Francia, que se financia principalmente a través del resto del mundo, paga más que todos esos países. ¿Por qué?

En primer lugar, porque nuestro volumen de deuda crece más rápido que en otros países. Francia es el tercer país más endeudado de la zona del euro, con una deuda prevista de más del 120 % del PIB en 2027, por detrás de Grecia (130 %) e Italia (137 %). Pero Francia es el único país de la zona del euro que no ha reducido su deuda desde el final de la crisis sanitaria. Al contrario, cada año aumentamos nuestro volumen de deuda en unos 3 puntos del PIB, mientras que los países aún más endeudados que nosotros, Grecia en particular, reducen el suyo. Así, Grecia ha reducido su ratio de deuda sobre el PIB del 146 % en 2025 al 130 % previsto para 2027. En Francia, la deuda pública habrá aumentado en 2026 en más de 160.000 millones de euros, y al final del año deberemos a nuestros acreedores 3.620.000 millones de euros. En estas circunstancias, varios informes públicos prevén que el volumen de deuda podría alcanzar el 130 % del PIB a mediados del próximo quinquenio. Por lo tanto, es casi seguro que Francia tendrá, antes de 2029, una ratio de deuda sobre el PIB superior a la de Grecia.

 Aunque probablemente estemos a salvo de un corte repentino de oxígeno, es innegable que hemos entrado en un proceso de asfixia progresiva.

Stéphane Boujnah

En segundo lugar, porque nuestros acreedores exigen tasas de interés cada vez más altas para seguir prestándonos dinero. La tasa media de emisión de la deuda francesa ascendía al 3,35 % en 2025, frente al 1,70 % en 2022 y a una tasa nula, de media, en 2021. Dado que el vencimiento medio de la deuda francesa es de 8,5 años, hoy nos vemos obligados a refinanciar, a tasas superiores al 4,7 %, importes suscritos a tipos entre el 0 % y el 2 % que están llegando a su vencimiento. No hay motivos para que estas tasas bajen, en primer lugar porque el debate presupuestario de 2026 en el Parlamento corre el riesgo de ser tan confuso e indeciso como en 2025, en segundo lugar, porque ya se ha confirmado la perspectiva de un déficit superior al 5 % en 2027, por quinto año consecutivo, y, por último, porque aumenta la probabilidad de que dos candidatos de los partidos de la ira se clasifiquen para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de la primavera de 2027. Por otra parte, más allá del rápido deterioro de la percepción que tienen nuestros acreedores del riesgo francés, las tasas de interés están aumentando en todo el mundo, debido al retorno de la inflación y al rápido deterioro de las tasas de la deuda pública de Estados Unidos, que durante mucho tiempo se consideró el «activo sin riesgo a nivel mundial». 

La combinación del aumento continuo de nuestro stock de deuda y la rápida subida de las tasas de interés que exigen nuestros prestamistas conduce a una situación en la que la carga de la deuda se habrá duplicado entre 2020 y 2026. Este año pagaremos al menos 78.000 millones de euros a nuestros acreedores, es decir, unos 12.000 millones de euros más que el año pasado. Este sobrecosto por sí solo supera el presupuesto total del Ministerio de Justicia. En teoría, pues, con el mismo nivel de gasto público, podríamos haber duplicado el número de jueces, fiscales y funcionarios de prisiones si hubiéramos mantenido la carga de la deuda al nivel del año pasado. En 2027, primer año del próximo quinquenio, tendremos que pagar a nuestros acreedores más de 91.000 millones de euros, es decir, más que todas las cantidades que destinamos a la educación de los niños y jóvenes de nuestro país, desde la guardería hasta el último curso de bachillerato. El verdadero costo de nuestro endeudamiento descontrolado radica, por tanto, en primer lugar en el hecho de que nuestros acreedores, a quienes se paga antes de que hayamos decidido qué hacer con los impuestos que recaudamos, se quedan con una parte cada vez mayor de los mismos. Para medir la magnitud de nuestras dificultades, conviene recordar que una carga de la deuda que asciende a 91.000 millones de euros es una carga que absorbe casi la totalidad del impuesto sobre la renta que pagarán en 2026 todas las personas físicas en Francia. A la pregunta frecuente de nuestros conciudadanos, «¿para qué sirven mis impuestos?», podremos responder en 2027, sin lugar a dudas: «en primer lugar, para pagar intereses a los acreedores que nos prestan el dinero que nosotros redistribuimos».

Nuestro país está descubriendo la trampa del sobreendeudamiento, es decir, una situación en la que el déficit presupuestario aumenta incluso sin que se aprueben nuevos gastos, ya que la carga de la deuda absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos obligatorios: ahora son los gastos por intereses los que impulsan principalmente el crecimiento del gasto público. Las empresas conocen bien estas situaciones, en las que todos los esfuerzos operativos para mejorar el rendimiento quedan engullidos por unos gastos financieros que acaban asfixiándolas. Los hogares sobreendeudados también las sufren, cuando los acreedores se quedan con casi todos los ingresos para el pago de las deudas, tanto de intereses como de capital. Es cierto que el Estado, por su parte, paga esencialmente solo intereses y refinancia la casi totalidad del capital. Pero descubrimos, al igual que las empresas y los hogares sobreendeudados, que cuanto más se endeuda uno, más se empobrece.

Pero si bien las tasas de interés que exigen nuestros acreedores no dependen únicamente de nosotros, la magnitud de nuestros déficits sí depende exclusivamente de nosotros. ¿Por qué, entonces, nos resignamos a acumular, año tras año, ríos de gasto público adicional, que alimentan ríos de déficits, los cuales desembocan en un estuario encenagado y lleno de lodo que es el endeudamiento?

En los últimos años, el gasto público es el que menos ha aumentado y que, en algunos sectores, incluso ha disminuido considerablemente. El gasto de las administraciones locales se ha controlado mejor que en el pasado, aunque la extrema complejidad de nuestra administración territorial genera costos que también constituyen posibles fuentes de optimización. Por el contrario, el gasto social —entre el que destacan las pensiones y la sanidad— crece a un ritmo muy superior al del PIB. Y es que hemos decidido colectivamente endeudarnos para mantener, e incluso aumentar, primero el nivel de las pensiones y, después, el de las prestaciones sanitarias, porque no queremos renunciar a un modelo social que ya no podemos permitirnos. En la actualidad, la protección social no solo representa la gran mayoría del gasto público, sino, sobre todo, la parte que crece más rápidamente. Sin embargo, la persistencia de déficits masivos en la Seguridad Social es difícilmente justificable, dado que nuestra economía no se encuentra en la fase descendente del ciclo: los gastos sociales son prestaciones abonadas a los hogares que, cuando no están cubiertas por impuestos o cotizaciones sociales, recaen sobre las generaciones futuras, que deberán saldar esta deuda social.

Por último, el deterioro del contexto internacional desde principios de año lleva a prever un aumento de los déficits públicos, que en 2027, por quinto año consecutivo, superarán el 5 % del PIB, mientras que el nivel necesario para estabilizar el crecimiento desbocado de la deuda pública es inferior al 3 %.

Una salida

Podemos salir juntos de este atolladero, porque ya lo hemos hecho en el pasado y porque otros países europeos lo han hecho más recientemente.

Ya lo hemos hecho en el pasado. En 1958, con el general De Gaulle y el plan Pinay-Rueff. En 1983, con el giro hacia la austeridad impulsado por Pierre Mauroy y Jacques Delors. Y, por último, durante el periodo 1997-1999, para preparar a Francia para la transición al euro, cuando la actuación del gobierno de mayoría plural de Lionel Jospin se guiaba por el objetivo de respetar los umbrales del 60 % de deuda y del 3 % de déficit previstos en el Tratado de Maastricht. En la mayoría de los casos, pensábamos que era imposible y, sin embargo, lo conseguimos. Ante la magnitud de la tarea, el general De Gaulle involucró en el proyecto de recuperación, al menos desde junio de 1958 hasta enero de 1959, a la mayoría de las fuerzas políticas del momento. En 1997, la disolución de la Asamblea Nacional se decidió por amplia mayoría con el fin de obtener un mandato político sólido que permitiera emprender el saneamiento necesario para que Francia pudiera incorporarse al euro. Los franceses, con mayorías políticas muy diferentes, han sabido encontrar en el pasado las energías necesarias para sanear nuestras cuentas públicas, incluso cuando muchos pensaban que era imposible.

Otros países europeos lo han hecho más recientemente.

En la década de los noventa, Dinamarca y Suecia llevaron a cabo ajustes presupuestarios espectaculares para reinventar por completo su modelo social, muy avanzado, adaptándolo a unas limitaciones externas que se habían vuelto insostenibles. Hoy en día, Dinamarca se financia a diez años al 3,42 %, es decir, a una tasa más baja que el de Alemania (3,62 %).

Alemania, a lo largo de la década de 2010, registró superávits primarios, es decir, superávits presupuestarios antes de los gastos financieros relacionados con la deuda, lo que le permitió reducir su ratio de deuda pública en 22,3 puntos del PIB entre 2010 y 2019, y de afrontar el periodo de crisis sanitaria y, posteriormente, inflacionista de principios de la década de 2020 con un margen presupuestario holgado. En la actualidad, Alemania tiene un nivel de deuda en relación con el PIB de alrededor del 64 %, mientras que el de Francia alcanzará el año que viene el 120 %. Las principales reformas que permitieron este saneamiento de las cuentas públicas fueron una restricción del acceso al seguro de desempleo en 2003, la ampliación, decidida en 2007, de la edad de jubilación hasta los 67 años con vistas a 2031, y el aumento de tres puntos de la tasa normal del IVA, cuyos ingresos se destinaron en un tercio a la reducción de las cotizaciones sociales y en dos tercios a la reducción de la deuda.

Italia, a pesar de un crecimiento débil, debido sobre todo a una situación demográfica desfavorable, ha llevado a cabo ambiciosas reformas desde la década de 2010 que han permitido estabilizar su elevado nivel de deuda (137 % del PIB). En dos años, Italia ha reducido su déficit del 7,2 % al 3,4 %, y posteriormente al 3,1 % en 2025, con superávits primarios constantes, lo que ha permitido una mejora de su calificación soberana de BBB a BBB+. Se han suspendido importantes programas de apoyo público a la inversión, se ha flexibilizado el mercado laboral y continúa el retraso progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años.

Grecia celebra en 2026 su tercer año consecutivo de superávit presupuestario. El país registra un crecimiento superior a la media europea y una clara reducción del desempleo. Esta situación es fruto de los enormes esfuerzos realizados para salir de la crisis de liquidez y solvencia de principios de la década de 2010. La edad de jubilación se ha elevado a los 67 años y se ha establecido un límite máximo para los gastos sanitarios no esenciales. La masa salarial del sector público se ha reducido de forma drástica. Una ambiciosa reforma territorial, centrada especialmente en la fusión de municipios, ha permitido generar economías de escala, con 332 municipios en un país de 130.000 km² y 10,4 millones de habitantes. Pero, sobre todo, el discurso político de los equipos en el poder se basa en el lema que repite sistemáticamente el ministro de Hacienda, Kyriakos Pierrakakis: «No le pasaremos la factura a la siguiente generación».

Portugal ha pasado, en diez años, de un déficit crónico a un superávit presupuestario (0,7 % del PIB en 2025, por tercer año consecutivo). Dos tercios del programa de ajuste puesto en marcha desde 2012 se han centrado en la reducción del gasto público y un tercio en el aumento de los ingresos. El gasto público se ha reducido mediante recortes drásticos en los servicios sanitarios no esenciales, la congelación de las pensiones y el aumento de la edad de jubilación a los 66 años. Con el objetivo de reactivar la actividad económica, se ha flexibilizado el mercado laboral mediante la ampliación de la jornada laboral, la supresión de cuatro días festivos y la puesta en marcha de programas de reinserción para los desempleados de larga duración. Se ha establecido un consenso político entre la derecha y la izquierda, que se han alternado en el poder, en torno al lema «Nunca más». Esta convergencia de las fuerzas políticas en torno al equilibrio de las cuentas públicas ha permitido la continuidad de los programas de recuperación.

Una nueva perspectiva 

Podemos salir juntos de este callejón sin salida, precisamente si lo hacemos juntos.

Debemos, y podemos, explicar que hay que renunciar a ciertos aspectos del mundo de ayer que ni nuestra demografía, ni nuestra productividad, ni nuestro crecimiento hacen sostenibles, para reinventar nuestro modelo social y preservar lo esencial del mismo. ¿Cómo?

En primer lugar, hay métodos que ya no funcionan, porque han dejado de ser adecuados para la magnitud de la recuperación que debemos llevar a cabo. Es el caso, en particular, de las decisiones impuestas por los vencedores a los vencidos durante el verano posterior a las elecciones presidenciales, sin ningún esfuerzo por incluir a quienes no piensan como los vencedores.

Por lo tanto, debemos crear un proceso de deliberación colectiva que respete las convicciones de cada uno, pero que sea exigente y lúcido ante la realidad. Se trata de una deliberación que permite tomar decisiones sin tener la sensación de sufrir sacrificios. Es posible, porque en todas las fuerzas políticas del país hay hombres y mujeres dispuestos a actuar con responsabilidad. A algunos les puede parecer ingenuo, pero ningún esfuerzo de recuperación, a la escala de lo que debemos lograr, será posible sin construir una coalición de proyecto que deba reunir «al que creía en el cielo y al que no creía en él». ⁴

Esta participación, si no de todos, al menos de muchos, es necesaria, ya que la recuperación exigirá un esfuerzo constante durante más de cinco años. No es posible ninguna recuperación sin una trayectoria plurianual, creíble, realista y decidida. Por lo tanto, hay que construir a largo plazo, si no un consenso, al menos un acuerdo sobre un proyecto de recuperación que supere las fronteras partidistas tradicionales. Para que el esfuerzo sea sostenible, sus premisas deben gozar de un amplio apoyo.

¿Cómo podemos forjar esta unión en torno a un objetivo colectivo de recuperación?

Para llevar a cabo una recuperación selectiva, hay tres soluciones: aumentar los impuestos, reducir el gasto público y potenciar el crecimiento, incrementando la productividad y la cantidad de trabajo. La facilidad pavloviana ha consistido, para cada fuerza política, en querer centrar el esfuerzo en una sola de estas tres palancas. La implacable realidad es que tendremos que actuar sobre las tres palancas, por dos razones. En primer lugar, porque la magnitud de la recuperación necesaria no permite alcanzar el objetivo con una sola palanca. En segundo lugar, y sobre todo, porque la adhesión colectiva a un esfuerzo compartido requiere precisamente que los esfuerzos se repartan.

Primera medida: aumentar los impuestos, que es la solución por defecto en Francia en este tipo de circunstancias. Así, en 2025, la reducción del déficit se debió exclusivamente a subidas de impuestos, principalmente a las grandes empresas y a los hogares con mayor poder adquisitivo. Esto sigue siendo así en 2026. Pero tendremos que iniciar el proceso de saneamiento con la tasa de exacción obligatoria más elevada de la zona del euro, e incluso de los 38 países de la OCDE. Por lo tanto, tendremos que deliberar juntos sobre los impuestos adicionales que tengan un menor impacto en nuestra productividad y nuestro crecimiento. Los impuestos sobre sucesiones son, sin duda, los menos perjudiciales en este sentido. Sin duda, también tendremos que aumentar el IVA en 2 o 3 puntos, tal y como han hecho todos los países europeos que han llevado a cabo ambiciosos programas de recuperación, pero sobre todo porque, en nuestro país, donde los déficits comerciales se agravan, el IVA es, en realidad, el único medio de hacer que el consumo de productos importados contribuya a los gastos comunes. Muchos objetarán que el IVA grava de manera desproporcionada a los hogares más modestos, que dedican la totalidad de sus ingresos al consumo, mientras que los hogares más acomodados ahorran mucho y consumen una parte menor de sus ingresos. Por eso, al igual que han hecho los alemanes, sin duda habrá que destinar una parte de este aumento del IVA a la reducción del costo laboral, acercando el salario bruto al salario neto mediante una reducción de las cotizaciones sociales que recaen esencialmente sobre el trabajo. Optar por el trabajo y la producción en lugar del consumo nos obligará a aumentar el IVA para permitir que quienes trabajan ganen más, antes de consumir a un precio más bajo. Del mismo modo, aliviar la presión fiscal y social que recae principalmente sobre el trabajo requerirá, sin duda, recurrir a los ahorradores mediante un aumento de la CSG.

Segunda medida: reducir el gasto será la nueva prioridad. Porque, también en este caso, comenzaremos el ejercicio con un 57 % del PIB destinado al gasto público. Tendremos que deliberar juntos sobre la forma más eficaz de reestructurar el entramado de nuestras administraciones locales, herencia de una estructura administrativa establecida hace más de dos siglos y que se ha complicado enormemente en los últimos 50 años, y que ya no podemos permitirnos. Tendremos que deliberar juntos sobre las intervenciones públicas que, también en este caso, ya no podemos permitirnos y que deberán abandonarse, ya sea de forma definitiva o hasta que nuestras cuentas públicas vuelvan a estar equilibradas. También tendremos que deliberar juntos para distinguir lo que es necesario, en materia de salud, y debe reforzarse, de lo que a partir de ahora debe considerarse un gasto personal de confort, ya que el sistema actual no es sostenible. Tendremos que deliberar juntos sobre el periodo durante el cual la mayoría de las pensiones de jubilación dejarán de aumentar, ya que el INSEE demostró el año pasado que la casi totalidad del aumento de las pensiones se destinaba al ahorro.

Tercera medida: aumentar el potencial de crecimiento, es decir, aumentar la competitividad de nuestra economía y la oferta de mano de obra. Cualquier subida de impuestos y cualquier recorte significativo del gasto conllevan, a corto plazo, riesgos de recesión. Por eso, cualquier programa de recuperación deberá poner en marcha medidas que permitan aumentar la competitividad de las empresas y las inversiones en capital humano, así como en los cambios tecnológicos que se están produciendo. También habrá que debatir conjuntamente las condiciones en las que todos tendremos que trabajar más horas, más días y durante más años. Porque, a largo plazo, solo el restablecimiento de un crecimiento sólido, basado en una mayor productividad y una competitividad recuperada, podrá hacer sostenible nuestro sistema social.

Aceptar un poco de sudor ahora para evitar mucha sangre y muchas lágrimas más adelante.

Stéphane Boujnah

La única forma de hacer que el esfuerzo de recuperación colectiva resulte aceptable para todos y soportable para cada uno es actuar sobre las tres medidas al mismo tiempo. Tendremos que explicar claramente el sentido de estos esfuerzos colectivos, cuyos principales beneficiarios serán nuestros hijos. También tendremos que dejar claro que estos esfuerzos no pretenden acabar con un sistema de solidaridad e intervenciones públicas para cambiar de civilización, sino más bien suspender, durante el número de años que sea necesario, los gastos y las intervenciones públicas menos prioritarias, hasta que hayamos recuperado el control de nuestra deuda. Las empresas, con las cláusulas de «recuperación de la situación financiera», conocen bien estas situaciones. Los hogares también, cuando renuncian a ciertos gastos de confort durante unos años difíciles. Esta recuperación elegida debe concebirse como un proyecto colectivo positivo para recuperar el control de nuestro futuro, y no vivirse como un momento de dolorosa expiación por los pecados del pasado.

Es necesario alcanzar un acuerdo bastante amplio, basado en la movilización de estas tres palancas, para restablecer la credibilidad de nuestros compromisos europeos. Desde hace muchos años, Francia no cumple los compromisos de saneamiento de sus cuentas públicas suscritos con nuestros socios europeos, que han puesto en común su moneda con nosotros. Nadie puede pensar razonablemente que los países de Europa que trabajan más horas al año que nosotros, que se jubilan a los 67 años y en los que las pensiones no están indexadas, vayan a cotizar para ayudarnos a vivir sin hacer los esfuerzos que ellos han hecho y que nosotros no queremos hacer. No convenceremos a nadie de que nos ayude sin cambiar nuestros hábitos.

La inmensa mayoría de los franceses está sin duda dispuesta a evitar una austeridad impuesta, y dispuesta a aceptar un poco de esfuerzo ahora para evitar mucho derramamiento de sangre y muchas lágrimas más adelante. Y es que la mayoría de los franceses prefiere seguir siendo dueña de su destino en un marco democrático antes que resignarse a que nuestros acreedores nos impongan las decisiones necesarias. La tasa de ahorro en nuestro país, muy elevada y en aumento, es una muestra de ello: al ahorrar para tiempos difíciles, los franceses demuestran que consideran que el sistema actual ya no es sostenible, y que están mucho más dispuestos a escuchar la verdad y a embarcarse en una recuperación en la que los esfuerzos se repartan de verdad.

Podemos hacerlo, no solo porque debemos hacerlo, sino sobre todo porque ya lo hemos hecho y porque otros lo han hecho. Pero hay que hacerlo juntos y con confianza.

Ya que podemos hacerlo, hagámoslo.