El nuevo choque chino obliga a Europa a reinventarse más que a protegerse

La primavera de 2026 quedará en la historia como un punto de inflexión en las relaciones entre la Unión Europea y China. El 19 de junio, bajo la presión de Estados miembros como Francia, Italia, los Países Bajos e incluso Alemania, el Consejo instó a la Comisión a abordar los «desequilibrios macroeconómicos mundiales». En la práctica, esto equivale a aprobar una política comercial más estricta con respecto a China. 

Aunque la postura de Europa se ha ido endureciendo progresivamente desde el final de la pandemia, ahora parece estar adoptando un enfoque económico más defensivo.

Aunque la Unión no pretende distanciarse de China, cada vez da más prioridad a la seguridad económica frente al acceso sin restricciones al mercado. Este cambio se debe principalmente a preocupaciones de carácter industrial. 

De hecho, las exportaciones chinas han experimentado una rápida expansión, mientras que el sector manufacturero europeo se enfrenta a unas vulnerabilidades estructurales cada vez mayores. Al mismo tiempo, tras haber acogido durante años inversiones extranjeras directas chinas con resultados dispares, los dirigentes europeos se muestran cada vez más escépticos respecto a sus beneficios económicos reales, cuestionándose su capacidad para generar suficiente valor añadido local, transferencias de tecnología o empleo.

Aunque todavía se evita mencionar explícitamente a China en las declaraciones públicas, ya no cabe duda de que el creciente superávit comercial con este país es motivo de gran preocupación. Se han intensificado las conversaciones informales sobre la restricción del acceso de China al mercado europeo y, ya en marzo de 2023, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, introdujo el concepto de «de-risking», lo que supuso un cambio estratégico. 

Desde entonces, esa desconfianza se ha convertido en una característica determinante de la política económica europea respecto a China.

¿A qué se debe esta sensación de urgencia en Europa ante el nuevo «choque chino»?

Ya no cabe duda de que en Europa se respira un ambiente de urgencia. 

Ante las amenazas de China de restringir las exportaciones de minerales críticos, la guerra que Rusia está librando actualmente en Ucrania y las persistentes sospechas de Europa sobre el apoyo de Pekín a Moscú, las relaciones entre Europa y China son tensas. Desde el inicio de la guerra comercial iniciada por Donald Trump en 2018, las exportaciones chinas con destino a Estados Unidos se han reorientado en parte hacia el mercado europeo, que cuenta con 450 millones de consumidores. En conjunto, las exportaciones chinas han aumentado más del 50 % desde 2019, mientras que el déficit comercial de la Unión con China se ha incrementado considerablemente, pasando de 180.000 millones de euros en 2015 a 360.000 millones de euros en 2025. De media, el 15 % de las exportaciones chinas se destinan ahora a los mercados europeos. «Un déficit comercial de mil millones de euros al día no es sostenible», afirma Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio.

El modelo económico chino se ha convertido en un motivo de creciente preocupación, ya que existe el riesgo de que la creación de valor se concentre en China, mientras que Europa podría verse relegada al papel de operador de montaje. La doble estrategia de Pekín, que combina exportaciones industriales masivas con posibles restricciones sobre las materias primas estratégicas, se percibe como una amenaza directa para el tejido industrial europeo.

De hecho, la Unión se enfrenta a una oleada de cierres de fábricas. Este fenómeno afecta tanto a las fábricas ubicadas en China como a la propia Europa, con consecuencias desastrosas. En el primer trimestre de 2026, Volkswagen, uno de los tres principales fabricantes de automóviles alemanes, registró una caída del 20 % en sus ventas en China, su mercado único más importante, donde fabricantes nacionales como BYD están intensificando la competencia. En consecuencia, la empresa ha anunciado que suprimirá 100.000 puestos de trabajo, lo que supone el 15 % de su plantilla, y que cerrará cuatro fábricas en un futuro próximo. Al igual que otros fabricantes de automóviles europeos, Volkswagen busca contrarrestar la creciente competencia de las marcas chinas, especialmente en el ámbito de los vehículos eléctricos. Según Jürgen Matthes, del Instituto Alemán de Economía, el creciente desequilibrio comercial «está socavando el núcleo de la industria alemana, sobre todo en los sectores del automóvil, la maquinaria y la química».

Al mismo tiempo, las exportaciones europeas a China están disminuyendo. Así, en el primer trimestre de 2026, el déficit comercial de bienes alcanzó los 98.000 millones de euros, su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2022. En comparación con el cuarto trimestre de 2025, las importaciones de la Unión procedentes de China aumentaron un 3,4 %, mientras que las exportaciones europeas a China se redujeron un 4,8 %.  Sin embargo, esta cifra varía relativamente poco, ya que la balanza comercial global viene determinada en gran medida por las importaciones procedentes de China. En el propio mercado chino, las oportunidades para las empresas extranjeras se han reducido, incluso en sectores tradicionalmente favorables, como los productos de lujo, la automoción y la maquinaria-herramienta. Según la última encuesta publicada por la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, el 68 % de los encuestados afirmó que hacer negocios en China se había vuelto «más difícil», una cifra elevada, pero que, no obstante, supone un descenso de 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Este desequilibrio afecta a categorías de productos como la maquinaria, los vehículos, los productos químicos, las materias primas y la energía. Alemania, la primera economía europea y motor industrial, sufre presiones considerables debido a la combinación, en China, de una producción a gran escala y una política de sustitución de importaciones.

El año pasado, Alemania perdió 130.000 puestos de trabajo en el sector industrial, sobre todo en grandes empresas como Bosch, BASF, Varta y Volkswagen. Este ritmo se ha acelerado desde enero de 2026.

La situación es similar en lo que respecta a las inversiones: los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia China también han disminuido, registrando un descenso del 9,5 % hasta situarse en 747.770 millones de yuanes en 2025, tras una caída del 24,7 % en 2024. Se trata del tercer año consecutivo de contracción. Aunque algunas empresas europeas, especialmente en los sectores químico y energético, siguen dispuestas a invertir en China, la mayoría continúa exigiendo una mayor reciprocidad y reformas significativas del mercado. 

Además, los mecanismos de concertación transatlántica sobre la cuestión china están, en su mayor parte, paralizados desde 2020. A pesar de algunos avances durante la cumbre del G7 en Évian, Washington parece encaminarse hacia un comercio cada vez más regulado con Pekín. Europa solo puede contar consigo misma.  

¿Utilizan la Unión Europea y China el comercio como arma? 

Para comprender el cambio de enfoque europeo, hay que remontarse a principios de la década de 2010, es decir, un año después de la crisis financiera de 2008, cuando una primera oleada de inversiones chinas se abatió sobre las infraestructuras, las tecnologías y la industria. En respuesta a ello, la Unión estableció un nuevo mecanismo no vinculante de control de la inversión extranjera directa (IED), por motivos de seguridad o soberanía, que se instauró definitivamente en 2019 y se ha actualizado recientemente. ¹

Alegando un debilitamiento de la reciprocidad en sus relaciones económicas con China, la Unión fue acumulando posteriormente instrumentos de defensa comercial. El Libro Blanco de julio de 2020 se centra en las subvenciones extranjeras «que generan distorsiones» en el mercado único; las medidas de mitigación de enero de 2021 regulan la tecnología 5G. En marzo de 2023 se da un paso decisivo: el Consejo Europeo y la Comisión alcanzan un acuerdo político sobre un instrumento contra la coacción destinado a contrarrestar las sanciones económicas dirigidas contra los Estados miembros. Más recientemente, Bruselas ha suspendido la financiación de los inversores fabricados en China, en el marco de un esfuerzo más amplio por reducir la dependencia de las tecnologías verdes chinas, y ha anunciado su intención de duplicar los aranceles sobre las importaciones de acero, del 25 % al 50 %, al tiempo que reduce drásticamente los contingentes libres de derechos para proteger a sus siderúrgicos. 

Tras las telecomunicaciones y los páneles solares en la década de 2010, hoy en día es el sector del automóvil el que concentra las tensiones entre ambas partes, en un momento en que el mercado europeo se considera esencial para las baterías y los vehículos eléctricos chinos. Desde 2024, la Comisión aplica aranceles que oscilan entre el 7,5 % y el 35,5 % a los vehículos eléctricos —los de BYD, Chery y Geely, pero también a los modelos extranjeros fabricados en China, como los de Tesla— y refuerza el control de las inversiones en baterías, lo que afecta a empresas como CATL. Sin embargo, la investigación no ha disuadido a muchas de estas marcas de apuntar al mercado automovilístico europeo, donde ahora se imponen como actores con una fuerte presencia. 

A lo largo del último año, los responsables de la Comisión han advertido en varias ocasiones, en reuniones privadas, de que «a menos que China abra más su mercado interior, Bruselas podría imponer aranceles adicionales para proteger las industrias europeas». ² En el Parlamento, hay voces que reclaman el uso «decisivo y sin vacilaciones» de los instrumentos comerciales. Se perfila un consenso: la Unión debería movilizar sus herramientas de seguridad económica para fomentar las inversiones reales, proteger la propiedad intelectual y preservar los puestos de trabajo y los valores europeos.

Pekín ha respondido con contramedidas dirigidas a productos europeos, como las bebidas alcohólicas y los cosméticos, y podría ir más allá en función de las próximas medidas europeas destinadas a frenar las importaciones chinas. 

La Unión debería mantener su doble enfoque —«reducir los riesgos» y, al mismo tiempo, tratar a China como un socio comercial indispensable—, según ha sugerido Feng Zhongping, destacado especialista en la Unión de la Academia China de Ciencias Sociales. A pesar de las incertidumbres que se ciernen sobre las negociaciones, especialmente en lo que respecta a la celebración de una cumbre entre la Unión y China este verano, Pekín parece estar suavizando su discurso. Se esperan nuevas medidas de defensa comercial, sin que ninguna de las partes cierre la puerta al diálogo.

La política comercial se convierte en política industrial

Tanto en Bruselas como en Berlín, París y Roma, se multiplican los llamadoos para reforzar la capacidad industrial de la Unión. A principios de año, la Comisión Europea presentó la «Industrial Accelerator Act» (IAA), inspirada en las recomendaciones del informe Draghi. La iniciativa tiene por objeto simplificar los procedimientos de autorización, estimular la demanda de tecnologías bajas en carbono «Made in Europe» y consolidar las cadenas de suministro en sectores estratégicos: vehículos eléctricos, baterías, energía solar y materias primas críticas. En un plano más amplio, persigue un objetivo clave: elevar la proporción de la industria manufacturera al 20 % del PIB de aquí a 2035.

La IAA también endurece las condiciones aplicables a las inversiones extranjeras en estos sectores. Las inversiones superiores a 100 millones de euros realizadas por empresas que controlen más del 40 % de la cadena de valor mundial estarían sujetas a requisitos estrictos: transferencias de tecnología, obligaciones de contenido local y umbrales mínimos de empleo para los trabajadores europeos. La propuesta introduce, además, un mecanismo de control de seguridad económica coordinado a nivel de la Unión para determinados inversores de terceros países, que se activaría tan pronto como un inversor adquiera más del 30 % del control de una empresa objetivo o cuando una inversión supere los 100 millones de euros. Las empresas deberían, además, cumplir al menos cuatro de los seis criterios de elegibilidad, entre los que se incluye un límite máximo potencial del 49 % para la participación extranjera.

Desde el punto de vista de China, el aspecto más polémico se refiere a los requisitos de contenido local y de origen. Según el proyecto actual, las empresas procedentes de países sin un acuerdo recíproco en materia de contratación pública quedarían excluidas de determinadas licitaciones, una disposición que se percibe en gran medida como dirigida principalmente a las empresas chinas.

La Asociación China de Fabricantes de Automóviles ha advertido de que la IAA podría perjudicar la cooperación industrial entre la Unión y China, especialmente en el ámbito de los vehículos eléctricos y las baterías, y ha instado a la parte europea a «evaluar cuidadosamente el impacto de las disposiciones en cuestión sobre la cooperación industrial entre China y la Unión Europea».

Hacia una ampliación de los instrumentos de defensa comercial 

Pekín ha comenzado a poner en marcha sus propias medidas normativas. 

En abril, China aprobó un reglamento de 20 artículos que faculta al gobierno a adoptar contramedidas frente a lo que califica de «jurisdicción extraterritorial ilegal» —un texto que, según los expertos jurídicos, debería reforzar las respuestas del país ante la «jurisdicción de largo alcance» extranjera. La primera aplicación no se hizo esperar: en mayo, se ordenó a varias entidades chinas que no cooperaran en una investigación antisubvenciones de la Unión Europea dirigida contra la empresa china de tecnologías de seguridad Nuctech.

Se prevé que las tensiones sigan intensificándose, sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión ha propuesto una serie de medidas —entre ellas, la ley revisada sobre ciberseguridad (CSA2)— que podrían someter a una mayor vigilancia a los proveedores de tecnologías no europeos de alto riesgo, incluidas las empresas chinas.

Los dirigentes europeos, muchos de los cuales se enfrentan a importantes elecciones el año que viene, están preocupados por el ritmo de la expansión industrial china y sus implicaciones para la competitividad a largo plazo. Esta preocupación sustenta el llamado de Emmanuel Macron a favor de un instrumento comercial europeo análogo a la sección 301 de la legislación estadounidense. Un mecanismo de este tipo permitiría a la Unión reaccionar más rápidamente ante las prácticas que considera desleales y abordar el exceso de capacidad percibido mediante medidas sectoriales de amplio alcance, en lugar de limitarse únicamente a investigaciones de defensa comercial producto por producto.

La idea de ampliar el arsenal va ganando terreno. A finales de mayo se abrió un debate tanto en la Comisión como en las capitales, en torno a un documento que, al parecer, se habría redactado a instancias de Francia —con el apoyo de Italia, Lituania y los Países Bajos— y en el que se pedía un instrumento de defensa comercial más completo. El proyecto, aún vago en sus detalles, se centra en lo que algunos dirigentes consideran un exceso de capacidad china y una dependencia exterior de la Unión en sectores estratégicos. Este año ya se han celebrado varias reuniones importantes en las que se han abordado estas tensiones, entre ellas la cumbre del G-7 «Convergencia mundial para el crecimiento», seguida de un Consejo Europeo. Durante un encuentro con el viceprimer ministro chino Zhang Guoqing, Emmanuel Macron insistió en que solo una acción coordinada de las grandes economías puede remediar los desequilibrios mundiales. China ha rechazado las acusaciones de ayudas estatales indebidas a sus exportadores, alegando, por el contrario, que los aranceles unilaterales amenazan las normas del comercio mundial.

¿Un frente unido ante China?

Varios dirigentes europeos visitaron Pekín durante el primer semestre de 2026. 

Estas visitas reflejaban, en primer lugar, la voluntad de reanudar el diálogo tras años de ruptura a causa de la pandemia de COVID-19, un periodo durante el cual muchos países europeos solo habían mantenido contactos limitados con los dirigentes chinos. Los cancilleres alemanes, por ejemplo, visitaban Pekín cada año, lo que reflejaba los profundos vínculos industriales establecidos a mediados de la década de 1980. A lo largo de varias décadas, las empresas alemanas se han convertido en proveedores de las industrias chinas, al tiempo que se han dirigido, con cierto éxito, al mercado de consumo del país. Cuando el canciller Friedrich Merz realizó su primera visita oficial a Pekín en febrero, iba acompañado de una importante delegación empresarial con intereses contrapuestos: algunos sectores (químico, farmacéutico) siguen dispuestos a invertir en China; otros (informática, máquinas-herramienta) consideran ahora a las empresas chinas como competidores de pleno derecho, tanto en China como en el resto del mundo.

Durante su visita, Merz también hizo hincapié en la estrategia alemana de «reducción de riesgos»: reducir la dependencia excesiva de China sin dejar de mantener los vínculos comerciales. Desde entonces, ha endurecido su tono, acusando a China de «inundar los mercados» gracias a «elevadas subvenciones» y considerando que «la subvención del exceso de capacidad», unida a una «moneda que no es libremente convertible, es inaceptable».

A Merz le había precedido el primer ministro británico Keir Starmer, que había acudido en enero para redefinir la relación y reforzar los lazos económicos bilaterales, en lo que supuso la primera visita de un jefe de gobierno británico desde 2018. Bajo el mandato de sus predecesores, Londres había promovido una «era dorada» económica entre China y el Reino Unido, que se suponía que iría acompañada de importantes inversiones chinas, la mayoría de las cuales nunca llegaron a materializarse. Tras años de contactos mínimos, era necesaria una visita, por discreta que fuera. Otros visitantes europeos, como el primer ministro finlandés Petteri Orpo y el taoiseach irlandés Micheál Martin, solo obtuvieron un éxito limitado. Ninguno de estos dirigentes hablaba en nombre de toda la Unión: sus viajes ponían de manifiesto, sobre todo, el elevado grado de inquietud existente en los círculos gubernamentales europeos.

De Budapest a Madrid, enfoques divergentes

Si hay un país que constituye una excepción, ese es España, que, sin embargo, tardó en establecer relaciones estrechas con los dirigentes chinos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha consolidado como uno de los interlocutores más receptivos de Pekín en Europa. En abril, viajó a China por cuarta vez en cuatro años, un hecho inusual que ninguno de sus homólogos chinos ha correspondido. Sánchez calificó a Europa y a China de «socios en materia de inversión y cooperación», y pidió a Pekín que se implicara más en la gobernanza mundial y en la resolución de conflictos. España está cortejando activamente las inversiones chinas en el sector de las baterías: en Navarra, el gobierno regional está animando al fabricante Hithium a invertir en una fábrica de celdas que, si el proyecto sale adelante, podría crear hasta 700 puestos de trabajo, según las autoridades locales. Sin embargo, en Bruselas persiste el escepticismo: el balance de China en materia de creación de empleo industrial en Europa sigue siendo modesto, ya que las inversiones se han centrado a menudo en la adquisición de empresas ya existentes en lugar de en proyectos totalmente nuevos.

El fabricante chino de baterías CATL está construyendo actualmente una fábrica en España en colaboración con el fabricante europeo Stellantis, aunque los sindicatos dudan de que el proyecto vaya acompañado de una transferencia significativa de tecnología. Hasta ahora, la postura española no ha perjudicado la imagen del país dentro de la Unión; incluso se han observado muestras de comprensión y apoyo mutuos entre Sánchez y von der Leyen.

A pesar de todas sus estrategias de seducción, Madrid insiste: España no tiene intención de convertirse en «la nueva Hungría». El régimen de Viktor Orbán era considerado el aliado más cercano de China dentro de la Unión, lo que a menudo complicaba los esfuerzos por la unidad europea. Entre 2013 y 2023, Pekín ha estrechado lazos con Hungría y varios Estados de Europa Central y Oriental mediante proyectos de infraestructura, promesas de inversión y el marco «16+1». En la práctica, solo Hungría ha obtenido un beneficio sustancial: las inversiones directas chinas alcanzaron allí los 5.280 millones de euros en 2024, lo que supone el 51 % del total de las inversiones extranjeras del país.

La política china de Orbán se ha topado con la voluntad de la Unión de reforzar el control de las inversiones, en un contexto de crecientes temores, en toda Europa, de que las inversiones industriales chinas provoquen recortes de empleo y cierres de empresas. Desde la victoria del líder de la oposición, Péter Magyar, Budapest podría ir alineando progresivamente su política hacia China con la de la Unión, aunque los proyectos de inversión existentes deberían mantenerse, ya que Hungría ofrece acceso al amplio mercado europeo. El nuevo gobierno ya ha abierto investigaciones, tanto a nivel local como nacional, sobre dos fábricas de vehículos eléctricos y baterías propiedad de empresas chinas: BYD en Szeged y CATL en Debrecen. Sin embargo, las alternativas a la inversión extranjera directa china siguen siendo escasas en Hungría, por lo que es probable que el gobierno de Magyar siga considerando estas inversiones como un pilar de la estrategia de crecimiento y desarrollo del país. Al mismo tiempo, con la salida del poder de Orbán en Hungría, debería resultar más fácil aplicar un enfoque paneuropeo.

El verdadero reto es interior

La política de la Unión Europea respecto a China ha entrado en una fase decisiva, ahora que se pone en duda la hipótesis, vigente desde hace tiempo, de que el mercado de consumo europeo garantizaría automáticamente una vía de presión sobre Pekín.

Mientras China adopta una postura más transaccional y competitiva, la Unión parece decidida a reforzar su resiliencia industrial, su soberanía tecnológica y su seguridad económica. Aunque las inversiones chinas siguen despertando interés, la opinión pública en toda Europa está dividida. 

Una reciente «auditoría de resiliencia Europa-China» ha puesto de manifiesto la complejidad de las percepciones europeas sobre China en los ámbitos económico, político, de seguridad y social. ³ Otra encuesta reveló que dos tercios de los alemanes encuestados tienen una opinión desfavorable de China. ⁴

Las próximas negociaciones comerciales entre la Unión Europea y China se anuncian, sin duda, difíciles.

Hasta ahora, China ha dado prioridad a las relaciones bilaterales con los distintos Estados miembros frente al compromiso institucional con Bruselas, manifestando así su frustración ante unas políticas comerciales cada vez más defensivas. Parece que Alemania, Francia, Italia y Polonia se están decantando por un enfoque más equilibrado y unificado, mientras que países como los Países Bajos y Suecia siguen alineándose estrechamente con los objetivos generales europeos. Pero en materia de comercio, no hay otro actor que la Comisión, cuyo mandato consiste claramente en gestionar estas cuestiones. 

El verdadero reto para Europa es saber si es capaz de conciliar la seguridad económica con el relanzamiento de la competitividad, proteger los sectores estratégicos cuando sea necesario (infraestructuras, tecnología), al tiempo que atrae inversiones sobre la base de la reciprocidad y reconstruye las capacidades de innovación y las capacidades industriales necesarias para hacer frente a China desde una posición de fuerza.

Quizá la verdadera cuestión tenga que ver con la propia Unión: en lugar de reaccionar ante las ofensivas comerciales de China —o de Estados Unidos—, ¿es capaz de subsanar sus propias deficiencias industriales? La Unión ya no se conforma con recurrir al tamaño de su mercado de consumo como medio de presión, y tampoco está dispuesta a aceptar una relación en la que las exportaciones chinas aumenten mientras que la capacidad industrial europea se vea mermada. 

Las medidas defensivas pueden permitir ganar tiempo, pero no serán suficientes si Europa no aborda también las cuestiones relacionadas con la productividad, los costos energéticos, la financiación de la innovación, los mercados de capitales y la coordinación industrial. 

Es imprescindible un cambio fundamental en la competitividad europea. 

Para ello será necesario agilizar los trámites de autorización, coordinar mejor las inversiones públicas y privadas en tecnologías estratégicas, ampliar las iniciativas de recalificación profesional para paliar la escasez de mano de obra en los sectores de la fabricación de vanguardia y la ingeniería, y, en general, adoptar una postura pragmática. 

Esas medidas no impedirán que China siga ganando proporción de mercado en las exportaciones mundiales. Más bien permitirán reforzar la base industrial de Europa, mejorar sus capacidades tecnológicas y reforzar su capacidad para competir en condiciones más equitativas.

Por lo tanto, el reto al que se enfrenta la Unión no consiste simplemente en defenderse de las presiones económicas externas, sino en emprender las reformas estructurales necesarias para recuperar su competitividad a largo plazo. ⁵