El plan de Friedrich Merz para reactivar Alemania

Tras el «otoño de las reformas» de 2025, que había decepcionado en gran medida a los observadores, y un crecimiento económico cercano a cero por tercer año consecutivo, el gobierno alemán presenta, en 2026, un paquete legislativo de verano destinado a liberar a la economía de las restricciones que la lastran. ¹

Reforma de las pensiones, del impuesto sobre la renta, de la legislación laboral, del seguro de desempleo, política de inversiones, reducción de la burocracia, digitalización: el gobierno federal, que en primavera estuvo a un paso de una crisis terminal, pone de relieve su actividad y su acuerdo sobre diversas medidas económicas en distintos ámbitos.

Las rentas bajas y medias deberían beneficiarse de varias medidas que alivian la carga del impuesto sobre la renta, con diversas exenciones fiscales en favor de las familias. Por el contrario, las rentas altas tendrán que contribuir en mayor medida. Se instaurará un «impuesto a los ricos» (en realidad, un tramo adicional del impuesto sobre la renta) para las rentas imponibles superiores a 280.000 euros. Por el contrario, algunas medidas perjudican a los artesanos, cuyos trabajos serán menos deducibles de los impuestos de sus clientes, así como a los trabajadores con «mini-jobs», que verán aumentar su carga fiscal.

El paquete de medidas también prevé modificaciones en materia de derecho laboral, en particular la ampliación de la duración legal de los contratos de duración determinada a cuatro años, en lugar de los dos años actuales. Entre las medidas más controvertidas de este paquete de reformas, se endurecerán considerablemente las condiciones para obtener días de descanso por enfermedad. A partir de ahora, los trabajadores deberán presentar un certificado de incapacidad laboral desde el primer día (frente a los tres días actuales) y, por lo tanto, ya no podrán pedir su incapacidad por teléfono. El canciller Merz ha lamentado en varias ocasiones el elevado número de bajas laborales en Alemania. El acuerdo prevé asimismo un refuerzo de la lucha contra el fraude social. En lo que respecta a los convenios de empresa o sectoriales, el gobierno desea permitir acuerdos menos restrictivos en materia de jornada laboral para las empresas que operan en el sector de la inteligencia artificial. 

En consonancia con el acuerdo de coalición, el gobierno anuncia asimismo una reducción significativa de la burocracia, con la supresión masiva de obligaciones legales o reglamentarias que pesan sobre las empresas. Sin embargo, el proyecto de ley alemán adopta en ocasiones tintes proteccionistas, sobre todo cuando se trata de defender las industrias clave. El gobierno alemán justifica estas medidas en nombre de la soberanía económica y digital. 

En consonancia con el proyecto del grupo parlamentario CDU/CSU presentado la pasada primavera, que abogaba por una simplificación radical de la legislación europea, el proyecto de ley prevé también una reducción drástica de las obligaciones legales de las empresas, salvo en algunos ámbitos relacionados con los derechos humanos y sociales. Por último, el gobierno anuncia una reducción del 8 % de la plantilla de la administración, lo que será posible gracias a la digitalización.

Este paquete de medidas es claramente liberal y se inscribe en una política de oferta asumida. Como repite Friedrich Merz en sus discursos, la reactivación de la economía es la principal prioridad de su gobierno, en un momento en que Alemania entra en su tercer año consecutivo de estancamiento. Si bien el SPD puede presentar el aspecto fiscal de esta reforma como una medida social de redistribución en favor de las clases populares y medias, la CDU/CSU la presenta como un cambio radical de simplificación necesario para reactivar la economía. 

En el contexto de las elecciones legislativas que se celebrarán en otoño en dos estados federados del este (Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental), donde el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) está a punto de obtener la mayoría absoluta de escaños, el gobierno federal ya no puede permitirse dar la imagen de un poder incapaz de actuar.

Un programa para el crecimiento y el empleo

Vivimos en una época de cambios. Muchos ciudadanos y ciudadanas están preocupados por el futuro, por su trabajo y por la seguridad del país. La revolución tecnológica y el cambio demográfico aceleran este proceso. Las guerras y el deterioro de las relaciones comerciales a nivel mundial aumentan la presión exterior. Alemania puede apoyarse en sus puntos fuertes, pero no puede aferrarse al pasado. Ahora debemos identificar y aprovechar las oportunidades con determinación y mirar hacia el futuro. La coalición de gobierno formada por la CDU/CSU y el SPD allanará el camino para ello. Queremos generar crecimiento, garantizar el empleo y reforzar la cohesión en Alemania. Por eso, la coalición ha acordado 34 medidas en un paquete global y equitativo. Aligeramos las trabas burocráticas tanto para los ciudadanos y ciudadanas como para las empresas, reforzamos la competitividad y actuamos respetando el equilibrio social. 

Queremos que nuestros hijos también puedan disfrutar de la prosperidad y el progreso, y que las generaciones mayores puedan disfrutar de los frutos de su trabajo. Es una cuestión de justicia. Por eso, la protección de nuestro sistema sanitario y de pensiones ocupa un lugar central en nuestros esfuerzos de reforma. 

Nuestro sistema es social y fomenta la participación y la codecisión, pero también exige compromiso y responsabilidad individual. No dejamos a nadie atrás, pero queremos seguir avanzando.

Jubilaciones

1 — La comisión sobre el seguro de jubilación se ha dedicado, con gran pericia, a uno de los proyectos de reforma más complejos de nuestra época y ha realizado un trabajo notable. El informe de la comisión abre nuevas perspectivas para nuestro modelo social, para la competitividad de Alemania, pero también para la sociedad en su conjunto. Vamos a aplicar las recomendaciones en un paquete legislativo, que se aprobará en el Bundestag antes de que finalice 2026. 

El sistema de pensiones alemán se basa en tres regímenes distintos: la pensión básica o «seguro de pensiones obligatorio» (Gesetzliche Rentenversicherung), el seguro de pensiones de empresa (Betriebliche Rentenversicherung) y la previsión privada (Private Altersvorsorge). Los dos últimos ya funcionan según el principio de capitalización. La reforma de las pensiones presentada en junio por la comisión de expertos prevé, en particular, que una parte cada vez mayor de las cotizaciones del régimen básico —que actualmente se basa íntegramente en el principio de reparto— se invierta a partir de ahora en los mercados financieros. Esta reforma, que se inspira explícitamente en el modelo sueco, afectará a largo plazo al 2 % de las cotizaciones abonadas, que se destinarán a un fondo estatal. Estas inversiones se financiarán en parte mediante exacciones a los empresarios, que podrían solicitar desgravaciones fiscales en otros ámbitos. Por otra parte, las personas que actualmente están acogidas a regímenes especiales (funcionarios, autónomos, diputados) deberán cotizar al régimen general. Por último, la comisión recomienda revisar la edad legal de jubilación, que podría fijarse en función de la esperanza de vida de cada grupo de edad a partir de 2031. ²

Fiscalidad

2 — La coalición reducirá la carga fiscal de los ciudadanos y ciudadanas a partir del 1 de enero de 2027 en lo que respecta al impuesto sobre la renta. Esta reducción se logrará mediante el aumento de la deducción básica (Grundfreibeitrag), el aumento de la deducción fiscal por hijos a cargo (Kinderfreibeitrag), el aumento de las prestaciones por hijos (Kindergeld), un incremento de la deducción a tanto alzado para los asalariados y una reducción de la progresividad en el segundo tramo, que va acompañada de un desplazamiento hacia arriba del tramo impositivo máximo. Esta reducción está concebida para beneficiar en mayor medida a las familias con hijos. De este modo, la coalición facilita de forma específica la vida cotidiana de las familias.

A partir de 2028, una familia con dos hijos en la que ambos cónyuges trabajen y con una base imponible de 60.000 euros verá reducida su carga fiscal en 600 euros al año con respecto a la actualidad. El volumen total de las desgravaciones fiscales asciende a unos 10.000 millones de euros al año. 

Las pérdidas de ingresos fiscales para los estados federados y los municipios que superen el aumento exigido por la Constitución de la deducción básica y de la deducción por hijos a cargo serán compensadas por el Estado federal, una vez deducidos los ingresos adicionales que obtengan los estados federados y los municipios gracias a otras medidas fiscales. 

La financiación de estas medidas se lleva a cabo mediante el siguiente cambio en el «impuesto a los ricos» (Reichensteuer): el 45 % a partir de una base imponible de 250.000 euros y el 47 % a partir de una base imponible de 280.000 euros. 

La tasa impositiva a tanto alzado para los «mini-jobs» se incrementará del 2 % al 5 %. En 2027 y 2028, se realizará una retrocesión de beneficios por valor de 500 millones de euros al año a la Kreditanstalt für Wiederaufbau. La deducibilidad fiscal de los trabajos de artesanos se reducirá del 20 % al 15 % (es decir, de un máximo de 1.200 euros a un máximo de 900 euros al año).

Los «mini-jobs» son empleos cuya remuneración mensual no supera los 603 euros o cuya jornada laboral no supera los 70 días por año natural. Al no estar sujetos a cotizaciones sociales, los «mini-jobs» no ofrecen ninguna protección social. Generalizados en Alemania tras la reforma del mercado laboral conocida como Hartz II en 2003, en el primer trimestre de 2026 daban empleo a unas 6,6 millones de personas. ³

Mercado laboral

3 — Nuestro objetivo es estabilizar las cotizaciones al seguro de desempleo y garantizar de forma duradera la capacidad de actuación de la Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur für Arbeit, BfA). 

4 — En lo que respecta a la prima por trabajar los domingos y días festivos que goza de un régimen fiscal favorable, los límites máximos previstos en el artículo 3b de la Ley alemana del impuesto sobre la renta (Einkommenssteuergesetz, EStG) se elevarán a partir del 1 de enero de 2027 para un salario por hora de hasta 75 euros; al mismo tiempo, la prima exenta de impuestos estará totalmente exenta de cotizaciones en el marco de un convenio colectivo.

5 — Para los trabajadores contratados hasta el 31 de diciembre de 2030, se podrá formalizar un contrato de duración determinada sin motivo objetivo por un período máximo de 48 meses, renovable hasta seis veces. A este respecto, también será posible una nueva contratación inicial con el mismo empleador.

6 — Para las rentas elevadas, introduciremos, a partir del 1 de enero de 2027, una disposición similar a la aplicable a los sujetos que asumen riesgos en el sector financiero, que permitirá, en el caso de rentas anuales superiores a 1,75 veces el límite máximo del seguro de jubilación obligatorio (Gesetzliche Rentenversicherung, GRV), la rescisión del contrato de trabajo con la opción de percibir una indemnización por cese.

Esta cantidad equivale a 69.750 euros al año en 2026.

7 — Con el fin de hacer más atractiva la transición rápida de un empleo a otro, las indemnizaciones por despido gozan de un tratamiento fiscal privilegiado cuando el trabajador retoma rápidamente una nueva actividad profesional. La ventaja fiscal es tanto mayor cuanto más rápido sea el inicio de un nuevo empleo.

8 — La Agencia Federal de Empleo (BfA) desempeña un papel fundamental en las transiciones profesionales en épocas de transformación. Gracias a la orientación profesional a lo largo de toda la vida laboral, a las plataformas de transición en el mercado laboral —como instrumento normativo previsto en el título III del Código de Asuntos Sociales (SGB III)— y a los correspondientes cursos de formación «de empleo a empleo», se evita el desempleo y se facilita la transición de un empleo a otro. Gracias a nuevas herramientas —como la experiencia de una perspectiva laboral y el refuerzo de la promoción de la formación continua en las «empresas de transición»—, la Agencia Federal de Empleo puede acompañar aún mejor la transformación y apoyar a las personas afectadas de manera específica.

9 — Estamos desarrollando un programa denominado «Segunda oportunidad», cuyo objetivo es reducir considerablemente el número de jóvenes sin título de fin de estudios y de jóvenes sin título de formación profesional. En una segunda fase, queremos reformar el paquete de educación y participación (Bildungs- und Teilhabepaket, BuT) para que ningún joven se quede sin título de fin de estudios.

10 — Las demás propuestas de la Comisión sobre la reforma del Estado de bienestar (Kommission zur Sozialstaatreform, KSR) se pondrán en práctica lo antes posible, tal y como propone la Comisión. Esto incluye también el modelo relativo a las «tasas de reducción de las prestaciones», cuyo objetivo es mejorar los incentivos para el empleo.

11 — Se suprime la baja laboral por teléfono y se sanciona con mayor severidad la expedición fraudulenta de un certificado de incapacidad laboral, en el sentido del artículo 278 del Código Penal (StGB). Introducimos la obligación de presentar un certificado de incapacidad laboral desde el primer día de la enfermedad, así como una «garantía de cita con los médicos especialistas» en el marco de la aplicación de la ley sobre el médico de cabecera. Además, ponemos en marcha un programa de prevención de infartos regulado por ley.

Actualmente, un trabajador alemán puede dar parte de su incapacidad por enfermedad por teléfono, y solo es necesario presentar un certificado a partir del tercer día de baja. El canciller Friedrich Merz ha lamentado en varias ocasiones que el número de días de descanso por enfermedad en Alemania sea demasiado elevado. Según una de las principales cajas de seguro médico (AOK), el número medio de días de descanso por enfermedad al año asciende a 23, una cifra que va en aumento desde 2017 (19 días), pero que también se explica por la introducción de un formulario en línea que facilita la recopilación de datos por parte de las cajas. La introducción del certificado médico desde el primer día ha sido bien acogida por las organizaciones patronales, pero criticada por los sindicatos y los colegios de médicos, que temen que sus consultas se vean ahora desbordadas de pacientes, cuando la escasez de personal ya es muy grave.

Crecimiento y equidad

12 — Potenciación de las tecnologías del futuro: apoyaremos decididamente los sectores del futuro, en particular el sector del automóvil, la industria química y farmacéutica, las tecnologías limpias (Clean Tech), la economía circular, la construcción mecánica, la producción de celdas de batería y semiconductores, así como todo el ámbito de la inteligencia artificial.

Con este fin, fomentaremos las innovaciones «Made in Germany», como el desarrollo de la conducción autónoma, por ejemplo, simplificando las normas de matriculación y creando zonas piloto para la conducción autónoma. Los proyectos de centros de datos deben presentar un interés para los municipios locales. Debido al sistema del impuesto sobre actividades económicas, estos no obtienen prácticamente ningún beneficio de la implantación de un centro de datos. Por lo tanto, es necesario establecer una normativa que defina los criterios de reparto de la base imponible del impuesto sobre actividades económicas para los centros de datos, como alternativa al caso estándar.

13 — El Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS) y el Ministerio Federal del Interior (BMI) presentarán a partir de julio de 2026 un plan de acción destinado a combatir el abuso de las prestaciones sociales, que incluirá medidas legislativas y reglamentarias que se aplicarán de aquí a finales de 2026. Estas medidas prevén un intercambio de datos lo más completo posible entre todas las autoridades competentes (en particular, los servicios sociales, los servicios de extranjería, los servicios del Registro Civil, los servicios fiscales, los servicios de seguridad y los servicios de urbanismo, así como las cajas de seguro médico y de dependencia, notificaciones push procedentes del Registro Central de Extranjeros dirigidas a las autoridades encargadas de las prestaciones en caso de hechos que justifiquen una restricción de las mismas, así como una consulta de los datos a la Oficina Federal Central de Impuestos con motivo de las declaraciones ante el Registro Civil), el uso del concepto de «residencia legal» en lugar del de «residencia habitual» para las prestaciones sociales tras cinco años, en el artículo 7, apartado 1, del título II del Código de la Seguridad Social (SGB II), así como en el artículo 23, apartado 3, del título XII del Código de la Seguridad Social (SGB XII), la exclusión del derecho a las prestaciones de los títulos II y XII del Código de la Seguridad Social (SGB II/XII) para las personas buscadas mediante orden de detención, la obligación de los proveedores de energía de informar a las autoridades competentes en materia de prestaciones sobre otros lugares de residencia y las relaciones con los clientes, así como modificaciones de la Ley de libre circulación (FreizügigkeitsG) y de la legislación relativa a la Unión Europea.

14 — Una protección de datos moderna al servicio del crecimiento: simplificamos la normativa nacional en materia de protección de datos y aprovechamos sistemáticamente todos los márgenes de maniobra que ofrece el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). A nivel europeo, queremos que las actividades no comerciales (por ejemplo, en el seno de asociaciones), las pequeñas y medianas empresas, así como los tratamientos de datos de bajo riesgo (por ejemplo, las listas de clientes de artesanos) queden excluidos del ámbito de aplicación del RGPD. Con el fin de garantizar una mayor claridad jurídica y una interpretación uniforme, se creará un Código de Datos; como marco normativo coherente, armonizará y simplificará la legislación en materia de datos en la medida en que sea adecuado, al tiempo que garantizará la protección de los datos y fomentará su uso. Los procedimientos relativos a la protección de datos se aligerarán considerablemente, y las estructuras de control se simplificarán y agruparán (en particular, mediante la concentración de competencias en la Autoridad Federal de Protección de Datos y Libertad de Información, BfDI). Incorporamos la Conferencia sobre Protección de Datos (Datenschutzkonferenz, DSK) a la ley con el fin de elaborar normas comunes. En las pequeñas y medianas empresas, queremos reducir el número de delegados de protección de datos dentro de las mismas.

15 — Fondo para Alemania (Deutschlandfonds): la coalición va a desarrollar el Fondo para Alemania para convertirlo en un instrumento de participación estratégica y reforzarlo añadiéndole una dimensión de resiliencia. Para ello, se trata de movilizar el máximo capital privado posible. En particular, se trata de reforzar las inversiones en los ámbitos del abastecimiento de materias primas y las infraestructuras energéticas. De este modo, el Fondo para Alemania se convertirá en un pilar de nuestra política de seguridad económica. Gracias a participaciones sistemáticas y a objetivos estratégicos, las empresas emergentes, las pequeñas y medianas empresas, así como las empresas municipales, también deberían beneficiarse de ello.

El Deutschlandfonds es un fondo soberano creado en 2025 y dotado con 30.000 millones de euros por el Estado federal, con el objetivo de movilizar capital privado para grandes proyectos de infraestructura, PYMES y capital riesgo destinado a empresas emergentes. ⁴

16 — Aceleración de la planificación de las redes de distribución: los avances y la viabilidad financiera de la transición energética dependen de manera decisiva del desarrollo de las redes. Las energías renovables y los sistemas de almacenamiento, las instalaciones industriales, los centros de datos, las infraestructuras de recarga y las bombas de calor: todos ellos deben conectarse a la red eléctrica. Por lo tanto, resulta crucial acelerar el desarrollo de las redes de distribución, en particular. De aquí a finales de año, pondremos en marcha un conjunto de medidas en favor de las redes de distribución con el fin de acelerar su expansión, impulsar su modernización y digitalización, y mejorar las posibilidades de financiación. El objetivo es reducir a la mitad el plazo de ejecución de los proyectos de red. Queremos aprovechar mejor las redes existentes y, gracias al paquete europeo sobre redes («EU Grids Package»), acelerar aún más los procedimientos de autorización, flexibilizar y agilizar los procedimientos de aprobación de los planes, racionalizar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y crear la posibilidad de fijar plazos claros.

Por otra parte, queremos acelerar la digitalización de las redes. Estamos concretando los objetivos relativos al despliegue de los contadores inteligentes: para finales de 2030, el despliegue deberá haberse completado en más del 90 % en todos los puntos de medición afectados. Para los clientes a los que no afecta este despliegue obligatorio, estamos implantando un «contador inteligente simplificado» (Smart Meter Light) a un costo reducido, que les permitirá optimizar su factura de electricidad de forma económica y segura desde el punto de vista cibernético. Todos los datos relevantes relativos a la ampliación de la red, su carga y las capacidades de conexión se pondrán a disposición de forma estandarizada en una plataforma central. Queremos reforzar la cooperación entre los gestores de red, por ejemplo, estableciendo medidas de incentivo para que desarrollen conjuntamente un software según el principio «uno para todos» y lo pongan a disposición en toda Alemania. Ofrecemos una garantía de conexión a las empresas industriales: a estas se les asignará un plazo concreto antes de la fecha en la que su centro se conectará a la red eléctrica con la capacidad necesaria.

17 — Comercio exterior y defensa comercial: estamos elaborando una nueva estrategia en materia de comercio exterior que, en estrecha colaboración con nuestros socios europeos, refuerza la política comercial común y se adapta a un mundo multipolar. 

Europa se beneficia de un comercio mundial abierto y equitativo. Por eso, el gobierno federal se compromete a celebrar nuevos acuerdos comerciales y de inversión, así como a armonizar los acuerdos existentes. La diversificación de nuestras relaciones comerciales refuerza, además, nuestra seguridad económica.

Para ello, es necesario establecer una protección sólida contra la competencia desleal, en particular mediante una aplicación más rápida y a escala sectorial de las medidas antidumping y antisubvenciones a nivel europeo. Hay que impedir de manera eficaz cualquier elusión de estas medidas de protección y luchar contra las disparidades y los desequilibrios geoeconómicos. Con el fin de garantizar la soberanía económica, consideramos necesario imponer, caso por caso, obligaciones de transferencia de tecnología para las inversiones no europeas procedentes de determinados terceros países en sectores estratégicos definidos y en infraestructuras críticas.

De este modo, el gobierno alemán se suma a las posiciones defendidas por Francia en el Consejo Europeo, especialmente en lo que respecta a las prácticas competitivas de China.

Con el fin de reforzar la demanda y la resiliencia europeas en este periodo de inestabilidad geopolítica, el gobierno federal se compromete, además, a promover la rápida aprobación de la Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act) en una versión adaptada. Apoyamos, en ámbitos estratégicos definidos, la introducción de normas de preferencia europea en materia de ayudas públicas. En los ámbitos de importancia estratégica, los contratos públicos garantizados (el Estado como cliente clave) y las medidas de protección de la inversión deben tener un efecto de apoyo, por ejemplo, para reforzar nuestra soberanía digital.

18 — Construcción de viviendas: se creará una sociedad de construcción de viviendas asequibles (Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen, WBG). El objetivo es construir más viviendas en el segmento de precios asequibles, allí donde el mercado inmobiliario no ofrece, a largo plazo, suficientes viviendas asequibles. La WBG deberá apoyar la construcción de viviendas sociales, así como el desarrollo industrial de la construcción en serie, e intervenir especialmente en aquellas regiones en las que exista una escasez demostrada de viviendas. 

Según una encuesta realizada para la Unión Alemana de Inquilinos (Deutscher Mieterbund) en enero de 2026, la escasez se estima en 1,4 millones de viviendas a nivel nacional. ⁵

Además, a partir del 1 de enero de 2027, eliminaremos las reservas de fondos propios nacionales adicionales para los créditos hipotecarios, lo que liberará considerables recursos financieros adicionales para la financiación de la construcción de viviendas por parte de los bancos alemanes.

Con el fin de no poner en peligro la construcción de viviendas privadas, una ley federal establecerá que ya no será posible la nacionalización de los parques de viviendas de alquiler privadas mediante leyes de socialización a nivel de los estados federados.

En 2021 se celebró en el estado federado de Berlín una votación popular titulada «Expropiar a Deutsche Wohnen & Co», impulsada por una iniciativa ciudadana de inquilinos y respaldada por el partido de izquierda Die Linke. A pesar de su éxito, con un 57 % de los votos emitidos, la ley se topó con el veto de la CDU berlinesa. ⁶

19 — Pediremos a las partes firmantes de los convenios colectivos de los sectores especialmente afectados por la crisis actual que propongan al gobierno federal, en el marco de un diálogo sectorial que se celebrará antes de mediados de octubre de 2026, medidas concretas destinadas a reforzar la competitividad y la resiliencia de sus respectivos sectores. Esto se aplica, en particular, a la industria del automóvil y a la industria química, así como a la siderurgia y a la construcción de maquinaria.

20 — Excepciones a las disposiciones legales, interlocutores sociales y cogestión en el ámbito de la IA: solicitaremos a las partes firmantes de los convenios colectivos que, en el marco de un diálogo entre ellas que se celebrará de aquí a mediados de octubre de 2026, propongan al gobierno federal ámbitos normativos concretos en los que puedan aplicarse disposiciones derogatorias de la legislación vigente, por ejemplo, en materia de derecho laboral (en particular en lo que se refiere a los contratos de duración determinada por motivos objetivos o a la seguridad y la salud en el trabajo) o de derecho de sociedades (por ejemplo, las obligaciones de información o de diligencia), puedan adoptarse mediante acuerdos entre los interlocutores sociales.

Con el fin de ayudar a las empresas a incorporar la inteligencia artificial en su día a día y de preservar el empleo en el marco de la transformación digital, queremos garantizar que el software y sus actualizaciones, así como las mejoras de los equipos técnicos, puedan introducirse con mayor facilidad y rapidez, respetando los derechos de cogestión del comité de empresa. Por ello, pediremos a los interlocutores sociales que elaboren también propuestas destinadas a facilitar la cooperación en este ámbito mediante disposiciones adecuadas, en particular en materia de legislación sobre organización del trabajo. 

21 — Se pondrá fin a la posibilidad de eludir el derecho alemán a la cogestión recurriendo a las denominadas «sociedades europeas de reserva» (Vorrat-SE). En el marco de los debates sobre la introducción de una nueva forma de sociedad a escala de la Unión (28.º régimen), el gobierno federal se compromete firmemente a que no se ponga en entredicho la protección de la cogestión en las empresas.

22 — Las agencias locales de empleo estarán obligadas a utilizar interfaces informáticas y a intercambiar datos.

23 — En este periodo de aumento del desempleo, a partir del 1 de enero de 2027 limitaremos la cuota de inmigración procedente de los «Balcanes Occidentales» a 25.000 personas al año, tal y como prevé el acuerdo de coalición.

En junio de 2026, hay 2,9 millones de personas en paro en Alemania, lo que supone una tasa del 6,2 %. ⁷ 

24 — La ampliación del horario de apertura los domingos para las panaderías, las pastelerías y las bibliotecas, acordada en el acuerdo de coalición, entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Reducción de la burocracia

25 — Supresión de las obligaciones de declaración y documentación: aprobaremos una ley de simplificación de las obligaciones de declaración, que suprimirá de manera general las obligaciones legales de declaración ante las autoridades públicas. Solo se mantendrán aquellas obligaciones cuya necesidad específica sea justificada explícitamente por el ministerio correspondiente en el marco de la legislación relativa a la ley de simplificación de las obligaciones de declaración (inversión de la carga de la prueba) o aquellas que, sobre la base de una justificación adecuada, se designen como aplicables en los reglamentos del ministerio federal competente. La ley prevé a tal efecto una habilitación reglamentaria correspondiente.

Según un estudio de 2024 del Instituto de Investigación Económica IFO para la Cámara de Comercio e Industria de Múnich, la burocracia le costaría a Alemania hasta 146 mil millones de euros al año en rendimiento no obtenido. ⁸

En cualquier futura legislación, en principio deberán evitarse las nuevas obligaciones de declaración («freno a las obligaciones de declaración»). Los ministerios examinarán todas las obligaciones de documentación que no sean competencia de la Unión Europea ni de la Ley Fundamental, con el objetivo, en una primera fase, de suprimir al menos una de cada cuatro de estas obligaciones en un plazo de 12 meses. No obstante, no rebajaremos los estándares en los ámbitos de los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos de los consumidores, los derechos de los trabajadores o la lucha contra el fraude fiscal.

26 — Supresión de la obligación de designar delegados en las empresas: una vez alcanzado el nivel de protección, se suprimirán los cargos de delegados en aquellas empresas cuya designación no se base en requisitos de la Unión Europea. La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos sustantivos recaerá en mayor medida en las empresas, lo que irá acompañado de sanciones severas en caso de infracción.

27 — Ampliación de la presunción de autorización: en la Ley federal de procedimiento administrativo, la presunción de autorización se establece como norma general. Las solicitudes se consideran automáticamente aprobadas cuatro meses después de la recepción del expediente completo, salvo que la autoridad competente señale la necesidad de un examen específico. Las excepciones deben justificarse por separado en las leyes sectoriales correspondientes. En la medida en que resulte conveniente, la presunción de autorización se combina con una presunción de conformidad con la documentación presentada en beneficio de los solicitantes, especialmente en el caso de las solicitudes de renovación. Paralelamente, invitamos a los estados federados a que revisen también sus leyes sobre el procedimiento administrativo. La entrada en vigor completa está prevista para el 31 de diciembre de 2027.

28 — Queremos liberar al contribuyente de cargas innecesarias y simplificar la presentación de la declaración de la renta. Con este fin, los ministros de Hacienda del Estado federal y de los estados federados mantienen intensos intercambios y elaboran propuestas conjuntas. Sobre esta base, el gobierno federal reunirá, de aquí al otoño de 2026, en una ley de simplificación fiscal, propuestas destinadas a simplificar el sistema tributario, mejorar el modelo opcional y agilizar los trámites. En una primera fase, la coalición implantará una declaración de la renta digital que se rellenará automáticamente y obligará a las autoridades fiscales a asignar un número de identificación fiscal a las empresas en un plazo máximo de cuatro semanas. Además, con el fin de simplificar y automatizar los procesos, así como de prevenir mejor los errores y luchar contra los abusos, en el futuro los organismos de la Seguridad Social podrán utilizar y tratar el número de identificación fiscal sin restricciones. Aplicaremos la modificación legislativa necesaria para este uso antes del 1 de enero de 2027.

29 — Aplicaremos la directiva europea sobre cadenas de suministro (Corporate Sustainability Due Diligence, CSDD) tal y como está. Desde el punto de vista legal, en otoño de 2026, el ámbito de aplicación se limitará a las empresas con al menos 5.000 empleados y cuya facturación neta anual mundial supere los 1.500 millones de euros; las obligaciones de diligencia debida se definirán en función de los riesgos, y las obligaciones de información y verificación —en particular, con respecto a los proveedores de menor tamaño y a los indirectos— se basarán en la información disponible a un coste razonable.

El nivel de protección de los derechos humanos quedará garantizado, en particular, mediante la nueva edición del Plan de Acción Nacional (Nationaler Aktionsplan) «Economía y derechos humanos» 2026-2031, un plan ambicioso y diseñado para facilitar la actividad de las empresas. La puesta en marcha será competencia del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS).

30 — Supervisión basada en los riesgos: aliviará la carga que recae sobre las empresas, la administración y los ciudadanos mediante una reducción considerable de las obligaciones de declaración. Con este fin, también aplicaremos de forma sistemática el enfoque basado en el riesgo y simplificaremos los controles estatales por parte de la administración federal (normas de control por muestreo, umbrales mínimos, importes a tanto alzado). A cambio, las infracciones se sancionarán con mayor severidad que antes (derecho mercantil, derecho penal fiscal).

31 — Es necesario aumentar la eficiencia de la digitalización en todas las administraciones. En este sentido, el objetivo de una reducción sistemática del 8 % de la plantilla se aplica, en principio, a todas las administraciones federales y a la administración federal indirecta. Esta reducción del 8 % solo admitirá excepciones muy limitadas, por ejemplo, en el caso de las infraestructuras críticas y las autoridades encargadas de la seguridad. No obstante, incluso en estos ámbitos, los ahorros deben centrarse en los gastos administrativos (gastos generales); la ejecución de las funciones no debe verse afectada.

32 — Este requisito se aplica a la administración federal indirecta en la medida en que el Estado federal ejerza influencia sobre el presupuesto de la autoridad o institución en cuestión o le asigne créditos presupuestarios. Las reducciones de plantilla deberían ir acompañadas de esfuerzos de modernización en el seno de la administración federal, como, por ejemplo, la centralización de tareas, la flexibilización de la normativa relativa a la carrera de los funcionarios federales, así como el estudio de la implantación de un sistema presupuestario orientado a objetivos y resultados. Todas las autoridades sobre las que el Estado federal pueda ejercer una influencia directa examinan, en el marco de un análisis crítico de sus funciones, en qué medida pueden recurrir a servicios compartidos (por ejemplo, en materia de gestión de personal) y en qué medida son posibles las fusiones y la supresión de autoridades sectoriales.

Vamos a seguir desarrollando la Ley de Libertad de Información (Informationsfreiheitsgesetz, IFG), preservando al mismo tiempo el derecho de acceso a la información oficial y en colaboración con el Delegado Federal para la Protección de Datos y la Libertad de Información (BfDI), con el fin de adaptarla a los retos actuales. Haremos que esta compleja ley resulte más comprensible y transparente para las ciudadanas y los ciudadanos. En el futuro, queremos centrar los derechos de acceso a la información en las personas físicas que tengan un interés legítimo en obtener dicha información y que no puedan acceder a ella a través de otras normativas. En este contexto, estudiaremos si conviene limitar el ámbito de aplicación a los alemanes y a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Alemania. Queremos proteger a nuestros empleados frente a hostilidades y amenazas ocultando sus nombres. En un contexto de amenazas complejas, tanto internas como externas, queremos reforzar la resiliencia del Estado y tener más en cuenta las necesidades específicas de determinados ámbitos en materia de protección, como las infraestructuras críticas, la lucha contra el espionaje, la lucha contra el terrorismo o la investigación científica. Adaptaremos las tasas previstas en la Ley de Libertad de Información (IFG) de acuerdo con el principio de cobertura de costes.

Aprobada durante el primer mandato de Angela Merkel en 2005, la Ley de Libertad de Información (Informationsfreiheitsgesetz) permite a todos los ciudadanos acceder a la información que obra en poder del Estado federal. Las asociaciones, así como las personas físicas o jurídicas, pueden, en principio, solicitar el acceso a todos los datos o expedientes, salvo la información clasificada. Esta ley ha permitido sacar a la luz varios casos de malversación de subvenciones y, en general, ha mejorado la transparencia de la vida pública en Alemania. Sin embargo, en nombre de la resiliencia del Estado, la protección de las infraestructuras y la defensa contra el terrorismo o el espionaje, el proyecto de ley del gobierno alemán prevé que solo las personas físicas con un «interés legítimo» puedan presentar este tipo de solicitudes de información, lo que hace temer a las ONG y a los grupos de investigación un retroceso en la libertad de información. En un comunicado, Transparency International ha condenado la «supresión de facto del derecho a solicitar información». Además, la divulgación de datos pasará a ser de pago y se reservará a los ciudadanos de la Unión Europea. ⁹

33 — Reforma de la normativa relativa a las instalaciones sujetas a supervisión: a partir de ahora se prescinde de las autorizaciones administrativas previas a la puesta en servicio y en caso de modificaciones que afecten a la seguridad de las instalaciones sujetas a supervisión. El ahorro anual para las empresas asciende a unos 4,6 millones de euros.

Revisión de la obligación de inspección de las instalaciones eléctricas prevista en las normas 3 y 4 del Seguro Alemán de Accidentes de Trabajo (Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung, DGUV): en el marco de la autogestión, y por lo tanto fuera de la competencia directa del gobierno federal, se sigue adelante de forma coherente con la fusión de las disposiciones 3 y 4 de la DGUV y, en particular, se revisa y simplifica la obligación de inspección de las instalaciones y equipos eléctricos. Desde el punto de vista del gobierno federal, esto supone un ahorro anual para la economía y la administración de unos 720 millones de euros al año.

Mejora del intercambio de datos entre el Estado federal, las entidades aseguradoras de accidentes (Unfallsversicherungsträgern, UVT) y los estados federados: se mejora la cooperación y el intercambio de datos entre el Estado federal, los estados federados y las UVT. Refuerzo de los controles por parte de las autoridades de inspección (incluidas las operaciones específicas): el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS) se compromete, en particular, a realizar controles periódicos e interinstitucionales en materia de seguridad y salud en el trabajo.

34 — Tal y como se prevé en el acuerdo de coalición, la obligación de formalizar por escrito los contratos de duración determinada se suprimirá a partir del 1 de enero de 2027.