Domar la inflación que viene: una nueva gobernanza para la Unión Europea

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La indignación por el costo de la vida ha contribuido al auge de la extrema derecha en toda Europa. Aunque los precios se están estabilizando, en muchos países se ha producido una drástica caída de los salarios reales. El actual marco europeo para regular la inflación está diseñado para combatir los aumentos salariales y romper la espiral salarios-precios. Pero ante una inflación desencadenada por los choques de la oferta y propagada por las decisiones de precios de las empresas, esta política ha creado inseguridad económica para demasiada gente y ha ahondado las grietas de unas democracias ya frágiles.

No cabe duda de que la Unión seguirá siendo vulnerable a la inflación y a los choques económicos en una época de emergencias superpuestas: pandemias, geopolítica, clima. Pero para hacer frente a estas crisis permanentes, la Unión también tendrá que movilizar cantidades sin precedentes de inversión privada y pública. Las condiciones imponen, pues, exigencias contradictorias a la gobernanza de la inflación: la inversión requiere tasas de interés bajas, pero la respuesta del Banco Central Europeo a la inflación ha sido subirlas.

En nuestro nuevo informe para el Parlamento Europeo,¹ sostenemos que la Unión Europea necesita reformar su estructura de gobernanza de la inflación para hacer frente a estas exigencias contradictorias. Esto requiere políticas pragmáticas y específicas en ámbitos concretos de la política económica. Como señaló recientemente Mario Draghi,² «nuestra organización, nuestra toma de decisiones y nuestra financiación se diseñaron para el ‘mundo de antes’: antes del Covid-19, antes de la invasión de Ucrania, antes de la conflagración en Medio Oriente, antes del retorno de la rivalidad entre grandes potencias».

Lo mismo puede decirse de nuestro sistema de gobernanza de la inflación, que fue diseñado para combatir una cierta idea de la inflación del pasado, pero nos deja desprotegidos contra la inflación que viene.

En las dos décadas que precedieron a 2022, la inflación europea se mantuvo baja gracias, en parte, a la producción barata de Asia Oriental y a la estructuración de nuevas cadenas de suministro que incluían a China. Entre el inicio de las operaciones del BCE en 1998 y la pandemia de Covid-19 en 2020, el precio de los bienes de consumo sólo subió un 0.6% al año, a pesar de que la calidad y la cantidad de los productos disponibles aumentaron considerablemente. Pero los salarios en China seguirán subiendo y las cadenas de suministro se enfrentarán a nuevos riesgos geoestratégicos. La actual crisis climática y medioambiental expone a la Unión a fenómenos meteorológicos extremos y catástrofes naturales. La obliga a realizar una costosa transición para abandonar los combustibles fósiles. También han surgido nuevos riesgos a escala nacional: las empresas aprenderán del reciente episodio inflacionista y ya están desarrollando nuevas estrategias para aprovechar los choques de costos. Con el tiempo, su capacidad para subir los precios y repercutir en los aumentos de costos a los consumidores será más refinada. No cabe duda de que recurrirán a la inteligencia artificial y a planteamientos algorítmicos, entre otros.

Estos riesgos acumulados podrían volver a provocar graves perturbaciones inflacionistas como las que experimentó la Unión Europea a finales de 2021 y principios de 2022. Proponemos denominar «shockflación» a la inflación desencadenada por choques sectoriales.

Estos choques son especialmente perjudiciales cuando provocan una subida de los precios de importancia sistémica, como los de la energía y los alimentos. Estos costos esenciales afectan a todos los sectores de la economía. En este sentido, la energía y la alimentación difieren, por ejemplo, de la peluquería y otros servicios específicos, donde los precios son relativamente estables y el efecto sobre la inflación global es limitado. La energía y los alimentos no sólo constituyen una parte importante de la canasta de consumo de los hogares, sino que también son insumos importantes para otros sectores. Sus precios son siempre significativos,³ al igual que el costo de la vivienda, la financiación y las infraestructuras. Cuando estos precios suben, las empresas no absorben el correspondiente aumento de costos. En su lugar, propagan el choque subiendo sus precios, aumentando sus beneficios y creando «inflación vendedora».⁴ Así es como la crisis de los precios de la energía de 2022 provocó tasas de inflación superiores al 20% en algunos Estados miembros.

Desde su creación en 1993, la Unión ha confiado cada vez más en la política monetaria del Banco Central Europeo para hacer frente a la inflación. A los responsables políticos los persigue el temor a una espiral salarios-precios: unos salarios altos pueden llevar a las empresas a subir sus precios, lo que a su vez llevaría a los trabajadores a exigir salarios más altos. Pero este enfoque en los salarios es bastante inadecuado. Las grandes crisis de precios dañan la economía mucho antes de provocar una espiral de precios y salarios. La subida de los precios afecta al costo de la vida de los hogares más pobres, y el aumento de los salarios en respuesta a tales perturbaciones es una herramienta crucial para compensar sus efectos sobre el costo de la vida. En 2022, la inflación se reflejó principalmente en un aumento de los beneficios, no de los salarios: las empresas protegieron sus márgenes de beneficios contra el choque de los costos, y los beneficios unitarios aumentaron.

La respuesta de la política monetaria al choque inflacionista también tiene efectos secundarios. Las tasas de interés más altas encarecen la inversión. El recurso a la política monetaria para hacer frente a los choques obstaculiza las inversiones más necesarias para proteger la economía europea contra futuros choques. Unas tasas de interés más altas también limitan el margen de maniobra presupuestario de la Unión y sus Estados miembros, e impiden a los gobiernos reaccionar con flexibilidad ante nuevas crisis.

En resumen, cuando los choques afectan a la economía, la gobernanza actual de la Unión hace que ésta vacile entre dos opciones insostenibles: no hacer nada o adoptar medidas drásticas de política monetaria a escala continental. La primera opción, que consiste en esperar a que baje la inflación, contribuye poco a remediar sus efectos económicos y sociales negativos. La segunda opción, subir las tasas de interés, es costosa y tampoco remedia la mayoría de los efectos negativos de la inflación. En todo el continente, la inversión en energías renovables se ve frenada⁵ por las elevadas tasas de interés.

En nuestro nuevo informe «Closing the EU’s inflation governance gap»,⁶ presentamos los elementos esenciales de un marco europeo de gobernanza de la inflación.

Son más que necesarias instituciones capaces de supervisar la adecuación de la oferta y un sistema de alerta temprana de los picos de precios. También es urgente anticipar los choques y gestionar el impacto de los precios sistémicos antes de que repercutan en el conjunto de la economía. La Unión ya dispone de políticas sectoriales que pueden movilizarse para hacer frente a las subidas de precios sectoriales antes de que se conviertan en inflación generalizada provocada por los vendedores. Se trata de políticas sectoriales de oferta, como la Ley Europea de Chips de 2023, que establece un nuevo marco para estabilizar los precios de los semiconductores. También se ha movilizado todo un arsenal de políticas no convencionales para combatir la crisis energética de 2022. Pero la Unión carece actualmente de una estructura de gobernanza coherente. Las medidas adoptadas hasta la fecha han sido lentas y descoordinadas.

Los Tratados de la Unión ofrecen un amplio margen para combatir la inflación mediante una acción coordinada en la que participen el BCE y los órganos políticos de la Unión, así como agentes especializados como las oficinas estadísticas y los reguladores del mercado. Pero la lucha contra la inflación no es patrimonio exclusivo del Banco Central. De hecho, uno de los objetivos primordiales de las instituciones de la Unión,⁷ en su conjunto, es «el desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de precios«.

En el futuro, debería movilizarse la coordinación entre el Consejo, el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo para alinear la gobernanza de la inflación en los distintos sectores de la economía europea. En el caso de sectores esenciales como la energía, los alimentos y las materias primas críticas, la Unión y sus Estados miembros deberían reforzar su capacidad de equilibrar la oferta mediante reservas físicas de estabilización, estabilizar los precios mediante reservas virtuales de estabilización y limitar los precios para corregir un déficit de oferta. En este sentido, Mario Draghi abogó por la creación de una plataforma europea de materiales críticos para «el suministro conjunto, [para] garantizar el suministro diversificado, la puesta en común y la financiación, y la constitución de reservas».⁸ Las instalaciones europeas de almacenamiento con un acceso equitativamente abierto a los Estados miembros pueden aprovechar el tamaño de los países europeos para estabilizar la participación en el mercado.

Se necesitan otras herramientas para evitar que las empresas se aprovechen de los choques de costos para aumentar sus beneficios. Como bien ha señalado Christine Lagarde, la Unión carece de datos sobre los beneficios empresariales. Estos datos podrían ser objeto de un seguimiento permanente, del mismo modo que los precios de importancia sistémica. Establecer un marco creíble para gravar los beneficios extraordinarios es una forma eficaz de prevenir las prácticas abusivas de fijación de precios. Desde 1957, los tratados europeos prohíben a las empresas utilizar una posición dominante en un mercado para «imponer directa o indirectamente precios de compra o de venta desleales».⁹ Hasta la fecha, sin embargo, las autoridades responsables de hacer cumplir la ley de competencia en la Unión han ignorado en gran medida esta disposición crucial. La Comisión Europea debería empezar hoy mismo a desarrollar un marco para hacer cumplir esta disposición.

Tras la crisis financiera mundial, se introdujeron nuevas pruebas de resistencia para el sector bancario y los bancos demasiado conectados o demasiado grandes para quebrar fueron sometidos a supervisión reguladora.

La actual crisis inflacionista exige un replanteamiento similar de la gobernanza de la inflación: los precios de los sectores demasiado críticos para quebrar deben ser supervisados, regulados y sometidos a pruebas de resistencia. Hay que protegerlos de los choques porque presentan puntos de vulnerabilidad para nuestras economías, nuestras sociedades y nuestras democracias. Si queremos ser verdaderamente resistentes, necesitamos urgentemente establecer un marco de gobernanza que garantice que los peores tiempos para muchos no se conviertan en una ganancia inesperada para las empresas más grandes.