Patriotas peligrosos: la derecha italiana contra el interés nacional

Fascista», «autoritario», «reaccionario», «xenófobo», «oscurantista», «antiliberal», «nacionalista», e incluso «conservador»: ninguno de estos adjetivos es neutro a la hora de describir a la mayoría que gobierna Italia ni al partido que lo dirige. Ninguno de ellos carece de fundamento, sin duda tenue o remoto, a veces reivindicado en silencio en los círculos internos de ese partido político, pero cada uno de ellos es controvertido, discutible y pronunciado con una intención polémica a la que los destinatarios sienten la necesidad de oponer desmentidos públicos. Desmentidos que la acción del gobierno presidido por Giorgia Meloni ha corroborado indirectamente, tanto por la relativa moderación de su política interior, que no ha desatado las batallas culturales que su declarada oposición al legado de la Ilustración podía hacer temer, como por la diligente continuidad con el gobierno de Mario Draghi en materia de política exterior y atlántica.

Por otra parte, el hecho de que Fratelli d’Italia y Forza Italia se muevan por los intereses de la nación es un rasgo explícitamente reivindicado, y que comparten con la Lega desde hace mucho tiempo, desde que Matteo Salvini quiso transformar ese partido regional y secesionista en un partido nacional y nacionalista. Todos ellos se declaran «patriotas», y esa es la base sobre la que evaluaré su acción de gobierno: el interés nacional. Pero las conclusiones que pretendo extraer afectan a todos los europeos, a sus gobiernos y a sus principales partidos políticos. Porque la política del gobierno de Meloni agrava la amenaza que la debilidad de Italia supone para la integridad de la unión monetaria y de la propia Unión Europea desde hace al menos 15 años. Eclipsada por el temor a un gobierno italiano nacionalista, antiliberal y autoritario, esta amenaza tiene ahora motivos para ser la principal preocupación de sus interlocutores europeos.

El interés nacional y el crecimiento a largo plazo

No puedo dar una definición concisa y completa de la noción de interés nacional, tanto si es abstracta como si se refiere a la Italia de esta década. Por tanto, me centraré en una variable que debe formar parte de cualquier interpretación razonable de este sintagma: el crecimiento económico a largo plazo, estancado en Italia desde hace 30 años.

Dos indicadores bastan para dar una idea del declive económico de Italia en relación con sus pares, las otras grandes economías de la eurozona y las otras grandes economías occidentales: el producto interior bruto (PIB) per cápita, que es mejor indicador de la salud de una economía que el agregado; y el ingreso medio disponible, que mide cuánto puede gastar o ahorrar cada año un hogar promedio.¹ Presentaré estas dos cifras en términos reales, ajustadas a la inflación, y me situaré en vísperas de la pandemia, para excluir los efectos de un traumatismo exógeno grave.

En 2019, el PIB per cápita seguía estando siete puntos porcentuales por debajo de su máximo de 2007, en un nivel igual al alcanzado y superado dos décadas antes. En cambio, en las mismas dos décadas, el PIB per cápita de Alemania, Francia y Reino Unido aumentó entre un 22% y un 35%: la brecha con Italia se amplió. La evolución del ingreso medio disponible, sobre la que el esfuerzo por controlar el déficit público tiene un impacto más directo, es aún peor: en 2019, se sitúa al mismo nivel que a finales de los años ochenta. 30 años perdidos: las promesas traicionadas de la revolución neoliberal han sembrado la insatisfacción en casi todas las sociedades occidentales, pero la gravedad del declive de Italia es singular. Este es el origen de la insatisfacción que, durante al menos 15 años, ha alimentado la desconfianza política y la demagogia y que, el 25 de septiembre de 2022, entregó la nación a los Fratelli d’Italia, una fuerza política corresponsable de algunos de los peores experimentos de gobierno de los últimos 30 años, incluidos los protagonizados por Silvio Berlusconi, y cuyo principal documento ideológico, las Tesis de Trieste de diciembre de 2017, declara su oposición a «la ilustración [y] la razón» en defensa de «la autoridad de la tradición».

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Las causas del declive

Para evaluar la labor de este gobierno desde la perspectiva del crecimiento a largo plazo, debemos describir las causas del declive de Italia. Se trata de un tema complejo y controvertido, que yo mismo he examinado, ² pero es posible aislar algunos puntos destacados.

Las causas inmediatas son claras. Italia no crece principalmente porque la productividad está estancada, y este motor del desarrollo se ha estancado principalmente porque demasiados trabajadores y demasiado capital están dispersos en demasiadas empresas que son demasiado pequeñas para prosperar en el paradigma tecnológico actual. El problema se resume en estas cifras, citadas a menudo por el antiguo gobernador del Banco de Italia: «25 mil empresas medianas-grandes (con más de 50 empleados) producen casi la mitad del valor añadido del sector industrial y de servicios no financieros, con casi 6 millones de empleados; la otra mitad la producen 4.3 millones de pequeñas empresas, con 6 millones de empleados, y 4.8 millones de trabajadores autónomos. [Esas 25 mil empresas] son a veces más productivas que las correspondientes empresas francesas y alemanas, mientras que las demás son mucho menos productivas que sus principales competidoras […]. Si Italia tuviera la misma estructura de tamaño que las empresas alemanas, la productividad laboral media sería más de 20 puntos porcentuales superior, y superaría el nivel alemán»³.

En todas partes, las empresas empiezan siendo pequeñas, pero con el tiempo crecen, se fusionan o abandonan el mercado. En Italia, con demasiada frecuencia persisten, no crecen, no se agregan o desaparecen, manteniendo en sus ineficaces estructuras a trabajadores y capital que serían más productivos en otros lugares. En otras palabras, los factores de producción rara vez consiguen organizarse a una escala adecuada a las exigencias de la tecnología contemporánea: si esto ocurriera más seguido, gracias a la reasignación de capital y mano de obra de las empresas menos productivas a las más fuertes, los niveles de productividad que observamos en Alemania se convertirían en un objetivo realista.

Más difícil es identificar las causas de esta falta de organización. Según la interpretación que yo favorezco, radican principalmente en las normas que rigen la economía; y más que en su calidad, que rara vez es mala, el problema reside en su falta de credibilidad.

Para ilustrar esta tesis, tomaré el ejemplo de una de las debilidades más visibles de las empresas italianas: su capitalización media relativamente baja. Está bien establecido que esto ayuda a explicar su baja propensión a innovar —que, a largo plazo, es el principal motor del crecimiento de la productividad— porque la inversión en investigación y desarrollo se ve generalmente perjudicada por una estructura financiera demasiado dependiente de la deuda. Pero, ¿por qué las empresas italianas tienen relativamente poco capital propio y dependen más de la deuda que sus homólogas extranjeras?

Parte de la respuesta está en el hecho de que en Italia se respetan relativamente poco ciertas normas de importancia crucial para los inversores —los proveedores de capital propio a las empresas—: las relativas a la elaboración de los estados financieros, en particular, y las relativas a la protección de los accionistas minoritarios. Las leyes que regulan estas cuestiones son, por lo general, adecuadas y muy similares a las de Francia y Alemania, ya que a menudo tienen su origen en directivas y reglamentos europeos, pero se incumplen con mayor frecuencia: según estimaciones del Foro Económico Mundial, publicadas en el Informe sobre Competitividad Global, la brecha es significativa. Por eso, en Italia, la perspectiva de ser accionista minoritario de una empresa que no cotiza en bolsa es menos atractiva que en Francia o Alemania; por eso, a las empresas italianas les cuesta más reunir capital propio; por eso, sus propietarios son más reacios a fusionarlas para crear empresas más eficientes. Paradójicamente, estas desventajas se ven compensadas en parte por otros factores que también dependen del escaso cumplimiento de la ley, como la posibilidad de colusión con la administración pública, por ejemplo, o la posibilidad de evasión fiscal: comportamientos que perjudican a la economía y que a menudo animan a las empresas a seguir siendo pequeñas, pero que aumentan la competitividad y los beneficios de las que lo hacen, en detrimento de las que cumplen las normas.

La supremacía de la ley y los ingresos

El problema es más amplio: en general, la ley se respeta menos en Italia que en otros países. Todos los indicadores disponibles lo confirman. Uno de los más fiables es el indicador «rule of law» (que me gustaría traducir como “supremacía de la ley”) elaborado por el Banco Mundial. Cada año, calcula la percepción de la credibilidad y el respeto de la ley en cada nación, y los clasifica en una escala de 2.5 a -2.5.⁴ En la última encuesta disponible, basada en datos de 2022, Finlandia, por ejemplo, ocupaba el primer puesto de la clasificación, con un nivel de 1.96, y Somalia el último, con un nivel de -2.29. En el mismo año, el nivel de Italia era de 0.3, y la media de sus pares de 1.31. ⁵ Un abismo, de nuevo, y cada vez mayor: en 1996, cuando comenzaron estas estimaciones, el nivel de Italia era de 1.06 y la media de sus pares de 1.5.

Este indicador, que mide una variable de magnitud considerable, debe tomarse con cautela. No obstante, la brecha entre Italia y sus pares es similar a la que reflejan los indicadores sobre corrupción, y coincide con el hecho de que la evasión fiscal es entre el doble y el triple que la de Francia, Alemania y el Reino Unido. Hay muchas razones para creer que este indicador apunta a un problema real, si no a sus proporciones exactas.

También en este caso, la relación causa-efecto entre este problema y el estancamiento del crecimiento es una cuestión difícil. En lugar de resumir mi interpretación, prefiero simplemente mostrar la correlación entre el ingreso per cápita y la supremacía de la ley, medido por el indicador del Banco Mundial. El siguiente gráfico cruza las dos variables con una década de diferencia y abarca los Estados miembros de la Unión Europea y los países balcánicos.

La distancia que separa a Italia de la línea recta que marca la correlación significa que es bastante más próspera de lo que parece indicar su nivel de supremacía de la ley. Pero de década en década, ha ido cayendo cada vez más a la izquierda de sus pares.

Dado que estoy comentando aquí una simple correlación y no una relación causa-efecto, sería igual de legítimo hacer el comentario contrario (es decir, que Italia es siempre menos respetuosa con la ley de lo que sugeriría su nivel de ingresos), o decir que los dos fenómenos están determinados por una tercera variable (la cultura, por ejemplo). Pero es más probable que el efecto predominante sea el efecto directo o indirecto de la supremacía de la ley sobre la renta. Quizá el argumento más intuitivo a este respecto proceda de uno de los economistas más respetados del siglo pasado, Kenneth Arrow, pues sostuvo que «gran parte del retraso económico del mundo puede explicarse por la ausencia de confianza mutua»;⁶ pero la confianza mutua depende en gran medida de la credibilidad de las normas, y la credibilidad, a su vez, depende sobre todo de lo bien que se cumplan las normas. Por tanto, parece prudente suponer que Italia, tarde o temprano, descenderá al nivel de la supremacía de la ley en los Balcanes, como sugiere la tendencia de los últimos 30 años. Esta profecía puede parecer provocadora, ya que Italia cuenta con muchas empresas excelentes que dominan sus sectores en el mercado mundial y, en promedio, las de tamaño algo más consistente rivalizan con sus homólogas francesas y alemanas, que, como ya mencioné, a menudo se imponen. Pero por remoto que sea el riesgo que sugiere esta correlación, ignorarla sería imprudente.

¿Un defecto congénito o un problema político?

Llegados a este punto, me gustaría descartar la hipótesis, que a veces resurge, de que no respetar las normas es fruto de la historia de la península, irremediable en un futuro previsible, o que es de algún modo congénita a la cultura de sus habitantes: porque si esto fuera cierto, ningún gobierno podría erradicar las causas profundas del malestar económico de Italia, sino sólo aliviar los síntomas aquí y allá.

Hay una explicación más sencilla, más convincente y más respetuosa con la libertad humana. Requiere una digresión en temas que pueden parecer abstractos, pero que, por el contrario, completarán la retícula analítica a través de la cual, inmediatamente después, examinaré el funcionamiento del gobierno de Meloni.

Sabemos en parte lo que explica la persistente debilidad de la supremacía de la ley. A medida que aumenta el número de violaciones de las normas, disminuye el incentivo para respetarlas y, a largo plazo, también lo hace el impulso moral: si cada vez más gente tira basura al suelo, por ejemplo, las calles se llenarán de basura y tirarla al contenedor se convertirá en un gesto cada vez más inútil y, en última instancia, dadaísta.

La lógica está clara. Pero, ¿se trata de un «dilema del prisionero», en el léxico de la teoría de juegos, en el que las calles se llenarán inexorablemente de basura? ¿O es la lógica de un «juego de coordinación», en el que las calles siempre pueden volver a estar limpias? La diferencia radica en la actuación individual. En el dilema del prisionero, romper la regla es la estrategia más interesante; en el juego de coordinación, no. En el dilema del prisionero, obtengo el mayor rendimiento cuando rompo la regla y mi contraparte la obedece, es decir, cuando me aprovecho de su buen comportamiento. Mi contraparte lo sabe y espera que yo trate de ser más listo, así que me detendrá rompiendo él mismo la regla. Así, mi alto rendimiento desaparecerá y la calle se llenará de basura.

En el juego de la coordinación, en cambio, obtengo el mayor rendimiento cuando ambos obedecemos la norma. Pasarme de listo me aporta menos, al igual que a mi contraparte. Así que ambos esperaremos que el otro respete la regla; ambos la respetaremos; y el resultado será un equilibrio superior, que es estable.

En el juego de la coordinación, romper las reglas es siempre un movimiento defensivo. Si una de las dos personas rompiera la regla por razones ajenas a esta lógica, la otra sufriría daños y, la próxima vez, reaccionaría rompiendo ella misma la regla, para limitar los daños. Llegamos así al equilibrio perjudicial, que también es estable porque está cimentado por la desconfianza mutua y el incentivo para limitar los daños.

Pero, a diferencia del dilema del prisionero, para alcanzar el equilibrio superior basta con coordinar las expectativas de los dos protagonistas mediante una señal creíble. Si, gracias a esa señal, ambos están convencidos de que el otro respetará la norma, ambos volverán a respetarla: así es como ambos alcanzarán el máximo rendimiento individual.

No me cabe duda de que ambas lógicas están presentes en la sociedad italiana, y en otras similares, pero creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos y las empresas actúan principalmente dentro de los parámetros de un juego de coordinación. Para explicar esta tesis, vuelvo a un ejemplo ya expuesto.

Los empresarios tienen un interés común en operar en un entorno en el que los balances de las empresas se consideren fiables y los derechos de los accionistas minoritarios se reconozcan como creíbles, porque así se minimiza el costo del capital y se maximiza su disponibilidad. Pero también pueden tener un interés individual en manipular los estados financieros o privar a los accionistas minoritarios de parte de sus beneficios. Si prevalece este último interés, el entorno se deteriorará, lo que empujará gradualmente incluso a los empresarios virtuosos a alinearse con estas prácticas, ya que los que opten por seguir respetando las normas sufrirán tanto una desventaja competitiva con respecto a sus competidores menos escrupulosos como los efectos de la creciente desconfianza de los inversores. Pero pocos pueden obtener mayores beneficios permanentes de la manipulación de los balances o de la depredación de los accionistas minoritarios que el perjuicio de operar en un entorno de desconfianza generalizada de los inversores. Así, incluso en las profundidades del equilibrio disuasorio, en cuanto una masa crítica de empresarios se convenciera —gracias a una acción creíble del poder político, por ejemplo— de que las condiciones marco están a punto de mejorar, la gran mayoría de ellos volvería a las reglas (porque cada empresario proyectaría su razonamiento sobre los demás, y estaría dispuesto a abandonar la lógica defensiva inducida por el equilibrio disuasorio, la de limitar las pérdidas, para aspirar a la mayor rentabilidad que garantiza el equilibrio superior).

Esta es la lógica del juego de coordinación, en el que lo que he llamado «acción creíble del poder político» actuó como señal de coordinación y desencadenó la transición del equilibrio disuasorio al equilibrio superior. En los mismos términos, esta lógica impulsa muchos dilemas similares, y en particular estos tres dilemas: ¿debo competir o coludirme con mi competidor?, ¿debo sobornar al administrador público o aceptar la licitación?, ¿debo pagar todos los impuestos o evadir algunos? Cada una de estas preguntas es un problema político, y cada una de ellas afecta a la falta de organización que permite explotar el potencial de la economía italiana.

La labor del gobierno de Meloni

Complementado con esta última observación sobre la importancia de las señales transmitidas por el poder político, el análisis que he esbozado, por muy esquemático que sea, permite evaluar la acción del gobierno de Meloni desde la perspectiva del crecimiento a largo plazo.

Cuando tomó posesión el 22 de octubre de 2022, su primera decisión significativa en materia de política económica fue revisar el proyecto de ley de finanzas para 2023 que había elaborado el gobierno de Draghi. La revisión incluía una amplia amnistía para la evasión fiscal y un aumento del límite de efectivo de dos mil a cinco mil euros. El gobierno también quería obligar a los comercios a aceptar pagos electrónicos a partir de un umbral mínimo —a 60 y luego a 40 euros—, pero tuvo que ceder ante las críticas de que la medida habría sido incompatible con los compromisos adquiridos en el marco del plan nacional de aplicación de la NextGenerationEU.

Acusada de fomentar la evasión fiscal y la economía informal, efecto típico de ese tipo de medidas, Giorgia Meloni se defendió el 26 de mayo de 2023, en un mitin electoral en Sicilia, en los siguientes términos: «La izquierda dice: quieren tirar la toalla contra la evasión fiscal. Pero la evasión hay que buscarla donde está, en las grandes empresas, y no en el pequeño comerciante al que se le pide la protección [pizzo] del Estado».

El argumento de que la evasión fiscal la practican más las grandes y muy grandes empresas que los cerca de diez millones de autónomos, profesionales independientes y pequeños empresarios es inaceptable: en esos sectores, los niveles medios de evasión fiscal se consideran muy elevados. Pero sobre todo, en italiano corriente, «pizzo» es el nombre del «impuesto» que se paga al crimen organizado. Es el dinero que los comerciantes y las empresas pagan a las organizaciones criminales que pueden chantajearlos: un fenómeno especialmente extendido en Sicilia, en las zonas donde la mafia es más fuerte. Meloni equiparó las obligaciones fiscales que tienen los ciudadanos para con la República con el chantaje de la mafia.

Estas declaraciones no se han repetido, pero desde que este gobierno asumió el poder, ha concedido 14 amnistías fiscales y siempre ha insistido en defender las zonas donde la evasión fiscal está más extendida y que constituyen una gran parte de su electorado. El 10 de noviembre, por ejemplo, dirigiéndose a la Confederación de Artesanos y de la Pequeña y Mediana Empresa, Meloni declaró: «Combatimos la evasión fiscal, la evasión fiscal real, no la evasión fiscal ficticia. […] En los últimos días hemos aprobado un reglamento en el Consejo de Ministros [que] interviene sobre la disciplina de la liquidación, reduce las sanciones e introduce el acuerdo preventivo de dos años [es decir, un acuerdo entre el contribuyente y la autoridad fiscal sobre los impuestos que se pagarán en el futuro]. […] Es un enfoque que rompe la ecuación insostenible según la cual un artesano, una PYME, quienes pagan IVA [es decir, una profesión independiente] es necesariamente un defraudador nato. Es una mentira contra la que siempre hemos luchado».

Está prevista otra amnistía fiscal en la Ley de Finanzas para 2024. Podría citar otras medidas y propuestas que también debilitan la prevención o la represión de la anarquía generalizada y la delincuencia económica: elevar los umbrales a partir de los cuales los contratos públicos se someten a una licitación totalmente competitiva, por ejemplo, o reducir el plazo en el que estos delitos son punibles. Pero se trata de digresiones superfluas, porque ninguna de esas iniciativas tiene como objetivo creíble reforzar la supremacía de la ley. La señal que esta política envía a la sociedad italiana es clara, inequívoca y rotunda: este gobierno será tolerante con la evasión fiscal, la delincuencia económica y la economía informal (si tuviera espacio, añadiría el nepotismo, incluido el más mezquino, y la connivencia con los intereses particulares, incluidos los más poderosos, incluso a través de una política económica desequilibrada a favor de las subvenciones a las empresas «sin estrategia de desarrollo industrial», que también corre el riesgo de socavar la reasignación).

En igualdad de condiciones, esta señal reforzará los incentivos que empujan a ciudadanos y empresas hacia la estrategia defensiva del juego de coordinación. Seguirá erosionando la supremacía de la ley. Debilitará los incentivos para reasignar el capital y el trabajo entre las empresas más débiles y las más fuertes. Por último, frenará la dinámica de la productividad. Este efecto se verá exacerbado por las consecuencias directas de un probable aumento de la evasión fiscal y quizá también de la economía sumergida y la corrupción, causas todas ellas de la mala asignación de recursos. La única cuestión es cuánto se verá afectado el crecimiento en comparación con un escenario contrafactual en el que el gobierno actúe para reforzar la supremacía de la ley.

Es más, este viento dañino se ha apoderado de la economía italiana justo en el momento en que la recuperación de la pandemia podría reavivar los brotes que habían empezado a florecer en la última década. Un estudio publicado en 2018 por el Banco de Italia señalaba que, poco después de la crisis financiera mundial, la productividad en el sector manufacturero comenzó a acelerarse y alcanzó tasas de crecimiento superiores a las observadas en Francia y España en torno a 2011. Esto se debió principalmente a dos razones: «el aumento de las presiones competitivas mundiales respaldó importantes ajustes estructurales, con una reasignación de recursos a las mejores empresas»; y «la larga recesión desencadenó nuevas mejoras en la eficiencia de asignación, la salida del mercado de las peores empresas, la entrada de empresas mejor seleccionadas y un aumento del gasto en investigación y desarrollo».⁷ En gran medida, se trata de movimientos espontáneos de reasignación de recursos. Por lo tanto, es poco probable que desaparezcan por completo, y es probable que las inversiones y reformas asociadas a NextGenerationEU tengan un impacto positivo sobre ellos. En resumen, lo que une a la coalición política y electoral liderada por Meloni es la depredación de los recursos públicos y de las clases más débiles. Una depredación medida y oculta, por supuesto, pero que requiere una impunidad casi sistemática.⁸ Así que no debería sorprender que en Italia el Estado funcione mucho peor que en sociedades comparables y que la economía sea menos productiva: estos son los costos de la depredación generalizada.

La amenaza para Europa

Este análisis puede parecer incompleto y demasiado apresurado. Sin duda lo es, pero porque se centra en lo que más importa desde el punto de vista del crecimiento a largo plazo, a saber, la falta de organización que corre el riesgo de privar a la economía italiana de una quinta parte de su productividad potencial.

El crecimiento a largo plazo, a su vez, es una variable importante para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública, cuyo tamaño en relación con el PIB —142.4%, según el último análisis de Eurostat— es más de 20 puntos porcentuales superior al del otoño de 2011. Entonces, una ola de desconfianza en los mercados desencadenó una crisis muy grave, que afectó tanto a la solvencia de Italia como a la resistencia de la unión monetaria, y que solo se superó cuando el cambio de gobierno —de Berlusconi a Mario Monti— y la drástica corrección de la política fiscal se vieron acompañados por las políticas extraordinarias del Banco Central Europeo: fue entonces cuando su presidente, Mario Draghi, anunció la determinación de la institución de hacer «lo que sea necesario» para preservar el euro. Pero si tales riesgos reaparecieran, no es seguro que esos remedios bastarían para superarlos, entre otras cosas porque este anuncio no podría repetirse con la misma credibilidad.

Las acciones del gobierno de Meloni aumentan el riesgo de que vuelva a producirse una crisis de este tipo. El peligro no parece inminente, ya que el diferencial entre el rendimiento de la deuda pública italiana y el de la alemana no se acerca a sus niveles anteriores. Pero el equilibrio es frágil y vulnerable a las turbulencias que podría provocar la actual inestabilidad geopolítica. Es probable que sus interlocutores europeos vean en el gobierno de Meloni una amenaza seria, aunque lejana, para la integridad de la eurozona y de la propia Unión (entre otras cosas porque la oposición no parece aún capaz de ejercer una presión efectiva sobre él, ni siquiera por las razones que he expuesto). Una parte del poder de negociación que utilizan en sus relaciones con el gobierno italiano podría asignarse, por tanto, a la cuestión de la supremacía de la ley. También se trata de proteger a sus propios contribuyentes de las posibles consecuencias de esta escandalosa tolerancia de la anarquía económica.

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Sombras del pasado

Diez días después de su toma de posesión, el 31 de octubre de 1922, el gobierno de Benito Mussolini suprimió la norma de transparencia de la propiedad de las acciones emitidas por las empresas. Dicha norma había sido introducida unos años antes, tras muchas discusiones, para luchar contra la evasión fiscal. En sus memorias, Galeazzo Ciano, una de las figuras más importantes del régimen, reconoció francamente la tolerancia del fascismo hacia la evasión fiscal.⁹

Dos años después de su caída, en 1947, uno de los padres de la Constitución republicana, Piero Calamandrei, escribió que la corrupción era un componente fisiológico del régimen, porque la solidaridad entre corruptos y corruptores —cada uno vulnerable al chantaje del otro, y al del «tirano» (se refería a Etienne de La Boétie)— era para él una garantía de estabilidad.¹⁰

El 19 de junio de 1975, tres días después del excelente resultado del Partido Comunista Italiano en las elecciones municipales, el famoso editorialista del periódico del partido, cuyo seudónimo es Fortebraccio, respondió a un editorial del principal diario italiano, Corriere della Sera, que acusaba a los comunistas de tener «intenciones ocultas». La «intención» de los comunistas, escribía Fortebraccio, era «enseñar a los italianos a gobernar con honradez», y el «objetivo final [era] hacer justicia a los trabajadores, hacer pagar a los parásitos y a sus señores, esposar a los especuladores, enviar a la cárcel a los ladrones».¹¹

Una vez disipados los temores sobre el resurgimiento del fascismo, vale la pena recordar y reflexionar sobre estas continuidades y discontinuidades, que espero desconcierten a algunos lectores no italianos.