«¿Queremos llenar de subvenciones a Elon Musk?», una conversación con Gabriel Zucman

Usted describe el informe como un «informe IPCC» sobre la fiscalidad internacional. ¿Podría explicar con más detalle su método e intenciones? 

Creemos que es necesario un sistema similar al del IPCC para la fiscalidad y la evasión fiscal internacional. Hacen falta organizaciones que adopten una perspectiva verdaderamente global sobre estas cuestiones, que con demasiada frecuencia se tratan en un marco puramente nacional. Hay muchas políticas fiscales que pueden tener sentido dentro de un marco nacional, por ejemplo, cuando queremos ser un paraíso fiscal o cuando ofrecemos regímenes fiscales especiales a las empresas o a los contribuyentes con rentas altas.

En un contexto estrictamente nacional, se podría pensar que vale la pena atraer a las rentas altas, que aportan un poco de actividad, un poco de ingresos fiscales… Pero en realidad, desde el punto de vista de los ingresos fiscales en su conjunto, es un juego de suma cero, e incluso de suma negativa, porque estos mecanismos aumentan la desigualdad.

Por lo tanto, creemos que es crucial, por un lado, adoptar un punto de vista global y, por otro, hacerlo sobre la base de la producción científica contemporánea y de artículos en la frontera de la investigación. El hecho de que estas cuestiones estén en la agenda de los responsables políticos nacionales desde hace unos diez años ha provocado una explosión en la investigación sobre estos temas. Uno de los resultados tangibles de las diversas iniciativas en este ámbito ha sido la creación de nuevas fuentes de datos, ya sea a partir del intercambio automático de información bancaria o de los censos realizados por los países a escala nacional. Así pues, hay más investigadores sobre el tema, y más datos. 

Por último, en los últimos 15 años también ha habido una tendencia hacia una mayor colaboración entre las autoridades fiscales y el mundo académico. Estas colaboraciones permiten ahora saber más, sacar conclusiones más precisas, aunque persistan las incertidumbres.

Entonces, ¿el acceso limitado a los datos sigue siendo un problema importante en el estudio de la fiscalidad? 

La falta de estadísticas, en particular de estadísticas públicas sobre estas cuestiones, sigue siendo un problema. Sigue habiendo mucha opacidad financiera, por ejemplo en lo que se refiere al intercambio automático de información bancaria, aunque agradecemos los resultados, en la medida en que pueden hacerse estimaciones con ellos.

En el informe usted hace una serie de observaciones sobre las que nos gustaría hablar. ¿Cuáles considera las más importantes? 

Yo diría que hay tres conclusiones principales, y me gustaría empezar por la más positiva: la reducción de la evasión fiscal extraterritorial (offshore, en inglés) que ha hecho posible el intercambio automático de datos bancarios.

Se trata de un dato importante, ya que, aunque sólo se trate de un tipo concreto de evasión fiscal, estaba muy concentrada en las rentas vinculadas al patrimonio. Sobre todo, ilustra el hecho de que se pueden realizar progresos reales en la lucha contra la evasión fiscal, mientras que muchas personas creen de buena fe que, al final, en un mundo globalizado, con la tecnología moderna, el poder económico, la riqueza… no hay mucho que se pueda hacer contra la evasión fiscal y que todo está condenado al fracaso. La lucha contra la evasión fiscal es un poco la historia del Quijote contra los molinos de viento. 

Este ejemplo demuestra que, en realidad, no es completamente así. De hecho, las nuevas formas de cooperación internacional pueden surgir con relativa rapidez, en unos pocos años, y esto ha llevado finalmente a una reducción de la evasión fiscal bancaria internacional, lo que constituye un progreso real que debe celebrarse.

Más allá de esta observación positiva, una de las conclusiones más llamativas del informe es la decepción en relación con el impuesto mínimo mundial sobre las multinacionales de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que usted califica de vacío de contenido.

La victoria sobre la reducción de la riqueza extraterritorial es sólo un pequeño aspecto del problema, y sigue habiendo problemas muy graves. Entre ellos, la cuestión de la fiscalidad de las empresas multinacionales.

Pensábamos que para 2021 habríamos logrado un avance decisivo. De hecho, hay que subrayar que este acuerdo internacional, en el que 140 países acordaron por primera vez un tipo impositivo mínimo del 15% para las empresas multinacionales, fue un paso adelante. En términos cualitativos, es un avance importante en la regulación de la globalización.

Desgraciadamente, el acuerdo ha sido un trabajo muy pesado que arroja resultados muy limitados. Desde 2021, se ha visto progresivamente limitado por diversas lagunas fiscales, cuyo efecto total ha sido reducir los ingresos en un factor de dos en comparación con lo que podríamos haber esperado en 2021 y en un factor de tres en comparación con lo que podríamos haber esperado en 2020, tras la victoria de Biden en Estados Unidos y cuando la ambición de la administración estadounidense era alcanzar un acuerdo internacional sobre una tasa del 21%.

Finalmente, en 2021 se alcanzó un acuerdo sobre una tasa del 15%, pero una serie de factores redujeron su eficacia, entre ellos una serie de exenciones y nichos, así como la no participación de Estados Unidos. Este último elemento es, por desgracia, una característica clásica de los acuerdos internacionales, como ya hemos visto con el Protocolo de Kioto sobre emisiones de gases de efecto invernadero, que Estados Unidos decidió no ratificar. 

En su forma actual, podemos esperar un aumento de la recaudación del impuesto de sociedades de sólo el 5% o incluso un poco menos a escala mundial. En resumen, se trata de mucho esfuerzo para un aumento que no está para nada a la altura del problema. 

Junto a las multinacionales, la otra gran conclusión del informe se refiere a la imposición fiscal de las personas físicas, con una propuesta de impuesto mundial a los multimillonarios. Ustedes cuantifican unos ingresos potenciales de 250 mil millones de dólares al año. ¿Cree que un impuesto de este tipo sería importante tanto en términos de ingresos potenciales como de justicia fiscal? 

Ambos aspectos son muy importantes. En primer lugar, uno de los grandes problemas de nuestros sistemas fiscales contemporáneos es que el sistema fiscal se está volviendo muy regresivo para los muy ricos, porque cuando se tiene mucha riqueza, es muy fácil actualmente estructurarla de tal manera que genere pocos ingresos gravables. 

Así es como las personas físicas más ricas consiguen tener tasas gravables de impuesto a partir de una renta muy baja, del orden del 2% en Francia, y quizá algo superiores al 8% en Estados Unidos. En cualquier caso, presentan tasas muy bajas en comparación con el resto de la distribución de la renta.

Cuando hablamos de la mitad de la riqueza de los multimillonarios del mundo, ellos también tienen tasas efectivas gravables de impuesto sobre el patrimonio muy bajas, del orden del 0 al 0.5% de su patrimonio colectivo. 

Este enfoque regresivo es difícil de aceptar: viola los principios más básicos. Como mínimo, nos gustaría que los agentes económicos más ricos y poderosos no tuvieran tasas efectivas más bajas que el resto de la población. Podemos discutir posibles reformas, pero en cualquier caso algo tan regresivo como el sistema actual es sin duda insostenible y socialmente inaceptable.

Pero la otra dimensión importante de esta fiscalidad de los multimillonarios es lo que representa en términos puramente presupuestarios. Es cierto que los multimillonarios a nivel mundial representan una pequeña población de menos de 3 mil personas. Sin embargo, se ha calculado por primera vez que, si se les gravara con una tasa mínima del 2% sobre su riqueza cada año, un impuesto de este tipo generaría casi 250 mil millones de dólares de ingresos fiscales en todo el mundo.

Para poner esta cifra en perspectiva, es interesante utilizar los órdenes de magnitud de lo que se necesita para combatir el cambio climático: las mejores estimaciones disponibles sugieren que los países en desarrollo necesitan 500 mil millones de dólares más de ingresos fiscales al año para combatir el cambio climático. Por tanto, un impuesto mínimo sobre los multimillonarios del mundo recaudaría 250 mil millones de dólares. Y si volviéramos al principio de 2020 para el impuesto mínimo sobre las multinacionales, es decir, una tasa del 21% sin exenciones, se recaudarían otros 250 mil millones de dólares.

Así que incluso estos dos impuestos mínimos bastante modestos –sin ser el gran evento de recaudación fiscal– podrían generar 500 mil millones de dólares al año y satisfacer estas necesidades.

¿Cuáles son los obstáculos prácticos para la implementación de un impuesto individual a los multimillonarios, dado que varias encuestas coinciden en que la opinión pública de los países de ingresos más altos está abrumadoramente a favor?

Existe una demanda muy fuerte de justicia fiscal. Incluso en Estados Unidos, este fenómeno es muy llamativo. Hubo encuestas en el contexto de las primarias demócratas de 2020 acerca del apoyo a un impuesto sobre el patrimonio del 2% a la riqueza para una fortuna de más de 50 millones de dólares, como lo proponía Elizabeth Warren: el 75% de los demócratas estaban a favor e incluso más del 50% de los republicanos e independientes.

Así que se trata de ideas muy populares, pero obviamente hay una serie de obstáculos que hay que superar. Podemos hablar de obstáculos relacionados con la captura o semicaptura de las élites políticas por parte de los muy ricos. Pero también hay obstáculos que tienen que ver más con las falsas imágenes relacionadas a la viabilidad de este tipo de sistema fiscal. 

Mucha gente piensa que, en realidad, la única manera de avanzar en la cuestión de gravar a los ricos es llegar a un acuerdo verdaderamente internacional, y que los países o incluso grupos de países no pueden hacer gran cosa individualmente, porque entonces los multimillonarios se irían, se marcharían al extranjero y se instalarían en paraísos fiscales.

Aquí es donde este razonamiento, aunque sea sostenido de buena fe por mucha gente, es profundamente erróneo. El error es ver la competencia fiscal como una ley de la naturaleza que tenemos que obedecer, cuando hoy elegimos dejar que los ricos se trasladen a paraísos fiscales sin tener que pagar impuestos en su país de origen en cuanto se trasladan allí.

Podríamos hacer una elección completamente diferente, que sería bastante lógica y que es una de las recomendaciones del informe. Si uno ha vivido mucho tiempo en Francia y ha adquirido allí una gran fortuna, aunque sea de otra nacionalidad, significa que se ha beneficiado de las ventajas y las infraestructuras del país. Por lo tanto, si decide trasladarse a un país donde los impuestos son más bajos, Francia puede aceptar su marcha, respetando su libertad de circulación. Sin embargo, seguiría teniendo que pagar impuestos en Francia como si viviera allí unos años más; y podemos discutir cuánto tiempo, 5 años, 10 años. Lo importante es que es una opción perfectamente factible y que de momento no estamos tomando. Esa es una de las cosas que hacemos en el informe: poner esta idea sobre la mesa para ilustrar realmente la idea de que en realidad se pueden hacer progresos muy concretos, incluso al margen de cualquier acuerdo internacional.

Creo que esta es la forma más probable de ver avances en los próximos años, que algunos países avancen unilateralmente hacia este tipo de sistema.

¿Podrían estos movimientos unilaterales conducir a más avances a nivel internacional? 

Es posible que estos avances se extiendan y así podamos llegar finalmente a acuerdos internacionales, algo así como lo que ocurrió con el intercambio automático de información bancaria, impuesto inicialmente unilateral de Estados Unidos con la normativa FATCA, incluso a los bancos suizos. Esto creó una nueva norma que ha sido adoptada internacionalmente.

En relación con esta cuestión de la viabilidad, usted también observa un cambio en el mapa de los paraísos fiscales, con Asia en particular ganando importancia como parte de la riqueza extraterritorial mundial. ¿Qué significa y qué cambia este aumento en Asia? ¿Es la lucha contra la evasión fiscal más compleja que hace veinte años?

Este cambio es a la vez producto de cambios económicos reales y, por otra parte, más una cuestión de naturaleza administrativa, es decir, de cosas que pertenecen a un orden más artificial.

El cambio económico real es simplemente el ascenso de Asia como potencia económica, su aumento como parte de la riqueza mundial. A esto se añaden cambios que son más de naturaleza administrativa, es decir, son los mismos bancos conocidos presentes en todo el mundo, en Suiza, en Asia, en los paraísos fiscales del Caribe, los que eligen las filiales en las que registrar sus cuentas, por ejemplo en Suiza o en Asia. Como se ejerció más presión sobre Suiza, en particular tras la crisis financiera de 2008, es posible que los bancos hayan tendido a registrar más algunas de sus actividades de gestión de patrimonios en sus filiales asiáticas, aunque todo ello se hiciera dentro de los mismos grupos. Este cambio no debe sobreinterpretarse, ya que implica en gran medida a los mismos actores. 

No obstante, esta tendencia refleja un fenómeno significativo, ya que históricamente, hasta los años noventa, estas actividades internacionales se desarrollaban exclusivamente en Suiza. La cuota de mercado de Suiza se mantuvo muy alta hasta la década de 2000, con un 50% del total. Lo que hemos visto desde entonces es la clara erosión del centro financiero suizo como consecuencia de los diversos ataques al secreto bancario.

En esta geopolítica de los paraísos fiscales, usted también presenta algunos datos interesantes sobre Dubái. Más allá de su imagen mediática, ¿qué importancia ha adquirido este centro financiero, y qué importancia ha adquirido en términos propiamente financieros?

Es extremadamente difícil obtener cifras sobre la cantidad de riqueza financiera gestionada en los Emiratos Árabes Unidos, y en Dubái en particular. 

Por otra parte, es cierto que disponemos de muy buenos datos sobre el sector inmobiliario, gracias a un estudio que utiliza el registro de todas las propiedades en Dubái. El volumen de las propiedades extraterritoriales, es decir, en manos de no residentes en Dubái, ronda los 200 mil millones de dólares. Una cifra similar a la de las propiedades londinenses en manos de no residentes. Así que hay mucho en juego, y en los casos que hemos podido analizar, hay muchas razones por las que personas de muchos países pueden querer tener propiedades en Dubái.

La evasión fiscal suele ser una de ellas, o por lo menos se traduce en evasión fiscal, en el sentido de que los ingresos procedentes de estas propiedades, o las propiedades mismas en el caso del impuesto sobre el patrimonio, no se declaran en los países de origen de los propietarios. Pudimos estudiar las propiedades de noruegos en Dubái, por ejemplo, y descubrimos que en el 70% de los casos no estaban declaradas. Esto da la impresión de que Dubái puede utilizarse hasta cierto punto como una nueva cuenta en Suiza.

Con el telón de fondo de la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia, también pensamos en el destino de los capitales rusos y los lugares –sobre todo en Europa– donde se concentraba. ¿Disponemos de datos fiables sobre este punto y se ha comprobado alguna evolución? 

Este es uno de los puntos sobre los que, como hemos señalado, no existen realmente datos accesibles. Lo que ocurrió en el momento de la invasión rusa de Ucrania, en términos estrictamente financieros, es bastante inquietante. En 2022, una parte muy importante de la riqueza de los oligarcas rusos estaba detenida en el extranjero, en gran parte en la Unión Europea, por ejemplo en Chipre, Luxemburgo, Malta, Mónaco, etc. Todo el mundo se dio cuenta de que se trataba de una debilidad potencialmente fatal para el régimen de Putin, que depende en gran medida del apoyo de estas grandes fortunas rusas. Así que al principio se pensó que se iba a arrojar luz sobre todo esto y hacer un censo de las fortunas extraterritoriales y de sus dueños para poder congelarlas y quizás incluso confiscarlas. Al final, la realidad de lo que se ha hecho es muy decepcionante. Sí ha habido congelaciones de activos, pero inicialmente sobre tipos muy concretos de activos, como bienes inmuebles en Londres o chalés en Ginebra. Una gran parte de estas congelaciones de activos tenían que ver con bienes inmuebles o yates.

Sin embargo, como todas las grandes fortunas internacionales, el grueso de su patrimonio está constituido por valores financieros diversificados y participaciones en sociedades de control. Y no se ha hecho ningún esfuerzo por identificar estos activos financieros, gestionados en su mayor parte por instituciones financieras occidentales. Todavía estamos en medio de esta horrible guerra, meses después de que comenzara la invasión. De hecho, no se ha hecho ningún progreso real en términos de transparencia financiera, cuando ésta podría haber sido una oportunidad para dar un paso más.

Una de las nuevas tendencias que usted identifica para la fiscalidad mundial es lo que describe como una carrera por las exenciones fiscales y las subvenciones a las industrias ecológicas. ¿Se trata de una dimensión de esta política de transición que se ha mencionado poco en los debates hasta la fecha? 

Sí, y es absolutamente necesario hablar de ello. En otras palabras, puede que estemos presenciando la transición hacia una nueva forma de disputa fiscal internacional.

Históricamente, desde la década de 1980, los países han competido sobre la base de las tasas impositivas legales, es decir, la carrera a la baja en las tasas del impuesto de sociedades. En promedio, a escala mundial, la tasa normal del impuesto de sociedades a principios de los años ochenta era de casi el 50%; hoy se sitúa entre el 20% y el 25%. De hecho, tenemos la impresión de que la naturaleza de la competencia fiscal está cambiando, y que ahora nos dirigimos hacia una competencia fiscal basada en créditos fiscales y subvenciones.

Empezó con las subvenciones que China concedía a los productores nacionales de energía verde, y luego con la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense, que intentó ser una respuesta de Estados Unidos. Más tarde la Unión Europea también tendría sus propias subvenciones y créditos fiscales. Y finalmente, en 2023, llegó la OCDE y dio luz verde a todo esto, diciendo que todos esos créditos fiscales eran bienvenidos. Por lo tanto, estos regímenes no se contabilizarían como reducciones fiscales a la hora de calcular el impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las empresas. A modo de ejemplo, esto significa que, si una empresa paga un 20% de impuesto de sociedades, pero luego se le concede un crédito fiscal equivalente a la mitad de lo que pagó, es decir, el 10%, su tasa efectiva real es, por tanto, del 10%, pero desde el punto de vista del impuesto mínimo se considera que ha pagado el 20%. Por lo tanto, no tendrá que pagar más. 

Este sistema ha legitimado esta nueva forma de competencia fiscal internacional. Y, de hecho, cuando se examinan las cifras, nos damos cuenta de que su costo presupuestario es potencialmente muy significativo y, en particular, mucho mayor que los ingresos fiscales adicionales que generará el impuesto mínimo del 15%. En un contexto post-Covid de elevados déficits públicos, tasas de interés a la alza y elevada deuda pública, esto plantea una buena interrogante.

¿Cómo podemos conciliar el hecho de que mientras estas políticas son aclamadas por el avance que representan en la acción climática, al mismo tiempo tienen consecuencias fiscales negativas?

Por supuesto, lo que hay que subrayar, y lo que destacamos en el informe, es que esta nueva forma de competencia fiscal internacional tiene aspectos ligeramente más positivos que la competencia fiscal tradicional.

Si se dirige a las energías verdes, por ejemplo, tiene un aspecto globalmente beneficioso, en la medida en que acelera la transición alejada de la economía del carbono: no es puramente de suma negativa, como la competencia fiscal tradicional, que consiste simplemente en desplazar los beneficios del país X al país Y, esencialmente en beneficio de los accionistas mundiales situados en la cima de la distribución de la renta y la riqueza.

Pero no debemos olvidar que estas políticas también presentan aspectos negativos de la competencia fiscal tradicional. En pocas palabras: ¿queremos llenar de subvenciones a Elon Musk? Y en última instancia, ¿quién se beneficia de esos créditos fiscales? Sobre todo los accionistas de las multinacionales y los empleados con altos ingresos de esas empresas, por lo que tiende a aumentar la desigualdad.

El problema de este enfoque para abordar el cambio climático es que mezcla el cambio climático por un lado y la desigualdad por otro, cuando en realidad hay toda una serie de políticas públicas que deben abordar ambas cosas.

Para luchar contra el cambio climático, no necesitamos dar enormes subvenciones del erario público a las grandes empresas estadounidenses, chinas y europeas. Tenemos que ser capaces de hacerlo mejor.

¿La idea es recordar a la gente que dar incentivos a las grandes empresas no es la única manera, ni la mejor, de avanzar en la transición climática? 

Mucha gente se ha dejado convencer de que los incentivos monetarios y fiscales, los créditos fiscales y las reducciones de impuestos son los que estimulan la actividad y la inversión, y que son las herramientas más eficaces de que disponen los gobiernos. Pero históricamente, si nos fijamos en las grandes batallas civilizatorias que se han librado, nunca se han ganado con créditos fiscales.

Cuando los estadounidenses construyeron miles de barcos Liberty en muy poco tiempo, no pensaron «vamos a dar a las armadoras un gran crédito fiscal para animarlas a construir suficientes barcos». Se trataba de invertir en infraestructuras, producción, provisión pública de bienes y servicios. Pero todo con normas. Todo lo que conlleva la economía de guerra es muy diferente de la idea que hay detrás de los créditos fiscales.

No digo que los créditos fiscales no tengan ningún papel que desempeñar. Pero creo que, por el momento, dependemos de ellos hasta cierto punto. Esto es cierto en Estados Unidos. Por supuesto, se puede decir que, a pesar de todo, es estupendo que Estados Unidos por fin esté haciendo algo para luchar contra el cambio climático, lo cual es cierto. Pero el énfasis en los créditos fiscales es demasiado limitado y no reduce las desigualdades. De hecho, es una continuación de la ideología de la competencia fiscal que ha dominado desde la década de 1980. 

Históricamente, eran todos los países europeos los que estaban a la vanguardia en esta competencia fiscal. Pero ahora tenemos la impresión de que Estados Unidos está a la cabeza. 

En cuanto a la competencia dentro de la Unión Europea, un punto muy interesante del informe se refiere a la competencia fiscal entre los Estados miembros y la proliferación de regímenes fiscales preferenciales dentro de la Unión Europea. Aparte de la dimensión internacional de la fiscalidad, ¿esta cuestión está en la agenda de la Unión?

Las instituciones europeas son muy ambiguas al respecto. Existe un grupo que vigila las prácticas fiscales perjudiciales, pero se limita a las prácticas que afectan a las empresas, y su influencia sigue siendo limitada.  

En los últimos 15 años hemos visto cómo un gran número de países creaban sus propios sistemas para diversas categorías: para pensionistas, para investigadores, para futbolistas, para multimillonarios… y así sucesivamente. Este fenómeno es profundamente corrosivo para la coherencia de la Unión Europea. De hecho, desde el punto de vista de la Unión, no hay absolutamente ninguna diferencia si trasladamos a un investigador de Francia a Dinamarca, o a los pensionistas ricos o a las personas de rentas altas en general, pero obviamente el efecto sobre los ingresos fiscales a nivel de la Unión es peor que la suma cero. Reduce los ingresos fiscales en general. Es más, estos regímenes conceden exenciones fiscales a personas ricas –a veces muy ricas–, lo que alimenta las desigualdades, algo que la Unión Europea no está regulando en absoluto por el momento. 

Lo que tenemos que entender es que, si queremos avanzar en este tema, hay una solución muy sencilla, que es la que ya describí, que consiste en seguir gravando a las personas que han sido residentes fiscales y que se trasladan a un territorio con un tasa impositiva más baja. Esta solución unilateral de «impuesto antiexpatriación», como se denomina en el informe, permite de hecho atacar de raíz todas las formas de competencia fiscal.

Con este método, no sólo resolvemos el problema de las grandes fortunas francesas tentadas de trasladarse a Bélgica o Suiza, sino más ampliamente el de las personas que viven en Francia desde hace mucho tiempo, que tienen rentas elevadas y que se verían atraídas por un régimen especial derogatorio italiano o griego. En este ejemplo, Italia y Grecia pueden hacer lo que quieran, pero ahora Francia dirá que eso no cambia nada desde el punto de vista fiscal y que los contribuyentes deben seguir pagando sus impuestos en Francia, lo que desvirtuaría por completo el interés de estos regímenes.

En estas condiciones, ¿qué papel podría desempeñar la Unión Europea en la coordinación de la fiscalidad internacional? En términos más generales, ¿hasta qué punto llevaría la comparación con la forma en que se aborda la cuestión del cambio climático a escala internacional?

En términos de coordinación internacional, estamos más avanzados en la lucha contra el cambio climático. Pero aún estamos muy lejos de lo que hay que hacer. Por el contrario, en términos de cooperación fiscal, es Europa la que ha sido pionera en la generalización y exacerbación de la competencia fiscal internacional, por ejemplo, si nos fijamos en la evolución de las tasas legales del impuesto de sociedades. Son los países europeos los que, uno tras otro, han bajado sus tasas: Francia, Alemania, Italia, mientras que Estados Unidos y Japón se han mantenido mucho más estables.

Y, por último, no fue sino hasta 2008 cuando Estados Unidos, que se encontraba con una tasa mucho más alta que la de los países europeos que habían ido bajando sus tasas del impuesto de sociedades uno tras otro durante 20 años, bajó repentinamente su tasa del 35% al 21%, aunque algo más tarde que la Unión Europea. El historial pasado y presente de la Unión Europea en estas cuestiones es que, desgraciadamente, ha desempeñado un papel muy negativo a la hora de hacer de la competencia fiscal una virtud.

Hay muchas formas en las que los países compiten y hay formas positivas de competencia internacional. Pero es importante entender que la competencia fiscal internacional es una forma muy negativa. En cambio, entre las formas positivas puede estar, por ejemplo, la competencia entre países para intentar tener el mejor sistema educativo. Esto es positivo porque beneficia a la mayoría de la población. Es positivo que compitan por tener el mejor sistema sanitario, las mejores infraestructuras públicas o incluso por ser los primeros en lograr cero emisiones de carbono: todas estas formas de competencia son buenas, entre otras cosas porque son bastante igualitarias y benefician a una gran parte de la población.

El problema es que existe una verdadera confusión mental en la Unión Europea, donde durante mucho tiempo la noción de competencia se elevó al rango de virtud, olvidando que podía haber formas negativas de competencia que debían prohibirse. Ha habido una evolución y una cierta toma de conciencia sobre estas cuestiones, pero aún no hemos llegado a ese punto.

El próximo gran acontecimiento internacional es la COP28 y las negociaciones sobre la financiación de las enormes necesidades de inversión para la transición climática. ¿Es el informe una forma de decir que, si nos alejamos de la ideología actual, podemos ver que en realidad existen recursos fiscales importantes y accesibles a escala mundial?

Se trata de decir que es posible, que esas dos ideas tan sencillas pueden llevarse a la práctica. Creemos que existe un impulso político. Hemos conseguido acordar una tasa mínima en 2021. Se ha reducido un poco, pero no es demasiado tarde. Podemos volver sobre ello en el espíritu de 2021 y cosechar 250 mil millones de ingresos fiscales si lo hacemos. Y luego aplicar el paralelismo entre multinacionales y grandes fortunas.

Las multinacionales y los multimillonarios son los dos tipos de actores económicos que más se han beneficiado de la globalización. También son los dos que tienen las tasas impositivas efectivas más bajas porque pueden aprovechar los paraísos fiscales y diversos mecanismos de evasión. Igual que tenemos una tasa mínima para las multinacionales, podemos hacer algo con los muy ricos. 

Ya lo hicimos una vez, no hay ninguna razón por la que no podamos hacerlo una segunda vez y, de hecho, la idea está muy en el aire en estos momentos. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, es muy interesante desde este punto de vista. En 2019 y 2020, Joe Biden hizo campaña contra las propuestas de impuesto sobre la riqueza presentadas por Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Pero una vez que llegó al poder en la Casa Blanca, incluyó en su propio presupuesto un impuesto sobre la renta a los multimillonarios de su propia creación, que no estaba en ninguna parte de su programa político. Incluyó en su presupuesto un impuesto que es básicamente muy similar a lo que podrían haber propuesto sus oponentes. Y ahora no pasa una semana sin que Joe Biden tuitee diciendo que ahora necesitamos un impuesto a los multimillonarios. Así que esa es ahora la posición del ejecutivo estadounidense.

Estamos viendo un cambio similar en Brasil. Hemos estado hablando mucho con los brasileños en el marco de los preparativos de la próxima cumbre del G20, y observamos el mismo interés. La cuestión de la falta de fiscalidad de las grandes fortunas y de cómo crear una nueva fase de debate internacional para ponerle fin de forma cooperativa ocupa el primer lugar de la agenda.

Después, hay que discutir los detalles del impuesto. Creo que es crucial que este impuesto mínimo sobre las grandes fortunas se exprese como porcentaje de la riqueza y no de la renta. Para las grandes fortunas, la definición de «renta» es, en efecto, el punto medular del problema, porque sigue siendo extremadamente fácil afirmar que se tienen pocos ingresos utilizando sociedades pantalla y todos los dispositivos de evasión que existen. Por el contrario, la riqueza está mucho mejor definida. Aunque no todo puede medirse perfectamente cada microsegundo, y habrá que definir reglas exactas para valorar los distintos tipos de activos, la riqueza sigue estando conceptualmente mucho mejor definida que la renta. Por lo tanto, es lógico que el impuesto mínimo sea un porcentaje de la riqueza o del patrimonio para los muy ricos.

Aún quedan algunos detalles por concretar, pero creo y espero que este informe contribuya a que los debates internacionales avancen muy rápidamente en la cuestión de cómo poner en práctica estas ideas, que ahora están muy presentes no sólo en la opinión pública, sino también entre los responsables políticos. Conviene recordar que Joe Biden fue uno de los más de 95 senadores que votaron a favor de la reforma fiscal de Reagan en 1986, que redujo la tasa impositiva máxima del 50% al 28%, la más baja de todos los países industrializados. Es el mismo Joe Biden que en 2020 no pasó una semana sin tuitear que los multimillonarios deberían pagar impuestos.

¿Qué plazos políticos cree que serán decisivos?

Esperamos conseguir algo en el próximo G20. Realmente espero, y tengo la impresión, de que existe una combinación de factores que podría permitirnos avanzar en el próximo G20, bajo la Presidencia brasileña.