El nuevo momento tocquevilliano de la Unión Europea

Desde 2008, la Unión Europea ha sufrido múltiples crisis y se ha enfrentado a formidables problemas contra su soberanía: la crisis de la deuda soberana, la afluencia de refugiados, el Brexit, la pandemia y la guerra de Ucrania. Poco preparada para asumir un papel geopolítico, ha adoptado no obstante una «brújula estratégica» y puesto en marcha políticas -monetarias, sanitarias y diplomáticas- sin precedentes en su historia reciente. Sin embargo, ante las rivalidades sino-estadounidenses y el resurgimiento de dinámicas imperiales, ¿puede seguir evitando la lógica del poder y fomentar la mediación, la negociación y la cooperación en un marco multilateral? ¿Debería renunciar de forma realista a cualquier pretensión de autonomía? Durante mucho tiempo prevaleció esta opinión. En los últimos años, al constatar la incapacidad de la Unión para definir una política exterior común y su debilidad en materia de defensa, que deja la toma de decisiones en manos de Estados Unidos, algunos analistas han llegado a la conclusión de que la autonomía estratégica es un espejismo¹. Otros hacen eco de la lección de Robert Kagan² según la cual los europeos, al no “ensuciarse” en el «lodo de la historia», se habrían emancipado del mundo hobbesiano, del estado de guerra de todos contra todos; habrían construido una isla de paz y prosperidad en el caos del mundo: la pacífica Europa kantiana en las antípodas de la belicista América hobbesiana. Según Kagan, la aversión de Europa al uso de la fuerza como medio para resolver los conflictos internacionales es el precio mismo de su impotencia, su deseo de pacificar el mundo no es más que un medio de enmascarar su vulnerabilidad en el equilibrio de fuerzas, mientras se beneficia del “paraguas” estadounidense. Por último, otros autores, como Étienne Balibar, propusieron hace diez años, -mucho antes de la guerra de Ucrania, calificada recientemente como «guerra justa»– una visión alternativa de Europa dedicada a renunciar a la lógica del poder para contribuir a civilizar la violencia: aunque la Unión no haya elegido de una vez por todas la religión del derecho contra el de la fuerza, y aunque esté lejos de haber puesto fin a la Machtpolitik, debe sin embargo alcanzar el estatuto de «mediador en fuga», renunciando a la rivalidad armada y al régimen habitual de la fuerza para influir en la evolución geopolítica actual³.

No obstante, hay que cuestionar la situación actual, en la que Europa asiste, en parte con impotencia, a las grandes maniobras de sus rivales. Frente a las ambiciones neoimperiales de Rusia y las ansias de hegemonía de China, o incluso de Estados Unidos, ¿es posible apostar por el fracaso del realismo político y desear, tanto en el exterior como en el interior, una política de impotencia? Nuestra apuesta sería más bien rechazar la alternativa maniquea entre realismo e idealismo en las relaciones internacionales. Porque los realistas, a diferencia del propio Tucídides, subestimaron el papel de los ideales, las pasiones y los factores políticos, como la naturaleza del régimen, en el desarrollo de la política exterior⁴; minimizaron el papel del poder blando y despreciaron las normas generadas por las organizaciones internacionales, que el derecho pretende incorporar. Sin embargo, no debemos ceder a la vana esperanza de que la Unión Europea haya renunciado para siempre a la violencia en el continente. Como señala Stanley Hoffman, nosotros también hemos tenido nuestras «ilusiones perdidas»⁵.

La ambición de esta contribución es, por tanto, contemplar una tercera forma de concebir la transición geopolítica de la Unión Europea. Ni puramente kantiana ni cínicamente maquiaveliana, la Unión debe adoptar principios de política exterior adecuados a su singular forma política: una república federativa que no es ni un Estado ni un imperio⁶. Bajo este espíritu, la idea de un nuevo «momento tocquevilliano» para la Unión permitirá responder tanto a los defensores de la vía kantiana como a los partidarios de una vía maquiaveliana para la Unión Europea⁷. Si, como señala acertadamente Kalypso Nicolaidis⁸, el primer «momento tocquevilliano» de la Unión se produjo durante el intento frustrado de dotarla de una Constitución, el segundo está apareciendo en la situación actual, tanto en el ámbito de la política exterior como en el de la política interior. La disputa constitucional anterior a 2005 nos llevaba a entender la transición política de la Unión desde un régimen elitista (aristocrático) a otro más democrático, aún inacabado. La controversia sobre el poder, unos 20 años más tarde, suscitó en el autor de La democracia en América -heredero de Montesquieu- una reflexión sobre las virtudes de una república federativa que no tiene por qué convertirse en un Estado federal⁹. Defendiendo la homogeneidad política de sus principios, la Unión debe afirmarse como una potencia y hacer frente a las «fracturas de la guerra extendida»¹⁰ y a la rivalidad sino-estadounidense que configura hoy una nueva Guerra Fría.

La «vía kantiana»: virtudes y límites del cosmopolitismo

Desde mediados de los años noventa, la Unión Europea ha sido interpretada como la encarnación de una «vía kantiana» de la política, en la estela de Sobre la Paz Perpetua. La avalancha de teorías neokantianas se remonta a la caída del Muro de Berlín y al Tratado de Maastricht, y prosiguió durante la redacción del Tratado Constitucional Europeo en los trabajos de Jürgen Habermas y Jean-Marc Ferry en particular¹¹. Su argumento es poderoso: experimento de cosmopolitismo a escala regional, la Unión une a los pueblos en torno a principios y valores universales, como los que recuerda el Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea incorporada al Tratado de Lisboa (dignidad, libertad, igualdad, solidaridad). En la Unión, los Estados miembros son democráticos; su forma política es una “casi federación” de Estados libres, capaz de extenderse a medida que se produzcan sucesivas ampliaciones. Bajo ese espíritu, Europa se inscribió bajo la bandera del derecho cosmopolítico kantiano. Gracias a la Carta de los Derechos Fundamentales, todo ciudadano está sometido a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y puede hacer valer sus derechos, que ahora son oponibles a su propio Estado nacional. El Derecho común europeo conserva y desarrolla elementos del Derecho cosmopolítico, que favorece la unión de los pueblos: tal es el caso de la libertad de circulación y de residencia de las personas en todo el territorio de la Unión. Arraigada en el universalismo de los derechos humanos, la interpretación kantiana de la integración también ha dejado su impronta en el análisis del método europeo de relaciones internacionales: la preferencia por una política diplomática y humanitaria hostil a la Realpolitik y resistente a las intimidaciones de la política de poder.

Sin embargo, algunas aporías derivadas del kantianismo parecen insuperables: ¿cómo puede una asociación libre de Estados, que normalmente se rige por el derecho de la gente, convertirse en algo más que una organización internacional y emprender el camino hacia una unión federal? ¿Y puede extenderse el modelo europeo al resto del mundo, cuando la Unión sí tiene fronteras? 

A este respecto, las teorías de la Europa cosmopolítica están resultando difíciles de llevar a la práctica. Por un lado, no hay nada obvio en aplicar un modelo universalista a una entidad dotada de una singularidad geográfica e histórica. Al menos en algunas de sus versiones, la Europa cosmopolítica rechaza erróneamente la cuestión de las fronteras y, por tanto, la de la Europa política¹². Presentar la Unión Europea como un proyecto cosmopolítico también lleva a veces a descuidar las contingencias de su historia¹³. Por otra parte, a escala regional, la Unión Europea ofrece una garantía de derechos a la vez más amplia y más restringida: más amplia para sus ciudadanos, que gozan de un derecho de residencia y estancia, así como de derechos sociales y políticos; más restringida para cualquier miembro de un tercer país, sobre todo si parecen ser una carga para los países de acogida. La desastrosa gestión de la «crisis migratoria» demuestra que los Estados miembros de la Unión rechazan cualquier ampliación del estatuto de ciudadanía a los extracomunitarios, que pueden tener dificultades para solicitar protección en virtud del derecho de asilo. Las ventajas de la ciudadanía no parecen destinadas a ampliarse, al menos por el momento; el derecho europeo probablemente nunca será un derecho cosmopolítico consumado. Por ello, los defensores de un cosmopolitismo fuerte, que pretenden aplicar los principios de la justicia global a todos los seres humanos en nombre de su igualdad ante la ley, critican el pseudocosmopolitismo europeo, que en realidad constituye un obstáculo para la justicia universal¹⁴.

Por último, el propio ideal cosmopolítico no es inmune a las críticas. Desde las profundas objeciones formuladas por Rousseau contra la idea de una sociedad general para toda la humanidad¹⁵, los detractores del cosmopolitismo subrayan que falta un sentimiento de pertenencia a nivel de la humanidad: aunque el ideal cosmopolítico tendiera a reducir el odio, la intolerancia y el miedo entre los pueblos, tendría dificultades para imponerse entre los ciudadanos que desean sentirse preferentemente protegidos por sus instituciones. Al mismo tiempo, el cosmopolitismo corre el riesgo de ocultar las fuentes del conflicto bajo una ideología humanista, al asignar a los seres humanos un bien común que sigue siendo ilusorio; neutraliza la posibilidad misma de una comunidad política (y no ética). Como idealista, el cosmopolita lucha contra la objeción de que su ideal moral conduce a una forma de despolitización: cuando se asocia al ideal de un Estado mundial sin fronteras e interpreta el derecho de visita como un derecho a vivir en la ciudad -lo que dista mucho de ser el caso para todos los defensores de la Europa cosmopolítica¹⁶-, el ideal de hospitalidad universal puede interpretarse como una cortina de humo para ocultar una voluntad de destruir las identidades políticas. Porque, ¿cómo pueden establecerse procedimientos de deliberación y toma de decisiones sin instituciones representativas¹⁷? ¿Es posible ir más allá del universalismo abstracto y encarnar los principios en comunidades concretas? ¿Y cómo defender la existencia y el poder en un mundo minado por la violencia? 

Si las formas de legitimidad invocadas por la Unión Europea (hostiles a la razón de Estado) revelan la identidad política de los europeos tras los dos suicidios colectivos del siglo XX, se plantea la cuestión de hasta qué punto este componente «kantiano» y «cosmopolítico» de la política europea podría bastar para proporcionar los recursos que permitan teorizar las condiciones de posibilidad de una capacidad de acción de la Unión, dotada de medios de poder, en el contexto actual de embrutecimiento de las relaciones internacionales. Kant ya había anticipado esta cuestión: «esta alianza (la alianza de paz acordada entre pueblos que pretenden evitar para siempre la guerra) no tiene por objeto adquirir ningún poder político, sino únicamente preservar y asegurar la libertad de un Estado para sí mismo y al mismo tiempo la de los demás Estados aliados»¹⁸. El autor de Sobre la Paz Perpetua no preveía fronteras definidas para su federación «puesto que todas las naciones libres participarán finalmente en la Europa racional»¹⁹. Así pues, la pregunta es la siguiente: si consideramos únicamente este aspecto cosmopolítico, ¿cómo podemos pensar en Europa como una entidad política capaz de encontrar su lugar en el contexto de las rivalidades entre las potencias del mundo?

El «momento maquiaveliano»: los riesgos del realismo

En las antípodas de esta «vía kantiana», que ciertos autores consideran carente de topos y de kairos, otros han tratado recientemente de reavivar la idea de un «momento maquiaveliano» en la Unión Europea. Hay que tomar nota de la metamorfosis de la Unión, cuando, bajo el impulso de las crisis que comenzaron desde 2008, la política de la norma le cede el paso a la política del acontecimiento: es entonces cuando se produce el «momento maquiaveliano», así bautizado a raíz de la evocación de John Pocock de la aventura republicana en Europa y en Estados Unidos²⁰. ¿Por qué Maquiavelo? La profunda transformación de Europa se produjo cuando la Unión, cuya propia existencia estaba amenazada, tomó conciencia de su finitud. Obligada a reinventarse o a correr el riesgo de disolverse, se convirtió en un actor político capaz de hacer frente a lo inesperado y de estar a la altura de los desafíos de la época. Porque Europa es ante todo un proyecto geopolítico, no normativo ni comercial; ni los derechos humanos ni el «comercio blando» -por importantes que sean- transmiten su esencia. Por tanto, hay que cambiar al protagonista del relato: ya no la Unión Europea, sino Europa como entidad geopolítica y civilizacional que debe redefinir sus ambiciones liberándose de las ilusiones de la “pax americana” y del “fin de la historia”. El realismo político pide que se considere a Europa en términos de «giro topológico», es decir, la cuestión de las fronteras. Según esta lectura, para convertirse en un actor geopolítico, Europa debe emanciparse del pensamiento universalista. Tiene que aceptar la finitud del espacio y el tiempo, y volver a aprender el lenguaje del poder, el territorio y la narrativa; el derecho y el mercado no son más que accesorios con los que los actores geopolíticos aprovechan su poder para alcanzar sus objetivos. La lección de Maquiavelo sigue vigente: para preservarse, siempre hay que reducir el poder de los adversarios o disolver las alianzas rivales, defender el propio territorio y protegerse de las propias vulnerabilidades estratégicas, pero también narrar y transmitir una memoria común que dé forma al «Nosotros» de la comunidad política. 

Esta nueva visión de la Unión prescinde de todo idealismo y no tiene nada que ver con la «utopía realista» europea: el «momento maquiaveliano» presupone virtuosos capaces de estar a la altura de la Historia. El paso del choros abstracto al topos concreto (en el espacio) y del chronos al kaeros (en el tiempo) exige una prudencia definida por las circunstancias. Ante las crisis agudas, se destaca el órgano ejecutivo, es decir, el Consejo Europeo, junto con una serie de actores clave (la Presidencia de la Comisión y el BCE). El Parlamento Europeo queda en un segundo plano frente a tales estrellas políticas²¹. Mientras que la Comisión encarna el enfoque funcionalista, el Parlamento incorpora una lógica federalista que no puede responder a las exigencias del «acontecimiento». En este sentido, sólo el Comité Ejecutivo del Consejo satisface la exigente descripción del puesto que se concibe en la cúspide de la Unión: sólo grandes hombres y mujeres como la excanciller alemana Angela Merkel pueden mostrar virtud ante la riqueza desenfrenada y responder a los grandes de este mundo -sean Putin, Erdogan o Xi Jinping-²².

Es justo decir que, a partir de ahora, las opciones, a menudo trágicas, deben ser asumidas por políticos «prudentes», capaces de sortear la buena o mala suerte pero también de contar la identidad histórica europea. La «vía kantiana» tiene quizás el defecto de su angelismo. Su incapacidad para adecuar los valores universales del derecho cosmopolítico a los retos concretos de la situación histórica nos lleva a valorar las lecciones de Maquiavelo. La guerra de Ucrania ha llevado a los europeos a tomar decisiones que reflejan esta «toma de conciencia geopolítica»: la entrega de armas letales a los ucranianos, una acogida a gran escala de los refugiados, sanciones económicas y políticas sin precedentes contra Rusia y un aumento del gasto militar, incluso en Alemania. Son decisiones históricas, destacando la cohesión de los gobiernos europeos y el fuerte apoyo de la opinión pública. Pero, ¿son la politización y la historización exclusivas de la democratización y la parlamentarización? ¿Puede la Unión salir de la esfera diplomática y entrar en la vía democrática restableciendo simplemente una adaptación del Concierto de las Naciones que puso fin a la epopeya napoleónica en 1815? ¿El deseo de “jugar en la cancha de los grandes» impone una agenda ejecutiva tan asumida que conduzca al riesgo de una deriva hegemónica y ponga en peligro a la democracia representativa? 

Tal visión de la política puede resultar aún más schmittiana que maquiaveliana. Reducida a la toma de decisiones en situaciones excepcionales, se limita a una política «improvisada» al margen del derecho común de los tratados²³. No es seguro, por tanto, que el realismo del enfoque maquiaveliano sea una panacea para el cosmopolitismo del enfoque kantiano²⁴. La indispensable «transición geopolítica» iniciada no debe llevar a los europeos a sacrificar su herencia cosmopolítica y los principios que de ella se derivan (cooperación, derecho de asilo, solidaridad), más necesarios que nunca para hacer frente a los retos que se plantean a los espacios comunes y a los bienes públicos mundiales²⁵. Entre la esperanza cosmopolítica y la Realpolitik, que retoma los misterios de la razón de Estado, debe abrirse una tercera vía para dar al proyecto europeo su vocación de futuro. Sin vender su alma en aras del equilibrio de poder, se trataría de defender una política de poder regulada por principios y, para llevarla a cabo, una república federativa auténticamente democrática: esto es lo que la Unión quiere y puede hacer valer en cuanto se distancie del modelo del Imperio²⁶.

El momento tocquevilliano de la Unión Europea

La conmoción provocada por la invasión rusa de Ucrania y el retorno de la guerra al continente europeo han suscitado una nueva toma de conciencia geopolítica: las cuestiones de seguridad y defensa en un contexto de decisiones de «rearme» de los Estados europeos; el retorno de la cuestión del territorio y las fronteras (decisión de ampliar en algún momento la Unión a los Balcanes occidentales y a Ucrania, Comunidad Política Europea); la competencia entre potencias por los recursos naturales (en particular, energéticos y agrícolas), etc. En este contexto, reflexionar sobre la situación y el futuro del proyecto político europeo significa distanciarse del modelo cosmopolítico, o bien renunciar a la idea de que Europa pueda convertirse en una entidad política específica, «una» potencia capaz de actuar frente a esos retos. Paradójicamente, sin embargo, favorecer una lectura del «momento ucraniano» como un «momento maquiaveliano» parece arriesgado porque, si bien una parte de la política europea tiene como objetivo dotarse de los medios de existencia política y de poder, la historia de los europeos muestra que la vertiente maquiaveliana del pensamiento político europeo también ha conducido a los choques de soberanías nacionales y a las «guerras en cadena»²⁷ contra las que se construyó la integración europea, al pretender sublimar las rivalidades políticas nacionales al compartir el ejercicio de la soberanía de los Estados.

Por tanto, es importante exhumar los recursos de un pensamiento político distinto de la «vía kantiana» y del «momento maquiaveliano» para teorizar el equilibrio necesario entre la exigencia de existencia política, estabilidad y poder, por un lado, y el respeto del ideal de paz y democracia íntimamente ligado a la herencia cosmopolítica europea, por otro. Este pensamiento político es el de la federación tal y como fue concebido y desarrollado en el contexto de la Ilustración por autores como Montesquieu y los padres fundadores de la Constitución estadounidense²⁸ y de Tocqueville. En el Libro IX de El Espíritu de las Leyes, Montesquieu dedicó desarrollos esenciales a lo que llamó la «república federativa», que definió así: «esta forma de gobierno es una convención gracias a la cual varios cuerpos políticos consienten en hacerse ciudadanos de un Estado más grande que desean formar»²⁹. El elemento contractual, en el corazón de la idea federal, es central en la medida en que evidencia la diferencia fundamental entre el Imperio y la Federación³⁰. En el caso del Imperio, la unidad del conjunto resulta de un acto de mando y de un vínculo jerárquico impuesto por un poder único y centralizado que ejerce su autoridad unilateralmente sobre todas las entidades sujetas a una obligación de obediencia hacia este último. En el segundo caso, se da lo contrario, es un acto de consentimiento libre y voluntario -el pacto o acuerdo, el foedus³¹– el que se sitúa como base de la Federación, definida como una «sociedad de sociedades, que hacen una nueva sociedad, que puede ser ampliada por nuevos asociados que se han unido»³².

El valor del análisis de Montesquieu reside en el hecho de que describe la finalidad de la unión federal, como una unión política de entidades políticas ya existentes que deciden libremente asociarse para preservar su existencia política. Esta finalidad consiste en proteger a las repúblicas (cuyo espíritu es la paz) contra el riesgo de guerra vinculado a las ambiciones de las grandes monarquías (cuyo espíritu es la conquista): «el espíritu de la monarquía es la guerra y el engrandecimiento; el espíritu de la república es la paz y la moderación»³³. Más concretamente, Montesquieu formaliza la idea de una «garantía mutua» en caso de ataque exterior y la convierte en uno de los principios fundadores de la república federativa, este «tipo de constitución que tiene todas las ventajas internas del gobierno republicano y la fuerza exterior de la monarquía». Del mismo modo, «este tipo de república, capaz de resistir a la fuerza exterior, puede mantener su grandeza sin que el interior se corrompa: la forma de esta sociedad evita todos los inconvenientes (…). Compuesta de pequeñas repúblicas, goza de las bondades del gobierno interior de cada una; y, con respecto al exterior, tiene, por la fuerza de la asociación, todas las ventajas de las grandes monarquías»³⁴. La lección de Montesquieu es una respuesta a la de Maquiavelo, o más bien al maquiavelismo ordinario con el que pretende «curar»³⁵ a los pueblos modernos. El Espíritu de las Leyes revela que la política no puede reducirse al paradigma de la guerra, y que la república federativa puede concebirse como una politeia que permite combinar la libertad (del gobierno republicano) y el poder (o, más exactamente, la defensa común, condición de la paz).

¿Puede la Unión Europea convertirse en una república federal? Es cierto que desde el Tratado de Lisboa dispone de una «cláusula de defensa mutua»³⁶ que parece próxima a la cláusula de ayuda mutua inherente a los pactos federales. Sin embargo, como ha demostrado recientemente Olivier Beaud, esa cláusula de ayuda mutua difiere de la de las federaciones en dos aspectos³⁷. En primer lugar, no es la Unión la que presta ayuda a un Estado miembro objeto de una agresión armada, sino que «la ayuda militar se organizará bilateralmente, de Estado a Estado»; tal cláusula no conduce, pues, a una federalización de la fuerza militar. Por otra parte, el Tratado de Lisboa parece confirmar la primacía del sistema de seguridad atlántico sobre el de la Unión. El artículo 42 estipula que la OTAN «seguirá siendo, para los Estados que formen parte de ella, el fundamento de su defensa colectiva y la instancia para su aplicación». A pesar de los progresos realizados en el ámbito de la política europea de defensa, un análisis similar se aplica a la «defensa común». La pregunta hoy es: ¿hasta qué punto la guerra de Ucrania y la geopolitización de Europa conducirán al desarrollo de una defensa europea³⁸?

De competencia estatal por excelencia, la defensa común está en el centro de cualquier proceso de creación de una república federal. Es precisamente una de las principales aportaciones del momento constitucional estadounidense a la idea de Federación³⁹. Más allá de la lectura dominante de la historia política de Estados Unidos, según la cual la Constitución de 1787 institucionalizó el ideal de un gobierno limitado en favor de la libertad y los derechos (separación de poderes, división de soberanía), los constituyentes concibieron la creación constitucional de la Federación, desde una perspectiva «geoestratégica», como un medio de reforzar el poder de la Unión de forma que pudiera defenderse tanto de la violencia interior como de la invasión exterior, encontrando así su lugar en el concierto de las relaciones internacionales⁴⁰. A este respecto, podemos releer los primeros artículos de los Federalist Papers escritos por John Jay⁴¹, que insisten en la idea de que la Federación debe basarse primero en un acuerdo general sobre las cuestiones relativas a la guerra y la paz. El objetivo común de la «seguridad federal» (según la expresión de Olivier Beaud) debe aplicarse no sólo en el plan exterior sino también en el plan interior para «preservar la unidad entre los Estados miembros», que es la garantía de la paz federal⁴².

Merece la pena mencionar aquí la aportación de Tocqueville quien, en la línea de los federalistas americanos de la época de la fundación constitucional, definió la Federación como un «gobierno nacional incompleto» basado en la «doble soberanía»: «la Unión tiene una soberanía artificial, los Estados una soberanía natural»⁴³. El interés de la teoría tocquevilliana reside en que plantea la espinosa cuestión del conflicto siempre potencial de la «lucha entre las dos soberanías», es decir, en última instancia, de la guerra en el seno de la Federación, y aporta una respuesta original y útil para reflexionar sobre la situación política contemporánea de la Unión. Según Tocqueville, la manera de evitar tal conflicto era que convergieran cierto número de condiciones sociológicas y políticas, que él denominaba «homogeneidad de civilización» entre «los diversos pueblos que la componen»⁴⁴. Sin volver sobre el controvertido concepto de «civilización», nos quedaremos con el principio de homogeneidad política, y no cultural, enunciado aquí: esta homogeneidad política debe ser suficiente para garantizar una unión duradera entre los Estados miembros de la federación; implica un acuerdo sobre los principios esenciales en los que se basa la Unión federal. Tocqueville hace eco de Montesquieu, que ya afirmaba que «la constitución federal debe estar compuesta por Estados de la misma naturaleza, especialmente republicanos»⁴⁵.

La exigencia de consenso sobre los principios políticos y jurídicos es una necesidad para la Unión, no sólo en el plan interior sino también en el plan exterior⁴⁶. Internamente, la estabilidad de un orden político y jurídico compuesto por Estados que han decidido libre y soberanamente unirse en una Unión más amplia para excluir cualquier riesgo de conflicto entre ellos a largo plazo, supone un grado mínimo de homogeneidad política que a su vez implica un consenso sobre estos principios comunes. En el caso de la Unión Europea, estos principios políticos han quedado consagrados en el Derecho de la Unión, que todos los Estados miembros suscribieron en el momento de su adhesión, no sólo en el artículo 2 del TUE, sino también en la Carta de los Derechos Fundamentales, adoptada en 2000 e incorporada al Tratado de Lisboa en 2009. La Carta subraya que la Unión no es sólo un vasto mercado, sino que consagra principios políticos y jurídicos y garantiza libertades.

Externamente, este grado de «homogeneidad política» es también una condición indispensable para garantizar la capacidad duradera de la Unión para hacer frente a los desafíos geopolíticos. El vínculo entre el tema de la cohesión en torno a los principios políticos y jurídicos de la Unión y las cuestiones geopolíticas de poder es esencial: el «poder» europeo es indisociable del sentimiento de «pertenencia» vinculado al respeto de los principios políticos y jurídicos que sustentan la existencia de la Unión y la identidad (geo)política de los europeos⁴⁷. Según el artículo 21 del Tratado de Lisboa, la Política Europea de Seguridad Común debe permitir a la Unión salvaguardar sus valores, intereses fundamentales, seguridad, independencia e integridad; consolidar y apoyar la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y los principios del derecho internacional; preservar la paz, prevenir los conflictos y reforzar la seguridad internacional; apoyar el desarrollo sostenible y fomentar la integración de todos los países en la economía mundial; preservar y mejorar la calidad del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales del planeta; ayudar a las poblaciones, los países y las regiones que se enfrentan a catástrofes; promover un sistema internacional basado en el refuerzo de la cooperación multilateral y la buena gobernanza mundial. La necesidad de consenso sobre estos principios presupone superar el desafío de las autoproclamadas «democracias antiliberales», en realidad «autocracias electorales», que bajo la bandera de Viktor Orbán en particular, atacan los valores universales y pretenden descartar la Ilustración, fuente de ideales federalistas secularizados para la Unión⁴⁸.

El pensamiento político federativo de Montesquieu y Tocqueville ofrece así valiosos recursos para diseñar y poner en práctica la conciencia geopolítica esencial de la Unión sin sacrificar el ideal de paz y democracia en el corazón de la herencia cosmopolítica. Ambos enseñan que el objetivo de la república federal, como forma político-jurídica, es poner fin a la guerra entre los Estados que la componen: en otras palabras, la prohibición de la guerra intrafederal es el fundamento de la idea federal porque la puesta en común de las soberanías nacionales sustituye a su enfrentamiento. Ambos invitan a tomar en serio los factores geopolíticos que enfrentan a las potencias y a concluir que Europa no debe ceder al repliegue nacionalista ni al egoísmo autárquico. En el contexto de la guerra de Ucrania, el proyecto europeo debe emprender una transición geopolítica para presentar un frente unido a los desafíos del poder, reforzando al mismo tiempo la puesta en práctica del ideal de seguridad, libertad, prosperidad y solidaridad que lo impulsa desde hace casi tres cuartos de siglo. De este modo, sin abandonar sus principios, Europa podrá aceptar su finitud.