«Cada vez que la izquierda da la espalda a sus prioridades, lo paga caro», una conversación con Manon Aubry

¿Qué balance hace de la legislatura europea de 2019 a 2024?

En primer lugar, esta es mi primera legislatura. No tengo la retrospectiva que pueden tener los viejos lobos políticos. Sin embargo, han pasado muchas cosas a nivel europeo en los últimos 4 años. Nos hemos enfrentado a una acumulación de crisis sin precedentes: primero la pandemia, después la guerra de Ucrania, después la crisis energética y los desastres climáticos, después la crisis de la inflación. No creo que ningún mandato haya visto tantas crisis en tan poco tiempo.

Estas crisis han sacudido varios de los dogmas sobre los que se construyó la Unión Europea, y han abierto varias brechas.

La pandemia mostró los estragos de la desindustrialización. En plena crisis de Covid, fuimos incapaces de producir en suelo europeo cantidades suficientes de mascarillas, es decir, un trozo de papel y un resorte. La pandemia también mostró los estragos del libre comercio cuando las cadenas de suministro estaban completamente desorganizadas. Mostró los estragos de la austeridad, cuando los hospitales estaban completamente desbordados.

Después, la guerra de Ucrania y la crisis energética mostraron los límites del enfoque «todo competencia y todo mercado». Pusieron de manifiesto nuestra dependencia de los combustibles fósiles y nuestra pérdida de soberanía en materia energética. El mercado europeo de la electricidad ha acelerado la subida de los precios en lugar de frenarla.

Por último, la crisis social y la inflación alimentaria han mostrado la necesidad de compartir la riqueza y la necesidad de la intervención pública para controlar los precios.

Al final de la legislatura, podemos constatar que varios dogmas liberales han sido puestos en tela de juicio, ya se trate de las normas presupuestarias o de las normas sobre ayudas estatales, que han sido suspendidas, o del mercado de la electricidad, actualmente en proceso de reforma.

Tales crisis muestran los límites de todos los fundamentos neoliberales sobre los que se ha construido la Unión Europea hasta ahora, y plantean interrogantes sobre el rumbo a seguir para este último año de mandato y el próximo.

¿Volvemos a las andadas, por ejemplo, en materia de normas presupuestarias? ¿Resucitaremos las viejas normas de un déficit del 3% y una deuda pública del 60%, como propone la Comisión, con todos los sacrificios presupuestarios que eso implica? ¿O avanzamos hacia una nueva forma de gobernanza económica que esté a la altura de los retos sociales y ecológicos actuales? Esa es la gran cuestión de estas elecciones: ¿vamos a volver a las andadas del enfoque liberal de siempre que está aplastando vidas y el planeta, o vamos a derribar esos dogmas?

¿Qué opina del grupo que copreside, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica)?

Estoy orgullosa de copresidir el Grupo de Izquierda, con el que hemos logrado victorias concretas como un estatuto protector para los trabajadores de plataformas y el deber de vigilancia para las multinacionales. También hemos ganado batallas culturales que parecían inimaginables al principio de nuestro mandato: ahora todo el mundo hace suyas nuestras palabras sobre el proteccionismo, la deslocalización, los impuestos sobre los superbeneficios, la planificación, el control de los precios y la reanudación del control público sobre el mercado.

En todas esas cuestiones, sin embargo, la Unión Europea se ha detenido a mitad de camino. Ha introducido un plan de recuperación, pero con una suma tres veces inferior a la solicitada por el Parlamento Europeo, y con reformas neoliberales a cambio. Ha introducido un impuesto sobre los superbeneficios, pero sólo temporal y dirigido al sector energético. Ha suspendido las normas presupuestarias, pero ahora quiere recuperarlas con sanciones reforzadas.

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Estamos en un punto de inflexión, en una encrucijada para la Unión Europea. Las elecciones europeas serán profundamente políticas porque hay alternativas fuertes que decidir. Tenemos que convertir nuestras victorias culturales en victorias políticas.

En los últimos años se han decidido muchas cosas a escala europea. Esto da aún más importancia a nuestras reivindicaciones democráticas, como el derecho de iniciativa de los eurodiputados y el control de la política monetaria del Banco Central Europeo.

¿Cuál es su balance personal de este primer mandato?

Hemos conseguido algunas victorias importantes, por ejemplo, sobre el deber de diligencia de las multinacionales. Esa es una de las razones que me llevaron al Parlamento Europeo. Establecimos un marco jurídico vinculante que pondrá fin a la impunidad de las multinacionales por violaciones de los derechos humanos y destrucción del medio ambiente. Es un gran paso adelante, al igual que la presunción de que los trabajadores de plataformas son empleados, por la que luchó mi colega Leila Chaibi.

Pero también hay frustración y rabia. No hemos avanzado lo suficiente en la lucha contra la evasión fiscal. Sigue habiendo paraísos fiscales en el corazón de la Unión Europea. Han estallado nuevos escándalos y lobbies de todo tipo -incluidos terceros países- siguen teniendo un bastión en el Parlamento Europeo, como demostró el Qatargate. Se ha hablado mucho de transparencia y ética, pero se ha actuado muy poco.

En cuestiones ecológicas, ha habido cierto impulso, pero ahora está en gran peligro, sobre todo bajo el efecto de la nueva alianza entre la derecha y la extrema derecha, concomitante con el actual resurgimiento de los acuerdos de libre comercio. El discurso de Emmanuel Macron sobre una «pausa medioambiental europea» en este contexto ¡es muy irresponsable!

Por último, he tenido varias veces la impresión de que los debates en el Parlamento Europeo, los más importantes de los cuales se celebran a puerta cerrada, están completamente desconectados de la realidad de los ciudadanos. Sigue habiendo enormes muros que separan las instituciones europeas de la gente. Creo que nuestro papel es derribar esos muros y reconstruir puentes con la ciudadanía. Desde ese punto de vista, todavía queda mucho trabajo por hacer, sobre todo dada la opacidad con la que se toman las decisiones europeas.

En cuanto a la alianza o acercamiento entre la derecha tradicional y la derecha radical/extrema derecha, hace poco apuntábamos que el gobierno de Meloni y el Partido Popular Europeo (PPE) podrían acercarse. Desde el Parlamento Europeo, ¿cómo ve esa evolución? ¿Ha visto una vuelta a un discurso de derecha radical por parte de personas que antes estaban en la derecha moderada? ¿Se ha vuelto más frágil el grupo del PPE como consecuencia del desacuerdo sobre la línea a seguir en los próximos años en cuestiones identitarias y económicas?

El ascenso de la extrema derecha y la convergencia de la derecha y la extrema derecha son dos tendencias que se refuerzan mutuamente. A nivel nacional, vemos esa convergencia en una serie de Estados miembros en un programa que es económicamente liberal, casi escéptico en cuestiones ecológicas, autoritario en cuestiones democráticas y ultraconservador en cuestiones sociales. Es el caso de Italia, Suecia, Finlandia y quizás mañana en España, si el Partido Popular y Vox ganan juntos el 23 de julio.

En el Parlamento Europeo se observa una dinámica similar. La derecha y la extrema derecha están en proceso de desplazar la Ventana de Overton, es decir, de desplazar los límites de lo que se considera aceptable. El cordón sanitario está en proceso de romperse por completo, como en Francia, donde los macronistas no dejan de darle puntos buenos a Reagrupación Nacional.

Hay una trumpización de la vida política europea que se refleja en que las obsesiones de la extrema derecha están siendo asumidas por la derecha, en particular en la demonización de la ecología, las cuestiones LGBTI, los derechos de las mujeres, los migrantes y los musulmanes. Estamos ante una verdadera ofensiva reaccionaria.

Este movimiento fundamental está alimentado por movimientos políticos como Vox en el sur, el PIS polaco y el Fidesz de Orban en el este, que atacan frontalmente nuestros derechos fundamentales, en particular el aborto.

Este cambio en la dinámica política del Parlamento Europeo cambia las reglas del juego. Tradicionalmente, el S&D ha gobernado con el PPE, siguiendo una línea económica muy liberal, promercado, libre comercio, austeridad, etc. Durante esta legislatura, esa «gran coalición» se amplió para incluir a Renew. Pero el acercamiento del PPE a la extrema derecha está poniendo todo en cuestión. Hace unas semanas, Iratxe García Pérez, la presidenta del Grupo Socialista, dijo en una entrevista que la cogestión con el PPE estaba acabada si la derecha continuaba su alianza con la extrema derecha. Se trata de un hecho político importante.

Plantea la cuestión de la creación de un frente común de la izquierda en el Parlamento Europeo. Como presidenta del Grupo de Izquierda, hice esa propuesta a los presidentes de los grupos verde y socialista. Les dije que, por supuesto, nunca estaríamos de acuerdo en todo, pero que teníamos que coordinar realmente a los grupos de izquierda para que juntos pudiéramos tener peso en el Parlamento Europeo.

La ley de restauración de la naturaleza es un ejemplo llamativo. Se trata de una legislación importante para proteger la biodiversidad en Europa en un momento en que el 40% de las aves han desaparecido en los últimos cuarenta años. Pero la derecha y la extrema derecha unen sus fuerzas para derrotarla. Ante la emergencia ecológica, los grupos de izquierda tienen la responsabilidad de defender con uñas y dientes cualquier avance en favor de la naturaleza y el clima.

En este nuevo juego político, con dos bloques de igual tamaño de izquierda y derecha en oposición frontal, el grupo de Emmanuel Macron está totalmente aislado. Corresponde a los liberales elegir bando, no a nosotros renunciar a nuestra ambición. Además, vemos que están muy divididos, siguiendo el ejemplo de sus votaciones sobre la ley de restauración de la naturaleza. Cuatro miembros del grupo dirigido por Stéphane Séjourné en la comisión ENVI (del Medio Ambiente) votaron en contra del texto. Les corresponde a ellos asumir su responsabilidad.

Me permito decir que hay que dejar de buscar compromisos que reúnan al 95% de los miembros del Parlamento Europeo. Hay que hacer política, de lo contrario lo único que se consigue es compromiso o inacción. Hay que aceptar que habrá conflictos y luchas de poder.

Ya estamos cerca en este tema con los ecologistas. Por otra parte, es un tema que sigue dividiendo a los socialdemócratas. Algunos, como en Dinamarca, se inclinan hacia la derecha y la extrema derecha. Otros, como en España, han optado por aliarse con el resto de la izquierda para gobernar juntos. La creación de Sumar, que agrupa a todos los partidos verdes españoles y a los partidos escindidos de la izquierda, es una excelente noticia. Creo que ese modelo puede extenderse por toda Europa. Necesitamos un frente común de la izquierda para defender el aborto, luchar contra el autoritarismo, proteger los derechos de los migrantes, salvar la acción climática, pero también para tener ambiciones en materia social y de distribución de la riqueza. Si estamos desunidos, la agenda de la derecha y de la extrema derecha ganará la partida.

La izquierda está dispersa en los distintos países. ¿Puede cambiar esto? ¿Cuáles son los temas en los que la izquierda podría unirse? ¿Por qué la derecha y la extrema derecha se aprovechan de la situación actual cuando crisis como la inflación y las pandemias podrían beneficiar a las izquierdas?

En Italia y Alemania, la cuestión estratégica central se les presenta a los socialdemócratas. Aliarse con los liberales o adoptar sus consignas no sólo desune a la izquierda, sino que le hace perder su sentido. Es lo que ha ocurrido en Francia. François Hollande era presidente de la República en 2017, pero el Partido Socialista sólo obtuvo el 1.7% en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

Cada vez que la izquierda da la espalda a sus prioridades -la redistribución de la riqueza, la bifurcación ecológica, la participación democrática- lo paga caro. Es lo que está ocurriendo en Italia y Alemania, con el resultado de que una postfascista como Méloni llegó al poder y la AFD ha experimentado un ascenso muy preocupante. Eso no sucedió por casualidad. En Italia, fue el Partido Democrático el que liberalizó algunos servicios públicos y elevó la edad de jubilación. En Alemania, el SPD se alió con los liberales y les permite exigir más austeridad a escala europea.

En Francia, la NUPES hizo la elección contraria, construyó un programa de ruptura con el pasado con fuertes ambiciones sociales, ecológicas y democráticas. Gracias a ello, Jean-Luc Mélenchon ganó el 22% de las elecciones presidenciales y la NUPES obtuvo 150 escaños parlamentarios. La NUPES puede ser un modelo a escala europea. A los socialistas europeos les interesa crear un bloque de izquierda y ecologista. Podemos ponernos de acuerdo en temas clave: acción por el clima, acabar con el libre comercio, armonización social, gravar los superbeneficios, acoger a los exiliados, etc.

¿Cómo se puede crear un bloque de izquierdas cuando muchas cuestiones nos dividen, como nuestra posición sobre la guerra en Ucrania?

La Unión Europea se ha mostrado muy reactiva ante la crisis de Ucrania. Contrariamente a lo que se ha dicho, hemos votado a favor de la mayoría de los textos de apoyo a Ucrania, ya sea en términos financieros, militares o logísticos, o en relación con los refugiados o las sanciones.

Lo que pedimos, sin embargo, es trabajar en paralelo en una iniciativa diplomática con terceros Estados para allanar el camino y salir de la crisis, estableciendo al mismo tiempo una condición previa esencial, a saber, la retirada de las tropas rusas. Nuestro objetivo prioritario debe ser el retorno de la paz. 

En cuestiones de defensa, en la izquierda discrepamos sobre la OTAN. En cambio, podemos estar de acuerdo sobre las iniciativas europeas de cooperación industrial. No estamos en contra del principio del proyecto ASAP, cuyo objetivo es apoyar a la industria europea de municiones. Se trata de una forma de proteccionismo europeo para limitar nuestra dependencia de los productores de terceros países. En cambio, denunciamos la posibilidad de utilizar los fondos de cohesión para producir armas, lo que no tiene sentido. Por no hablar de las excepciones previstas al derecho laboral para los empleados de esas industrias, contra las que los sindicatos tenían razón en advertir.

Para mí, el principal problema a nivel europeo desde el inicio de la guerra en Ucrania ha sido la escasa respuesta a las consecuencias económicas y sociales. El Banco Central Europeo ha aumentado drásticamente las tasas de interés oficiales, aun reconociendo que la inflación se debe a los superbeneficios y no a un aumento de la demanda. Por último, hay una serie de problemas sin resolver: el mercado de la energía, que ha amplificado la explosión de los precios, la negativa a adoptar una lógica de congelación de los precios, la negativa a rehacer un plan europeo de emergencia social para hacer frente a la crisis, o incluso a introducir una fiscalidad real de los superbeneficios.

Si es posible cuestionar ciertas teorías neoliberales en un solo mandato, parece que la Unión Europea puede reformarse. Tal es el sentido del artículo publicado en el Grand Continent por Yolanda Díaz, que llama a la izquierda a unirse para reformar Europa y superar el consenso neoliberal, que según ella no es consustancial a la Unión Europea, sino un estado de cosas que podría superarse. ¿Está de acuerdo en que es posible cambiar la Unión Europea desde dentro estableciendo un equilibrio de poder? ¿Cómo ha evolucionado la posición de la izquierda social respecto a la Unión Europea?

En primer lugar, me gustaría subrayar que me niego a entrar en el debate de «a favor o en contra de la Unión Europea». Es una pregunta sin sentido, porque la Unión Europea legisla tanto textos que defendemos como textos que rechazamos. Es un espacio de poder, y debemos utilizarlo como cualquier otro para librar nuestras batallas. Estamos a favor de las normas medioambientales europeas -a menudo más ambiciosas que las francesas-, de los derechos concedidos a los trabajadores deslocalizados y del deber de diligencia de las multinacionales. Estamos en contra de los acuerdos de libre comercio, la austeridad y la apertura de los servicios públicos a la competencia.

En el Parlamento Europeo, de lo que se trata es de usar ese marco para impulsar cualquier avance posible. El Parlamento Europeo no es el lugar adecuado para revisar los tratados, por ejemplo, para permitir una armonización social al alza. Para eso habría que llegar al poder en Francia. Pero podemos preparar el terreno y librar batallas culturales.

El 1 de julio de 2023 marca el fin de las tarifas reguladas del gas. La liberalización de las tarifas significa de facto precios más altos. Por supuesto, nos oponemos a ello. Al contrario, queremos que la energía sea un bien común, bajo control público. Mi colega Marina Mesure y yo lucharemos en el Parlamento Europeo contra la futura supresión de las tarifas eléctricas reguladas. Y si la NUPES gana las elecciones en Francia, nos negaremos a aplicar esas medidas, que precarizarán aún más a los más pobres.

La Comisión Europea también pide a Francia que liberalice y venda Fret SNCF. Estamos en contra, porque Francia ya está muy atrasada en el transporte ferroviario de mercancías. La transferencia modal del transporte de mercancías es del 9%, frente a una media europea del 18%. Tampoco en ese caso podemos limitarnos a decir «ni modo, así son las cosas». Tenemos que dar un paso al frente y desobedecer.

La Unión Europea es el resultado de luchas de poder. Los liberales y la extrema derecha lo entendieron desde hace mucho tiempo, a diferencia de la izquierda. Es crucial que la izquierda y los ecologistas asuman por fin la responsabilidad de construir relaciones de poder a escala europea, y que lo hagan mediante una estrategia conjunta. Como presidenta del Grupo de Izquierda, eso es lo que intento hacer. También debemos hacerlo en los países donde estamos en el poder o donde podemos llegar al poder, y esto se aplica en particular al Sinn Féin en Irlanda, a Sumar en España y a la NUPES en Francia. 

¿Tiene la impresión de que los franceses están menos implicados en la política europea que otros países? ¿Se traduce esto en diferentes enfoques y diferentes niveles de conocimiento de las instituciones y de su funcionamiento, y en una presencia diferente dentro de las instituciones, tanto a nivel político como entre los funcionarios?

La distancia entre los ciudadanos y las instituciones europeas es el resultado de la opacidad institucional con la que se organizan los debates. Se trata de un importante déficit democrático que propicia la corrupción y los conflictos de interés. Los únicos debates accesibles al público son los que se celebran en el Parlamento Europeo. Sin embargo, son las reuniones de negociación -las reuniones en la sombra y los diálogos a tres bandas- las que constituyen el núcleo de la maquinaria legislativa europea. Creo que esa opacidad institucionalizada se ha construido para distanciar a las instituciones europeas de los ciudadanos de Europa.

Negociar un texto a puerta cerrada significa no tener que rendir cuentas. Así es como algunos eurodiputados se tomaron la libertad de afirmar que no hay certeza de que 6 500 personas murieran en las obras del Mundial de Qatar. Tales afirmaciones, que constituyen el Qatargate, nunca se habrían defendido en una reunión pública.

El Qatargate ha dado la impresión de que algunos eurodiputados interpretan su mandato como una misión de lobby para Estados extranjeros, empresas y consultorías. ¿Cómo acercar la política a los ciudadanos en este contexto?

La izquierda lleva mucho tiempo tratando la cuestión de las puertas giratorias, es decir, la utilización de un mandato como eurodiputado o alto funcionario para trabajar después en una empresa de lobby, o incluso para desempeñar ambas funciones simultáneamente.

Podemos actuar contra esos grandes conflictos de interés introduciendo un periodo de cooling-off, un periodo durante el cual un eurodiputado no pueda trabajar para una empresa de lobbies al final de su mandato, para evitar las idas y venidas. Pedimos que sea de dos años, como ya es el caso en la Comisión, pero la derecha y los liberales quieren reducirlo a seis meses, lo que no serviría para nada en la práctica.

En segundo lugar, habría que prohibir las remuneraciones adicionales. Los eurodiputados ya cobran bastante, no necesitan un segundo empleo que inevitablemente crea numerosos conflictos de interés. Sobre el texto relativo al deber de diligencia, gran parte de las enmiendas destinadas a destripar el texto fueron presentadas por una eurodiputada del PPE, Angelika Niebler. A ella le paga entre mil y cinco mil euros una empresa acusada de violar los derechos humanos en una presa en Brasil y un bufete de abogados que asesora a empresas acusadas sobre el deber de diligencia.

Lamento que seamos los únicos que luchamos por la introducción de esas herramientas a raíz del Qatargate. Todos hicieron grandes declaraciones, con la mano en el corazón, en el hemiciclo. Pero en cuanto volvieron a la opacidad de los debates, todas las bellas promesas que habían defendido públicamente quedaron olvidadas y aplazadas hasta las calendas griegas.

¿Cómo resolver el déficit democrático y el problema de la lejanía del centro de decisión?

El Parlamento Europeo parece a veces un lugar aséptico, despolitizado, donde todo parece igual. Para acercar la política a los ciudadanos, necesitamos llevar al Parlamento Europeo las voces de las personas, las asociaciones y los sindicatos. Tenemos que volver a politizar el Parlamento Europeo y expresar la rabia que bulle. Tenemos que volver a llevar al hemiciclo las advertencias de los activistas climáticos y la experiencia de quienes se quedan sin comer a causa de la inflación alimentaria. También necesitamos establecer el vínculo entre los ciudadanos y la toma de decisiones a escala europea, para que puedan reclamarla. Este es un reto particular para los franceses, a quienes se les ha robado su voto, ya que nuestro «no» en el referéndum de 2005 se ha traducido en un «sí» de facto con el Tratado de Lisboa.

Cuando entró al Parlamento Europeo, ¿qué fue lo que más le sorprendió?

Era mi primer mandato. Así que obviamente muchas cosas me sorprendieron, a pesar de mi experiencia como portavoz de la ONG Oxfam, donde ya me había enfrentado a los lobbies en mi lucha contra la evasión fiscal. Era consciente del poder que ejercen, a pesar de que Bruselas tiene la segunda mayor concentración de lobbies del mundo, con una razón de 7 lobistas por eurodiputado. Aunque era consciente de ello, me sorprendió sin embargo el peso de los intereses privados en la práctica, aún mayor de lo previsto. Es vital acabar con la opacidad generalizada de las instituciones europeas.

Por otra parte, creo que el funcionamiento del Parlamento Europeo nos ofrece más posibilidades políticas que la Quinta República francesa, donde la oposición sólo tiene un campo de juego limitado cuando un gobierno tiene mayoría absoluta. En el Parlamento Europeo, como algunas enmiendas o textos se deciden por muy pocos votos, podemos tener un papel decisivo, y lo hemos tenido en varias ocasiones. Esto es aún más cierto hoy, cuando la coalición entre socialistas y conservadores se está desmoronando.

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¿Qué estrategia electoral europea debe ponerse en marcha de cara al 9 de junio de 2024?

La Unión Europea se encuentra en una encrucijada. En este contexto, es aún más importante que la izquierda tenga un programa ganador y no sólo defensivo frente a la derecha y la extrema derecha. No debemos aceptar una vuelta al pasado y, aunque pueda resultar tentador centrarse en proteger lo que ya existe, debemos ir más allá.

Se plantean varias preguntas.

¿Estamos a favor o en contra de una vuelta a los dogmas neoliberales? ¿Queremos austeridad o indicadores alternativos de crecimiento? ¿Queremos inacción social o nuevos recursos propios para repartir la riqueza? ¿Queremos nuevos acuerdos de libre comercio o un verdadero proteccionismo europeo para relocalizar y reindustrializar? ¿Queremos la competencia total o el control público de la energía y los transportes y la supresión de los bienes comunes del mercado?

¿Estamos a favor o en contra de una pausa en las normas medioambientales europeas? La derecha y la extrema derecha atacan sistemáticamente el Pacto Verde. Macron ha desobedecido las normas medioambientales y muchos líderes europeos lo siguen ahora. Creo que no sólo hay que aplicar el paquete climático, sino que hay que reforzarlo para que cumplamos los acuerdos de París, ¡lo que hoy está lejos de ser el caso!

De cara a las elecciones europeas de 2024, también debemos preguntarnos por la solidaridad y la emancipación. ¿Queremos financiar muros en las fronteras de la Unión Europea o crear una organización de salvamento de personas en el mar? ¿Queremos proteger el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales y avanzar en los derechos LGBTI, en particular la libertad de género, o dejar morir a las mujeres en Polonia porque se les prohíbe abortar? ¿Queremos proteger el Estado de derecho o queremos contribuir a fastidiar a los Estados por las ayudas públicas a su empresa pública de transporte de mercancías? Es una cuestión de prioridades. No podemos poner el Estado de derecho al mismo nivel que las cuestiones de competencia.

Estas grandes cuestiones serán los temas centrales de 2024. Las proyecciones de los resultados electorales en términos de escaños muestran que habrá dos bloques de aproximadamente el mismo tamaño, uno de izquierda y otro de derecha y extrema derecha. Nuestro bloque de izquierda no debe disculparse por estar ahí, no debe renunciar a reclamar cambios radicales ni a buscar el mínimo común denominador. Al contrario, el campo está abierto y debemos contraatacar y aceptar la necesidad de dividirnos para conquistar nuevos derechos.