Reparar un mundo roto: un nuevo consenso para las finanzas mundiales

Este artículo también está disponible en inglés en la web del Groupe d’études géopolitiques.

Las crisis entrelazadas de la deuda, el clima, la energía y la inestabilidad financiera están estrechando su cerco sobre el mundo. Pero no debemos esperar a que estas crisis se vuelvan cataclismos para ocultar su injusticia. 

El verano pasado, las devastadoras inundaciones de Pakistán causaron miles de muertos y trastornaron la vida de 33 millones de personas. Ese desastre no fue «natural»: se vio amplificado por décadas de extracción de combustibles fósiles mucho más allá del río Indo¹. Como ha dejado claro el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, también fue consecuencia de un «sistema financiero mundial moralmente en bancarrota», un ciclo de endeudamiento que gasta más en los acreedores que en sociedades seguras y estables².

El sufrimiento de Pakistán es una responsabilidad compartida. Si no actuamos, el desastre se extenderá, aunque hubiera sido previsible. El último informe del IPCC (que indica que entre 3 300 y 3 600 millones de personas viven actualmente en zonas «muy vulnerables» por los efectos de los fenómenos extremos, es decir, casi la mitad de la población mundial³. Nuestra arquitectura financiera no está adaptada a tales retos. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), para lograr la neutralidad de carbono en 2050, la inversión mundial en energías limpias tendría que triplicarse hasta alcanzar los 4 billones de dólares anuales en 2030⁴. 

El sufrimiento de Pakistán es una responsabilidad compartida. Si no actuamos, el desastre se extenderá, aunque hubiera sido previsible.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

Este financiamiento podría allanar el camino hacia un sistema energético limpio que nos colocaría en una trayectoria más segura, pero no toma en cuenta los costos de los choques climáticos que ya están en marcha. Esa cifra de un billón de dólares tampoco dimensiona la situación geopolítica: además de los «activos irrecuperables», apenas estamos empezando a añadir a la balanza el poder desmesurado de los «Estados petroleros irrecuperables»⁵, así como la intención de Rusia de reforzar su posición de gran exportador de combustibles fósiles utilizando como arma las cadenas de suministro de energía y materias primas. Esta situación ha animado a la OPEP a adoptar una postura más desafiante frente a Estados Unidos y, por tanto, frente a los principios fundamentales de un sistema mundial basado en el dólar, empezando por el papel del dinero en los mercados energéticos⁶.

El reto histórico al que nos enfrentamos es eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles y hacer frente a las amenazas que han creado, tanto climáticas como geopolíticas. El problema no es sólo la construcción de escenarios posibles. En nuestro sistema de gobernanza mundial, evaluar los costos e identificar las fuentes de financiamiento son actividades nebulosas y muy diferentes. Poner una cifra a la solución plantea otra cuestión central en macroeconomía: ¿cuánto costará ese dinero?

Por eso la deuda aparece como el indicador más alarmante de nuestra incapacidad colectiva para movilizarnos y reaccionar, y resalta la injusticia que sufren las poblaciones locales. Estamos permitiendo que la arquitectura financiera internacional dé prioridad a una estabilización macrofinanciera limitada y profundamente desigual, en detrimento de pilares de la seguridad humana tales como la salud, la educación, las energías limpias y las infraestructuras resilientes al cambio climático. 

La agobiante deuda de Pakistán ha llevado recientemente a su 23º acuerdo con el FMI, y 14º rescate, un triste récord sólo superado por Argentina. Es probable que el escenario de engaño de deuda se generalice cada vez más, ya que los datos del FMI sitúan a 53 países, que representan a una de cada cinco personas en todo el mundo, en la senda del endeudamiento⁷. Una vez más, la difícil situación de Pakistán presagia una tendencia mundial. Mientras el quinto país más poblado del mundo lucha, al igual que los programas de recuperación que le imponen una y otra vez el Banco Mundial y el FMI, para hacer frente al triple reto de la viabilidad de la deuda, los impactos climáticos y la transición energética⁸, su progreso en la lucha contra la pobreza también se está estancando: si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico, Pakistán tiene ahora 3 millones más de pobres que en 2018⁹.

En nuestro sistema de gobernanza mundial, evaluar los costos e identificar las fuentes de financiamiento son actividades nebulosas y muy diferentes. Poner una cifra a la solución plantea otra cuestión central en macroeconomía: ¿cuánto costará ese dinero?

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

El mundo también se está quedando atrás en la consecución de sus objetivos de reducción de la pobreza y de desarrollo sostenible. Le cuesta movilizar fondos para la ayuda¹⁰, mientras que el año pasado emitió más CO₂ que ningún otro año en la historia de la humanidad¹¹.

No faltan propuestas técnicas para ajustar nuestra arquitectura financiera internacional; este texto no pretende competir con ellas. Más bien pretende ofrecer algunas reflexiones sobre el camino andado, los puntos ciegos que revelan y algunas vías prometedoras para el futuro, ancladas en el Acuerdo de París.

En primer lugar, examinaremos cómo nuestro sistema financiero internacional se ha arraigado en la emisión de deuda, la hegemonía del dólar y la dependencia de los combustibles fósiles, socavando la estabilidad financiera mundial y constituyendo un obstáculo fundamental para la acción climática. A continuación, analizaremos cómo ha evolucionado en las últimas tres décadas el reconocimiento del cambio climático como un riesgo económico y financiero de primer orden, lo que ha llevado a la definición de objetivos climáticos concretos y ha configurado la economía política mundial. A continuación, analizaremos los retos que plantean las economías paralelas, así como los esfuerzos de desdolarización de China y el impacto de los cambios políticos de Estados Unidos en el sistema multilateral. Por último, analizaremos las posibles soluciones, incluida la exploración de nuevas fuentes de financiamiento y la promoción de un sistema financiero alineado con el Acuerdo de París de cara a la COP30 que se celebrará en Brasil en 2025.

Vivimos un periodo de profundas tensiones, y la «policrisis» es un periodo de incógnitas. Sin embargo, el Acuerdo de París ha demostrado que, incluso en tiempos de estancamiento diplomático aparentemente irresoluble, todo es posible.

El Acuerdo de París ha demostrado que, incluso en tiempos de estancamiento diplomático aparentemente irresoluble, todo es posible.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

Un «consenso de Washington» anclado en la deuda, los dólares y la abundancia de combustibles fósiles

¿Un consenso accidental?

La historia de los puntos ciegos se cuenta mejor a través del prisma del «consenso de Washington». Dependiendo de la audiencia, el término es considerado como una caja de herramientas liberales para el crecimiento o como un relato crítico de la hegemonía económica estadounidense. Ambas interpretaciones están desconectadas de la intención original, arraigada en la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial de la deuda, la abundancia del petróleo y el dólar. 

Empecemos por señalar que lo que significa la expresión, acuñada por el economista británico John Williamson en 1989, no es fruto de un consenso, ni nació en Washington. Williamson nunca imaginó que estaba «inventando un término que se convertiría en un grito de guerra en los debates ideológicos durante más de una década»¹². Más bien buscaba describir empíricamente las respuestas económicas apoyadas por el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro estadounidense a las crisis de la deuda en América Latina en los años ochenta. En este sentido, es más útil entender el nacimiento del Consenso de Washington como el resultado de una «efervescencia intelectual» en América Latina durante esa década, arraigada en esas circunstancias económicas específicas, es decir, un alejamiento gradual de los principios de acumulación de capital, de las creencias de que los fallos del mercado impedirían el crecimiento y de que los mercados no «funcionarían bien» en esos países¹³.

En ese sentido, fue una réplica a décadas de teoría de la dependencia, argumentos a favor de un Estado proactivo, dotado de una fuerte política industrial de sustitución de importaciones, controles de precios y aranceles, todo lo que había garantizado un crecimiento robusto en los años sesenta y setenta¹⁴. 

En los años ochenta, las crisis del petróleo de 1973 y 1979 y los intentos de la Reserva Federal de Estados Unidos de combatir la inflación subiendo las tasas de interés conmocionaron a las economías endeudadas en dólares de todo el mundo.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

En los años ochenta, las crisis del petróleo de 1973 y 1979 y los intentos de la Reserva Federal de Estados Unidos de combatir la inflación subiendo las tasas de interés conmocionaron a las economías endeudadas en dólares de todo el mundo y evidenciaron la «peligrosa acumulación de vulnerabilidades internas»¹⁵ de América Latina, en particular la necesidad de esos países de recurrir a elevados niveles de endeudamiento para financiar las rentas del petróleo, la sustitución de importaciones y mantener altos niveles de gasto público. En tales condiciones nació una «fuerte corriente intelectual e ideológica» a favor del libre mercado y la democracia, como era la mentalidad que subyacía en la intención original de Williamson en 1989 en el que el Consenso de Washington esbozó diez políticas basadas en tres ideas principales: «estabilizar, privatizar y liberalizar»¹⁶.

Dependencia de la deuda, el petróleo y el dólar

El vínculo entre las crisis del petróleo y la caja de herramientas del sistema internacional para hacer frente a la crisis de la deuda soberana nos permite identificar la dependencia, en nuestra economía política y en nuestro sistema de gobernanza mundial, con respecto a tres problemas fundamentales que limitan nuestra capacidad para hacer frente a la policrisis actual.

En primer lugar, la evolución del sistema de Bretton Woods hacia la imbricación de la globalización del dólar con la aparición de un vínculo petróleo-dólar contribuyó a hacer que muchas economías fueran muy sensibles a las subidas de tasas de la Reserva Federal estadounidense y a otros cambios en la política económica de Estados Unidos. Esto hizo que esos países fueran muy vulnerables a las subidas de los precios de la energía y otras materias primas. La decisión adoptada en Bretton Woods en 1944 de construir la arquitectura financiera internacional utilizando un sistema basado en el dólar empezó a desmoronarse tras la decisión de la administración Nixon en 1971 de suspender la paridad oro-dólar en favor de tipos de cambio flotantes. La decisión de la OPEP de utilizar el dólar como moneda de facto para el comercio de petróleo, en un momento en que la intensidad petrolera de la economía mundial estaba en su apogeo¹⁷, sentó las bases de lo que vino después: a principios de la década de 1980, las crisis mundiales del petróleo llevaron a los países exportadores de petróleo a acumular dólares estadounidenses y a dedicarse al «reciclaje de petrodólares», invirtiendo en valores estadounidenses y contribuyendo a la conjunción de un sistema basado en el endeudamiento público, las crisis cíclicas de la deuda y un régimen de tipo de cambio flotante centrado en el dólar, todo lo cual contribuyó a la década perdida de América Latina.

Un segundo problema es la influencia ejercida por Estados Unidos y otros grandes países acreedores. Aunque el sistema de Bretton Woods haya permitido un crecimiento histórico y la reducción de la pobreza en muchas partes del mundo, ha beneficiado principalmente a las economías que ahora forman el Club de París, es decir, los acreedores soberanos. Esta lógica de dependencia ha reducido el incentivo para encontrar marcos más multilaterales y equitativos para gestionar el peso de la deuda. La aparición de procedimientos informales del Club de París en la década de 1950, antes de la explosión de la deuda soberana en la década de 1980, pone de manifiesto las deficiencias del diseño institucional de la arquitectura financiera internacional. La persistencia de los procedimientos del Club de París después de la década de 1980, cuando la liberalización del comercio produjo un crecimiento histórico y la aparición de nuevas fuentes de poder geoeconómico en los BRICS, agravó el problema, e indicó que el oportunismo y la influencia geopolítica siguen estando en la raíz de la inercia de la arquitectura financiera internacional, aunque China se haya convertido, y por mucho, en el mayor acreedor bilateral durante las dos últimas décadas, con un enfoque más opaco de la diplomacia de la deuda.

Aunque el sistema de Bretton Woods haya permitido un crecimiento histórico y la reducción de la pobreza en muchas partes del mundo, ha beneficiado principalmente a las economías que ahora forman el Club de París, es decir, los acreedores soberanos.

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Resulta revelador que hayan persistido los procedimientos ad hoc del Club de París, mientras que la idea de acuerdos multilaterales más formales se ha hecho cada vez más apremiante, aunque de forma esporádica y hasta ahora sin éxito. La persistencia del sobreendeudamiento en los años 90 llevó al FMI y al Banco Mundial a lanzar la iniciativa en favor de los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) en 1996 y a convertir el G20 en el principal foro multilateral para las cuestiones relativas a la deuda, tras la crisis financiera asiática de 1998. La cancelación de la deuda se convirtió en una acción muy famosa en la década de 2000, y el lanzamiento por el G8 de la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) en 2005 añadió una nueva posibilidad de respuesta para calmar las crisis agudas de deuda. Aunque estas iniciativas hayan acabado con cientos de miles de millones de deuda soberana, no han resuelto el problema de la deuda mundial que, al igual que nuestras emisiones de CO2, sigue rompiendo récords¹⁸.

En tercer lugar, el hecho de no haber previsto la aparición de un vínculo entre la deuda y el cambio climático, a pesar del papel central del petróleo como motor económico mundial y principal contribuyente al cambio climático, constituye un verdadero obstáculo. El establecimiento de un régimen de gobernanza climática desde los años setenta hasta la actualidad ha sido, y esto es tan sorprendente como revelador, un proceso que se desarrolló mientras la ciencia climática avanzaba principalmente en las instituciones públicas y en los departamentos de investigación de las grandes multinacionales petroleras occidentales, que han desplegado poderosas tácticas de desinformación y retraso, al tiempo que ocultaban sus hallazgos.

Como consecuencia subestimada, la lentitud con la que el sistema internacional alcanzó finalmente el Acuerdo de París en 2015 contribuyó a ampliar la brecha de inversión necesaria para hacer frente a la crisis, alimentando profundas tensiones en torno a cuestiones de financiamiento y justicia climática. Por ejemplo, a pesar de encontrarse entre los más vulnerables a las consecuencias del cambio climático, los pequeños Estados insulares en desarrollo gastan ahora casi veinte veces más en el servicio de la deuda que en el financiamiento de la lucha contra el cambio climático¹⁹. 

El hecho de no haber previsto la aparición de un vínculo entre la deuda y el cambio climático, a pesar del papel central del petróleo como motor económico mundial y principal contribuyente al cambio climático, constituye un verdadero obstáculo.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

Un riesgo macrocrítico en un mundo multipolar

Del costo de la acción al costo de la inacción

El Protocolo de Kioto de 1997 fue un paso importante en la lucha contra el cambio climático. Los economistas desempeñaron un papel clave en el diseño de lo que podría ser un nuevo instrumento jurídico internacional centrado en la idea de un «presupuesto de carbono» mundial, definido por los trabajos de los modelizadores del clima resumidos en los informes del IPCC. A partir de esas hipótesis, los economistas sugirieron entonces que la mejor manera de lograr una reducción global de las emisiones era establecer un precio del carbono y limitar las cantidades posibles de emisiones. 

El Protocolo de Kioto también destaca por el hecho de proponer una cantidad concreta de emisiones a reducir. En ese entonces se hablaba de reducciones más bien modestas, del orden del 8% al 10% en ocho años, muy lejos de los objetivos que debemos alcanzar hoy en día.

En 2006, Nicholas Stern y el trabajo relacionados con el Informe Stern²⁰ trataron de cuestionar ciertas hipótesis comúnmente aceptadas en los estudios sobre el cambio climático. En concreto, cuestionó el enfoque costo-beneficio y la tasa de descuento utilizados para evaluar el costo de los daños causados por el cambio climático. Según Stern, la mayoría de los estudios económicos de la época se basaban erróneamente en la idea de que las sociedades serían más ricas en el futuro y, por lo tanto, estarían mejor equipadas para gestionar los costos del cambio climático. Esta perspectiva dominó el discurso económico hasta la crisis financiera de 2008-2009.

El punto de inflexión de la crisis financiera mundial

Este contexto nos ayuda a entender el fracaso de la COP15 en Copenhague en 2009, que mostró una de las fracturas más profundas del sistema multilateral. Organizada inmediatamente después de la crisis financiera mundial, cuando el poder económico de Estados Unidos y Occidente estaba profundamente cuestionado, ese instante podría considerarse como el momento en que los BRICS, y China en particular, cuya proporción del PIB mundial se había más que duplicado durante la década anterior, rechazaron el marco de negociación impuesto por la presidencia danesa, en particular cualquier límite a su capacidad soberana de decidir su propio camino para reducir las emisiones. Esto marcó el comienzo de una era en la que ninguna hegemonía puede dominar las normas de la gobernanza mundial.

En términos más generales, la COP15 puede interpretarse como un cambio en el equilibrio de poder entre el G8 y el G20, y como el reconocimiento de la obsolescencia del consenso de Washington. No es casualidad que la presidencia surcoreana del G20, en 2010, haya sentido la necesidad de lanzar un «Consenso de Seúl» (que nunca llegó a cuajar), un mes después de aceptar igualmente reformas históricas de las cobranzas y la gobernanza del FMI para reequilibrar las cuotas y los derechos de voto a favor de Brasil, China, India y Rusia²¹. Debido al veto efectivo del Congreso estadounidense a las reformas del FMI, éstas no entraron en vigor sino hasta 2016.

La COP15 puede interpretarse como un cambio en el equilibrio de poder entre el G8 y el G20, y como el reconocimiento de la obsolescencia del consenso de Washington.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

La evolución del enfoque económico de la crisis climática, que ha ido acompañada de una mayor comprensión institucional de la gravedad del problema y de la aparición de una dinámica de poder cada vez más multipolar en las negociaciones climáticas de la CMNUCC, ha consolidado algunas líneas rojas importantes en relación con la soberanía de las naciones sobre sus trayectorias de descarbonización, al tiempo que ha retrasado la capacidad del mundo para llegar a un acuerdo sobre el tipo de respuesta que debe darse.

Fue tras el fracaso de la COP15 cuando el debate comenzó a evolucionar, culminando en el Acuerdo de París de 2015. En la COP de Copenhague de 2009, los países del «Norte Global» se comprometieron a movilizar 100 mil millones de dólares en financiamiento para combatir el cambio climático en los países en desarrollo, a partir de 2020. Este compromiso, reafirmado en la COP21 de París, supuso la transición de un marco obligatorio de reducción de emisiones (limitado a los países desarrollados, como se establece en el Acuerdo de Kioto) a un sistema voluntario, colaborativo y global basado en estrategias nacionales de reducción de emisiones, conocidas como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

El Acuerdo de París también establece un límite de calentamiento de 1.5 ºC y el hecho de que la reducción de emisiones debe ser drástica, con el objetivo de alcanzar el cero neto en 2050. Esta nueva perspectiva también ha tenido en cuenta explícitamente los costos de la inacción frente al cambio climático: en 2015, a diferencia de Copenhague en 2009, todos los líderes políticos reconocieron en sus declaraciones los daños causados por el cambio climático. Este contexto también ha contribuido a la desigual socialización del riesgo climático entre un conjunto más amplio de agentes económicos, en particular en el sector financiero, y al reconocimiento de que algunos impactos climáticos serían tan graves que no sería posible garantizarlos. El año 2014, previo a París, fue un punto de inflexión particular: estuvo marcado por el informe Risky Business de Michael Bloomberg, Hank Paulson y Tom Steyer²², así como por el discurso «tragedia en el horizonte» de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra²³.

Del mismo modo, la descripción de la entonces directora gerente del FMI, Christine Lagarde, del cambio climático como un problema «macrocrítico»²⁴ marcó un cambio radical en el pensamiento económico e influyó directamente en la inclusión en el Acuerdo de París del artículo 2.1(c), que establece el objetivo de hacer «compatibles los flujos financieros con una trayectoria hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima», una disposición potencialmente poderosa pero que hoy sigue topándose con la economía política mundial de los combustibles fósiles.

Las entidades públicas y privadas producen dinámicas de poder fluidas en un marco institucional no reconstruido, lo que invita a nuevos organismos a llenar el vacío. Por ejemplo, la Network for Greening the Financial System (NGFS) fue creada en 2017 por bancos centrales y autoridades supervisoras, mientras que la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), un colectivo de varias entidades centradas en la inversión y codirigidas por Mark Carney, se anunció en la COP26 de 2021. Aunque esas iniciativas voluntarias reflejan diferentes puntos de vista, comparten una preocupación común: una creciente desilusión hacia la era de los mercados de capitales liberalizados. Los bancos centrales y las principales instituciones financieras empiezan a cuestionar la estabilidad y la eficacia de las actuales estructuras financieras para hacer frente a la crisis climática.

Los bancos centrales y las principales instituciones financieras empiezan a cuestionar la estabilidad y la eficacia de las actuales estructuras financieras para hacer frente a la crisis climática.

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La gobernanza climática, entre la multipolaridad y la fragmentación

Clima, energía y deuda: multipolaridad

La inestabilidad del sistema, enraizado en las dependencias paralelas de los regímenes de Bretton Woods y de gobernanza climática, está siendo cuestionada por el surgimiento de sistemas económicos paralelos y de un mundo multipolar.

De hecho, la crisis financiera de 2007-2008 fue el punto de inflexión que permitió a China reorientar sus excedentes de capital de los mercados financieros occidentales hacia una «versión china del Plan Marshall» para invertir en Asia, África y América Latina, dando lugar a la iniciativa «Un cinturón, una ruta», que ha prestado alrededor de un billón de dólares en la última década. Este proceso también condujo a la creación del AIIB y del Banco BRICS, ahora el Nuevo Banco de Desarrollo, que ofrece una importante alternativa al Banco Mundial para las necesidades de infraestructura de muchos Estados (pero que genera volúmenes de deuda muy opacos, aunque probablemente masivos, en el proceso)²⁵.

China representa actualmente en torno al 20% del PIB mundial, el 30% de las emisiones de CO2 y es el mayor acreedor bilateral del mundo. El BAII, que presta principalmente en dólares, pero también en renminbi, y la inclusión del renminbi en “la canasta” de monedas de Derechos Especiales de Giro del FMI en 2015 fueron pasos clave en el objetivo de China de globalizar su propia moneda. 

Aunque es poco probable que desbanque por completo el dominio del dólar, este avance señala el inicio de la multipolaridad monetaria. La intención de China de «desdolarizar» la economía mundial es clara. En la actualidad, el renminbi, como moneda de liquidación comercial, ha duplicado con creces su valor en el último año y está llamado a superar al euro en los próximos dos años. El «petroyuan» también está empezando a competir con el petrodólar, sobre todo al facilitar el comercio de petróleo facturado en renminbi con Rusia²⁶.

La intención de China de «desdolarizar» la economía mundial es clara.

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Turbulencias macroeconómicas y el nuevo no alineamiento

«Todas las noches me pregunto por qué los países tienen que basar su comercio en el dólar», se preguntaba recientemente Lula en un discurso ante el Nuevo Banco de Desarrollo creado por los BRICS en China, apoyando un mayor papel del renminbi en la economía mundial²⁷, una señal importante del estado de ánimo de las economías emergentes del mundo, que también cuestionan el sistema multilateral expresando su no alineamiento ante la invasión rusa de Ucrania. 

De hecho, el no alineamiento podría explicarse como una cobertura que permite a las naciones vulnerables en cuanto a la deuda respecta, mantener su autonomía en un contexto geopolítico que las expone cada vez más a la volatilidad de los mercados de materias primas y a un abanico de acreedores geopolíticamente bien cargado. Como señala Mona Ali, Rusia no sólo es un gran exportador de combustibles fósiles, sino también un acreedor de países de renta baja y media más importante que Francia o Alemania²⁸.

La internacionalización de la economía china en la última década ha coincidido con varios momentos clave en la fragmentación emergente del sistema internacional, desde el Brexit hasta la presidencia de Trump, incluida su retirada del Acuerdo de París y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pasando por la pandemia del Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania. 

Combinados, estos choques acumulados han alterado decisivamente el tablero macroeconómico, definido hoy por unos precios de la energía y las materias primas disparados, y una inflación persistente que repercute en el costo del capital y, como sabemos, en unos niveles de deuda críticos²⁹. Estos factores, a su vez, están enturbiando el panorama geopolítico.

El no alineamiento podría explicarse como una cobertura que permite a las naciones vulnerables en cuanto a la deuda respecta, mantener su autonomía en un contexto geopolítico que las expone cada vez más a la volatilidad de los mercados de materias primas y a un abanico de acreedores geopolíticamente bien cargado.

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¿Un nuevo consenso en Washington?

La administración de Biden se cuestiona sobre el futuro del liderazgo económico estadounidense. «La integración económica no ha impedido que China amplíe sus ambiciones militares en la región, ni que Rusia invada a sus vecinos democráticos. Ninguno de los dos países se ha vuelto más responsable o cooperativo», afirmó el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en un discurso pronunciado en abril de 2023.

«Este momento exige que forjemos un nuevo consenso», añadió, abriendo explícitamente la puerta a un «nuevo consenso de Washington» para describir esta nueva doctrina que reconoce implícitamente que el estatus del dólar estadounidense, aunque siga siendo ampliamente dominante, está más cuestionado que en cualquiera otro momento desde 1944. De ahí la necesidad de establecer nuevos fundamentos económicos nacionales para el dólar: su poder, anclado en el tamaño del mercado financiero estadounidense, su papel central en el comercio del petróleo (y las fluctuaciones de su precio), y su capacidad para permitir déficits comerciales nacionales masivos, han contribuido a hacer que la economía estadounidense sea intrínsecamente inflacionista, y el mundo más frágil.

En este sentido, la Ley de Reducción de la Inflación podría interpretarse en un sentido más amplio que la narrativa dominante: no es sólo un medio de aliviar la presión sobre los hogares y las empresas estadounidenses, sino también el punto de partida de una nueva economía política de las energías renovables, que aleja al dólar de la atracción gravitatoria del petróleo y otras fuentes de combustibles fósiles. Esta iniciativa tiene sentido en un mundo que necesita reducir drásticamente su dependencia del petróleo y otros combustibles fósiles para limitar los efectos sobre el clima. También es una forma calculada de impulsar la competitividad estadounidense en un mercado global cuya dinámica, y puntos de estrangulamiento, promete ser más tensa.

Sin embargo, una cuestión clave es qué significa este «nuevo consenso de Washington» para el multilateralismo. La ley IRA, al tiempo que hace gala de ambición y credibilidad en los objetivos clave de descarbonización, también ha expuesto a Estados Unidos a acusaciones de proteccionismo y otros planteamientos «no comerciales» de los que ha culpado a China, aumentando el riesgo de «fragmentación geoeconómica», contra lo que se ha pronunciado en repetidas ocasiones la directora general del FMI, Kristalina Georgieva³⁰.

Y con razón: es difícil imaginar que las normas ecológicas y la carrera hacia las «emisiones netas cero» puedan prevalecer en un mundo en el que las principales economías se cierran mutuamente las puertas de sus mercados, mientras «atraen» a sus aliados a su propia órbita. Por tanto, es legítimo preguntarse, a pesar de las garantías de Sullivan de que el nuevo consenso podría «construir un orden económico mundial más justo y sostenible», hasta qué punto Estados Unidos está políticamente dispuesto a reformar el sistema de Bretton Woods, si eso da la impresión de que renuncia a su papel de líder.

Es difícil imaginar que las normas ecológicas y la carrera hacia las «emisiones netas cero» puedan prevalecer en un mundo en el que las principales economías se cierran mutuamente las puertas de sus mercados, mientras «atraen» a sus aliados a su propia órbita.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

Fundamentalmente, las estructuras de gobernanza del Banco Mundial y del FMI han contribuido al resentimiento dentro de la arquitectura financiera internacional, en el contexto de un orden económico mundial en rápida evolución, enfrentado a impactos climáticos cada vez más importantes. La influencia desproporcionada de Estados Unidos en la gobernanza y la orientación de ambas instituciones (contribución financiera, liderazgo, derechos de voto, y derechos de veto efectivos, ventaja del país de origen) exige una reforma institucional ambiciosa.

La aparición de entidades paralelas como el BAII y el Nuevo Banco de Desarrollo deja claro que los financiamientos no occidentales y la influencia geopolítica que conlleva se desplegarán en otros lugares, con el apoyo explícito de China, y que representan un volumen de resultados mucho mayor.

La COP27 y la «ventana de Overton» de las finanzas

Estas dinámicas llegaron a su punto álgido en la COP27 de Egipto, dando lugar a un nuevo espacio político para cuestionar la arquitectura financiera internacional. 

Los resultados, con diferencias significativas sobre la protección del umbral de 1.5 °C y el lenguaje relativo a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, reflejaron una economía política emergente en la que las energías renovables intentan imponerse mientras que los exportadores de combustibles fósiles, envalentonados, presionan en la otra dirección. La justicia climática ha seguido escalando puestos en la agenda internacional, y los países vulnerables la han incluido finalmente en su campaña, con el apoyo tardío e inesperado de Estados Unidos, para que se reconozca formalmente el concepto de «pérdidas y daños» y se cree un fondo para compensarlos por los devastadores efectos de la crisis climática.

También se ha producido un cambio radical en el debate sobre las finanzas, con una resolución que apunta a hacer finalmente operacionales las disposiciones cruciales del Acuerdo de París sobre el reequilibrio del sistema financiero. ¿Esto permitirá aclarar la interacción entre los mercados de capitales y la intervención estatal, especialmente en un mundo más fragmentado?

El cambio con respecto a la COP26 ha sido significativo: en Glasgow, el Reino Unido ha reivindicado la promoción del liderazgo de las finanzas privadas, en particular mediante la presentación de la GFANZ. Mark Carney habló de la alianza que representa 130 mil billones de dólares en activos bajo gestión dedicados a la transición verde; una alianza que es efectivamente capaz de «reorientarse» hacia la descarbonización. Para la COP27, con la invasión de Ucrania los beneficios inesperados para la industria de los combustibles fósiles y la reticencia de muchos actores financieros a aceptar a la GFANZ si eso implicaba objetivos climáticos vinculantes, esta retórica había perdido fuerza. Es más, el atractivo de las inversiones en el petróleo y el gas ha desencadenado una batalla contra los criterios ASG en el sector financiero en algunos estados estadounidenses liderados por los republicanos.

El llamado a una «Agenda de Bridgetown» ha dejado su huella en el mundo actual.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

Fuera de las negociaciones oficiales, la ventana de Overton para la reforma financiera internacional se ha movido aún más. Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados, en un discurso muy revelador pronunciado en la COP27, tras haber sido noticia también en la COP26, sacó casi por sí sola al mundo del estancamiento político mundial en el que se encontraba. Destacando las dificultades de su propio país para hacer frente al servicio de su deuda y los tipos cada vez más insostenibles a los que Barbados debe pedir prestado, mientras se enfrenta a huracanes cada vez más violentos y a una crisis de Covid-19, hizo una descripción clara de las injusticias estructurales del vínculo entre el clima y la deuda.

El llamado a una «Agenda de Bridgetown» ha dejado su huella en el mundo actual. Lanzado en Barbados y retomado por el presidente Macron tanto en la COP27 como en la cumbre del G20 que se llevó a cabo al mismo tiempo, esta agenda establece un programa visionario de reforma que incluye una nueva emisión masiva de derechos de emisión especial para satisfacer a las necesidades mundiales de adaptación y energía limpia, así como nuevos gravámenes mundiales, más que necesarios, sobre los beneficios de los combustibles fósiles para financiar la transición. 

Alentado por el audaz liderazgo de la primera ministra Mottley, el presidente Macron ha tomado la iniciativa de pedir a la Cumbre de París de junio que respalde el espíritu, pero sin poder concretar aún la agenda política, de los llamamientos de Bridgetown.

El próximo paso para el multilateralismo en materia de deuda y clima

Hacia -y durante- la cumbre de junio

Las expectativas para la Cumbre de junio se reducen a unos pocos resultados importantes, aunque progresivos. 

En primer lugar, con el objetivo de encontrar nuevas fuentes de financiamiento sin endeudamiento adicional, en particular nuevos impuestos vinculados a la dimensión económica de la crisis climática, cobra fuerza la adopción de un impuesto sobre el transporte marítimo en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) de aquí hasta finales de 2024. Este impuesto sería una herramienta esencial para luchar contra las emisiones del sector marítimo, que contribuye de forma significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, los países deberían fijar objetivos ambiciosos para la descarbonización del sector de aquí a 2030.

Los gobiernos también deberían explorar otras opciones fiscales, como los impuestos sobre el sector del petróleo y del gas y sobre la aviación, con el fin de favorecer la equidad al tiempo que se contribuye a reducir las emisiones.

El llamado de la secretaria del tesoro estadounidense, Janet Yellen, a favor de que el Banco Mundial «evolucione», ajuste sus finanzas y acepte más riesgos para hacer frente a la crisis climática y a otras grandes amenazas, está avanzando, con la adopción de una hoja de ruta en ese sentido en las reuniones de primavera de 2023. Los gobiernos deberían aprovechar la próxima cumbre para darle al nuevo presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, los medios para que actúe en consecuencia. Esto contribuiría a convertir al Banco Mundial en la institución líder en materia de cambio climático, tanto a nivel mundial como nacional, así como a apoyar la recapitalización de las distintas agencias del grupo, lo que ayudaría a orientar y movilizar el financiamiento privado en los países en desarrollo a favor de la descarbonización.

Además, los países del G20 deberían cumplir su promesa de reasignar 100 mil millones de dólares a los Sustainability Disclosure Requirements (SDR) para apoyar el desarrollo sostenible. Esto debería incluir la reconstitución completa del Fondo fiduciario para la resiliencia y la sostenibilidad y del Fondo fiduciario para el crecimiento y la reducción de la pobreza del FMI. Los gobiernos también deberían apoyar la iniciativa de reorientar los SDR hacia los Bancos de Desarrollo Multilaterales por medio de mecanismos como el capital híbrido o los bonos ligados a los SDR, contribuyendo así a establecer nuevas normas sobre el volumen y la forma en que los SDR pueden movilizarse a favor de la acción climática.

Los gobiernos deberían pedir al FMI que se alinee con el Acuerdo de París de aquí a 2025, lo que debería incluir la integración sistemática de los riesgos climáticos en las actividades de vigilancia del FMI y la incorporación del clima como parte de su caja de herramientas en materia de préstamo.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

Por último, los gobiernos deberían pedir al FMI que se alinee con el Acuerdo de París de aquí a 2025, lo que debería incluir la integración sistemática de los riesgos climáticos en las actividades de vigilancia del FMI y la incorporación del clima como parte de su caja de herramientas en materia de préstamo.

Fomentar un cambio de paradigma en materia de gestión de la deuda

Todos estos «resultados» podrían proporcionar un margen significativo de maniobra para abordar nuestras crisis interdependientes de forma concertada y multilateral. Se basarían en otro hecho positivo reciente: el compromiso asumido por los países ricos en Copenhague en 2009 de recaudar al menos 100 mil millones de dólares anuales para financiar la lucha contra el cambio climático está finalmente a punto de cumplirse este año.

¿Y después qué? Una prueba fundamental para esta cumbre única será el resumen de resoluciones a partir de los temas tratados: ¿podrá producir un «plan de acción de París» y un impulso duradero para la reforma financiera internacional, empezando por un nuevo pensamiento y nuevos compromisos sobre la deuda?

Las actitudes, pero aún no las políticas, parecen estar cambiando. Un reciente estudio del FMI³¹ muestra que la consolidación fiscal no reduce, por promedio, las proporciones deuda/PIB, lo que pone en tela de juicio la caja de herramientas establecida para los países vulnerables a la deuda, y las creencias predominantes sobre la austeridad, en la búsqueda de niveles de deuda sostenibles.

Más allá de la cumbre, los debates en curso sobre la deuda con países como Sri Lanka, Ghana, Pakistán, Kenia y muchos otros en riesgo de sobreendeudamiento ofrecen oportunidades para reforzar los esfuerzos de reestructuración y cancelación de la deuda. 

También están surgiendo soluciones innovadoras como el canje de deuda verde que están a punto de ver la luz. Ecuador, por ejemplo, acaba de completar el mayor canje de deuda por acción climática de la historia, ayudando a financiar esfuerzos de conservación en las Islas Galápagos por un valor de 1 600 millones de dólares³². En Medio Oriente y en el Norte de África, una iniciativa de la ONU, apoyada por filántropos, hará participar a la sociedad civil en el proceso de identificación de oportunidades de canje de deuda para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible³³.

Están surgiendo soluciones innovadoras como el canje de deuda verde que están a punto de ver la luz. Ecuador, por ejemplo, acaba de completar el mayor canje de deuda por acción climática de la historia, ayudando a financiar esfuerzos de conservación en las Islas Galápagos por un valor de 1 600 millones de dólares.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

Un papel para Europa: crear normas en torno al Acuerdo de París 

Los acreedores reconocen la urgente necesidad de enfoques innovadores en materia de alivio y reestructuración de deuda. China se muestra dispuesta a una mayor diplomacia de la deuda, como lo demuestra la disminución de la deuda de 17 países en 2022³⁴ y los avances hacia un reciente acuerdo con Zambia. La negociación, copresididas por China y Francia bajo los auspicios del Club de París, demuestra que son posibles foros de debate constructivos. 

Europa tiene un papel claro que desempeñar. Para empezar, la reestructuración de la deuda en el marco común del G20, así como un mayor diálogo entre los principales acreedores como China y el Club de París, lo cual podría reducir la necesidad de intervención del FMI, mejorar la viabilidad de la deuda, reforzar la confianza y ayudar a reducir los costos de los préstamos.

En el frente climático, la oportunidad más evidente para seguir avanzando reside en el renovado liderazgo climático de Brasil tras la elección de Lula. El gobierno brasileño considera que su presidencia del G20 en 2024 y su candidatura para albergar la COP30 en 2025 son medios para catalizar el multilateralismo climático. Desde las Convenciones de Río de 1992, Brasil goza de una excelente reputación como constructor de puentes en la diplomacia medioambiental, y esta situación puede servir de hecho como plataforma de lanzamiento para la próxima gran «COP de la ambición», así como un momento para restaurar la confianza de las economías de mercado emergentes y de los países vulnerables al clima en la arquitectura financiera internacional. 

Podría ser el momento de iniciar la transición hacia un sistema más descentralizado, basado en las normas y estándares establecidos en el Acuerdo de París.

Mientras no se avance en materia de deuda, el margen de maniobra fiscal de los países dependerá en gran medida del financiamiento en condiciones favorables, las subvenciones y los SRD. El reciente informe Stern-Songwe estima las necesidades de financiamiento exterior de los países en desarrollo y emergentes en un billón de dólares adicionales al año³⁵. En un contexto macroeconómico desfavorable, la presión sobre los presupuestos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es aún mayor para hacer frente a las demandas contrapuestas de mitigación, adaptación, y ahora de pérdidas y daños, mientras que las cantidades prometidas siguen siendo en gran medida insuficientes. En las reuniones de primavera, el Banco Mundial aceptó modificar su hoja de balance para liberar unos 5 mil millones de dólares en préstamos adicionales.

Se trata de un paso positivo pero modesto. En un momento en que la reforma de las instituciones de Bretton Woods es esencial, esta lentitud pone de manifiesto la urgencia de adoptar estrategias concomitantes, en particular una estructura financiera más descentralizada y regionalizada, basada en normas alineadas con las de París. Europa, en particular con la ayuda del Banco Europeo de Inversiones (BEI), se encuentra en una posición única para guiar este cambio hacia un sistema financiero centrado en el clima que también podrían compartir el BAII y el Nuevo Banco de Desarrollo.

Mientras no se avance en materia de deuda, el margen de maniobra fiscal de los países dependerá en gran medida del financiamiento en condiciones favorables, las subvenciones y los SRD.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

Este cambio de mentalidad beneficiaría al liderazgo climático europeo, así como al discurso mundial sobre el financiamiento climático y la deuda en general. Dado el papel de liderazgo de Europa en la configuración de la ambición climática mundial, esta iniciativa podría provocar una muy necesaria sacudida en el sistema de instituciones financieras mundiales, al tiempo que facilitaría la liberación de capital para los países necesitados.

La reforma del financiamiento del desarrollo: ¿un trampolín?

Compartiendo en gran medida el diagnóstico y el espíritu de Bridgetown, un reciente documento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) ofrece un punto de partida valioso y ligeramente diferente. Los autores proponen una revisión de la AOD y de la arquitectura del financiamiento de la lucha contra el cambio climático de aquí a 2025, con un marco convincente para conseguirlo. 

En su opinión, la dependencia mundial de la ayuda internacional ha entrado en la «era de las consecuencias», es decir, nuestros numerosos puntos ciegos y dependencias descritos en este texto se están topando con la realidad de los impactos climáticos.

Al hacerlo, el cambiante concepto de AOD ha diluido el financiamiento movilizado en virtud de su mandato, al tiempo que (paradójicamente) ha consolidado el papel de la AOD como herramienta de la política estatal. El auge de los BRICS, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y el paso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los más ambiciosos ODM son algunos de los factores de esta transformación, que subraya la importancia de encontrar una nueva taxonomía descentralizada para determinar qué tipo de financiamiento puede servir mejor a un objetivo determinado.

Según esta «fusión» conceptual, la ayuda se dividiría en dos partes: la primera estaría centrada en las personas más vulnerables al cambio climático y se concentraría en los objetivos «tradicionales» de la AOD y en los donantes históricos. La segunda, en la descarbonización, con el objetivo de incorporar a más actores que reflejen mejor nuestra realidad multipolar, y un mayor uso de herramientas como la cancelación y el canje de deuda, con objetivos específicos para el financiamiento privado. 

«El Acuerdo de París fijó el calendario: tenemos que redefinir el marco y las personas que contribuirán al financiamiento climático en 2025», escriben los autores. «Aprovechemos la oportunidad para redefinir al mismo tiempo el financiamiento del desarrollo».

El cambiante concepto de AOD ha diluido el financiamiento movilizado en virtud de su mandato, al tiempo que (paradójicamente) ha consolidado el papel de la AOD como herramienta de la política estatal.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

Este marco, y las negociaciones necesarias para hacerlo operativo, permitiría también asignar prioridades nacionales y regionales a las instituciones financieras correspondientes, reduciendo así traslapes y duplicaciones. Éste también es un programa prometedor que Europa debería apoyar, en aras de un sistema financiero desconcentrado acorde con los principios de París.

Conclusión: ¿redefinir el debate sobre la deuda?

Mia Mottley ha dado voz a una esperanza compartida. Durante décadas, el statu quo ha exacerbado las desigualdades y minado la confianza en nuestro sistema multilateral. En el pasado ha habido intentos inconexos de reforma, pero hoy tenemos las líneas generales de un consenso, propiciado por esta «policrisis»³⁶. El diagnóstico es el siguiente: nuestra actual arquitectura financiera internacional está mal equipada, es injusta, insuficientemente responsable y perjudicial para nuestras fronteras globales. Nuestra trayectoria actual está dañando nuestra seguridad en todos los sentidos de la palabra. 

Como era de esperar, los debates sobre el alcance y la escala de estas reformas han suscitado más desacuerdos. Esto prepara el escenario para la cumbre de París, un momento privilegiado en una rara secuencia de oportunidades políticas. A medida que nos acercamos al ecuador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la primera revisión global del Acuerdo de París, el debate sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional no puede tener lugar de forma aislada, ni podemos permitir que fracase.

Es más, la mera diversidad de las propuestas, desde las del G20 a las de la Iniciativa de Bridgetown, pasando por las de la secretaria del tesoro estadounidense, Janet Yellen, por nombrar sólo algunas, ofrece la oportunidad de ampliar y democratizar el debate, en un momento en que las crisis mundiales están provocando que los debates macrofinancieros se fusionen con los de la deuda, el clima, la biodiversidad, la salud y los bienes públicos mundiales en general.

En última instancia, necesitamos un financiamiento récord sin un endeudamiento excesivo. Necesitamos un financiamiento firmemente centrado en nuestros objetivos climáticos. Y necesitamos un sistema multilateral que fomente la confianza, más allá de los estrechos límites de la soberanía estatal.

También requiere un replanteamiento fundamental de la naturaleza de la deuda en nuestro sistema financiero. Y esto tiene que empezar en casa.

La crisis de la eurozona de la década de 2010 fue un duro recordatorio del costo del endeudamiento para los ciudadanos que, cuando sus dirigentes se enfrentan al impago, se ven excluidos del proceso de toma de decisiones. Este patrón histórico de «deuda, petróleo y dólares» podría contrarrestarse con una solución sencilla: la democracia.

Necesitamos un financiamiento récord sin un endeudamiento excesivo. Necesitamos un financiamiento firmemente centrado en nuestros objetivos climáticos. Y necesitamos un sistema multilateral que fomente la confianza, más allá de los estrechos límites de la soberanía estatal.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

Europa, por su parte, aún tiene que equilibrar sus planes de inversión en el marco del Green Deal con una estrategia viable de consolidación del déficit, lo que subraya la necesidad de redefinir el debate global sobre la deuda y el endeudamiento. Como señala la economista Mona Ali, la Reserva Federal estadounidense aumentó recientemente su balance en 300 mil millones de dólares y gestionó rápidamente las turbulencias del sector bancario en gran medida a cuenta del Estado. Este tipo de flexibilidad contrasta con el programa promedio del FMI³⁷.

Europa está especialmente bien situada para liderar esta reflexión política. La cuestión central debe ser cómo debe incluirse el gasto público, en particular los billones necesarios para hacer frente a la crisis climática, en cualquier objetivo de déficit. 

Por su diseño, tales objetivos adoptan una visión a corto plazo que es fundamentalmente incompatible con el horizonte temporal necesario para cumplir los compromisos de cero emisiones netas, así como con las enormes desigualdades entre los poseedores de monedas de reserva y el resto del mundo, que a su vez será el menos protegido frente a los impactos climáticos más violentos. Ninguna proporción deuda/PIB puede proteger a la población de la «carnicería climática».

En este sentido, sería útil replantearse la forma en que se contabilizan las inversiones verdes en la deuda soberana, como lo han propuesto Darvas y Wolff en el contexto de las normas presupuestarias europeas³⁸. Del mismo modo, no tiene sentido ignorar las inversiones climáticas urgentes porque no encajan en una determinada camisa de fuerza fiscal. En palabras de Pisani-Ferry «las inversiones climáticas son un argumento de peso para dejar que los gobiernos se endeuden, porque la objeción intergeneracional habitual no es aplicable». En efecto, «los gobiernos pueden elegir endeudarse financieramente para pagar la deuda climática»³⁹.

La siguiente paradoja aclara el camino a seguir. Por un lado, tenemos que financiar la descarbonización con billones de dólares y adaptarnos rápidamente a los impactos climáticos, al tiempo que nos enfrentamos a una deuda aparentemente insostenible y a un aumento de los costos de los préstamos. Por otro lado, el FMI es el primero en recordarnos que cuanto más esperemos, mayores serán los costos, no sólo porque la dependencia de los combustibles fósiles y los impactos climáticos reforzarán el círculo vicioso, sino también porque los volúmenes de inversión necesarios requieren políticas decisivas y creíbles para mantener inalteradas las expectativas de inflación.

Por otra parte, con una coordinación adecuada, la transición hacia una economía más verde podría crear un sistema sostenible más resistente a las presiones inflacionistas⁴⁰. Esta transición también podría liberar a la economía mundial de la volatilidad de las rentas de los combustibles fósiles y mejorar la seguridad energética. Aunque los intereses ligados a los combustibles fósiles y los «Estados petroleros fallidos» pueden dificultar el camino hacia un escenario postcombustibles fósiles, debemos mirar hacia una era multipolar de energía limpia.

Por último, esta transición viene acompañada de incógnitas que los economistas deben afrontar.

En primer lugar, están las implicaciones geopolíticas del abastecimiento de minerales esenciales y otras cadenas de suministro ecológicas, que plantean profundas preguntas en materia de derechos humanos y justicia social. Al igual que el reto de las expectativas inflacionistas, está claro que una transición verde que olvide implicar a las comunidades está condenada al fracaso.

El FMI es el primero en recordarnos que cuanto más esperemos, mayores serán los costos.

LAURENCE TUBIANA y ELLIOTT FOX

También podemos subestimar los beneficios. La inversión verde no se considera tradicionalmente como anticíclica o como un motor importante del crecimiento. Sin embargo, las investigaciones del FMI indican que el efecto multiplicador de la inversión pública en sectores verdes podría ser de 2 a 7 veces mayor que en otros sectores, influyendo en el crecimiento económico, las finanzas públicas y la dinámica del crecimiento mundial⁴¹. 

Urge tener en cuenta las incógnitas de las catástrofes potenciales y la incertidumbre en los modelos económicos, como recomienda la Agenda de Bridgetown. Los efectos devastadores del cambio climático (tormentas, inundaciones, incendios a gran escala) ya no son la excepción, sino que se están convirtiendo en la norma. Como lo dice claramente Avinash Persaud, asesor de la primera ministra Mottley y arquitecto de la Agenda de Bridgetown: «el cambio climático es un acontecimiento no asegurable».

Los fenómenos meteorológicos extremos del verano pasado no perdonaron a Pakistán. En China, las megalópolis quedaron paralizadas por los cortes de electricidad. En Estados Unidos, la subida de las aguas erosionó el suelo bajo las vías férreas costeras, provocando cierres permanentes. Los ríos del sur de Europa se secaron y los agricultores se enfrentaron al clima más seco de los últimos 1 200 años. 

Podemos permitirnos prosperidad, seguridad y paz. Lo que no podemos permitirnos son hipótesis anticuadas, porque amenazan nuestra propia supervivencia.