Tecnopolítica de las redes sociales

En el ámbito de la tecno-política, las redes sociales han dominado la actualidad internacional reciente. Los Facebook Files, la guerra de la información digital y la desinformación, el anuncio de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, la aprobación en curso de la Ley de Servicios Digitales, etc. El ritmo frenético de los últimos acontecimientos ha tenido la nada despreciable ventaja de sacar las cuestiones de la gobernanza de las redes sociales del círculo restringido de unos pocos expertos y periodistas iniciados y situarlas en el centro del debate público.

Pero más allá del simple comentario de esta o aquella noticia, la comprensión de la dimensión política y geopolítica subyacente no debe detenerse en la dialéctica binaria demasiado simplista de «a favor o en contra de la libertad de expresión» que vemos con tanta frecuencia.

La reflexión sobre la política de las redes sociales se articula en tres niveles distintos pero interdependientes. En primer lugar, desde el punto de vista geopolítico, se han convertido rápidamente en un campo de conflicto por derecho propio en la ciberguerra, especialmente en el aspecto informativo, y están participando en la actual balcanización del internet global en distintos bloques informativos, geoestratégicos e ideológicos. Frente a bloques coherentes en su doctrina tecnológica, el campo occidental debe determinar ahora el corpus ideológico que debe llevar la tecnología. Por el momento, las políticas relacionadas con las nuevas tecnologías, que son por naturaleza duales, siguen oscilando entre la realpolitik cínica y la utopía fantasmal. En segundo lugar, en el plano político, las redes sociales materializan una tensión existencial para las democracias occidentales en cuanto a su aceptación del principio de «libertad de expresión». La aclaración es urgente, especialmente en Estados Unidos, que está en un momento crucial de su historia en el que se enfrentan dos visiones, una maximalista, liderada por Elon Musk, y otra reguladora, dirigida por Barack Obama. Como consecuencia de los dos primeros puntos, reunir las visiones estadounidense y europea y encontrar las modalidades para una cogobernanza transatlántica de las plataformas transfronterizas es una condición sine qua non para la supervivencia del modelo democrático liberal occidental a ambos lados del Atlántico en un ciberespacio cada vez más fragmentado.

El reposicionamiento en curso está redefiniendo los atributos tradicionales del poder y la soberanía en torno a la cuestión tecnológica. Al ser la información la principal fuente de poder, tener el control de uno de sus principales vehículos, las redes sociales, es vital en las nuevas relaciones de poder e influencia. Desde este punto de vista, ¿qué papel puede desempeñar Europa a corto y largo plazo para servir a su ambición de una Europa potencia? En concreto, ¿cómo puede transformarse este punto de inflexión histórico del papel político y geopolítico de las redes sociales en una oportunidad para repensar su relación con Estados Unidos y gobernar unas redes sociales que son transfronterizas por naturaleza y tienen un estatus híbrido de plataformas privadas y de espacios públicos, y que ahora actúan como campos de influencia militar?

Guerra informativa y militarización de las redes sociales: la balcanización de los bloques informativos en el centro de la actual reconfiguración geopolítica

La propaganda, las guerras narrativas y las percepciones colectivas no son nuevas. De hecho, la opinión pública es un elemento central en la toma de decisiones de las políticas públicas y, por necesidad, su orientación y manipulación son altamente políticas e incluso, en algunos casos, militares. Sin embargo, la sobreabundancia de información a través de las redes sociales hoy en día está alterando los canales y las técnicas preexistentes de la guerra de la información. En el ámbito de la información, «el cambio de escala es en realidad un cambio de naturaleza», por citar las palabras de Jean-Yves Le Drian en 2018¹. En consecuencia, la información y su corolario, la desinformación, representan una materia prima estratégica que participa activamente en la hibridación de las modalidades de la guerra convencional (guerra híbrida) mediante la militarización del campo de la información en el ciberespacio.

En este contexto, la guerra de Ucrania y la batalla franco-rusa por la influencia en el Sahel ponen de manifiesto el creciente papel geopolítico de las redes sociales, principalmente Facebook, Twitter y Tiktok.

Esas redes se han convertido rápidamente en uno de los principales escenarios de la guerra de la información y de las estrategias de ciberdesestabilización en países en conflicto abierto o latente. La infowar florece en esos espacios públicos digitales, impulsada por los mecanismos económicos de la viralidad y de los algoritmos de recomendación.

Los primeros ejemplos de operaciones de ciberdesestabilización y desinformación a gran escala datan de 2016. Rusia, que ha industrializado sus métodos de guerra de la información, ocupa un lugar destacado, aunque no es exclusivo de ella. Las operaciones más famosas se han atribuido a agencias rusas cercanas al Kremlin, como durante las elecciones presidenciales estadounidenses, los referendos del Brexit y las elecciones presidenciales francesas de 2017. Ante la creciente amenaza, Francia lanzó en octubre de 2021 el servicio de vigilancia y protección contra las interferencias digitales extranjeras (Viginum). A finales de abril de 2022, Estados Unidos siguió su ejemplo y anunció la creación de un equipo dedicado a contrarrestar la desinformación rusa, ubicado en el Departamento de Seguridad Nacional².

En contextos de guerra (fría, caliente, híbrida o cibernética), las redes sociales se convierten en zonas de conflicto y confrontación en toda regla. La guerra de Ucrania es un punto de inflexión clave. Mientras que las estrategias de influencia rusas seguían siendo relativamente clásicas, pero perfectamente preparadas, coordinadas e industrializadas, basadas en campañas masivas de desinformación potenciadas por modalidades de viralidad no auténticas³, el gobierno ucraniano optó por poner en escena una forma de «marketing de guerra» sin precedentes. Esta comunicación pública fue ampliamente retransmitida por la profusión de vídeos publicados que dan testimonio de los daños materiales y psicológicos de la guerra, subidos por influencers que antes hablaban de belleza o deporte, y que ahora se han convertido en soldados de la influencia, es decir, en «influencers de la guerra», como Marta Vasyuta o Valeria Shashenok, portavoces de la causa ucraniana en todo el mundo. La participación en este esfuerzo bélico se coordinó desde el principio a través de los canales oficiales de Telegram, tanto en contenido como en formato. La viralidad hizo el resto. TikTok desempeñó un papel fundamental en esta influencia. En pocas semanas, la plataforma china se convirtió en uno de los principales canales de información para los más jóvenes. Hasta el punto de que la Casa Blanca tuvo que convocar a los influencers estadounidenses para informarlos y que transmitieran los mensajes «correctos». Este ejército cívico de la influencia bélica a través de las redes sociales desempeñó un papel importante en la adhesión inmediata de la opinión pública occidental a la causa ucraniana.

También es interesante observar que, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, los dirigentes de Facebook y Twitter fueron interpelados directamente en Twitter por Mikhailo Fedorov, viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital de Ucrania, y luego por el gobierno ruso sobre su política de moderación, lo que los sitúa en pie de igualdad, considerados desde el principio como interlocutores tan legítimos como los Estados. De hecho, este enfoque ya estaba latente. El concepto de «Techplomacy»⁴, lanzado en 2017 por Dinamarca, ya existía, pero había permanecido relativamente inoperante hasta entonces. Este enfoque, que acaba con los rangos protocolarios e hibrida el perímetro de la diplomacia pública tradicional, acaba de ser adoptado por la propia UE. El 28 de abril de 2022, supimos que Bruselas estaba preparando la apertura de una embajada con sede en San Francisco dedicada a las relaciones bilaterales con las BigTech⁵. Hasta ahora, el concepto no se había probado, pero se vuelve particularmente interesante desde el punto de vista de la teoría política si consideramos las redes sociales dominantes como entidades geopolíticas y oficinas ideológicas por derecho propio, a veces con su propia agenda política. En el caso de Meta, por ejemplo, los Facebook Files destacaron una política de moderación arbitraria. En 2020, el gobierno vietnamita supuestamente pidió a Facebook que aplicara una ley represiva sobre la libertad de expresión que castigara las posturas críticas con el gobierno de turno. Se dice que Mark Zuckerberg ha arbitrado personalmente a favor de la petición del gobierno. Más recientemente, fue el gobierno ucraniano el que pidió directamente a Zuckerberg que censurara activamente ciertas cuentas rusas. También en ese caso, Meta obedeció. Otro ejemplo emblemático: en pleno conflicto ruso-ucraniano, Facebook decidió, a sabiendas, aplicar una moderación muy ligera a las publicaciones ucranianas que incitaban al asesinato de soldados rusos⁶, y luego decidió unilateralmente, a finales de abril de 2022, restringir el papel de su Consejo de Supervisión, un órgano que la empresa creó para ayudarle a gestionar su política de moderación en los casos considerados complicados. Meta rechazó una solicitud del Consejo de una opinión consultiva sobre las acciones de moderación relacionadas con la invasión de Ucrania debido a «las preocupaciones constantes en materia de seguridad»⁷.

Ante estas nuevas formas de poder no estatal y en un afán por mantener el control, la Comisión Europea, en su última versión de la Ley de Servicios Digitales, añadió un artículo de última hora que prevé el establecimiento de mecanismos de respuesta de emergencia para las plataformas sociales en caso de crisis, conocido como «Mecanismo de Respuesta a la Crisis»: las plataformas estarán obligadas a aplicar las instrucciones de la Comisión en casos de extrema urgencia en los que la seguridad de los países miembros pueda verse amenazada. Estos mecanismos se activarán por decisión de la Comisión Europea.

Pero la militarización de las redes sociales y la guerra de la información no se detienen en la capa superior del ciberespacio, es decir, en las interfaces directamente visibles para los usuarios. El bloqueo de las redes occidentales y el control total o parcial de las infraestructuras físicas de conectividad por parte de ciertos Estados tecno-autoritarios están conduciendo a una fractura gradual, pero segura, del internet global en varios bloques informativos distintos y perfectamente impermeables, lo que conduce a una balcanización del ciberespacio.

A nivel de la capa inferior de las redes sociales, la guerra de Ucrania ha acelerado esta balcanización, tanto política como técnica, del internet global, que se denomina comúnmente «splinternet». Si del lado ofensivo el objetivo ruso es desestabilizar a la opinión pública occidental, sobre todo mediante la desinformación en las redes sociales, su lado defensivo no utiliza los mismos medios. Para controlar su esfera informativa interna, Moscú ha podido contar tanto con su arsenal legal —incluida la ley del 4 de marzo de 2022 contra las «fake news» que «prohíbe la difusión de información falsa sobre las fuerzas armadas rusas» y la llamada «operación militar especial en Ucrania»— como con sus servicios digitales soberanos agrupados bajo el nombre de «Runet» (redes sociales y motores de búsqueda rusos como Vkontakte o Yandex, que son propiedad directa o indirecta de personas cercanas al Kremlin). Finalmente, y a pesar de las dificultades técnicas, Moscú pretende aislar progresivamente las capas inferiores de su espacio digital controlando todas las infraestructuras de red en una visión autoritaria de su soberanía tecnológica, y ello con fines perfectamente asumidos de seguridad nacional y «seguridad de la información»⁸.

La fractura del ciberespacio, ya sea en su denominada capa superior cognitiva (todos los contenidos que circulan por las redes sociales) o en su capa inferior (las infraestructuras físicas de la red) sigue, en una simetría casi perfecta, la reconfiguración geopolítica del mundo físico, dando lugar a un internet global reestructurado entre cuatro polos: Estados Unidos, Rusia, China (de paso, con un refuerzo del eje Moscú-Pekín) —cada uno de los cuales tiene una autonomía digital estratégica—, y el resto del mundo, incluida Europa, que se encuentra en situación de dependencia. Esta recomposición redefine el equilibrio de poder y los atributos del poder tecnológico a principios del siglo XXI.

Para las democracias occidentales, el reposicionamiento geopolítico por las distintas capas del ciberespacio plantea una cuestión principalmente ideológica. Ante el auge del autoritarismo digital, con el pretexto de diversas estrategias de soberanía tecnológica, Estados Unidos anunció el 28 de abril de 2022 el lanzamiento de una iniciativa para defender un «internet libre, democrático y abierto»⁹. En resumen, volvemos al principio. Más allá del efecto del anuncio y sea cual sea la autenticidad de la intención, es innegable que el campo occidental debe ahora fijar su doctrina en términos de valores, de modelo político y, en consecuencia, de gobernanza tecnológica. El tema no es nuevo, pero se está volviendo urgente. Frente a ciertos Estados que son perfectamente coherentes en su aprehensión de internet en general y de las redes sociales en particular como herramientas políticas de censura, coerción y ciberdesestabilización, ¿cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra respuesta, cuál es nuestro contramodelo?

En este caso, la batalla ideológica que se libra en el ámbito tecnológico nos obliga a aclarar rápidamente nuestra visión de la democracia en el siglo XXI. Sobre todo porque los posibles abusos de las tecnologías, que son por naturaleza duales, nunca están lejos: tecnovigilancia masiva, explotación comercial o política de datos personales sensibles como las opiniones políticas, la religión o la orientación sexual, microfocalización política, fichaje y vigilancia masiva, etc. El bloque occidental debe apresurarse a avanzar. En primer lugar, porque la visión tecno-autoritaria de países como Irán, China y Rusia es mucho menos proclive a la dilación. En segundo lugar, porque pronto surgirán nuevos espacios híbridos de influencia y manipulación, que combinan la neurociencia y la inteligencia artificial, como el metaverso. Esos nuevos lugares presagian el advenimiento de la próxima generación de guerras híbridas, guerras cognitivas que enfrentarán conocimientos e ideologías y que serán probablemente mucho más agudas que la que se desarrolla actualmente en las redes sociales, que no son más que los primeros signos de dichas guerras.

Democracias occidentales en crisis: la hipótesis de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, síntoma de un punto de inflexión en el enfoque estadounidense de la libertad de expresión

Para comprender los fundamentos ideológicos del enfoque tecnológico que prevalece en Occidente, debemos remontarnos a los primeros años de la década de 2000. Fue entonces cuando comenzó la privatización de la web con la aparición de las famosas GAFAM (Google, Amazon, Facebook, ahora Meta, Apple, Microsoft). Estas empresas han ido captando y encerrando nuestros usos cotidianos (fuentes de datos) en torno a diversos modelos de negocio, invariablemente orientados a un gigantismo oligopólico. Estos modernos «recintos digitales»¹⁰ basados en el libre uso y la economía de la atención han impedido la utopía inicial del internet del conocimiento sin límites espaciales ni temporales, inclusivo, de libre acceso y gratuito para todos. Del ciberespacio soñado, basado en estructuras democráticas y horizontales, pasó rápidamente a ser vertical, jerárquico, editorializado y rentable. En cierto modo, expresar ideas también es negocio. En resumen, el espacio público al estilo de Habermas ha sido violentamente perturbado y la democracia, el último daño colateral, se ha transformado en un gigantesco mercado de ideas¹¹, para usar el análisis de Alain Supiot. Un mercado desregulado que extrae su valor económico de los principios de la economía de la atención. Si tomamos la doctrina liberal y si, sólo si, partimos del postulado de que la democracia es un mercado que debe regirse por las leyes de la competencia libre y no distorsionada, entonces las redes sociales se han vuelto perfectamente antidemocráticas.

El anuncio de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk el 25 de abril de 2022 es uno de los puntos álgidos. La emoción mediática que acogió el anuncio fue grande, una preocupación que se redujo rápidamente a un debate encerrado en una binariedad sumaria: «a favor o en contra de la libertad de expresión». A través de sus provocaciones y declaraciones que señalan incansablemente los fallos del sistema y de las instituciones actuales, el caso de Musk no tardó en trascender al propio Musk. Al final, compre o no la red social, la cuestión planteada es ante todo política, ya que el caso es mucho más complejo de lo que parece, sintomático del malestar democrático actual. Elon Musk está señalando deliberadamente los fallos del sistema estadounidense, jugando con ellos, burlándose abiertamente de la SEC (la agencia federal estadounidense que regula y controla los mercados financieros), y utilizando tuits oscuros para iniciar una guerra económica abierta con el regulador y la dirección de Twitter que podría desestabilizar el mercado tecnológico mundial durante mucho tiempo.

En el plano estrictamente ideológico, en paralelo a la guerra económica que se libra a través de los tuits, la visión de Elon Musk es especialmente preocupante para el campo progresista estadounidense y los europeos. Por otro lado, la operación es muy bien recibida por la Alt-Right estadounidense, un plebiscito expresado alto y claro por los editorialistas de Fox News. Como señala el historiador y periodista Corentin Sellin, el momento del anuncio no es insignificante: forma parte de una apretada agenda política estadounidense que escenifica un antagonismo ideológico entre unos republicanos cada vez más radicalizados que se inclinan a la derecha de su derecha y unos demócratas desconcertados y con dificultades para construir un verdadero proyecto de sociedad colectiva¹². El anuncio de la compra de una red social tan influyente en el ámbito mediático-político llega cuando se acercan las elecciones parciales de noviembre de 2022, que preparan las presidenciales de 2024 y un probable regreso de Donald Trump. El impacto político de la adquisición es aún más delicado porque, a través de la visión minimalista de Elon Musk de la moderación de contenidos en nombre de la «libertad de expresión» consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, Twitter corre el riesgo de participar en una polarización aún más aguda de la arena política estadounidense.

Podríamos contrastar estas preocupaciones con los cambios en el modelo de negocio anunciados por Musk. La implantación de un posible sistema basado en la suscripción instalaría un «muro de pago», unas barreras de entrada que teóricamente eliminarían a gran parte de los productores de contenidos no auténticos que pululan por las redes de bajo costo (trolls, bots, etc.), fuente de desinformación y embrutecimiento del debate público. Esto resolvería «naturalmente» todo o parte del espinoso tema de la moderación. La evolución propuesta del modelo económico es interesante de analizar porque plantea la ecuación política que encarna Musk: cómo conciliar un umbral mínimo de moderación con la máxima calidad de los contenidos. Tomando la metáfora de la muñeca rusa, la visión política define el modelo económico que, a su vez, delimita el modelo tecnológico. A partir de ahí, puede ocurrir lo peor y lo mejor. La variable de ajuste es, por tanto, la visión del mundo predominante, encapsulada en los códigos.

El segundo elemento notable de análisis del escándalo muskiano puede leerse bajo el prisma de la dinámica de la concentración de los medios de comunicación, una amenaza creciente para su independencia. Ya sea digital o convencional, esta cuestión hace eco de viejos pero eternos debates que, en Francia por ejemplo, se remontan a finales del siglo XIX, cuando se aprobó la ley de 1881¹³. La adquisición de medios de comunicación, ya sean sociales o convencionales, es decir, la adquisición de influencia, puede entonces ser fácilmente instrumentalizada por sus propietarios para influir en el debate público, para orientarlo, para servir a determinados intereses privados, industriales o políticos. Adquirir medios de comunicación que a menudo no son rentables pero sí políticamente influyentes es un signo distintivo de poder. De forma simétrica al movimiento observado en el mundo físico y a las preocupaciones suscitadas por el pluralismo de la prensa —hasta el punto de ser objeto de una comisión de investigación senatorial en Francia—,¹⁴ las redes sociales están igual de concentradas: Elon Musk —si triunfa la compra de Twitter— y Mark Zuckerberg acapararían la mayor parte del mercado, es decir, de la información que circula hoy en las sociedades occidentales. Tan es así que las federaciones de periodistas están abiertamente preocupadas por ello¹⁵.

Por último, y de forma más prosaica, el riesgo de una política de moderación arbitraria está ligado a un último elemento: Musk es también el propietario de Tesla, cuyo segundo mayor mercado es China. ¿Cómo podría entonces conciliar su visión maximalista de la libertad de expresión con sus intereses industriales y económicos, especialmente en China, donde la relación con la libertad de expresión, por un lado, y con la desinformación, por otro, es problemática? Esta información, destacada en un artículo del New York Times¹⁶, subraya toda la ambivalencia del tema. ¿Se convierte entonces la rentabilidad económica en el horizonte inalcanzable de la democracia?

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Sobre esta base, la hipótesis de los descarríos en Estados Unidos tiene fundamento: el dominio de un solo hombre sobre una plataforma política que participa activamente en el debate público en un contexto electoral complicado no es ciertamente insignificante, pero tampoco es en absoluto reducible al caso de Musk. En Estados Unidos, este riesgo de arbitrariedad se ve reforzado por la famosa sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que considera a las plataformas como meros anfitriones de contenidos, no como editores, lo que las exime de cualquier responsabilidad. Algunos líderes políticos del bando demócrata piden regularmente su reforma y una mayor transparencia algorítmica. El propio Barack Obama habló de la urgente necesidad de revisar el texto durante un discurso pronunciado en Stanford en abril de 2022¹⁷. En una democracia, esta cuestión se vuelve central porque las redes sociales son, de hecho, medios de comunicación sociales que seleccionan, filtran, editan y, por lo tanto, orientan la información según prismas y sesgos normalmente preidentificados y asumidos. En el caso de los medios de comunicación serios, eso en principio no es un problema. Por un lado, los periodistas tienen una ética y una deontología de su trabajo, por otro lado, se conoce su línea editorial y ésta participa en el pacto de confianza con los lectores. Por otro lado, en el caso de las redes sociales, en lugar del comité editorial, es la multitud la que produce el contenido que se transmite. Además, los medios de comunicación tradicionales son legalmente responsables en caso de culpa o negligencia. Las redes sociales, sin embargo, están exentas de esto gracias al famoso S230.

A raíz de esta constatación, el análisis realizado por RSF con motivo de su última clasificación mundial de la libertad de prensa¹⁸ es edificante: asistimos a un sistema democrático que está en las últimas y que, para mantenerse, no deja de montar un espectáculo. El infoentretenimiento de bajo costo de ciertos medios que se han convertido en medios de opinión, siguiendo el modelo de Fox News, está contribuyendo a la nivelación de la información donde todo acaba siendo igual, donde la abundancia de información ya no puede convertirse en conocimiento sino en un simple consumo compulsivo dentro de un continuo informativo prácticamente sin fisuras entre los medios de opinión y las redes sociales. Este «caos informativo» —que, además, está organizado, estructurado y dirigido por las fuerzas presentes— está industrializando un caos civilizatorio que puede llegar a descontrolarse. En este contexto, el statu quo de la S230 parece irresponsable.

Por otra parte, la única cuestión de moderación en la que nos encerramos parece demasiado restrictiva y sólo aborda el tema por su aprobación, a menudo cuando ya es demasiado tarde. En cambio, ¿cómo podemos redefinir el ejercicio de la democracia integrando las herramientas digitales para que se pongan al servicio de nuestra capacidad de autodeterminación y libre albedrío individual y colectivo? La cuestión, tanto filosófica como técnica, no es fácil de resolver porque implica replantear todo el modelo económico y de gobernanza actual. Esta cuestión es tanto más crítica cuanto que, contrariamente a lo que se transmite con demasiada frecuencia en el debate público a ambos lados del Atlántico, no se trata tanto de una crisis de la verdad —el famoso concepto de «política de la posverdad»¹⁹ popularizado por la editora de The Guardian, Katharine Viner, en 2016— como de una crisis ideológica que actualmente hace estragos en las democracias occidentales. A partir de ahí, el problema de fondo que plantea Musk no es tanto el de redefinir por enésima vez el principio de «libertad de expresión», que sin embargo ha demostrado su resistencia a lo largo de los años, sino el de sanear el sistema político que lo engloba, ya que las redes sociales no son en realidad más que la última emanación de lo que puede llamarse una democracia del espectáculo. Esto contribuye a crear un peligroso nihilismo que da lugar a extremismos y conspiraciones de todo tipo, explotando los más peligrosos defectos psicopolíticos individuales y colectivos, un caldo de cultivo invisible para las injerencias hostiles y las campañas de ciberdesestabilización.

Como resultado, el sistema político estadounidense se encuentra en un momento crucial de su historia y ahora se enfrentan dos visiones: la visión libertaria defendida por Elon Musk frente a la visión demócrata de estilo europeo de mayor responsabilidad de las plataformas y políticas de moderación reguladas, promovida por Barack Obama. Estas dos visiones opuestas reflejan la polarización general que vive Estados Unidos desde que Trump asumió la presidencia en 2016. En un contexto político frágil y con creciente riesgo de implosión, una política de mínima contención podría contribuir a sumir las instituciones estadounidenses en un nuevo caos, similar a la invasión del Capitolio en enero de 2021. En esta fase, la disyuntiva que se plantea podría resumirse así: ¿el balance costo-beneficio de una moderación más o menos amplia debe preservar el sistema en vigor o contribuir a su implosión?

Los arbitrajes políticos que se harán en Estados Unidos para deshacer estos enredos tecno-políticos serán estructurantes para el futuro de la democracia estadounidense y, de rebote, para Europa, por una sencilla razón: una desestabilización interna de las instituciones estadounidenses, en la que inevitablemente intervendrán las redes sociales, tendría un impacto directo en los (des)equilibrios internacionales y regionales. Es desde este punto de vista que Europa debe permanecer vigilante.

Europa, pionera en materia de normas, en camino de recuperar su liderazgo político siempre que sepa aplicar sus textos

Esta preocupación, real pero ligada a la situación estadounidense, debe sin embargo ponderarse a la hora de medir las consecuencias en el entorno europeo. En efecto, es necesario disociar los contextos estadounidense y europeo, que son radicalmente diferentes desde el punto de vista de la aceptación de la libertad de expresión, sus contornos y las leyes que la rigen.

En este sentido, el mayor avance de la Ley de Servicios Digitales radica en su filosofía general, es decir, en el hecho de que permite territorializar las plataformas estadounidenses imponiéndoles normas y procedimientos que remiten a la normativa europea y, en última instancia, a las jurisdicciones nacionales de cada país de la UE. Por ejemplo, en Francia, los contenidos ilegales están claramente definidos por la ley de 1881 y el código penal, completados por un conjunto de textos y disposiciones previstos por la ley contra la manipulación de la información de 2018 o la ley que refuerza el respeto de los principios de la República de 2021. Más concretamente, y más allá de su filosofía general, la Ley de Servicios Digitales obliga a los «gatekeepers» a crear equipos y soluciones de moderación con puntos de contacto nacionales, además de nuevas restricciones: la prohibición de la publicidad dirigida a menores, la prohibición de explotar datos sensibles como la orientación política o sexual con fines de microfocalización, la obligación de informar y proporcionar información periódica sobre los medios de moderación aplicados (rendición de cuentas), el acceso a los datos por parte de los investigadores, la obligación de ser transparentes sobre la arquitectura de los algoritmos de recomendación y una mayor participación de terceros de confianza para denunciar contenidos problemáticos. En caso de incumplimiento de estas normas, se aplicarán sanciones: desde multas (6% del volumen de negocios) hasta la prohibición total en caso de infracciones graves.

Percibida, a menudo erróneamente, como meramente defensiva y habladora, la norma europea puede resultar ser un modelo, pero sólo si es capaz de demostrar la viabilidad de la aplicación de sus propios textos. Llega en un momento en el que se acumulan las revelaciones y los escándalos relacionados con los fallos de moderación de las redes sociales. El caso más emblemático fue ampliamente documentado por la denunciante Frances Haugen en la época de los Facebook Files a finales de 2021²⁰. Esta regulación se inscribe, pues, en una lógica mucho más ofensiva de lo que parece a primera vista, participando en la definición de una forma innovadora de soberanía tecnológica, ya que no es del todo industrial: una soberanía normativa defensiva en cierto modo. Sobre esta base, a fuerza de estar atrasada en tecnología y contra todo pronóstico, ¿es Europa finalmente más avanzada que su aliado estadounidense?

Hasta ahora, Europa y Estados Unidos no cooperaban mucho: Estados Unidos desarrollaba la base tecnológica y la UE aplicaba su norma interna. Pero los riesgos de desestabilización ligados a la guerra de la información y la necesidad de aclarar la ideología de los bloques tecnológicos aceleran la agenda política euroestadounidense. A pesar de las diferencias de enfoque sobre lo que debe o no debe ser la libertad de expresión, sin duda ha llegado el momento de iniciar una conversación seria sobre cómo aplicar una gobernanza transatlántica de las BigTech estadounidenses²¹.

Atrapada por sus dependencias tecnológicas en una red global que implosiona, Europa se encuentra ahora en una encrucijada y ha llegado el momento de elegir: ¿debemos optar por una soberanía tecnológica total que roce la soberanía utópica, o por una soberanía abierta basada en la gobernanza transfronteriza de los gigantes tecnológicos? 

Soberanía tecnológica, pero ¿para qué proyecto político?

La soberanía tecnológica no puede ser un fin en sí misma, es un medio de independencia o de poder. La búsqueda de la soberanía tecnológica a toda costa no es suficiente en sí misma, y el único criterio de la nacionalidad no puede ser satisfactorio. Por lo tanto, la articulación entre el modelo político y la estrategia industrial tecnológica es un requisito previo necesario.

Los ejemplos de la soberanía digital rusa o china demuestran ampliamente que estas estrategias pueden ponerse al servicio de proyectos políticos contrarios a nuestra forma de entender la libertad de expresión y el ejercicio de la democracia. En el caso de Rusia, durante la guerra de Ucrania, se instrumentalizó la soberanía tecnológica para someter a toda una nación a una prohibición cognitiva e informativa. Los atributos tecnológicos de la Europa potencia deben articularse con los objetivos políticos e ideológicos a los que debe servir una estrategia tecnológica soberana, los perímetros críticos en los que puede ejercerse razonablemente y sus alianzas, sin caer en un tecno-proteccionismo demagógico y ansioso. Si la construcción de la autonomía estratégica es indispensable, no puede ni debe hacerse a toda costa.

Seamos claros, el diagnóstico de la dependencia tecnológica de Europa con respecto a los actores estadounidenses, la no lealtad y el unilateralismo del aliado estadounidense, especialmente a través de la extraterritorialidad de su derecho, son ampliamente aceptados. Sin embargo, las respuestas a este estado de cosas son diferentes. En resumen, hay dos corrientes de pensamiento opuestas: el soberanismo tecnológico en economías que se cierran progresivamente sobre sí mismas, o una soberanía gradual y diferenciada en una economía global que se regionaliza en torno a convergencias económicas, políticas y geoestratégicas.

La primera escuela propone un razonamiento rápido y a menudo miope, es decir, sin una visión global del sistema. Conlleva dos paradojas esenciales. La primera es de carácter técnico. Querer tomar el control total o completo del ciberespacio significa aislarse de la red global. Esto equivale a construir un intranet gigantesco como máximo, sin eliminar toda dependencia técnica, de software o de uso hacia el extranjero. La segunda paradoja es de carácter más político: ¿por qué querríamos adoptar las mismas estrategias de repliegue y control de países cuyo modelo es constantemente denostado (China, Rusia)? ¿Y por qué no redefinir nuestra visión política de un internet común y abierto? Este segundo enfoque es ciertamente más difícil y menos demagógico, pero a la larga es sin duda más sano.

Es cierto que Europa se encuentra actualmente en una situación especialmente tóxica de codependencia con Estados Unidos. La idea de la codependencia política y tecnológica²² es captada por Mark Leonard en un artículo titulado «La era de la paz»²³. En él, describe las patologías casi psiquiátricas de las que son víctimas los Estados, que explican en parte el deletéreo estado actual de las relaciones internacionales. Aplicada a la cuestión de la soberanía tecnológica, esta idea parece especialmente pertinente. A modo de ejemplo, una parte de la población francesa parece estar desarrollando una postura americanófoba que podría explicarse por la conciencia del declive tecnológico nacional. Estados Unidos, cuyo liderazgo mundial está en entredicho, necesita a Europa no como un aliado pleno, sino como una zona de apoyo e influencia. La situación dominante-dominado crea una codependencia tóxica para ambas entidades.

En lugar de militar por un repliegue sobre sí misma, que en cualquier caso no dispone de los medios para su ambición, podríamos intentar transformar esta codependencia, con su gran potencial de conflicto, en vínculos de interdependencia que doten a Europa de los medios de su poder, es decir, de la capacidad de mantener un equilibrio de poder en una situación de conflicto grave.

¿Una gobernanza transatlántica de las redes sociales que señale el resurgimiento de los Estados?

Desde el punto de vista europeo, una comprensión más amplia de la soberanía tecnológica permitiría prever una arquitectura para la gobernanza de la tecnología en general, y de las redes sociales en particular, que sería directamente beneficiosa para Europa. Las interdependencias y alianzas que quedan por construir ayudarían entonces a identificar las oportunidades que ofrece la regionalización de una economía global en proceso de desglobalización²⁴. Podríamos entonces inventar en Occidente las modalidades de una forma de «soberanía solidaria» como la teorizada por la jurista Mireille Delmas-Marty²⁵.

Esta definición abierta y pacífica de la soberanía podría musicalizarse en el marco de una cogobernanza transatlántica que nos llevaría a repensar la gobernanza de la red, pero también la de las BigTechs que pululan por ella, en torno a las instituciones interestatales existentes (OTAN, Consejo de Comercio y Tecnología, etc.) o a las que se creen, que establecerían las normas, las funciones y responsabilidades, y los mecanismos de rendición de cuentas de los gigantes digitales. De hecho, en muchos aspectos el problema va más allá de la mera cuestión de la moderación y las obligaciones legales asociadas a ella. Hay que reflexionar más ampliamente sobre el modelo tecno-económico de las redes sociales, que se han convertido en híbridos por naturaleza, a la vez espacios públicos, campos militares y esferas de influencia mediática y política, todo ello regido por las leyes del mercado.

Esta revisión doctrinal debe, por tanto, ser capaz de entrelazar los principales ángulos del tríptico que rige invariablemente las metaplataformas digitales: modelo económico – modelo tecnológico – modelo político. Esto constituiría entonces el inicio de la concreción del «constitucionalismo digital»²⁶, un campo de investigación muy joven que investiga y formaliza todas las iniciativas encaminadas a articular un conjunto de derechos políticos, normas de gobernanza en materia de política digital («Tech Policy»), en particular en el ámbito de la regulación de las BigTech, y más generalmente las condiciones para el ejercicio de la democracia digital en torno a un contrato social renovado que tenga en cuenta todas las externalidades políticas, tanto positivas como negativas, de las nuevas tecnologías.

Una primera escala de acción se referiría a las modalidades de gobernanza transfronteriza de estos nuevos espacios de disposiciones sociales y políticas. El aspecto normativo de esta gobernanza es parte importante de la estructura general. La Ley de Servicios Digitales podría ser el texto fundacional o, al menos, una primera base de debate. Pero la cuestión de la aplicación operativa del texto es fundamental. Si Europa no demuestra rápidamente su capacidad para aplicar su texto de forma concreta y rápida con resultados tangibles, si la Ley de Servicios Digitales acaba tomando el camino laborioso y muy burocrático del Reglamento General de Protección de Datos, el liderazgo normativo a la europea habrá terminado. Hay que encontrar rápidamente los medios para industrializar los procesos y las herramientas de control de las plataformas, evitando al mismo tiempo dos grandes escollos: por un lado, la despersonalización y la automatización excesiva de la justicia y de los reguladores, y por otro, el riesgo real de una moderación automatizada abusiva, que se llevaría a cabo sobre la base del principio de precaución y por miedo al castigo, lo que equivaldría entonces a una censura por defecto. Esto presupone una aplicación operativa metódicamente anticipada, unos recursos financieros y humanos que deben asignarse a los reguladores nacionales y supranacionales en proporción a la ambición política que se pretende, unos contrapoderes institucionales y civiles fuertes para no caer en la trampa fácil del solucionismo tecnológico y jurídico que, en el mejor de los casos, es ineficaz y, en el peor, abusivo.

Además, para no encerrar a nuestras instituciones y al debate público en estas formas combinadas de solucionismo, debemos ponernos rápidamente de acuerdo en un punto central: la moderación, ya sea en sentido ascendente (normas y procedimientos) o descendente (algoritmos de moderación eficaces, procesos de denuncia fluidos, etc.) es ciertamente importante en el proceso de saneamiento de las redes sociales, pero no puede ser el alfa y el omega. En este momento, aún no sabemos cómo industrializar la automatización de la moderación sin errores, contextualizándola en toda la cadena de valor de la información (plataformas, policía, justicia, regulador). A menudo habrá fallos (como el vídeo de la masacre de Búfalo que, a pesar de su rápida eliminación, se hizo viral de forma inédita), contenidos no moderados o que no pueden serlo desde el punto de vista de la ley (en particular, los «contenidos grises», que son la base de las estrategias de desinformación e injerencia extranjera). De hecho, las políticas de moderación deben integrarse en un conjunto más amplio de medidas de política pública, orientadas ante todo a la resiliencia colectiva. Porque el reto político no es caer en una forma de higienismo puro y perfecto del pensamiento, lo cual es imposible, sino ser capaz de dar a cada ciudadano los medios, en términos de educación, comprensión de los temas, capacidad de discernimiento y juicio, para navegar por estas aguas informativas turbulentas sin perderse.

Básicamente, encontrar el nivel adecuado de gobernanza para las redes sociales significa, en primer lugar, abordar uno de los aspectos normativos más delicados de este tema: su forma jurídica y, por tanto, su modelo económico. La hibridación de empresas privadas que actúan como espacios públicos virtuales y entidades geopolíticas de pleno derecho, que a menudo cotizan en bolsa y que sólo rinden cuentas al mercado y a sus accionistas en función de simples criterios de rentabilidad económica, plantea un problema político fundamental. Porque, ¿de qué sirve reclamar esfuerzos en materia de moderación, por un lado, si por otro lado esas mismas plataformas a las que la ley apunta financian directa o indirectamente sitios de desinformación y otros productores de información falsa? El modelo económico de las redes sociales (gratuidad, viralidad, carrera por los clics) es un punto de bloqueo fundamental aquí. Un artículo de la MIT Technology Review destacaba recientemente esta contradicción fundamental que está en el centro del problema²⁷. La investigación revela que, a raíz del mal uso de ciertas herramientas en sus plataformas, Meta y Google han pagado millones de dólares en publicidad a ciertas granjas de clickbait, alimentando así el deterioro de los ecosistemas informativos. La reforma del estatuto jurídico de las BigTech es prioritaria y debe debatirse para revisar su gobernanza interna, los mecanismos de toma de decisiones, la transparencia técnica y organizativa, etc. Podríamos, por ejemplo, crear un modelo jurídico mixto público-privado para este fin.

Cualquiera que sea el perímetro final, a largo plazo la perspectiva de una cogobernanza transatlántica sugiere dos posibilidades, ninguna de las cuales es neutra: la primera opción consistiría en una estandarización del derecho y de las normas que tendería a una filosofía del derecho a la americana. Esta opción debe evitarse a toda costa para los europeos y, afortunadamente, no parece ser el camino que estamos tomando. Una segunda posibilidad sería una combinación de las dos visiones del derecho, estadounidense y europeo, en un justo medio que se encontraría gradualmente. Desde este punto de vista, la labor reguladora y normativa emprendida por la Comisión Europea desde 2019 y el interés que ha suscitado entre los investigadores y algunos responsables políticos estadounidenses es una vía a explorar.

Por último, y de forma más general, la territorialización de las meta-redes sociales, que la Ley de Servicios Digitales ha empezado a esbozar, es una señal interesante en cuanto al resurgimiento de los Estados que meten en cintura a sus brazos armados tecnológicos. La ambivalencia de las relaciones Estados-BigTech y las nuevas claves de la distribución del poder parecen reclasificarse poco a poco, en beneficio del poder público, en torno a un modelo que es, en definitiva, clásico y que se aleja de las utopías de la web descentralizada, al tiempo que intenta evitar lo peor de su privatización depredadora poniendo orden en lo que Shoshana Zuboff describe como «capitalismo de la vigilancia»²⁸.

En resumen, la creciente conflictividad del mundo y la interdependencia de nuestras economías exigen una comunidad de destino articulada en torno a intereses geoestratégicos compartidos en el lado occidental.

Conclusión

En cualquier caso, estamos en un punto de inflexión. Estamos asistiendo a la súbita aparición de un nuevo orden cuatripolar, cuyos vaivenes están dictados por tres polos tecnológicos e informativos impermeables (Estados Unidos, China y Rusia) con agendas y visiones del mundo radicalmente opuestas. En esta reconfiguración geopolítica, la militarización de las redes sociales es un elemento importante de la morfología híbrida de los futuros conflictos y arquitecturas de poder.

Queda por ver cómo se posicionarán los países occidentales, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea. En otras palabras, ¿qué vamos a decidir sobre la forma que adoptará esta militarización, su marco de alianzas, normas y acciones? Esto requiere una seria reflexión sobre las nuevas claves del reparto de poder entre los Estados soberanos y las BigTech, que controlan gran parte de la esfera informativa, desde la red hasta los contenidos. La cogobernanza transatlántica es una vía que hay que estudiar seriamente para organizar los mecanismos de gobernanza, normas y control.

Por último, el retorno de los Estados fuertes hace necesaria una estrategia de la Europa potencia, pero ésta sólo será posible mediante una estrategia de soberanía tecnológica abierta que le dé la capacidad de mantener un equilibrio de poder en el tiempo tanto con sus enemigos como con sus aliados. De lo contrario, quedaríamos relegados a la condición de objeto para Estados imperiales mucho más poderosos. Entonces sólo tendríamos la opción de nuestras alianzas. Ante esta reconfiguración geoestratégica en curso y el debilitamiento interno sin precedentes de Estados Unidos, se abre una ventana de oportunidad que le puede permitir a Europa proyectarse en este nuevo juego de poder. A condición de que la cuestión tecnológica esté fundamentalmente politizada.