
Desde el 11 de septiembre de 2001, un arsenal jurídico de un alcance sin precedentes comenzó a institucionalizar en las democracias liberales occidentales un edificio de vigilancia generalizada basado en las nuevas tecnologías digitales. Tales tecnologías proporcionan a los Estados debilitados los medios para entrar en una nueva era de bajo costo, la de la información total al servicio de una doctrina de contrainsurgencia, cuyos sistemas -ahora automatizados- son invisibles.