El plan de los conservadores alemanes para desmantelar la burocracia europea
A la sombra de Bruselas, el partido de Friedrich Merz trabaja en un DOGE europeo al servicio de los intereses alemanes.
Traducimos y comentamos un importante documento técnico presentado a Ursula von der Leyen, pero que ha pasado desapercibido.
- Autor
- Alberto Alemanno, Pierre Mennerat
La CDU/CSU ocupa una parte importante de los puestos clave en las instituciones europeas: Ursula von der Leyen (CDU) dirige la Comisión Europea desde 2019, y Manfred Weber preside desde 2014 el grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, cargo que, desde 2022, compagina con la presidencia del propio PPE.
El texto se inscribe explícitamente en una ofensiva de «desburocratización» de la Unión Europea impulsada por la derecha del gobierno alemán. Aunque acoge con satisfacción el proyecto de la Comisión denominado «ómnibus», que ya prevé una reducción de la regulación, el grupo parlamentario cristianodemócrata en el Bundestag va más allá: prevé la derogación de directivas en diversos ámbitos, desde la ecología hasta la igualdad salarial entre hombres y mujeres, pasando por la economía circular.
Alberto AlemannoEl documento del grupo CDU/CSU en el Bundestag, titulado Agenda für einen nachhaltigen Bürokratierückbau auf EU-Ebene, comienza con la promesa de una Europa más fuerte y competitiva. Sin embargo, muchas de sus nada menos que 27 propuestas tendrían graves consecuencias para la gobernanza de la Unión. Tras el discurso sobre la simplificación y la desburocratización se esconde un programa destinado no solo a reducir las cargas administrativas, sino también a debilitar la capacidad reguladora de la Unión, restringir la iniciativa legislativa de la Comisión Europea y devolver el poder a los gobiernos nacionales.
El comentario que sigue interpreta el documento de la CDU/CSU tanto como un síntoma como un programa: la declaración más explícita hasta la fecha de un consenso desregulador que ahora atraviesa todo el espectro político dominante en Europa. Por ello, merece ser situado en el marco más amplio de la agenda de simplificación de la Unión.
Además, se trata de un intento sin precedentes de renacionalizar las prerrogativas constitucionales y la arquitectura institucional de la Unión en nombre de la competitividad de Europa. El resultado no sería una Europa más soberana, sino una Europa más reducida y más alineada con los intereses de Alemania.
Agenda para una reducción sostenible de la burocracia a escala de la Unión
Por una mejor legislación en la Unión Europea y una simplificación de la normativa
Solo con una Unión Europea fuerte y unida podremos superar los retos geopolíticos y económicos actuales. La integración europea es un pilar fundamental de nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra prosperidad. Desde los Tratados de Roma, la integración de Europa ha sido la clave para una Alemania fuerte dentro de una Unión Europea fuerte. Ahora más que nunca, dependemos de un proyecto europeo común y exitoso.
Sin embargo, para reforzar aún más la Unión Europea, nosotros, los europeos, debemos empezar por trabajar en nosotros mismos. Esto implica un programa de simplificación radical de la legislación europea, tanto la vigente como la nueva, con el fin de reducir drásticamente la carga burocrática que pesa sobre los ciudadanos, las empresas y la administración pública en Europa.
Alberto Alemanno Para comprender las implicaciones de lo que propone la CDU/CSU, hay que distinguir entre simplificación y desregulación. La simplificación (reducir las cargas administrativas, eliminar las obligaciones de declaración redundantes, racionalizar los procedimientos) es un ejercicio legítimo y a menudo necesario. Mejora la calidad de la normativa sin mermar su ambición ni su alcance. Por el contrario, la desregulación debilita o suprime normas de fondo: rebaja los estándares, reduce las obligaciones y restringe la capacidad del Estado para regular el comportamiento del mercado.
Ambos conceptos se confunden a menudo en el discurso político, incluso en el presente texto. Esta confusión permite presentar un programa de desmantelamiento sustancial como una simple «reducción de la burocracia», al tiempo que se propone la mayor reforma normativa jamás vista en Europa.
Los paquetes de medidas denominados «ómnibus», que se están negociando actualmente entre las instituciones europeas, constituyen un paso importante en la dirección correcta. Sin embargo, se necesitan esfuerzos aún mayores para reducir la burocracia. El objetivo debe ser mejorar tanto la calidad como la cantidad de la normativa en su conjunto y aligerar considerablemente la carga burocrática que pesa sobre los ciudadanos, las empresas y la administración pública. Una legislación moderna y racionalizada es una condición esencial para la competitividad de las economías nacionales de los Estados miembros, para la prosperidad y para una cooperación europea fructífera. Solo cuando la normativa es favorable a la innovación, proporcionada y fiable, las empresas pueden invertir, crecer y ser competitivas a nivel internacional. Solo sobre esta base se pueden garantizar empleos con futuro y los recursos necesarios para un Estado de bienestar sólido. Por el contrario, una regulación excesiva, unos procedimientos de aprobación interminables y una carga burocrática fuerte frenan la inversión y el dinamismo de la innovación, comprometiendo la competitividad internacional y, por consiguiente, los cimientos de nuestra prosperidad. Los esfuerzos por reducir la burocracia ya no deben limitarse a una simple simplificación, sino que exigen un desmantelamiento concreto, incluida la supresión de regulaciones («desregulación»).
A pesar de que se habla de desregulación y simplificación en nombre de la competitividad, el grupo CDU/CSU no hace mención alguna al informe Draghi. Con motivo del discurso de homenaje pronunciado con motivo de la entrega del Premio Carlomagno al expresidente del BCE la semana pasada, el canciller alemán Friedrich Merz dejó muy claro que, si bien compartía los diagnósticos del informe, tenía la firme intención de que su aplicación se ajustara a los intereses alemanes, en particular oponiéndose a cualquier nuevo empréstito común a nivel de la Unión para financiar las inversiones estructurales recomendadas por Mario Draghi.
Es necesario eliminar los obstáculos normativos innecesarios y evitarlos desde el principio. Además de reducirlos, es fundamental velar por que la Comisión Europea no proponga nuevas normativas excesivamente complejas y burocráticas. En lo que respecta al programa de trabajo para 2026, la Comisión Europea debe respetar el principio de «menos es más».
Alberto Alemanno La idea de que Europa se ahoga en la regulación es ahora ampliamente compartida en los círculos políticos de derecha y de centro-derecha de todo el continente. Desde principios de 2023, en un contexto de manifestaciones de agricultores y de llamados cada vez más insistentes por parte de algunos dirigentes de la Unión a favor de una «pausa regulatoria», la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha distanciado del principal logro legislativo de su primer mandato: el Pacto Verde Europeo. Este giro, que pudo sorprender, le ayudó finalmente a conseguir un segundo mandato.
Al mismo tiempo, el informe del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, sobre el estado de la economía de la Unión, encargado por Ursula von der Leyen —aunque la CDU/CSU no lo cite aquí explícitamente — ha conferido una autoridad analítica excepcional al argumento de que muchos de los problemas de competitividad de la Unión se derivan de una «regulación incoherente y restrictiva». La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, inició su segundo mandato con un programa de simplificación sistemática y de reducción deliberada de la ambición regulatoria de la Unión, presentado como una respuesta a las preocupaciones de las empresas y los Estados miembros. Los resultados han sido radicales: se han debilitado las normas en materia de sostenibilidad empresarial y de diligencia debida; se han ampliado los plazos relativos a la venta de vehículos con motores de combustión; se han aplazado o restringido las normas relativas a la restauración de la naturaleza y la deforestación; y se ha cuestionado en parte la legislación digital, con el riesgo de desmantelar las mismas normas que han convertido a Europa en la referencia mundial en materia de gobernanza digital. Si bien cada medida se presenta como una reducción de las cargas, en conjunto constituyen, sin embargo, un retroceso en las normas medioambientales, sociales, de responsabilidad empresarial y digitales que Europa ha tardado dos décadas en construir. El método mediante el cual se ha llevado a cabo este retroceso es tan significativo como su contenido. Se ha basado en un mecanismo legislativo controvertido y opaco: el proyecto de ley ómnibus. Al agrupar numerosas medidas sin relación entre sí en un único y extenso texto legislativo, estas reformas se aprueban por vía rápida, con poca o ninguna consulta pública. Sin embargo, si bien algunas de estas medidas suponen una verdadera simplificación, otras son, pura y simplemente, desregulación. El mecanismo de la ley ómnibus dificulta su distinción, lo que quizá forme parte del objetivo.
Como sugieren estas recomendaciones, el canciller alemán Merz y su partido político —el miembro más influyente del Partido Popular Europeo, actualmente en el poder— desean ahora ir más allá en la desregulación, abogando por procesos que irían mucho más allá del recurso sistemático a las leyes ómnibus.
1 — Situación actual
La experiencia demuestra que el número de actos jurídicos de la Unión es excesivo y que la mayoría de ellos son demasiado detallados, demasiado complejos y difíciles de aplicar a nivel nacional. Esto es especialmente cierto en el caso del ingente corpus de Derecho derivado de la Unión, aplicado por la Comisión Europea mediante numerosos actos delegados y de ejecución, lo que supone un reto administrativo considerable, incluso para las administraciones nacionales más avanzadas. Además, los actos delegados a veces aclaran, pero de hecho amplían, las obligaciones y el ámbito de aplicación establecidos por la legislación derivada.
Solo en 2025, la Comisión Europea adoptó más de 700 actos delegados o de ejecución.
Esto ocurrió a pesar de que la Comisión Europea anunciara a principios de 2025 su objetivo de reducir la carga administrativa que pesa sobre las empresas en al menos un 25 % y sobre las PYMES en al menos un 35 %.
Por un lado, los actos jurídicos de la Unión movilizan considerables recursos financieros y humanos en las administraciones nacionales, tanto a nivel federal como regional y, sobre todo, local. Por otro lado, el impacto real de dichos actos sobre los ciudadanos, las empresas, las iniciativas y los demás destinatarios de la normativa no se prevé ni se considera un criterio esencial a la hora de elaborarlos. Además, la multiplicación de actos jurídicos en los mismos ámbitos aumenta la incertidumbre en cuanto a su aplicación y genera una falta de previsibilidad para todas las partes interesadas, incluido el Bundestag. Esto pone de manifiesto una concepción fundamentalmente favorable a la regulación por parte de la Comisión Europea. Lo que se pasa por alto es la idea de que un legislador sirve mejor a los ciudadanos cuando se abstiene deliberadamente de cualquier regulación adicional.
2 — Medidas necesarias
Por consiguiente, apoyamos expresamente la intención anunciada por la Comisión Europea de racionalizar, acelerar y armonizar la normativa, y de hacerla más conforme al principio de proporcionalidad, así como de alcanzar el objetivo fijado por la Comisión Europea de reducir la carga administrativa que pesa sobre las empresas en al menos un 25 % y sobre las PYMES en al menos un 35 %, este anuncio debe ponerse en práctica rápidamente y de forma cuantificable.
También acogemos con satisfacción el énfasis que pone la Comisión Europea en el principio de simplicidad. La claridad, la eficacia y la viabilidad digital deben tenerse en cuenta de forma sistemática desde el momento en que se redacta cualquier nueva legislación. Es esencial que el control sea menos minucioso, que se preste mayor atención a los objetivos y, por consiguiente, que haya una mayor flexibilidad en la aplicación a nivel local. El número y la complejidad de los actos delegados y de ejecución deben reducirse considerablemente.
Además, instamos a la Comisión Europea a que establezca un límite máximo para la elaboración de legislación europea en cada ámbito y a que lo combine con una reducción de las cargas administrativas que pesan sobre los ciudadanos, las empresas y la administración pública, ampliando el principio de «un texto que entra, un texto que sale» a un verdadero principio de «un texto que entra, dos textos que salen». El enfoque «un texto que entra, un texto que sale» que aplica actualmente la Comisión Europea presenta deficiencias. Aunque este instrumento tiene por objeto compensar las nuevas cargas administrativas con reducciones equivalentes, en la práctica adolece de varias limitaciones y excepciones metodológicas. Por ejemplo, el enfoque se aplica actualmente de forma exclusiva a las cargas administrativas que pesan sobre los ciudadanos y las empresas, mientras que otros tipos de costos, como los costos de cumplimiento para las administraciones públicas, los costos materiales de cumplimiento, las tasas y los costos derivados de las modificaciones introducidas en el procedimiento legislativo por el Consejo y el Parlamento Europeo, se excluyen habitualmente del cálculo de la compensación. Además, la propia Comisión Europea subraya que el enfoque no se aplica de forma mecánica y no supondrá una rebaja de las normas de protección social, económica o medioambiental.
Estas limitaciones implican que una parte importante de la carga normativa real no queda reflejada en el balance del enfoque «uno entra, otro sale», por lo que, en la actualidad, este enfoque tiene una utilidad limitada a la hora de garantizar una reducción notable y sistemática de la burocracia a escala europea. Para que se convierta en un instrumento más eficaz, es necesario, por tanto, llevar a cabo una revisión. Todos los costos de cumplimiento, ya sean recurrentes o puntuales, deben incluirse en la normativa sin excepción. Además, el cálculo de estos costos no debería realizarlo la propia Comisión Europea, sino un organismo independiente. Los procedimientos existentes, como el Consejo de Control de la Regulación, podrían reforzarse y desarrollarse para crear un verdadero órgano de control regulatorio, totalmente independiente de la Comisión Europea.
También conviene plantearse una reducción de la burocracia mediante una reducción de la plantilla en las instituciones europeas, al tiempo que se vuelve a centrar la atención en los retos y las responsabilidades fundamentales de la Unión Europea.
En conclusión, desde el punto de vista del grupo parlamentario CDU/CSU, es absolutamente esencial adoptar un enfoque sistémico y vinculante para reducir la burocracia a escala de la Unión. No basta con simplificar los textos legislativos caso por caso. Los paquetes legislativos existentes son insatisfactorios tanto por su alcance como por la rapidez de su aplicación. Por lo tanto, es necesario aplicar de forma rápida y coherente todos los paquetes legislativos existentes de aquí a finales de 2026, e introducir nuevos paquetes legislativos para aligerar las cargas administrativas. También es esencial un marco político claro: por un lado, el órgano central existente, responsable a nivel de la Unión, debe poder trabajar de forma más eficaz, prevenir de manera proactiva los excesos de burocracia, coordinar la reducción de las formalidades administrativas, fijar objetivos vinculantes, definir las responsabilidades y controlar su aplicación. Este órgano debe disponer de un derecho de veto fundamental sobre cualquier nueva legislación propuesta por la Comisión Europea y, por consiguiente, contar con un firme apoyo del Consejo Europeo, de la dirección de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión Europea.
Alberto Alemanno Lo que hace peligroso el documento de la CDU/CSU es que no se limita a la «reducción sostenible de la burocracia» que se menciona sobriamente en su título. Si se analiza más detenidamente, va mucho más allá de una simple revisión normativa puntual (es decir, más leyes ómnibus) y de una racionalización administrativa, para convertirse en un programa de desmantelamiento sustancial y de acción preventiva con respecto a la actividad legislativa de la Unión.
Por otra parte, cada dirección general debe asumir también, a nivel descentralizado, la responsabilidad de la carga administrativa que genera y ser evaluada en función de objetivos predefinidos de reducción de trámites administrativos en su ámbito de competencia. Esto significa que, por cada nueva carga administrativa en su ámbito de competencia, debe aplicarse una reducción dos veces mayor. La presidenta de la Comisión Europea deberá, en el futuro, informar periódicamente al Consejo Europeo y los comisarios europeos al Consejo de la Unión Europea sobre los avances logrados en materia de reducción de la burocracia y simplificación de los procedimientos, sin introducir por ello nuevas obligaciones de declaración formalizadas.
Por otra parte, el cambio cultural necesario en materia de regulación solo podrá llevarse a cabo si se aplica de manera coherente a todos los niveles: europeo, nacional y regional. El compromiso, recogido en el acuerdo de coalición, de hacer de la reducción de la burocracia un principio rector de la acción política es defendido con firmeza por el gobierno alemán, en particular en el Consejo Europeo de marzo de 2026. Sin embargo, este compromiso debe reforzarse. Es la única forma de que Europa sea más competitiva, innovadora y capaz de actuar sin renunciar a sus elevados estándares.
Por lo tanto, instamos al gobierno alemán a que exhorte a las instituciones de la Unión Europea a velar por lo siguiente:
1. La Comisión Europea debe poner en práctica sin demora su objetivo anunciado de reducir la carga administrativa de las empresas en al menos un 25 % y la de las PYMES en al menos un 35 %. Además, la Comisión Europea debería establecer un límite máximo para la elaboración de legislación europea en cada ámbito y combinarlo con una reducción de la carga administrativa para los ciudadanos, las empresas y la administración pública, ampliando el principio de «un texto que entra, un texto que sale» a un verdadero principio de «un texto que entra, dos textos que salen». De este modo, cada dirección general de la Unión sería responsable de crear una desgravación fiscal dos veces superior en su ámbito de competencia por cada nueva carga que imponga a los ciudadanos, las empresas y la administración pública. Esto permitiría a la Comisión Europea centrarse en sus misiones esenciales. El límite máximo y el principio «uno que entra, dos que salen» deben aplicarse también explícitamente a las obligaciones de cumplimiento de las administraciones nacionales, desde el gobierno federal hasta los estados federados y los municipios, a través de la legislación delegada.
2. Debe adoptarse una moratoria sobre las nuevas legislaciones europeas excesivamente burocráticas, durante la cual la Comisión Europea revise sistemáticamente su programa de trabajo, establezca prioridades, lo simplifique si es necesario y se centre en las reformas económicamente indispensables para aumentar la competitividad. La complejidad y el excesivo nivel de detalle del Derecho europeo deben reducirse considerablemente. Esto no afecta a las leyes e iniciativas de la Comisión Europea relativas a la seguridad europea y a la protección del orden público.
3. Los actos de ejecución y los actos delegados deben limitarse a ajustes técnicos y no esenciales.
4. Las instituciones europeas deben adoptar una interpretación más matizada de sus competencias en el marco de su responsabilidad exclusiva en lo que respecta al funcionamiento del mercado interior. Debe hacerse hincapié en lo que es realmente necesario para el buen funcionamiento de dicho mercado.
Alberto AlemannoEl documento alemán aboga por una reestructuración de las instituciones de la Unión, con una reducción de la plantilla vinculada a una reorientación hacia las «competencias esenciales». Estas mismas instituciones, empezando por la Comisión Europea, también deberían adoptar «una interpretación más restrictiva de sus competencias» en el ámbito del mercado interior. Leído en paralelo con la propuesta relativa al órgano de veto mencionada más adelante, este documento esboza los contornos de una Comisión Europea reducida, más limitada en sus iniciativas y sometida a una vigilancia constante y a un bloqueo sistemático en la fase de propuesta.
El paralelismo con lo que la administración de Trump ha hecho con las agencias federales estadounidenses —no una simple reforma, sino una erosión institucional sistemática y deliberada— se inscribe en una retórica común y más amplia de la desburocratización de las administraciones públicas, presentada como una solución milagrosa para liberar las fuerzas del mercado. Por ello, no es de extrañar que el gobierno alemán haya nombrado a un «zar del DOGE» para el cargo de ministro encargado de la reforma del Estado. 1 En definitiva, la agenda de este documento coincide con las demandas públicas de la administración estadounidense a favor de una desregulación europea y de un debilitamiento de la aplicación de sus leyes a las empresas estadounidenses, en particular a los gigantes tecnológicos, formuladas explícitamente en el contexto de las negociaciones comerciales.
5. La Comisión Europea debe reducir de verdad la burocracia, en lugar de limitarse a ajustar los plazos y los umbrales de aplicación. Esto implica un análisis crítico sistemático de la lógica normativa, en particular la del Pacto Verde para Europa, que, en muchos casos, se entromete de forma excesiva en las decisiones de las empresas, los mecanismos del mercado y la vida privada. El Derecho de la Unión no debería restringir indebidamente a los Estados miembros con un exceso de detalles. Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad deberían aplicarse de manera más coherente.
Alberto AlemannoEl documento de la CDU/CSU presenta su programa como una defensa de la subsidiariedad, la competitividad y la responsabilidad de los Estados miembros. Pero, en la práctica, tendría como efecto debilitar precisamente el nivel de gobernanza en el que aún pueden abordarse muchos de los problemas más urgentes de Europa.
La normativa europea suele ser caricaturizada como una mera formalidad administrativa. Sin embargo, a menudo constituye la principal expresión del poder europeo. Crea un mercado a escala continental, establece normas comunes y otorga a Europa una influencia sobre los actores que ningún Estado miembro podría controlar por sí solo. La DMA, la DSA, el RGPD, la aplicación de las normas de competencia, las normas de productos, las normas de responsabilidad de las empresas y la normativa medioambiental son los instrumentos mediante los cuales Europa transforma el tamaño de su mercado en una autoridad política capaz de proteger a sus ciudadanos y al planeta.
Esta autoridad política es fundamental, ya que los conflictos que debe resolver han dejado de tener alcance nacional. Ningún gobierno de la Unión puede, por sí solo, regular las plataformas mundiales ni crear una infraestructura de pagos europea, un mercado de capitales sólido o una base industrial de defensa capaz de reducir nuestra dependencia de Estados Unidos y China.
En nombre del restablecimiento del control de los Estados miembros, el programa de la CDU/CSU, tal y como se esboza aquí, los privaría del único nivel de gobernanza gracias al cual aún pueden ejercer cierta forma de control sobre unos sistemas globales menos predecibles. Ahí radica la trampa de la renacionalización: debilitar la iniciativa de la Comisión, reducir la capacidad administrativa de la Unión, someter la legislación a puntos de veto desreguladores y subordinar el apoyo político a objetivos de reducción de cargas no permitiría restablecer la soberanía nacional. Por el contrario, fragmentaría la autoridad europea y expondría aún más a cada Estado miembro a las presiones económicas y geopolíticas externas.
6. Debe reforzarse el principio de discontinuidad a nivel europeo, garantizando la retirada de las propuestas en trámite al término del mandato de las Comisiones Europeas salientes.
7. Debe establecerse un mecanismo de freno de emergencia para evitar cualquier aumento excesivo o repentino de las cargas administrativas que recaen sobre los ciudadanos, las empresas o la administración pública y que pudiera producirse durante un proceso legislativo europeo. Los parlamentos nacionales deben integrarse mejor en el proceso legislativo europeo.
Alberto AlemannoEl documento aboga, ni más ni menos, por la creación de un órgano de control supuestamente independiente, dotado de una autoridad considerablemente reforzada sobre las propuestas de la Comisión, y asociado a un mecanismo de «freno de emergencia» capaz de interrumpir los procedimientos legislativos europeos cuando las cargas presuntas aumenten de manera sustancial. Esto supondría una transferencia de poder en una fase previa, incluso antes de que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan iniciado sus deliberaciones legislativas ordinarias.
No se trata de una propuesta destinada a mejorar la calidad de la legislación de la Unión, sino de una propuesta destinada a establecer un mecanismo de bloqueo en una fase previa del proceso legislativo de la Unión. El problema es de carácter constitucional: el monopolio de la Comisión sobre la iniciativa legislativa está garantizado por el artículo 17, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea. Cualquier órgano que ejerza un derecho de veto absoluto sobre dicha iniciativa es manifiestamente incompatible con los tratados en su forma actual. En términos más generales, la arquitectura propuesta encaja mal con el principio de equilibrio institucional que rige las relaciones entre las tres principales instancias de la Unión: la Comisión no es una secretaría del Consejo y los comisarios no son delegados de los gobiernos que los han nombrado.
Ni siquiera una revisión del Tratado —algo que el documento de los conservadores alemanes se abstiene de recomendar— podría remediarlo fácilmente sin desmantelar la lógica constitucional que sustenta todo el orden jurídico de la Unión, una lógica concebida precisamente para impedir que los Estados miembros a título individual o sus representantes bloqueen la acción colectiva europea.
8. La presidenta de la Comisión Europea debe informar periódicamente al Consejo Europeo, y los comisarios europeos deben informar periódicamente al Consejo de la Unión Europea, sobre los avances logrados en materia de reducción y simplificación de los trámites administrativos, basándose en criterios vinculantes, sin introducir nuevas obligaciones formales de presentación de informes. La Comisión Europea debe coordinar la reducción de los trámites administrativos de la Unión para los ciudadanos, las empresas y la administración pública como prioridad absoluta, fijando objetivos vinculantes, definiendo las responsabilidades y controlando su cumplimiento.
9. El sistema interno de la Comisión en materia de personal, evaluación y promoción debe reestructurarse con el fin de favorecer la reducción de la normativa o, cuando sea necesario adoptar nuevas normas, optar por la solución más sencilla y fácil de aplicar.
10. Debe establecerse a escala europea una verdadera «consulta a los países y a las asociaciones (Verbände)», siguiendo el modelo del reglamento interno [código de conducta] del Gobierno Federal alemán (artículo 47 del reglamento general común a los ministerios). El objetivo debe ser tener más en cuenta que antes los intereses de los ciudadanos y las empresas, así como las preocupaciones de las entidades territoriales. Las consultas generales o los grupos de expertos que constituiría previamente la Unión Europea son, en nuestra opinión, insuficientes. Por lo tanto, exigimos que sea obligatoria una audiencia de los Estados miembros y las asociaciones afectadas antes de la publicación de cualquier proyecto de legislación, basada en el proyecto de ley, a fin de que la Comisión Europea, en su calidad de órgano ejecutivo, esté obligada a responder a las críticas ya en la fase de elaboración.
Alberto Alemanno En la sección del documento dedicada a la gobernanza se esconde una propuesta que, en la práctica, pretende vincular la evaluación que los Estados miembros hacen del desempeño de la Comisión —y, de manera implícita, su apoyo político a sus prioridades— a unos objetivos cuantificables en materia de desregulación. Aunque esto no se presenta como una forma de condicionalidad financiera, la lógica política que implica apunta en esa dirección: el cumplimiento de un programa de desregulación se convierte en el criterio por el que la Comisión adquiere legitimidad política ante el Consejo, es decir, ante los gobiernos de los Estados miembros. Esto invierte la relación normal entre mandato institucional y responsabilidad política, subordinando la independencia de la Comisión a una única preferencia política definida por el Estado miembro más grande. Esto queda simbolizado además por la exigencia de que la presidenta de la Comisión Europea «rinda cuentas ante el Consejo Europeo» (véase el punto 8 supra) y de que los comisarios europeos rindan cuentas ante el Consejo de la Unión. Sin embargo, ni el presidente de la Comisión ni los comisarios dependen de los gobiernos que los nombraron para sus cargos, ya que han sido elegidos por el Parlamento Europeo y solo son responsables ante sus miembros y los ciudadanos europeos. Además, esta propuesta es manifiestamente incompatible con el Derecho de la Unión Europea y con el principio de equilibrio institucional que determina la relación existente entre las tres principales instituciones de la Unión: la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros.
El efecto neto de estas reformas es debilitar, y no reforzar, la capacidad de la Unión para actuar como actor soberano en la escena mundial y, sobre todo, para liberarse de las numerosas dependencias que se han acumulado a lo largo de las últimas décadas. Una de las consecuencias involuntarias de este programa político, que debilita la acción europea, es que hace el juego a los enemigos de Europa, ya sean los Estados que recurren a la coacción y a la fuerza militar o los oligarcas del sector tecnológico de Silicon Valley.
11. Es necesario poner fin a la tendencia a externalizar las tareas políticas hacia autoridades y organismos subordinados («agencificación»). Las cuestiones políticamente y socialmente delicadas no deben transferirse progresivamente del ámbito de la negociación democrática a las estructuras administrativas de toma de decisiones. Cuando la administración sustituye a la política, el debate público, el control parlamentario y el reparto de responsabilidades políticas se ven afectados. Por lo tanto, es necesario un claro retorno de las decisiones esenciales de gobernanza a la esfera política democráticamente legitimada.
12. Debe estudiarse la posibilidad de introducir desde el principio cláusulas de caducidad para determinados actos jurídicos de la Unión o ámbitos de aplicación. En principio, se necesitan evaluaciones más rápidas y oportunas y, por lo tanto, son indispensables unos procedimientos de revisión periódicos y bien definidos. Debe evitarse cualquier incertidumbre jurídica.
13. A lo largo de todo el proceso de elaboración de la nueva legislación europea deben tenerse en cuenta la claridad, la viabilidad práctica y la viabilidad digital. Esto implica evitar sistemáticamente la adopción de nueva legislación, revisar la legislación vigente y utilizar las mismas definiciones en toda la legislación. Se necesita un control menos excesivo, una mayor atención a los objetivos y una mayor confianza en la aplicación sobre el terreno.
Además, cualquier normativa que imponga una carga a los ciudadanos, a las empresas o a la administración pública debe ser objeto de un control de conformidad con las prácticas de la Unión por parte de la Comisión Europea en al menos tres Estados miembros, y los resultados deben presentarse posteriormente al Parlamento Europeo y al Consejo. La codificación —es decir, la publicación híbrida de las normas jurídicas en forma de texto jurídico y código ejecutable— también debería definirse como un objetivo de la legislación europea, y deberían incluirse más cláusulas de apertura y experimentación en el Derecho europeo con el fin de promover y facilitar la innovación.
14. Armonización de la terminología: la legislación europea debe ajustarse aún más al uso coherente y sin ambigüedades de los términos clave. Las desviaciones respecto a las definiciones ya establecidas en otros actos jurídicos de la Unión solo deberían producirse por razones objetivas y estar explícitamente justificadas. La coherencia conceptual facilita la aplicación nacional y reduce los márgenes de interpretación y la incertidumbre jurídica.
15. El reglamento de la Unión sobre la restauración de la naturaleza, que resulta excesivamente burocrático y vulnera el derecho fundamental a la propiedad, debe derogarse en su totalidad para elaborar, con la participación de todas las partes interesadas, un nuevo marco normativo que sea práctico y, sobre todo, equitativo y financieramente viable para la conservación y la adaptación de nuestros recursos naturales a los retos del cambio climático.
Este párrafo y los siguientes, tras el llamado a desmantelar el Pacto Verde que figura un poco más arriba, son representativos del giro que dio la Comisión de von der Leyen entre su primer y su segundo mandato, al dar marcha atrás en una serie de normativas medioambientales en nombre de la simplificación. En este caso, la CDU/CSU pide «derogar por completo» las normas sobre la restauración de la naturaleza con el pretexto de que serían contrarias al derecho de propiedad.
16. La reorientación de la Política Agrícola Común (PAC) debe dar lugar a un enfoque más pragmático y menos burocrático. La última reforma de la PAC ya había supuesto un aumento significativo de las restricciones. La integración de la PAC en los planes de colaboración nacionales y regionales no debe hacerla aún más burocrática y compleja.
17. Es necesario reducir considerablemente el alcance del Reglamento de la Unión Europea sobre la deforestación (EUDR) para evitar cargas desproporcionadas para los países de bajo riesgo, como Alemania. En este contexto, es necesario seguir abogando por la introducción de una opción de «riesgo cero» uniforme a escala mundial o de medidas de alivio comparables.
18. El proceso legislativo en curso relativo a la ley ómnibus sobre medio ambiente debe permitir aligerar aún más las restricciones que pesan sobre las empresas en materia de emisiones industriales, economía circular, evaluaciones de impacto ambiental y la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, sin dejar de preservar los objetivos de la política medioambiental. En materia de política sobre productos químicos, se debería hacer hincapié en un enfoque basado en los riesgos, en lugar de en los peligros.
19. La Directiva europea sobre transparencia salarial debe revisarse en profundidad para evitar aumentar la carga burocrática que recae sobre las empresas europeas y, al mismo tiempo, permitir una mayor flexibilidad en las soluciones nacionales. Seguimos plenamente comprometidos con la eliminación de las diferencias salariales injustificadas entre mujeres y hombres. Sin embargo, estamos convencidos de que la directiva, en su forma actual, no es el instrumento adecuado para alcanzar eficazmente este objetivo. Por el contrario, corre el riesgo de comprometer los avances ya logrados en materia de igualdad.
20. Es necesario elaborar propuestas concretas para eliminar los diez principales obstáculos identificados en la estrategia para el mercado único, ya sea revisando toda la legislación vigente (por ejemplo, en el caso de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, el Reglamento sobre la coordinación de las prestaciones de la seguridad social/certificado A1), ya sea digitalizando o facilitando el cumplimiento normativo de las empresas (declaración electrónica, ESSPASS). Los servicios públicos municipales también deberían clasificarse como PYMES, independientemente de su estructura de propiedad, si cumplen los criterios económicos de la definición europea de PYMES, a fin de que la reducción de las formalidades administrativas no provoque distorsiones de la competencia entre las pequeñas y medianas empresas.
21. Deben rechazarse los aspectos intervencionistas de la Ley de Aceleración Industrial.
22. Es necesario eliminar las restricciones que pesan sobre el sector del automóvil debido a normativas adicionales, como el reglamento relativo a las flotas de empresas y las preferencias normativas en materia de productos, como las destinadas a promover los coches pequeños.
23. Es necesario tener más en cuenta el riesgo asociado a las obligaciones de transparencia en lo que respecta a la divulgación de secretos comerciales. La divulgación y el almacenamiento centralizados de datos empresariales sensibles generan importantes obligaciones de cumplimiento normativo y comprometen la competitividad debido a riesgos como el espionaje industrial o la divulgación no autorizada.
24. En la normativa debe establecerse una distinción clara entre los riesgos específicos de las empresas y los riesgos sistémicos. En el pasado, por ejemplo, la regulación de las cadenas de suministro transfería a las empresas la responsabilidad de los riesgos derivados de marcos geopolíticos y gubernamentales ajenos a su esfera de influencia. Por lo tanto, los riesgos sistémicos deberían abordarse con mayor firmeza a nivel político.
25. El proyecto de Ley de Equidad Digital no debe ser una nueva legislación digital europea, sino más bien un texto de referencia destinado a armonizar y adaptar la legislación digital vigente que no esté incluida en el texto de referencia sobre la IA o los datos.
26. Es necesario llevar a cabo una reducción general de la burocracia a escala europea en beneficio de la investigación y la innovación, en su calidad de servicios públicos esenciales. La Comisión Europea debería encargarse de identificar y eliminar de manera exhaustiva los obstáculos burocráticos a la investigación y la innovación impuestos por la legislación europea. La Comisión Europea debe consultar e involucrar a las instituciones de investigación y a las asociaciones profesionales europeas. Se deben tener especialmente en cuenta los intereses de las empresas emergentes y las PYMES. El Consejo competente y el Parlamento Europeo deben ser informados permanentemente de los avances logrados en materia de reducción de la burocracia en la investigación y la innovación.
27. No debe promulgarse ninguna nueva legislación que aumente las obligaciones reglamentarias de los ciudadanos, las empresas y la administración pública. Esto se aplica, en particular, a la Ley de Empleo de Calidad, prevista para diciembre de 2026, y al Paquete de Medidas para la Movilidad Laboral Justa, previsto para septiembre de 2026, así como a la Directiva sobre Declaraciones Ecológicas y a la Ley Europea de Productos.
Como europeos, solo podemos hacer frente a la competencia geopolítica y geoeconómica mundial si formamos parte de una Unión Europea unida. Por lo tanto, es urgente que la Unión recupere su competitividad. Un elemento clave para lograrlo es contar con una legislación europea más eficaz y de mayor calidad, así como con un número reducido de actos jurídicos europeos.
Por eso, nosotros, el grupo parlamentario CDU/CSU, estamos firmemente comprometidos con este objetivo. Solo así podremos alcanzar nuestra meta: reforzar la aceptación del proyecto europeo por parte de los ciudadanos, las empresas y la administración pública, y fortalecer la Unión Europea en su conjunto.
Notas al pie
- Anne-Sylvaine Chassany, «Germany’s new deregulation chief vows to be more subtle than Elon Musk», Financial Times, 25 de septiembre de 2025.
