Ha surgido un nuevo marco político: la Bidenomía. Al igual que la Reaganomía, hace 40 años, se supone que este término significa que estamos presenciando un punto de inflexión sistémico. Usted es uno de los principales arquitectos de la política económica de la administración de Biden y antiguo miembro del equipo de Barack Obama. En su opinión, ¿cuáles son los principales cambios que caracterizan la Bidenomía?
Tiene razón al empezar con la yuxtaposición de Bidenomía y Reaganomía. La Reaganomía es una filosofía económica que surgió a mediados de la década de 1980 y que ha desempeñado un papel importante en el discurso económico estadounidense de los últimos 40 años. En el núcleo de esta filosofía, está la idea de que la participación del gobierno en la economía es mala y de que, por lo tanto, la inversión pública es un despilfarro. Este concepto significaba que nuestro país estaba dejando de invertir en áreas como la investigación, el desarrollo (I+D) y las infraestructuras.
Uno de los cambios más importantes de la Bidenomía es el reconocimiento inequívoco del papel de la inversión pública en una estrategia económica diseñada para corregir los fallos del mercado y para sentar las bases de un crecimiento más sólido e integrador. Es un cambio muy significativo con respecto a los fundamentos filosóficos de la economía de Reagan. La Bidenomía tiene una comprensión más racional del papel productivo y constructivo que pueden desempeñar el sector público y la inversión pública.
¿Está diciendo que las anteriores administraciones demócratas, las de Clinton y Obama, no creían que la inversión pública fuera necesaria para el desarrollo de la economía estadounidense? ¿No representa la administración de Biden una ruptura con las administraciones de Clinton y de Obama?
No creo que debamos exagerar demasiado las diferencias. En la administración de Obama, en la que yo trabajé, el objetivo económico central y los logros de algo como la Affordable Care Act se basaban en una filosofía muy diferente a la Reaganomía. Sin embargo, dos cosas sí han cambiado realmente con la Bidenomía. La primera es el reconocimiento político y la aceptación del fracaso de la filosofía de Reagan. En segundo lugar, el propio mundo ha cambiado: la creciente desigualdad global, la crisis climática y, en particular, el ascenso de China como potencia económica.
¿Cómo se convirtió esta evolución de la filosofía económica en el programa del partido demócrata?
En la última década, los pensadores económicos progresistas han hecho un verdadero examen de conciencia. Hemos ampliado la caja de herramientas y los objetivos de la política económica. Este proceso fue fructífero en las primarias demócratas de 2020, que fueron una oportunidad para buscar perspectivas políticas constructivas. Hubo una gran divergencia y un universo profundo y rico de ideas que se propagaron y que contribuyeron al proceso político.
En 2019 y 2020, el equipo que asesoró al candidato Joe Biden –gente como Ron Klain, Jake Sullivan y yo mismo– trabajó para desarrollar lo que, finalmente, se convirtió, en el verano de 2020, en el anuncio de la plataforma Build Back Better. La articulación más clara de la filosofía económica de la administración de Biden se puede encontrar en una serie de tres discursos que el candidato Biden pronunció en el verano de 2020. Fueron la destilación de un trabajo político muy creativo y ambicioso.
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¿Cómo resumiría su visión?
La filosofía económica de Joe Biden está moldeada por sus experiencias vitales y sus 40 años de experiencia como político. Se centra en las realidades de los trabajadores, no sólo en su influencia económica en el mercado, sino en cómo ésta se traduce en sus vidas. Uno de los principios rectores del presidente, a la hora de desarrollar su estrategia económica, es que debe traducirse en un cierto grado de dignidad para los trabajadores y sus familias.
Esto sustenta el concepto que el presidente denomina «construir una economía de abajo y de la clase media». Eso requiere inversiones públicas en los principales motores de crecimiento, allí, donde el sector privado no habría podido invertir lo suficiente. El gobierno debe desempeñar un papel más activo en el fomento de la competencia en nuestra economía. Por último, y, quizás, lo más importante: tenemos que apoyar las energías limpias y acelerar las soluciones para la crisis climática.
¿Cuáles son sus influencias económicas históricas y teóricas? ¿La Bidenomía es un regreso al keynesianismo, con el gobierno que intenta asegurar un alto nivel de empleo permanente gestionando la demanda?
Keynes desempeña un papel importante en el debate sobre la estrategia económica. Su obra está vinculada con la idea de un regreso del péndulo tras la lógica extrema de la Reaganomía y con el reconocimiento del papel central de la inversión pública para superar los fallos del mercado a través de los ciclos económicos. También, hay un elemento de la tradición hamiltoniana estadounidense de un gobierno activo en la formación del mercado.
El planteamiento económico de Alexander Hamilton, que puede encontrarse en sus ensayos e informes sobre la industria manufacturera, postulaba que era necesario contar con un sólido patrimonio industrial en Estados Unidos para lograr un éxito económico significativo, sostenible y a largo plazo en la economía mundial. También, era necesario estar preparado para utilizar herramientas, ya fueran subvenciones o, en su caso, aranceles, para crear oportunidades de mercado.
En un país profundamente dividido, Lincoln pronunció su segundo discurso inaugural, en el que argumentaba que la creación de capacidad industrial sería una parte importante de la reunificación del país. Naturalmente, en la era posterior a la Guerra Civil, esto condujo a grandes inversiones, desde las universidades de concesión de tierras hasta el ferrocarril transcontinental. Es un enfoque que también encontramos con Teddy Roosevelt y Eisenhower. Irónicamente, hasta hace 70 años, la mayoría de los datos de este arco histórico fueron obtenidos bajo presidentes republicanos.
¿Cree que Estados Unidos necesita un Estado estratégico?
Lo que Estados Unidos necesita es una visión y una estrategia explícitas sobre cómo crear capacidad industrial porque la industria privada, por sí sola, no va a movilizar las inversiones necesarias para satisfacer los intereses económicos y de seguridad nacional fundamentales de nuestro país. Con la estrategia industrial definida por el presidente Biden, hemos identificado tres grandes áreas en las que creemos que esto es cierto: infraestructuras, innovación y energías limpias. En lugar de aceptar esto como el destino natural del libre mercado, nos estamos embarcando en una campaña de inversión estratégica para ayudar a utilizar la inversión pública para atraer capital privado a estas áreas. Para reforzar nuestra capacidad de innovación, nos estamos centrando en ámbitos concretos que, tradicionalmente, no se definirían como parte de la política industrial, como la I+D. Las infraestructuras públicas tradicionales o animando al sector privado a desarrollar infraestructuras son los puntos donde estableceremos las bases de una industria más fuerte en Estados Unidos.
Como parte de esta amplia estrategia y en algunas áreas, la herramienta política necesaria es que el gobierno subvencione la capacidad privada –en el sentido de la política industrial tradicional-. Por ejemplo, podría tratarse de invertir en I+D básicos para la microelectrónica y, al mismo tiempo, de subvencionar a las empresas para que construyan plantas de semiconductores de última generación.
Sin embargo, no se trata, en absoluto, de que el gobierno elija ganadores ni perdedores. La mayor parte de la inversión pública para los tres grandes textos legislativos –la Infrastructure Investments and Jobs Act, la CHIPS and Science Act y la Inflation Reduction Act– se destina a infraestructuras públicas, a I+D o a incentivos fiscales a largo plazo que están a disposición de todas las empresas. Aunque, en algunas áreas específicas –semiconductores, fabricación de baterías–, utilizamos herramientas de política industrial, sería un error considerar que toda la estrategia se reduce a estas intervenciones.
¿Cómo ha desarrollado su caja de herramientas de política industrial? ¿Puede describirla junto con la clasificación de los instrumentos?
Esta cuestión es de suma importancia, sobre todo, porque se trata de un ámbito nuevo en el que los responsables políticos tienen, relativamente, poca experiencia por el momento. Necesitamos más investigación sobre cómo mejorar y construir esta caja de herramientas estratégicas.
Dicho esto, podemos clasificar las herramientas de nuestra estrategia industrial en distintas áreas.
La primera se centra en el apoyo a la I+D y a la investigación aplicada, es decir, medidas para fomentar el despliegue de nuevas tecnologías. Es una rama tradicional de la acción gubernamental en la que queremos trabajar para hacerla más eficaz y eficiente, sobre todo, en un momento en el que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa.
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La segunda área consiste en mejorar las infraestructuras físicas y digitales para aumentar la capacidad de producción de nuestra economía. Financiamos tanto herramientas tradicionales como innovadoras (carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, infraestructuras digitales). Por poner un ejemplo, Estados Unidos puso en marcha una estrategia de inversión pública para lograr el 100 % de despliegue de Internet de muy alta velocidad. Esta estrategia se basará en una importante interacción entre incentivos públicos y despliegue privado, ya que estas infraestructuras serán, en la mayoría de los casos, propiedad del sector privado y serán gestionadas por tal, pero su despliegue se acelerará gracias al capital público, en particular, en lo que se refiere al último kilómetro.
La tercera área pretende reducir el costo de las tecnologías de energía limpia desplegadas a gran escala. El principal instrumento que utiliza Estados Unidos, actualmente, son los incentivos fiscales a largo plazo, neutrales desde el punto de vista tecnológico, para que las empresas construyan capacidad de producción de energía limpia.
Por último, la cuarta área consiste en priorizar las intervenciones innovadoras destinadas a hacer avanzar y desarrollar mercados que se enfrentan a múltiples obstáculos. El hidrógeno es un buen ejemplo. La caja de herramientas estadounidense incluye, ahora, no sólo incentivos fiscales para la producción, sino, también, incentivos para el despliegue sobre el terreno, además del tipo de incentivos para la demanda utilizados, tradicionalmente, en el campo de las vacunas. Estados Unidos apoya la creación de centros de hidrógeno en los que empresas, innovadores e instituciones académicas colaboran para resolver problemas tecnológicos y de despliegue. Además, como los clientes de hidrógeno son escasos, el gobierno afianza el mercado a través de su mecanismo de demanda asegurando que será un recurso de última instancia.
Por supuesto, tenemos mucho que aprender y debemos ser rigurosos y disciplinados a la hora de aprender tanto de nuestros fracasos como de nuestros éxitos.
La política industrial ha sido objeto de críticas. Existe el riesgo de captura gubernamental y de parasitismo empresarial. Thomas Piketty advierte que esta política industrial podría aumentar las desigualdades porque consiste en darles a las empresas dinero de los contribuyentes. ¿Se tomó en cuenta este aspecto en su estrategia industrial y su financiamiento?
Son importantes preocupaciones potenciales y debemos ser muy humildes ante el riesgo de que intervenciones mal diseñadas acaben por subvencionar innecesariamente a las empresas o por exacerbar la desigualdad o ambas cosas. Al desarrollar la estrategia estadounidense, intentamos centrarnos en una serie de formas de mitigar estos problemas.
En primer lugar, el gobierno debe ser independiente siempre. El riesgo de complacencia entre el gobierno y las grandes empresas va de la mano del riesgo de corrupción. Los directores generales critican, a menudo, la labor del gobierno. Y, por supuesto, hay casos en los que el gobierno es demasiado burocrático o demasiado lento. No obstante, en el contexto de la política industrial, el riesgo es, quizás, mayor cuando oímos a los directores generales elogiar la labor del gobierno. Cuando eso ocurre, ya es el momento de empezar a preocuparse. Teníamos esta filosofía durante la administración de Obama, cuando trabajábamos para reestructurar la industria automovilística con General Motors y Chrysler. Siempre pensamos que, si, a los equipos directivos de estas empresas, les resultaba realmente fácil trabajar con nosotros, era posible que estuviéramos haciendo algo mal porque los objetivos no deberían ser exactamente los mismos. Siempre, hay que preocuparse si la situación se vuelve demasiado íntima en ese sentido.
En segundo lugar, el gobierno tiene la obligación de ser claro sobre los objetivos de interés general de sus políticas. Estas políticas deben tomar en cuenta, explícitamente, el riesgo de aumentar la desigualdad. Es lo que hemos hecho en el marco de la IRA al incluir, en los créditos fiscales, un sesgo a favor de la inversión en regiones del país que atravesaban dificultades económicas y que dependían de la energía tradicional como fuente de crecimiento económico. En cuanto a las intervenciones en materia de estrategia industrial, las hemos diseñado para fomentar la inversión en regiones del país que habían quedado excluidas de fases anteriores de expansión económica. El gobierno interviene para alcanzar un objetivo público más amplio.
Transcurridos dos años y medio de mandato de Joe Biden, ¿cómo valora los avances de su administración en política económica?
Hasta ahora, mi valoración es que está superando las expectativas. Estamos presenciando avances extraordinarios que muchos consideraban imposibles o improbables. Sin embargo, las consecuencias más importantes aún están por llegar y la historia todavía no se ha escrito. Soy muy modesto en cuanto a la capacidad de cualquiera de nosotros para predecir el futuro, pero, en lo que respecta a los avances hasta la fecha, diría que son muy buenos.
A nivel macroeconómico, Estados Unidos está experimentando la recuperación económica más fuerte de todos los países desarrollados. En el último año, la inflación se ha ralentizado más rápidamente que en la mayoría de las economías industrializadas, mientras que los salarios reales de la mayoría de los trabajadores estadounidenses han pasado a ser positivos. Esto ha estado sucediendo en un momento en el que el mercado laboral estadounidense ha registrado avances históricamente fuertes, con una tasa de desempleo inferior al 4 % durante diecisiete meses consecutivos y con la tasa de actividad entre los estadounidenses en edad de trabajar más alta de los últimos veinte años. Además, nos encontramos en el inicio de un importante auge de la inversión en Estados Unidos. La inversión real en construcción manufacturera se ha duplicado desde finales de 2021.
Todas estas tendencias son un buen augurio para el potencial a largo plazo de esta recuperación, que nos sacará de una situación de bajo crecimiento, de baja inversión y de bajos salarios y que nos llevará a una situación de mayor crecimiento, de mayores salarios y de mayor productividad. En cierto modo, éste era el principal objetivo del programa de Joe Biden.
¿Cuáles serían los principales retos de un segundo mandato? ¿La deuda estadounidense es uno de ellos?
Diseñamos la estrategia industrial y las tres leyes tomando en cuenta los retos fiscales del país. En el caso de la legislación sobre la IRA, las inversiones se compensaron con medidas sobre el gasto en medicamentos con receta y reformas fiscales. Si se me permite decirlo, se trata de un modelo de política fiscal que piensa en inversiones estratégicas. El resultado es una economía más productiva y menores déficits a lo largo del tiempo.
Dicho esto, quedan tres grandes retos económicos por abordar en el segundo mandato.
En primer lugar, la administración debe aplicar y desarrollar eficazmente la legislación para seguir obteniendo estos resultados económicos más amplios.
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En segundo lugar, tenemos que encontrar otras formas de aumentar la capacidad y la oferta de la economía estadounidense. En la actualidad, demasiada gente se conforma con contemplar los retos a los que nos enfrentamos en lugar de promover políticas para abordarlos. Hay muchas políticas, tradicionalmente, progresistas que deberían estar en el centro de nuestra política de apoyo para nuestra recuperación económica: desde ampliar la oferta de viviendas asequibles hasta ampliar la oferta de mano de obra incorporando a más padres y mujeres a la población activa y pasando por la reforma de la inmigración.
En tercer lugar, debemos asegurarnos de que actuamos dentro de una posición fiscal sostenible a largo plazo. La cuestión más inmediata en el horizonte de los responsables políticos es el año 2025, ya que muchas de las disposiciones fiscales que puso en marcha la administración de Trump, en 2017, expiran en 2025. Esto se hizo a propósito, con el fin de minimizar los costos reales de los recortes fiscales que ejecutó Trump. Así que 2025 será el momento de hacer planes para el futuro de la fiscalidad estadounidense. Está claro que nos enfrentaremos a retos fiscales a largo plazo. Necesitamos reformas fiscales que aumenten los ingresos y que creen un sistema más sostenible. Afortunadamente, hay muchas maneras de hacerlo manteniendo, al mismo tiempo, incentivos para el crecimiento económico. Desde un punto de vista político, es factible. En el plano político, el reto es evidente.
¿Cuál debería ser el futuro del código fiscal estadounidense? ¿Se plantea subir el impuesto sobre la renta? ¿Por qué no introducir un impuesto sobre el patrimonio, como defienden Elizabeth Warren y Bernie Sanders?
Tengo muchas ideas, pero podríamos empezar desarrollando dos de ellas.
En primer lugar, necesitamos una base imponible más fuerte para sociedades en EEUU que nos permita elevar la parte de los ingresos fiscales de las empresas en el PIB a un nivel que vaya más acorde con la parte que tales empresas han aportado históricamente. Deberíamos empezar por ratificar el acuerdo de la OCDE sobre un impuesto para sociedades mínimo global, que ayudaría a frenar la evasión fiscal a escala mundial. También, debemos fijar un tipo impositivo más realista. La administración de Trump lo ha rebajado demasiado.
Por último, también, necesitamos un nuevo marco en el que los ingresos muy altos de Estados Unidos paguen un impuesto razonable. Aunque se están debatiendo muchas ideas, yo prefiero un enfoque híbrido, como el propuesto por la administración de Biden, denominado «impuesto mínimo para multimillonarios». Este planteamiento grava los ingresos muy altos considerando que la mayor parte de sus cifras proceden de activos y patrimonio no ganados.
Tendremos que hacer más, pero tenemos que empezar por ahí. De lo contrario, los estadounidenses no confiarán en que tengamos un sistema fiscal ni remotamente justo.
El IRA ha provocado fuertes reacciones en Europa y en otras partes del mundo, donde se ha calificado de medida proteccionista. ¿Comprende esta reacción? ¿Cómo la interpreta?
Tras haber trabajado con muchos de mis homólogos europeos, comprendo su preocupación. En los seis meses transcurridos desde que se adoptó la IRA, hemos avanzado mucho en separar la retórica de la política, para explicar, realmente, lo que estamos haciendo y dónde podemos trabajar juntos para encontrar soluciones adecuadas en el futuro.
Hacia el final de la administración de Obama, en el contexto de las negociaciones del Acuerdo de París, colaboré estrechamente con muchos de mis homólogos europeos en materia de cambio climático. Durante décadas, nos han instado –a veces, criticado, a veces, rogado– a aumentar nuestra ambición en materia de energía limpia y de clima. Siempre se ha reconocido ampliamente que es necesario transformar el modelo estadounidense. Los líderes europeos nos han dicho, con razón, que, primero, debemos establecer un marco sostenible para la ambición climática, de modo que, luego, podamos trabajar juntos para impulsarla. Eso es lo que defiende la IRA.
Mientras más separamos la retórica de la política, más claro queda que hay formas prácticas de colaborar y de trabajar juntos. La declaración de Biden y de Von der Leyen, los acuerdos EEUU-Japón y EEUU-Canadá y, por último, la cumbre del G7 de junio dejan claro que todos estos países se han comprometido a colaborar para acelerar la lucha contra el cambio climático y construir cadenas de suministro energético más resistentes y limpias. La IRA proporciona una base históricamente única para nuevas asociaciones.
¿Cuál podría ser el marco concreto de colaboración entre Europa y Estados Unidos?
Aunque existen varias posibilidades, la oportunidad inmediata de colaborar en el ámbito de los minerales y metales raros es significativa. Estados Unidos ya aceptó tratar de alcanzar un acuerdo que le permita a la UE beneficiarse de las subvenciones previstas por la iRA en el sector de los minerales esenciales. Más allá de la IRA, es imperativo que la Unión Europea y Estados Unidos trabajen juntos de forma agresiva y que consideren las futuras vulnerabilidades de la cadena de suministro de materias primas esenciales.
¿Podría haber una iniciativa euroestadounidense para desarrollar tecnologías verdes en el Sur global? ¿Está de acuerdo con Jake Sullivan, que mencionó una iniciativa de este tipo en su discurso ante el Consejo de Relaciones Exteriores?
Absolutamente. Las estrategias de inversión pública diseñadas para acelerar masivamente la reducción de costos de las tecnologías de energías limpias son, quizás, las iniciativas más importantes y significativas para ayudar a las economías de mercado en desarrollo a desplegar energías limpias a gran escala. Esto es algo que muchos no han entendido sobre la IRA ni sobre las acciones correspondientes del Green Deal para Europa. Por eso, es erróneo ver la IRA como una competencia puramente transatlántica por las subvenciones. Ayudará a reducir el costo del despliegue de energías limpias en la India, Indonesia, Brasil, Sudáfrica y toda África: podría reducir el costo del despliegue de energías limpias en los países del Sur en 150000 millones de dólares. Podría ser más importante que cualquier otra intervención políticamente viable durante la próxima década. No es suficiente, pero es absolutamente necesaria. Ahora, tenemos que determinar cómo pueden colaborar todos los países del G7 y utilizar sus programas nacionales de inversión para acelerar la adopción de tecnologías energéticas limpias de bajo costo en el Sur.
Usted mencionó Indonesia, cuyo gobierno no estaba satisfecho con la IRA, cosa que le parecía una amenaza para el desarrollo de sus sectores de baterías y vehículos eléctricos, dado que estos sectores se han beneficiado de la inversión china y que Indonesia aún no ha firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
Esta pregunta me brinda la oportunidad de hablar de la aplicación de esta iniciativa. Hay dos retos: (1) China y sus cadenas de suministro; (2) la estructura de la IRA y el acuerdo de libre comercio.
En este último punto, la administración estadounidense ha mostrado que está dispuesta y abierta a trabajar con amigos y socios para establecer acuerdos. En el contexto del Marco Económico del Indo-Pacífico para la Prosperidad, esta administración está trabajando, de hecho, con los gobiernos indonesio y vietnamita para encontrar un enfoque de alto nivel que permita una mayor asociación.
Es una cuestión distinta de la de China, en la que existe un reconocimiento común de que parte del esfuerzo global debe consistir en la diversificación, ya que, actualmente, la economía mundial sigue dependiendo de un único proveedor dominante, ya sea de insumos o de productos acabados procedentes de China. Esto supondrá un reto en muchos sentidos, pero, afortunadamente, el G7 está de acuerdo en la necesidad de abordarlo.
¿El derisking no es un riesgo para la transición ecológica, dado que China lleva más de una década invirtiendo en tecnologías verdes?
Efectivamente, existe un riesgo, pero ¿cuál es la alternativa? Es de suma importancia diversificar aún más los sectores clave de la economía y/o de la seguridad nacional. Tenemos que hacerlo en el contexto de las realidades de la economía mundial. Es una cuestión de derisking, no de decoupling, que no sería ni factible ni deseable.
Si queremos alcanzar este objetivo de diversificación, nosotros y nuestros homólogos europeos debemos reconocer que requerirá una diplomacia económica extraordinariamente creativa y agresiva. La IRA y el Plan Industrial Verde son pasos necesarios en esta dirección, pero no son suficientes. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para utilizar las herramientas de la diplomacia económica para crear acuerdos de suministro constructivos que fomenten el desarrollo en otras economías y jurisdicciones. Este proyecto plurianual es factible, pero debemos estar conscientes de la magnitud del reto económico que tenemos por delante.
[Véase también: Estado, poder y tecnología: el tecno-nacionalismo en Washington].
Será mucho más difícil establecer el suministro necesario de minerales críticos en el mundo sin depender al 100 % de China, pero no hay alternativa. Tenemos que diversificar.
La Unión Europea está reproduciendo parcialmente la IRA mediante un plan industrial ecológico. Aprobó una ley sobre chips. ¿Cuál es su percepción de las políticas industriales europeas?
Exhorto a mis homólogos europeos a seguir este tipo de estrategia. Aunque debemos tener cuidado de evitar tasas de subvención excesivas, en el campo de las energías limpias, hay muchas más oportunidades que limitaciones en las respectivas estrategias de inversión.
Al mismo tiempo, reconozco y comprendo perfectamente que el sistema europeo, tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros, funciona de forma muy diferente y presenta limitaciones particulares, fiscales, jurídicas y de otros tipos. La estrategia europea difiere, en gran medida –y como es natural-–, del planteamiento estadounidense. Dicho esto, en el contexto de la economía estadounidense, estamos aprendiendo que, mientras más sencillas y automáticas sean las medidas de apoyo, más se fomenta la afluencia de capital privado.
¿Ve algún interés de los progresistas europeos por la Bidenomía? Volviendo al punto de partida, en los años 80, Jean Marie Le Pen dijo lo siguiente: «Yo soy el Reagan francés». ¿Cree que dentro de unos años los políticos dirán esto: «Soy el Biden francés [o alemán]»?
Durante los últimos 15 años trabajando en política económica en Estados Unidos, he aprendido a ser humilde cuando se trata de hacer predicciones sobre mi propio sistema político. Así que no haré proyecciones sobre la política interna de Francia o Alemania.
La estrategia estadounidense parte de una idea económica fundamental sobre la necesidad de estrategias industriales sostenibles que creen capacidad, sobre todo, en energías limpias, al mismo tiempo que refuerzan las oportunidades económicas transfronterizas. Esta idea está ganando terreno en las capitales de Europa y fuera de ella. Así que esta filosofía es tanto económica como políticamente sólida porque ofrece la posibilidad de crear nuevas coaliciones y alianzas. Podemos aplicar un nuevo conjunto de políticas económicas mientras damos vida a coaliciones políticas duraderas. Por ejemplo, dos de los tres textos legislativos que constituyen la columna vertebral de esta estrategia industrial se aprobaron con el apoyo de ambos partidos, republicanos y demócratas. Algunos de los más firmes partidarios de reconstruir la capacidad de los semiconductores estadounidenses son destacados republicanos. En los dos últimos años, hemos avanzado en Estados Unidos creando coaliciones, distintas de las anteriores coaliciones económicas, para abordar los retos económicos y de seguridad nacional de la economía mundial.