Pekín y Moscú ven con malos ojos la campaña de rearme de Japón puesta en marcha por la primera ministra Sanae Takaichi para contrarrestar la creciente influencia de China en el Asia marítima, especialmente en el ámbito militar. Con el fin de ejercer presión sobre Tokio, ambos países recurren a un instrumento poco conocido de la Carta de las Naciones Unidas: el artículo 53.

  • Aprobada en 1945 en San Francisco, la Carta regula el derecho internacional con el fin de impedir que vuelvan a producirse guerras. En particular, reservaba al Consejo de Seguridad el derecho exclusivo de decidir sobre la adopción de medidas militares coercitivas contra un Estado.
  • Sin embargo, su artículo 53 prevé una excepción: es posible atacar, sin su autorización, a un Estado «que, durante la Segunda Guerra Mundial, haya sido enemigo de cualquiera de los signatarios de la presente Carta» para contrarrestar «la reanudación, por parte de dicho Estado, de una política de agresión».
  • Esta medida tiene por objeto evitar un posible resurgimiento de las potencias del Eje, con Alemania y Japón a la cabeza.

En 1995, tras la caída del muro de Berlín, la Asamblea General de la ONU aprobó la supresión de esta cláusula con el notable apoyo de China.

  • Esta supresión había sido confirmada en 2005 por la Cumbre Mundial sobre los «Objetivos del Milenio», siempre con el acuerdo de Pekín.
  • Pero, en realidad, esa supresión nunca entró en vigor, y la excepción sigue figurando en la Carta de las Naciones Unidas.
  • Para que se incluyera en el texto, habría sido necesario que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ratificaran formalmente la modificación, algo que nunca se ha hecho.

Pekín y Moscú han vuelto así a sacar a relucir esta cláusula, así como el artículo 107, que confirma la validez jurídica de las medidas adoptadas contra los antiguos Estados enemigos de la Segunda Guerra Mundial, para denunciar el «neomilitarismo» japonés, al tiempo que dejaban en el aire la amenaza de posibles represalias futuras. Serguéi Lavrov había arremetido contra Tokio en agosto, después de que Japón convocara al embajador ruso para protestar por la visita de Putin a las islas Kuriles, un archipiélago sobre el que Japón reclama parte de su soberanía.

  • Lavrov había acusado, en particular, al Gobierno japonés «de eludir su responsabilidad histórica por sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial».
  • Había declarado a los periodistas: «Si Japón intenta ‘remodelar el derecho internacional a su imagen y semejanza’ y a la de Estados Unidos, con quien mantiene una estrecha alianza, y si incumple su propia Constitución —al menos, tal y como se ha anunciado, renunciando a los tres principios de no nuclearización y creando un ejército que intente llevar a cabo operaciones en el extranjero, algo que estaba prohibido por la Constitución—, entonces la situación es extremadamente alarmante».

En un editorial publicado el jueves 10 de septiembre, el Ministerio de Defensa chino señaló que era «fundamental reafirmar la ‘cláusula relativa al Estado enemigo’».

  • Según Pekín, su objetivo fundamental «es contener la agresión mediante el Estado de derecho, eliminar la amenaza de guerra y preservar la paz para la humanidad, dando así testimonio de la justicia universal de la comunidad internacional». La distorsión deliberada de esta cláusula por parte de las fuerzas de extrema derecha japonesas, que la reducen a una mera «represión política selectiva», constituye una violación flagrante del espíritu original de la Carta de las Naciones Unidas».

Estas amenazas son, ante todo, un ejercicio de propaganda que pone de manifiesto la gravedad del aumento de las tensiones en Asia Oriental, en un momento en el que Estados Unidos se encuentra inmerso en un conflicto en Oriente Medio. No obstante, parece plausible que Rusia pueda intentar presionar a Alemania siguiendo el mismo patrón.