En Rusia, «la vida ya no tiene ningún valor en sí misma»

Doctor en Ciencias Económicas, presidente del consejo científico de la revista Russia in Global Affairs en la década de 2000, profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Económicas y en la Universidad Estatal de Moscú en la década de 2010 y cofundador del Center for Analysis and Strategies en 2024, Vladislav Inozemtsev es uno de los expertos más reconocidos que ofrece una visión independiente y documentada sobre la Rusia actual. 

Entre los cientos de artículos que ha publicado en revistas de prestigio tanto en Rusia como en el extranjero, una de sus contribuciones más destacadas al debate actual ha sido la conceptualización de la «economía de la muerte» o smertonomika, ¹ un fenómeno tan simple como siniestro: en la Rusia actual, un hombre que se alista en el ejército y muere en el frente ucraniano reporta a sus familiares más de lo que habría podido ganar en varias décadas de trabajo en la vida civil. En estas condiciones, morir se ha convertido en una opción económica racional, incluso en la forma más rentable de sacar el máximo provecho económico de una vida humana. A través de este sistema, las autoridades rusas se aseguran de que la mayor parte de la carga letal recaiga sobre las poblaciones más vulnerables y de evitar una movilización general impopular. Para el resto de los rusos, la guerra se convierte así en un fenómeno lejano, casi imperceptible, o al menos en una realidad que no supone ningún tipo de resistencia interna.

Lo entrevistamos para analizar en detalle este sistema que permite al gobierno ruso continuar y normalizar la guerra, y para abordar, en términos más generales, los cambios que está experimentando el autoritarismo ruso.

En febrero de 2026 publicó un informe sobre la «economía de la muerte», o smertonomika. ¿En qué medida contribuye este sistema a la aceptación de la guerra, tanto por parte de las familias de los combatientes como del resto de la población?

Es una teoría que empecé a desarrollar hace unos años. La idea fundamental es que este esquema surgió de forma relativamente espontánea. Nadie lo había concebido de antemano. Más bien se constituyó como respuesta a la movilización de 2022 y, más concretamente, a una necesidad muy particular del Estado ruso. De hecho, era evidente que, incluso teniendo en cuenta la gran popularidad de Putin y la represión vigente, la sociedad rusa no estaba preparada para soportar la prueba de la guerra en su forma «clásica».

Cuando el descontento, e incluso la indignación, alcanzaron su punto álgido, Putin reaccionó recurriendo a un método de probada eficacia: ahogó el problema bajo un aluvión de dinero. Acabó con la resistencia a la guerra a base de rublos. 

¿En qué consistía eso concretamente?

Desde el principio, las autoridades fijaron una paga de 195.000 rublos al mes para cada movilizado, sin contar las primas. Lo más llamativo, y bastante sorprendente, es que, en ese momento, ya había militares contratados combatiendo en Ucrania que percibían sumas muy inferiores. 

Antes de la guerra, el soldado contratado típico percibía una paga bruta de entre 38.000 y 42.000 rublos al mes, una cantidad inferior al salario medio ruso de la época (47.500 rublos). A finales de 2022, la situación ya había cambiado radicalmente: la paga mínima de un soldado contratado ya no podía ser inferior a 195.000 rublos, es decir, el triple del salario medio oficial de la época, mientras que la indemnización por fallecimiento pasó de 3 o 4 millones de rublos a más de 11 millones de rublos. Además, el reclutamiento estaba ahora abierto a todo el mundo, incluidas las personas sin formación militar, con antecedentes penales o que padecían enfermedades graves, incluidos trastornos psiquiátricos. En otras palabras, el precio de los soldados rusos había aumentado en proporciones tan espectaculares como las del colapso de sus competencias profesionales.

¿Cómo evaluar esta nueva economía?

Tomemos el caso de un ciudadano voluntario de 2023, procedente de una región donde el salario medio oscila entre 45.000 y 60.000 rublos, como ocurría en la mayoría de las regiones rusas. Firma un contrato, es enviado a Ucrania, combate allí durante cinco meses antes de perder la vida. Su familia recibe entonces un mínimo de 14,8 millones de rublos al sumar su paga, la «prima presidencial» de 5 millones, el seguro militar, la indemnización ordinaria y la prestación pagada por las autoridades regionales. Esto equivale a entre 25 y 30 años de su salario en la vida civil. En otras palabras, cuando un hombre de 35 años se va a la guerra y muere allí, su fallecimiento resulta, desde un punto de vista económico, más rentable que toda su vida civil futura. En 2026, esta ventaja parece menos evidente: los salarios medios han aumentado, mientras que las remuneraciones y las indemnizaciones militares se han mantenido prácticamente sin cambios. El principio, sin embargo, sigue siendo el mismo. El régimen no se limita, por tanto, a heroizar y glorificar la muerte: le confiere el carácter de una elección racional.

Por eso estoy convencido de que no habrá una nueva movilización. En su lugar, las autoridades rusas seguirán por el camino de esta compra masiva de vidas humanas. Cada año, el sistema se vuelve más sofisticado: se han introducido primas variables según las regiones, se han intentado crear ventajas adicionales e incentivos específicos, y se ha recurrido a intermediarios encargados de reclutar entre los sectores más desfavorecidos de la población, aquellos a quienes el poder considera económicamente inútiles. He tenido ocasión de emplear la expresión «basura de la sociedad». ² Son palabras duras, pero reflejan adecuadamente la lógica del poder ruso.

En resumen, este fenómeno responde a dos necesidades: por un lado, preservar la economía rusa mediante un modelo de reclutamiento de bajo costo; por otro, garantizar a los rusos que no desean combatir que probablemente no serán movilizados.

Más recientemente, usted observó que este sistema, que ha permitido a Rusia contar con un flujo constante de soldados desde 2022, empezaba a fallar. ¿A qué se debe esto? 

De hecho, hoy en día asistimos a un agotamiento que se explica por varios factores estructurales. En primer lugar, la cantera de 2023-2024, compuesta por ciudadanos con escasa integración económica y sin grandes perspectivas sociales, se ha agotado. Ahora bien, tal y como han confirmado los interrogatorios a prisioneros llevados a cabo por los servicios de inteligencia ucranianos, estos perfiles eran el núcleo de la lógica de reclutamiento: personas sin empleo fijo, endeudadas, sin título universitario ni obligaciones familiares. Por otra parte, los ingresos nominales de la población rusa aumentan, mientras que la paga de los militares sigue indexada a la inflación oficial: si la diferencia entre esta paga y el salario medio era de uno a tres en otoño de 2022, a principios de 2026 ya solo es de uno a dos. Por último, cada vez más rusos se dan cuenta de que este conflicto podría acabar siendo una guerra sin fin y de que, en la práctica, no existen contratos de duración determinada.

¿Tiene el Estado ruso margen de maniobra para reactivar la economía?

En teoría, sí. Cuando comenzó la guerra en 2022, Putin y su «bloque económico» supieron adaptarse rápidamente desarrollando importaciones paralelas, manteniendo un régimen fiscal favorable, reduciendo las obligaciones de declaración o incluso aliviando ciertas restricciones bancarias. Mis contactos en el mundo empresarial afirman unánimemente que el periodo 2022-2024 fue uno de los más propicios de las dos últimas décadas: los funcionarios relajaron la presión, los controles fiscales se espaciaron y se hizo mucho más fácil emprender. Esta dinámica contribuyó a impulsar el crecimiento de los años 2023-2024.

El problema es que Putin tiene una especie de manía, una fobia bastante extraña: cuando la economía, impulsada por los mecanismos del mercado, funciona relativamente bien, tiene la sensación de que el Estado se ve privado de una parte de los recursos que le corresponderían. Entonces decide subir los impuestos, poner toda la actividad bajo control estatal y reforzar al máximo la regulación. 

No habrá una nueva movilización. En su lugar, las autoridades rusas seguirán por el camino de esta compra masiva de vidas humanas.

Vladislav Inozemtsev

En la década de 2000, aunque se presentaba como un liberal en materia económica, fue él quien frenó el crecimiento al ampliar el «sector económico» del Estado en detrimento de la iniciativa privada. En 2022, al inicio de la guerra, su primera reacción consistió en una forma de liberalización: se permitió a los empresarios sobrevivir gracias a las importaciones paralelas o a la condición de trabajador autónomo, mientras que las autoridades se abstuvieron de subir los impuestos. Pero esta política solo duró hasta finales de 2024, antes de cambiar radicalmente cuando el Kremlin se quedó sin recursos para financiar la guerra y tuvo que volver a una regulación rigurosa de todos los aspectos de la vida económica.

¿Qué impide hoy al Estado ruso acelerar su avance hacia la economía de la muerte?

Lo que limita hoy en día el margen de maniobra no es la capacidad de reclutamiento, sino precisamente el programa económico. Hace tiempo que se deberían haber revalorizado los salarios de los militares y las primas de incorporación. Recordemos que 195.000 rublos a finales de 2022 representaban prácticamente 3.000 dólares; hoy, incluso basándonos en la inflación oficial, la suma es muy inferior. Por lo tanto, debería haberse reindexado de forma mucho más activa. Si se elevara a 300.000 rublos, con primas de entre 4 y 7 millones de rublos, bastaría para desbloquear una situación que hoy parece sin salida. En otras palabras, los rusos dispuestos a ir a combatir siguen siendo relativamente numerosos; incluso se podría prolongar el proceso durante uno o dos años más; pero el Estado considera que ya paga demasiado. Este comportamiento es sintomático de un momento bastante particular: la amenaza inicial se desvanece, la presión disminuye y el poder, en consecuencia, empieza a actuar de manera más descuidada.

Hay que añadir otro elemento esencial para comprender por qué los rusos no se oponen a la guerra: la ausencia de una presión económica de gran envergadura. 

¿En qué sentido? 

Se había hablado de escenarios apocalípticos: confiscación de los depósitos bancarios, congelación de los ahorros, préstamos de guerra obligatorios, déficit masivo, hiperinflación. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Ni siquiera se han cerrado las fronteras. Putin consigue mantener una apariencia de normalidad en el conjunto de la sociedad, salvo entre quienes se oponen a la guerra —y a quienes el régimen reprime con ferocidad— y entre quienes firman un contrato y se alistan para combatir. Y este sistema funciona. ³

En general, las personas tienden poco a proyectarse en el futuro y a anticipar sus consecuencias. Hoy, sin embargo, la situación está empezando a cambiar bajo el efecto de los ataques ucranianos. Siempre he sostenido que, si Ucrania lograba resultados, no sería gracias a las sanciones ni a la presión económica, sino exclusivamente por medios militares. Eso es precisamente lo que está ocurriendo. El año pasado, muchos seguían afirmando que no había que prestar atención a la crisis del combustible ni a los ataques contra las infraestructuras petroleras; hoy, la situación está cambiando y corre el riesgo de agravarse aún más. Los ucranianos avanzan militarmente al tiempo que multiplican los ataques sobre el territorio ruso, lo que obliga a la población a reflexionar. Incluso aquellos que no desean combatir llegan a comprender que la guerra, de una forma u otra, acaba afectándoles. Probablemente sea el cambio más importante del último año.

Usted señalaba que la «economía de la muerte», al realizar pagos directos e individuales en lugar de invertir en la modernización del ejército, tenía la ventaja de limitar la corrupción. ¿En qué medida obstaculiza hoy en día la corrupción la economía de guerra rusa en su conjunto?

Esta preferencia por los pagos únicos frente a las inversiones en infraestructuras militares no es fruto de la improvisación, sino que responde también a una lógica estructural. En el caso de las inversiones de fondo, las malversaciones se producen de forma sistemática y a todos los niveles; por el contrario, son limitadas, o incluso imposibles, cuando las instituciones realizan pagos directos. Paradójicamente, la corrupción es, por tanto, una de las razones por las que el Kremlin ha preferido monetizar la muerte en lugar de realizar gastos que podrían haber mejorado realmente el rendimiento del ejército.

Putin tiene una especie de fobia bastante extraña: cuando la economía funciona relativamente bien, tiene la sensación de que al Estado se le está privando de una parte de los recursos que le corresponderían.

Vladislav Inozemtsev

Es un mecanismo que solo funciona hasta cierto punto. Es evidente que la corrupción, endémica en Rusia, no ha desaparecido. Los reclutas que se alistan en el ejército se enfrentan a ella en todas partes: se ven obligados a comprar ellos mismos su equipo de protección y su material, y a pagar sobornos a sus comandantes. Se trata de hechos ampliamente documentados, que debilitan el sistema en su conjunto.

Sorprendentemente, el modelo económico adoptado no se ha traducido en una mayor atención al capital humano. Como economista, es algo que me cuesta entender, sobre todo teniendo en cuenta que el propio ministro de Defensa ruso es economista. 

¿Por qué lo ve como una paradoja?

Aunque hoy en día el Estado paga a cada soldado entre tres y cuatro veces más que al inicio del conflicto, siguen observándose las mismas prácticas: asaltos sin una lógica táctica aparente y una indiferencia hacia la seguridad de las tropas que conduce, en consecuencia, a pérdidas masivas e innecesarias. Incluso dejando de lado la dimensión moral, este fenómeno es totalmente inexplicable desde el punto de vista económico: en cualquier sistema de mercado, el aumento del costo de un recurso debería incrementar la eficiencia de su uso. 

¿Cuáles son las consecuencias concretas de esta paradoja? 

Por un lado, esto supone una carga para el presupuesto del Estado, como es lógico. Pero ese no es el aspecto que más me preocupa. El problema más fundamental es que las personas que podrían aceptar esos salarios elevados son plenamente conscientes de que sus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Esto provoca inevitablemente una cierta erosión de la motivación. Si las personas se niegan a comprometerse, es en gran parte debido al trato absurdo que reciben.

Usted ha mencionado la cuestión de la motivación. Si se propusiera a jóvenes europeos sin grandes perspectivas de futuro que fueran a morir para que sus familias recibieran una cuantiosa indemnización, no es seguro que los ejércitos ganaran de repente cientos de miles de voluntarios. ¿Qué nos revela la «economía de la muerte» sobre las particularidades del contexto socioeconómico ruso?

No estoy seguro de que una propuesta así no tuviera repercusiones en Europa. 

Echemos un vistazo a las cifras. El salario mínimo en Francia ronda los 1.400 euros. En Rusia, es de unos 26.000 rublos, es decir, unos 310 euros. Esto significa, en la práctica, que el sueldo de un soldado ruso representa aproximadamente ocho veces el salario mínimo de un trabajador civil. Si lo comparamos con Francia, equivaldría a 11.000 euros al mes, a los que hay que sumar además las primas. Cuando estas alcanzan los tres millones de rublos, eso representa aproximadamente cien veces el salario mínimo. En otras palabras, al alistarse, se podría recibir de golpe algo así como 140.000 euros en la cuenta bancaria, además de los 11.000 euros al mes. ¿Sería esto suficiente para atraer masivamente a franceses al ejército? Es difícil de decir, pero estoy seguro de que no costaría encontrar candidatos en países como la República Checa o Polonia. La cuestión sigue, por tanto, abierta, sobre todo porque ningún país europeo ha ofrecido nunca unos niveles de remuneración militar tan desproporcionados.

A modo de comparación, en los Estados en los que el poder y la sociedad centran sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, la muerte de un soldado se indemniza con una cantidad equivalente a dos o tres años del ingreso medio del país, lo que supone, por ejemplo, una indemnización total de unos 100.000 dólares para la viuda de un soldado estadounidense. Por su parte, Rusia ofrecía, al inicio de la guerra, una indemnización equivalente a 30 años de salario. Hoy en día, esta ronda más bien los veinte años, pero la suma sigue siendo, a pesar de todo, considerable.

¿Dice esto también algo sobre el grado de preparación ideológica para la guerra en Rusia?

Todos aquellos que se alistaron por motivos verdaderamente ideológicos lo hicieron en 2022 o a principios de 2023. Hoy en día, es posible que ninguno de ellos siga con vida.

Más allá de la ideología, diría que la estructura histórica tiene su importancia. Tras la desintegración de la Unión Soviética se instauró un sistema de mercado de una brutalidad extrema, en el que el dinero se ha convertido en el valor central, casi absoluto. Esta carrera por el enriquecimiento ha destruido numerosos imperativos morales. Paralelamente, se ha cristalizado una poderosa cultura criminal. La estafa, el bandolerismo y la economía sumergida se han extendido por todos los sectores de la sociedad. Sin llegar a decir, como se suele hacer, que el cine o la cultura popular han glorificado esta situación, hay que reconocer que todo ello se percibía como actividades normales, integradas en el funcionamiento social. 

Si aplicáramos el sistema ruso a Francia, esto significaría que, al alistarse, se podrían recibir de una sola vez 140.000 euros en la cuenta bancaria y 11.000 euros al mes.

Vladislav Inozemtsev

Durante un tiempo, Putin emprendió, objetivamente, esfuerzos reales para acabar con parte de ese fenómeno. Pero esta ideología de la desigualdad, de la maximización permanente del beneficio, unida a un valor muy bajo otorgado a la vida humana, ha permanecido profundamente arraigada. No se trata tanto del resultado de una construcción ideológica consciente como del legado de una desintegración social masiva.

Pero, en lugar de intentar superar esa realidad, el sistema acabó por considerar que le resultaba ventajosa.

¿Qué tiene eso que ver con la smertonomika?

La idea de poner precio a la vida humana no es algo nuevo de 2022.

Un episodio muy revelador a este respecto es el encuentro de Putin con las viudas de los tripulantes del submarino Kursk, que perecieron a bordo del buque en el mar de Barents en el año 2000. Ante las críticas y las reivindicaciones de las familias, el entonces recién llegado a la presidencia les respondió que era imposible devolverles la vida a sus maridos, pero que se les podía pagar el equivalente a diez años de salario. 

Este reflejo se convirtió posteriormente en una especie de modelo implícito, que sirvió de referencia incluso para la fijación de tarifas de los mercenarios de Wagner. La muerte misma quedó así integrada en una lógica de compensación económica en la que la vida no tiene valor en sí misma. No es algo sagrado. Por lo tanto, en mi opinión, hay que ver un legado de esta mentalidad de los años noventa y principios de los 2000 en el hecho de que cualquier asunto pueda resolverse a base de fajos de billetes, incluso cuestiones de vida o muerte.

El 25 de febrero de 2026 escribió que «la locura» que supone la guerra en Ucrania se había convertido en «la norma». ¿Cuáles son las perspectivas políticas para salir de este sistema, teniendo en cuenta el número de beneficiarios que tiene en Rusia, la sensación de «normalidad» que reina en el país y el equilibrio de fuerzas sobre el terreno?

La economía de la muerte ha permitido al Kremlin continuar su guerra sin encontrar una resistencia interna real. Las decisiones del poder han llevado a banalizar la muerte en el seno de la sociedad, imponiéndola como una nueva forma de normalidad y generando al mismo tiempo una «cultura de la muerte» de carácter mercantil. Aquí se cuantifica la disposición a matar o a dejarse matar por dinero. Este sistema también ha contribuido a forjar una imagen internacional de Rusia: se ha convertido en un país resistente a las sanciones y dispuesto a luchar casi indefinidamente sin preocuparse por sus bajas. Esta representación ha influido a su vez en la postura de una parte de los responsables políticos occidentales, a quienes se ha visto incitar a Kiev a aceptar una resolución del conflicto en los términos de Vladimir Putin.

Pero para comprender la supervivencia de este sistema, hay que volver a su lógica fundamental, lo que supone comprender en qué se diferencia el sistema ruso del sistema soviético. En este sentido, mi tesis principal es que el sistema ruso se basa estructuralmente en la corrupción, pero que, en un nivel aún más profundo, esta corrupción es una forma de encarnación del individualismo absoluto.

¿Qué quiere decir?

En Rusia, ante cualquier problema —desde una multa hasta la creación de una empresa, pasando por los trámites administrativos—, uno se topa con leyes que se perciben como injustas o absurdas, pero que no se pueden cambiar. En cambio, siempre se puede pagar un soborno. Entonces, como por arte de magia, la ley, en principio universal, deja de aplicarse a tu caso particular. 

Para Putin, la corrupción se ha convertido, por tanto, tanto en una herramienta de gobernanza como en un instrumento para neutralizar cualquier acción colectiva. Todo se resuelve caso por caso, de forma individual. La sociedad deja de existir como entidad colectiva y se convierte en una suma de individuos aislados, guiados únicamente por incentivos económicos. Esto explica en parte la prolongada supervivencia de este sistema: no genera casi ninguna resistencia estructural. La «economía de la muerte» y la creación de un ejército de mercenarios se inscriben precisamente en esta lógica, que consiste en llevar la atomización cada vez más lejos, tratar cada problema de forma individual y obstaculizar cualquier dinámica colectiva.

En el ejército, evidentemente, no ha desaparecido y sigue mermando la capacidad militar rusa. En este sentido, incluso habría motivos para alegrarse: si el ejército ruso fuera menos corrupto, sin duda sería más eficaz desde un punto de vista estrictamente militar.

La economía de la muerte ha permitido al Kremlin continuar su guerra sin encontrar una resistencia interna real. 

Vladislav Inozemtsev

Pero, además de la corrupción, existe otro problema clave, de carácter organizativo, que remite a una tendencia estructural profunda y heredada históricamente. La situación ucraniana ofrece aquí un contraste llamativo: la producción de equipamiento militar, incluidos los drones y otros materiales, está ampliamente privatizada y funciona como un auténtico mercado. En Rusia, por el contrario, todo sigue restringido a las empresas públicas. Las fábricas civiles podrían, en teoría, encargarse de ciertas tareas, como la reparación de equipos militares, pero no disponen de las autorizaciones necesarias. Al tratarse de datos clasificados, reparar un tanque de los años setenta se convierte en una cuestión de secreto de Estado. De ahí la multitud de obstáculos artificiales y de trabas administrativas innecesarias. El sistema ruso, con su afán de regularlo y controlarlo todo, juega hoy en contra de sí mismo, tanto en el plano económico como en el militar.

¿Es ese mismo individualismo el que se refleja en las reacciones ante los bloqueos digitales? De hecho, las recientes decisiones de las autoridades respecto a plataformas como Telegram han provocado una ola de descontento.

Debo admitir que no consigo entender del todo cuáles son los motivos de Putin para imponer restricciones y bloqueos. Mi tesis siempre ha sido que había logrado crear una sociedad relativamente libre en ciertos aspectos: en materia de circulación, acceso a la información y enriquecimiento personal gracias a una gran permisividad en la esfera privada. Salvo en lo que respecta a la participación en la vida política y la crítica a las autoridades, los rusos disfrutaban, de hecho, de una libertad casi total. Si en la época soviética se temía a las «voces enemigas» y a todo lo que venía del exterior, bajo Putin se autorizaron los intercambios, así como los viajes a Occidente. El siglo XXI ruso ha visto, sin duda, la constitución de un nuevo «pacto social» que articula el autoritarismo político y la relativa reconstitución de las libertades individuales, excluyendo, por tanto, todo lo que tenga que ver con la participación política y el compromiso ciudadano. ⁴

¿Por qué ataca Putin hoy en día esos espacios de libertad que no amenazaban directamente sus intereses? 

En primer lugar, no se puede descartar del todo que exista ahora una dinámica interna del régimen de prohibiciones y restricciones que funcione por pura inercia, sin objetivos claramente definidos. Por otra parte, en los últimos años, Putin se ha ido aislando cada vez más en su proceso de toma de decisiones. La información que le llega parece estar muy filtrada, o incluso distorsionada, por su entorno. En cualquier caso, aquí se observa algo paradójico: siempre ha sabido dividir a la sociedad —incluso ha hecho de ello uno de los pilares de su eficacia política—, pero ahora entra en una fase en la que se aplican decisiones extremadamente impopulares a una parte considerable de la sociedad. 

La restricción de los flujos de información contradice en todos los aspectos la lógica de control social que él mismo había establecido, y resulta difícil comprender su coherencia general.

¿O acaso se trata simplemente de una evolución inevitable para cualquier régimen autoritario?

Quizás. Pero hay que distinguir claramente dos aspectos. Para un régimen autoritario, una cosa es restringir ciertas libertades desde el principio. Eso es lo que habría hecho Rusia a principios de la década de 2000 si hubiera seguido un modelo al estilo chino. Esa elección tendría al menos el mérito de la coherencia. Pero es muy diferente conceder primero grados relativamente elevados de libertad para luego intentar restringirlos. Para un régimen determinado, es mucho más difícil retirar una libertad que no haberla concedido nunca. En mi opinión, ahí reside el error estratégico del poder: al dar marcha atrás, el sistema erosiona sus propias capacidades y debilita sus propios cimientos.

Sus análisis le han valido la calificación de «agente extranjero» en Rusia, así como la apertura de un proceso penal en noviembre de 2025. ¿De qué recursos disponen ahora los expertos rusos que se ven obligados a expresarse desde el extranjero?

De hecho, esa calificación de agente extranjero y ese proceso penal eran inevitables. Lo único que me sorprende es que las autoridades aún no me hayan tildado de «terrorista» o «extremista».

Para responderle, la cuestión radica en saber qué se entiende por «experiencia». Las personas que hoy en día se expresan de forma independiente sobre Rusia se dividen en varias categorías. En primer lugar, están quienes se dedican a la acción política propiamente dicha. Siento un gran respeto por su trabajo y, por mi parte, intento —con cierto éxito hasta ahora— no entrar en los conflictos políticos internos de la oposición, ya que considero que el hecho de oponerse a Putin constituye una base común suficiente. Sin embargo, en este grupo, un discurso bastante generalizado tiende a describir la situación actual como muy amenazante para el régimen de Putin, y algunos llegan incluso a profetizar regularmente su próximo colapso. Por otro lado, hay una serie de personas comprometidas con fundaciones occidentales que documentan constantemente las violaciones cometidas por Vladimir Putin y denuncian sus crímenes uno tras otro, con una lógica más de defensa de los derechos que de análisis político propiamente dicho.

De hecho, hoy en día los verdaderos centros de referencia son bastante escasos: se limitan a unos pocos grandes think tanks occidentales y a muy contadas estructuras rusas, como Carnegie en Berlín, el portal Re:Russia o la plataforma Riddle de Anton Barbashin, que reúne a analistas de gran calidad. Aparte de eso, se trata en gran medida de un desierto analítico.

En cuanto a las funciones de los expertos, en mi opinión deberían consistir en proporcionar a los responsables políticos occidentales información realmente útil y veraz sobre los acontecimientos actuales, al tiempo que contribuyen a la formulación de una agenda estratégica y una visión de la Rusia del futuro. Lo que me preocupa es que la reflexión se limite a menudo al objetivo de «no dejar que Ucrania pierda», sin ninguna perspectiva sobre el día después. 

El sistema ruso se está jugando hoy su propia suerte, tanto en el plano económico como en el militar.

Vladislav Inozemtsev

Occidente nunca ha tenido realmente una idea clara de lo que esperaba de Rusia, ni en los años noventa ni hoy en día. Quiere que Rusia se retire del territorio de Ucrania: eso está claro, en eso estamos de acuerdo y creo que al final acabará sucediendo. Los rusos se retirarán y, dentro de diez años, quizá veinte, Ucrania recuperará sus fronteras. Pero ¿qué pasará después?

La década de los noventa provocó un profundo resentimiento entre la población rusa, y hoy en día existe un gran riesgo de que surjan formas similares de resentimiento. 

¿Podría la emigración rusa tener algo que ver en esto?

En mi opinión, ella no está en condiciones de cambiar nada en Rusia. No tiene los medios para ello. Aunque se produjeran cambios fundamentales en el país, estos vendrían impulsados por actores internos que querrían controlar ellos mismos el proceso.

Por eso, en mi opinión, el análisis debería centrarse en identificar las fuerzas existentes en las que apoyarse dentro de Rusia y definir qué se les puede ofrecer. Se trata de elaborar un programa mínimo, no ideal ni retórico, sino pragmático. ¿Cuál debería ser el umbral mínimo de condiciones exigidas a Rusia para plantearse una normalización de las relaciones? ¿Y quién podría ser el portador de ese umbral? Si desde el principio se inscribe a 11.000 personas en una especie de «lista negra», ¿con quién se está dispuesto a dialogar después? Si, por el contrario, se decide centrarse únicamente en sesenta criminales de guerra confirmados y se considera a todos los demás como interlocutores potenciales, se dispone de un mayor margen de maniobra. En este caso, algunos actores internos, al comprender que tienen todo que perder si perpetúan un poder inestable e irracional, tal vez estarían dispuestos, llegado el momento, a contribuir a una transición y a estabilizar la situación. No existe otra visión estructurada: las dinámicas internas rusas se reducen a grupos de poder que buscan sustituirse mutuamente. Cuando todos los actores potenciales son estigmatizados y descartados, cabe preguntarse cómo sigue siendo posible proponer concretamente una visión para la era post-Putin.

En estas circunstancias, es lamentable que no existan vínculos más estrechos entre los mejores especialistas occidentales —que gozan de cierta influencia en sus respectivos países— y los analistas que dedican sus esfuerzos a dar cuenta de la Rusia actual. No quiero dar a entender que los expertos rusos deberían poder dirigirse directamente a Macron, Trump o Starmer. Eso es, evidentemente, imposible. Pero me parece necesario aspirar a un nivel de coordinación e interacción más eficaz. Y, en este sentido, aún nos queda camino por recorrer.