Brasil puede dar un giro al trumpismo en el continente americano

Pruebe el Grand Continent. Las ideas y los análisis que no se encuentran en ningún otro sitio. Pero que pronto verá por todas partes. En su bandeja de entrada a partir de 8 euros al mes.

Brasil, la primera potencia económica y el país más poblado de América Latina, con unos 214 millones de habitantes, celebrará elecciones los días 4 y 25 de octubre de 2026. En primer lugar, para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, para renovar los 513 escaños de la Cámara de Diputados y dos tercios de los del Senado, así como para elegir a los gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas de los estados federados; y, a continuación, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que todas las encuestas disponibles en la actualidad anuncian que será tan reñida como la de 2022, en la que Luiz Inácio Lula da Silva (50,9 %) se impuso por un estrecho margen al presidente saliente, Jair Bolsonaro (49,1 %). 

Como una sensación de déjà vu

Por lo tanto, no es de extrañar que la campaña electoral de los últimos meses dé a veces la impresión de ser una repetición de la de hace cuatro años. Por un lado, Lula representa una amplia coalición cuyo núcleo lo constituye el Partido de los Trabajadores, pero que también reúne a numerosas formaciones políticas decididas a aliarse en defensa de la democracia ante el peligro de que la extrema derecha vuelva a llegar al poder. Su compañero de candidatura, Geraldo Alckmin, no es otro que el actual vicepresidente. Y su programa se inscribe en la continuidad del que le llevó al Palacio del Planalto en 2022: la lucha contra la pobreza y las desigualdades, en un país donde el índice de Gini (50,3) sigue siendo claramente superior a la media de la región de América Latina y el Caribe (45,2), aunque haya disminuido notablemente en los últimos cuatro años, la protección de las minorías y la defensa del medio ambiente, pero también el apoyo del Estado a sectores económicos clave, como la industria o la energía, con el fin de reforzar la soberanía del país.

Por otro lado, Flávio Bolsonaro ha tomado el relevo de su padre, condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Supremo Federal (TSF) tras el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y el asalto a la Plaza de los Tres Poderes. El mayor de los hermanos ha intentado presentar una versión moderada de un proyecto que, no obstante, sigue situándose en la extrema derecha, a la vez conservador y autoritario, y uno de cuyos principales objetivos es sacar a su progenitor de la cárcel. Por mucho que Flávio juegue la carta del «bolsonarismo respetuoso con las instituciones» y de la defensa de la democracia frente a la tiranía de los jueces, se trata, en realidad, de las mismas fuerzas. Hasta tal punto, por cierto, que el hijo ha empezado a imitar a su padre —con quien guarda un parecido físico evidente— en los anuncios y mítines de campaña: la misma camiseta con los colores nacionales y el eslogan «Mi partido es Brasil», los mismos decorados para sus videos que inundan las redes sociales, los mismos lugares de reunión, hasta el simbólico regreso a la ciudad de Juiz de Fora, allí donde, hace ocho años, Jair Bolsonaro recibió la puñalada que contribuyó en gran medida a su victoria en las elecciones de 2018.

El nuevo contexto geopolítico

Sin embargo, en muchos aspectos, estas elecciones también son inéditas. En primer lugar —y esta es una diferencia fundamental con respecto a 2022 —, porque se celebra en un contexto geopolítico renovado en el que la cuestión de la injerencia de Estados Unidos ya no es una fantasía de mentes que se habrían quedado ancladas en las viejas luchas de la Guerra Fría, sino una realidad bien documentada. La administración de Trump no lo oculta: mientras que Washington había apartado la mirada del sur de América a principios de la década de 1990, obsesionado con los asuntos de Medio Oriente y dejando así vía libre al expansionismo chino, ha llegado la hora de la reconquista. Ha llegado el momento de reactivar la doctrina Monroe en la versión imperial que había adquirido a principios del siglo XX, la del «corolario de Roosevelt» de 1904, que condujo en un primer momento a la tutela de gran parte delel espacio caribeño y de Centroamérica, y que posteriormente afianzó el dominio de Estados Unidos sobre todo el continente tras la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, en detrimento de cualquier consideración democrática.

En noviembre de 2025, la publicación del documento que definía la nueva estrategia de seguridad nacional de Washington fue muy clara: ¹ «Estados Unidos debe ocupar una posición preeminente en el hemisferio occidental, condición indispensable para nuestra seguridad y nuestra prosperidad, una condición que nos permite actuar con firmeza, donde y cuando sea necesario en la región. Los términos de nuestras alianzas, así como las condiciones en las que concedemos cualquier tipo de ayuda, deben estar supeditados a la reducción progresiva de la influencia hostil exterior, ya se trate del control de instalaciones militares, puertos e infraestructuras clave, o incluso de la adquisición de activos estratégicos en sentido amplio». De hecho, tras haber influido en las elecciones legislativas argentinas de octubre de 2025 al condicionar el apoyo de Estados Unidos al peso a un buen resultado del partido de Javier Milei, los ejemplos de injerencia se han multiplicado: en Honduras en diciembre de 2025, en Colombia y en Perú durante la primera mitad de 2026, por citar solo estos ejemplos. Sin contar, evidentemente, la destrucción sin más trámites de numerosos barcos que navegaban por el Caribe, sospechosos de participar en el narcotráfico, ni el espectacular secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas especiales en enero de 2026. Puesto en marcha en marzo de 2026 en Florida, el programa denominado «Escudo de las Américas», que reúne a todos los gobiernos de extrema derecha del continente con el fin de promover la cooperación militar y en materia de seguridad, y que se ha reunido muy recientemente en Nueva York al margen de laAsamblea General de las Naciones Unidas, encarna este intento de poner en vereda al hemisferio occidental y recibiría un importante respaldo si el gigante brasileño volviera a inclinarse hacia la extrema derecha. 

«¿Brasil no es el patio trasero de nadie?»

Por mucho que Lula insistiera en que «Brasil no puede ser considerado el patio trasero de nadie» durante su discurso en la ONU del 22 de septiembre, el país no escapa en absoluto a las ambiciones de la administración de Trump, ya que su peso económico y geopolítico es considerable a escala sudamericana. Los intentos de injerencia de Estados Unidos comenzaron con una fuerte oleada de aranceles en julio de 2025, cuando Trump anunció la imposición de un impuesto adicional del 50 % sobre todos los productos procedentes de Brasil. El anuncio iba acompañado de una condición política explícita: el gobierno brasileño debía poner fin a la «caza de brujas» que, según Washington, tenía como objetivo al expresidente Jair Bolsonaro, entonces acusado de intento de golpe de Estado. Unas semanas más tarde, los miembros del TSF, que se disponían a juzgar a Bolsonaro, recibieron amenazas. Al relator del juicio, Alexandre de Moraes —quien había suspendido la red social X en Brasil durante más de un mes en el marco de una investigación sobre la difusión de información falsa, lo que provocó la ira de Elon Musk—, se le prohibió la entrada a Estados Unidos, así como cualquier tipo de transacción económica y financiera en ese país.

La condena de Jair Bolsonaro y sus siete coacusados —entre los que se encontraban, en lo que supone un hecho histórico en un país en el que no se había celebrado ningún juicio de tal envergadura tras el fin de la dictadura militar, varios generales de alto rango— no ha calmado los ánimos. En Washington, Eduardo Bolsonaro, el tercer hijo de Jair que huyó de la justicia brasileña —que le acusaba de fomentar una injerencia estadounidense en el juicio de su padre—, ha movilizado sus contactos en el ámbito del movimiento MAGA y en el entorno de Marco Rubio para conseguir una amnistía. Es cierto que el encuentro entre Lula y Trump, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2025, suspendió temporalmente la ofensiva, y Trump mencionó en esa ocasión una «química» entre ambos hombres. Pero el clan Bolsonaro nunca está lejos: en octubre, Estados Unidos exigió que los «disidentes políticos» pudieran participar en las elecciones de 2026 para reducir los aranceles. 

Debido a su tamaño y a su peso económico, pero también a la importancia de sus relaciones con China (hoy en día su principal socio comercial) y a su papel en el seno de los BRICS, Brasil constituye, por lo tanto, un reto estratégico fundamental para Estados Unidos. Tras un relativo respiro gracias a la habilidad de la diplomacia brasileña y a la intervención en las negociaciones sobre aranceles de los hermanos Joesley y Wesley Batista, accionistas mayoritarios del grupo JBS, líder mundial en proteínas animales, Lula viajó a principios de mayo de 2026 a Washington para reunirse con Trump, encuentro calificado de «productivo» por ambas partes. Sin embargo, ya en julio, las tensiones se reavivaron y se intensificaron. Estados Unidos impuso nuevos aranceles del 25 % sobre los productos brasileños y acusó a Lula de ser el responsable de estas sanciones. Unos días más tarde, la embajadora de Brasil en Washington fue destituida por la administración de Trump. Lula, ya candidato oficial a la reelección, respondió haciendo de la defensa de la soberanía nacional el eje principal de su campaña. Por su parte, Flávio Bolsonaro presentó su candidatura en presencia de Javier Milei, sellando así la alianza de la extrema derecha a escala continental. La escalada continuó en mayo, cuando el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, dos de los principales grupos criminales brasileños vinculados al tráfico de drogas, fueron calificados como «organizaciones terroristas» por Washington, es decir, como una amenaza que podría justificar una intervención militar de Estados Unidos. Durante la Fiesta Nacional, el 7 de septiembre, los partidarios de Flávio Bolsonaro enarbolaban un muñeco gigante de Trump que sostenía en su puño a un pequeño Lula vestido de preso; entre la multitud, las banderas con estrellas se mezclaban con las de Brasil y resonaba el lema: «Trump, libera a Brasil».

Entre bastidores, otras figuras dan testimonio de estas nuevas solidaridades continentales, como el asesor político argentino Fernando Cerimedo, cercano a Eduardo Bolsonaro. Detenido en Bolivia en agosto de 2026 por el intento de asesinato de su expareja, fue citado durante el juicio a Jair Bolsonaro como posible cómplice del intento de golpe de Estado, por haber difundido información falsa sobre la falta de fiabilidad de las urnas electrónicas. Este propagandista todoterreno desempeñó un papel importante en el equipo de campaña de Milei, antes de trabajar en la elección de Rodrigo Paz en Bolivia y de Nasry «Tito» Asfura en Honduras, codo con codo con Brad Parscale, el antiguo director de campaña de Trump. 

Según un informe elaborado a finales de agosto de 2026 por la Agencia de Inteligencia de Brasil (ABIN) y hecho público el 19 de septiembre, las amenazas de injerencia de Estados Unidos en las elecciones han alcanzado ya un «nivel crítico». Aunque la línea ideológica del secretario de Estado Marco Rubio no es compartida con el mismo fervor por toda la administración de Trump, numerosos expertos se muestran preocupados por la actitud del presidente estadounidense tras las elecciones. En caso de victoria de Lula, ¿reconocerá el resultado? Y, si gana Flávio Bolsonaro, ¿cuál será el precio que deberá pagar Brasil? Y es que las manifestaciones de lealtad del candidato de extrema derecha van acompañadas de promesas económicas: el acceso a las tierras raras y a los recursos mineros, o incluso la aplicación de una cláusula de preferencia comercial para los productos estadounidenses. 

El escándalo del banco Master

A estas cuestiones se suman otras incertidumbres relacionadas con las turbulencias de la política interior. Las revelaciones relacionadas con la liquidación del banco Master, uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Brasil, no dejan de salpicar a los responsables políticos y de debilitar las instituciones del país. El sistema de fraudes masivos puesto en marcha por Daniel Vorcaro, el antiguo presidente del banco que hoy se encuentra en prisión, se basaba en una serie de «pagos» a «amigos» de alto rango que, a cambio, invirtieron fondos públicos en activos muy sobrevalorados y se hicieron de la vista gorda ante los riesgos de insolvencia del banco, incumpliendo todos los procedimientos de control. Entre estos «amigos» se encontraban gobernadores de estados federados, miembros del Congreso, en su mayoría afiliados al Centrão (el «gran centro», situado a la derecha del espectro político) o a la extrema derecha, un exministro de Jair Bolsonaro, pero también Flávio Bolsonaro. El mayor de los herederos es, por tanto, objeto, desde julio de 2026, de una investigación de la Policía Federal debido a los pagos de varias decenas de millones de euros que recibió de Vorcaro para la realización de una película biográfica sobre su padre. La película, titulada Dark Horse, aún no se ha estrenado en los cines y su productor, Mario Frias, también diputado y miembro del Partido Liberal de Bolsonaro, es sospechoso de haber alimentado un amplio sistema de malversación de fondos públicos para su realización.

Sin embargo, la izquierda tampoco se libra del escándalo del banco Master. El senador del estado de Bahía, Jaques Wagner, miembro histórico del Partido de los Trabajadores, exministro y líder del gobierno en el Congreso, también es sospechoso de haberse beneficiado del sistema. Sobre todo, los jueces del TSF son objeto de investigaciones, empezando por Alexandre de Moraes, cuya esposa firmó lucrativos contratos con el banco. Desde agosto, se suceden las revelaciones, que arrojan sospechas sobre la complicidad de varios jueces y, lo que es aún más fundamental, sobre la propia institución que había servido de baluarte al proyecto autoritario de Bolsonaro padre. El Tribunal Supremo Federal se encuentra hoy dividido entre Moraes y sus partidarios, por un lado, y los jueces nombrados por Jair Bolsonaro, por otro, quienes también son sospechosos de haber recibido pagos y otros obsequios en especie. 

El hecho de que se ponga en el punto de mira a Moraes, que desde el juicio a Bolsonaro es el enemigo odiado de la extrema derecha, beneficia en gran medida a esta última. En primer lugar, porque la opinión pública asocia a Moraes con la defensa de las instituciones democráticas y, por tanto, con el presidente Lula, aunque nunca haya sido cercano al Partido de los Trabajadores. En segundo lugar, porque al centrar la atención en el TSF, el caso Master relega a un segundo plano a los numerosos parlamentarios de extrema derecha implicados, entre los que destaca Flávio Bolsonaro, quien se beneficia plenamente de esta cortina de humo. Por último, porque la probable destitución de Moraes podría permitir al futuro presidente nombrar a cuatro nuevos jueces y asegurarse una mayoría de votos a favor del TSF, una institución que cada día parece un poco menos capaz de mantenerse al margen de la contienda.

Por lo tanto, resulta difícil determinar el efecto que tendrá el escándalo del banco Master en ese pequeño porcentaje de indecisos que decidirán el resultado de las elecciones: si bien Flávio Bolsonaro se vio perjudicado en las encuestas por las revelaciones sobre la película Dark Horse al inicio de la campaña, la crisis desatada en el TSF perjudica sobre todo a Lula. Las distintas encuestas lo demuestran: lo que predomina entre estos votantes en vísperas de las elecciones es una sensación de «confusión». Por su parte, las proyecciones coinciden: sitúan a los dos principales candidatos codo con codo, en torno al 45 % de intención de voto en la segunda vuelta.

Un balance con luces y sombras

Por último, más allá del escándalo del banco Master, que ha acaparado en gran medida las últimas semanas de campaña, a Lula le cuesta defender su balance e imponer nuevas líneas de actuación para el país. Más que su edad —cumplirá 81 años dos días después de la segunda vuelta—, el presidente-candidato, que se presenta a un cuarto mandato y para quien esta es ya su séptima campaña presidencial, tiene en su contra un cierto cansancio de la opinión pública respecto al Partido de los Trabajadores, lo que explica en parte su elevado índice de rechazo (entre el 45 % y el 50 % en las encuestas recientes), también entre los jóvenes. No obstante, Lula puede presumir de un balance nada desdeñable, cuyos pilares fundamentales son la salvaguarda de las instituciones democráticas tras el 8 de enero de 2023 y la reconstrucción económica y social del país tras la pandemia de COVID-19 y los cuatro años de gobierno de Bolsonaro.

Durante su tercer mandato, la pobreza extrema y la amenaza del hambre se han reducido, el ritmo de deforestación de la Amazonía se ha reducido a la mitad en cuatro años, hasta alcanzar los 5.731 km² al año, frente a los más de 11.000 al final del mandato de Jair Bolsonaro, y se han puesto en marcha medidas emblemáticas como la semana laboral de cinco días. En el ámbito económico, Brasil registra un crecimiento del 2,3 % en 2025, cercano a la media latinoamericana, aunque por debajo del del año anterior (3,4 %), y una tasa de desempleo relativamente baja. Sin embargo, la inflación y la deuda de los hogares siguen siendo motivos de gran preocupación para una amplia parte de la población. Y persisten los problemas estructurales: las desigualdades, alimentadas por un sistema fiscal con escasa capacidad redistributiva; y la inseguridad relacionada con las bandas, las milicias y la policía. En octubre de 2025, la masacre de 122 habitantes de las favelas a manos de la policía de Río durante una operación antidroga —de los cuales los vecinos recuperaron decenas de cadáveres en el bosque— fue una de las más mortíferas de la historia reciente del país. Según las cifras del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, ² la violencia policial alcanzó un triste récord en 2025: mientras que el número de homicidios sigue una tendencia a la baja (40 775 en 2025, un 31 % menos que en 2022), el de víctimas de intervenciones policiales no deja de aumentar (6.602 en 2025, lo que supone una media de 18 muertes al día), al igual que la violencia contra las mujeres (feminicidios, violaciones y agresiones sexuales), que afecta principalmente a las mujeres afrodescendientes.

Por lo tanto, Lula presenta a los votantes un balance agridulce, cuyos reveses —por ejemplo, en la reforma fiscal, que constituye la clave para la implantación de un sistema redistributivo sostenible— se deben en gran medida a los bloqueos del Congreso. Desde este punto de vista, la situación recuerda a la de Chile con Gabriel Boric o a la de Colombia con Gustavo Petro, cuyos mandatos han concluido recientemente con una victoria de la extrema derecha. Desde un punto de vista más estructural, los partidos del Centrão, dispuestos a venderse al mejor postor y que negocian cada vez más caro su apoyo (puestos en los ministerios y en la alta administración, aprobación o bloqueo de determinadas leyes, etc.), siguen llevando la batuta en ambas cámaras del Congreso y son, al menos en parte, los guardianes del futuro de la democracia brasileña.

En un contexto electoral tan reñido, habrá que tener en cuenta, en última instancia, el papel de las iglesias evangélicas, cuya capacidad para movilizar a sus fieles en época de elecciones es espectacular. En 2022, el 75 % de los evangélicos votó por Jair Bolsonaro en la segunda vuelta y el 25 % a Lula. Desde entonces, y aunque su crecimiento sea menos exponencial que en las décadas de 1980 y 1990, su influencia en el ámbito religioso brasileño no ha disminuido, tal y como demuestran encuestas recientes. En los próximos días y semanas, el destino democrático de Brasil se decidirá, por tanto, a múltiples niveles: desde los gigantescos escenarios de los templos de la Iglesia Universal del Reino de Dios o de la Asamblea de Dios hasta los pasillos de la Casa Blanca, pasando por las redes sociales, cajas de resonancia globalizadas de una campaña más polarizada que nunca.