Anoche, en Washington, la «velada festiva» que se suponía que iba a celebrar a la prensa terminó con el estruendo de las detonaciones. En la cena, sólo se debería hablar de chistes y de libertad de expresión; se oyeron «disparos» y se vio al presidente de los Estados Unidos desaparecer tras un muro de chalecos antibalas, evacuado como un jefe de Estado de una zona de guerra.
- Este incidente no surge de la nada y es consecuencia del intento de Butler, en Pensilvania, en julio de 2024, donde Donald Trump, entonces candidato, resultó herido en la oreja durante un mitin, y se inscribe en una secuencia más amplia de amenazas crecientes contra cargos electos, jueces, periodistas y adversarios políticos.
- También se inscribe en una historia más larga: en 250 años de vida constitucional, cuatro presidentes estadounidenses (es decir, cerca del 10%) han sido asesinados y dieciséis han sido objeto de intentos o complots, lo que supone más de un tercio (35%) de los que han ocupado la Casa Blanca.
En una democracia estable, rica y tecnológicamente dominante, dotada de un aparato de seguridad sin parangón, el hecho de que más de uno de cada tres presidentes haya sido blanco de un complot asesino ya no puede considerarse una simple sucesión de acontecimientos aislados. Se trata de un fenómeno estructural que revela varios rasgos de la sociedad estadounidense: la violencia de su nacimiento, la personalización extrema de su poder, su cultura de las armas y la creciente dificultad de su sociedad para reconocer al adversario como un interlocutor legítimo en lugar de como un enemigo al que hay que abatir.
- A Estados Unidos le gusta presentarse como la democracia más consumada de la historia moderna. Es también, de manera más inquietante, una de las pocas democracias avanzadas en las que el asesinato político dirigido contra la cúspide del Estado se ha convertido en una posibilidad recurrente, casi «familiar». Esta contradicción no data de la era Trump, pero es él quien la lleva a su paroxismo.
- Pocas democracias otorgan tal importancia simbólica a la función presidencial. El presidente estadounidense no es sólo un árbitro institucional. Es a la vez jefe del Ejecutivo, comandante en jefe, rostro del país ante el mundo, encarnación del relato nacional y principal objeto de cristalización mediática.
- El poder estadounidense está así enmarcado jurídicamente, pero políticamente sobrepersonalizado.
- Es esta contradicción la que lo debilita: cuanto más estables son las instituciones, más se concentra la ira en la persona que pretende encarnarlas.
- Se trata de una diferencia fundamental con respecto a la mayoría de las democracias europeas. En ellas hay odio político, atentados, terrorismo y golpes de Estado. Pero rara vez se observa una repetición de ataques dirigidos contra la propia persona del jefe de Estado en el marco de una continuidad constitucional tan prolongada.
No se puede concebir esta historia sin la Segunda Enmienda, que autoriza la tenencia de armas.
- En pocos países desarrollados, un individuo aislado puede procurarse tan fácilmente los medios materiales para matar a un dirigente, sin una logística clandestina compleja, sin una estructura paramilitar, sin una ruptura previa con la normalidad social.
- Existe una articulación decisiva entre la cultura política y la infraestructura material. La disponibilidad de armas no basta para explicar los atentados; sin embargo, permite cometerlos rápidamente.
Existe también una paradoja estadounidense. En efecto, si bien la historia de los atentados contra los presidentes da testimonio de la violencia de esta sociedad, revela asimismo la singular solidez de sus instituciones.
- Lincoln es asesinado, la sucesión funciona. Garfield es asesinado, la sucesión funciona. McKinley es asesinado, la sucesión funciona. Kennedy es asesinado, la sucesión funciona.
- En cada ocasión, el sistema absorbe el impacto sin caer en una guerra de palacios ni en el colapso del régimen.
- Pocos países pueden presumir de tal continuidad institucional. Los «checks and balances» estadounidenses han demostrado una capacidad de resiliencia excepcional ante la prueba de los propios asesinatos.
- Sin embargo, esta solidez institucional no debe idealizarse. Significa sobre todo que el sistema es capaz de gestionar la catástrofe una vez que se ha producido. No demuestra que sepa prevenir la radicalización que conduce a ella.
Desde hace casi diez años, la vida política estadounidense ha entrado, de hecho, en una fase de radicalización continua con la llegada de Donald Trump.
- Varios análisis señalan un aumento sostenido de las amenazas dirigidas a los cargos electos y una atmósfera que recuerda ciertos aspectos de los años sesenta, con un nivel de conflictividad que trasciende el marco de las competiciones electorales habituales.
- Donald Trump ha prosperado en este clima utilizando un lenguaje de humillación, venganza, desacreditación sistemática de las instituciones y deslegitimación del adversario. No se conforma con decir: «Yo gobernaré mejor». A menudo sugiere que sus enemigos ya no pertenecen plenamente al mismo cuerpo cívico.
- Esta retórica tiene varios efectos. Refuerza a la base, que se percibe a sí misma como sitiada; exaspera a los opositores, que lo consideran una amenaza existencial; transforma al presidente en un punto de cristalización de una guerra cultural total.
- En tal contexto, el atentado ya no constituye sólo un riesgo para la seguridad. Se convierte en el síntoma extremo de una sociedad en la que la política ya no permite organizar la coexistencia de los desacuerdos, sino que, por el contrario, favorece el radicalismo de las identidades.
El ejercicio del poder de Trump se basa menos en el arte del compromiso que en una lógica de movilización permanente: designar enemigos, poner a prueba los límites institucionales, imponer relaciones de fuerza y dirigirse al país por encima de las mediaciones tradicionales.
- Esta forma de gobernar no se limita a las palabras.
- Cuando decide iniciar una guerra contra Irán sin siquiera buscar el respaldo del Congreso, Donald Trump no sólo rompe con una costumbre; también transmite al resto del mundo la imagen de un ejecutivo que considera las reglas de su propia democracia como meras variables de ajuste.
- En los últimos meses, durante una gran ceremonia organizada en el Pentágono en presencia del alto mando militar, Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, declararon, en esencia, que el verdadero enemigo de Estados Unidos se encontraba «en el interior», en las grandes ciudades demócratas.
- Si bien Trump no es la única causa de la brutalización de la sociedad estadounidense, es quien más conscientemente ha sustituido la civilidad democrática por una dramaturgia basada en el choque, la ofensa y la venganza. No es una cuestión de temperamento; es una teoría del poder.
Pero el problema no se limita únicamente al ámbito interno. Estados Unidos sigue siendo una hiperpotencia militar, financiera, tecnológica y normativa.
- El mundo contempla ahora ese poder a través de imágenes cada vez más contradictorias: la potencia más organizada del mundo y, al mismo tiempo, una democracia cuyas campañas electorales parecen a veces preludios de una insurrección.
- Esta contradicción lastra la credibilidad estadounidense.
En este panorama hay una paradoja adicional: aunque la violencia política ha acompañado toda su historia, una inmensa mayoría de estadounidenses considera que su Constitución no debe modificarse, o sólo de forma marginal.
- ¿Debemos ver en ello un signo de una madurez política excepcional, la de un pueblo tan apegado a sus principios que se niega a entregarlos a las modas del momento? ¿O es más bien el síntoma de una inmadurez política, incapaz de reconocer que el texto de 1787 ya no basta para enmarcar un país de 330 millones de habitantes armados, digitalizados y polarizados?
- El hecho de que una misma democracia pueda, en pocos años, ver invadido su Capitolio, a su presidente proclamar que el enemigo se encuentra en las ciudades que votan en su contra y decidir por sí solo sobre la guerra o la paz, pone de manifiesto la brecha que se ha abierto entre el relato sacralizado de la Constitución y la práctica real del poder.
Mientras celebra este año su 250 aniversario, la democracia estadounidense siempre ha convivido con una parte de violencia que nunca ha logrado domar por completo.
- Los intentos de asesinato contra los presidentes no son un detalle de la crónica policial. Son un observatorio privilegiado de lo que le sucede a una sociedad que absolutiza sus antagonismos, sacraliza al individuo armado, concentra sus pasiones en una persona y transforma cada cambio de gobierno en un drama civilizacional.
- En este sentido, los disparos contra Lincoln, Kennedy, Reagan o Trump nos dicen más sobre un régimen emocional colectivo que se ha vuelto incapaz de concebir el límite, la derrota y la alteridad sin fantasear con la eliminación.
- La verdadera cuestión no es saber si la democracia estadounidense sigue existiendo; sus elecciones, sus tribunales, sus estados federados y sus debates son prueba de ello. La cuestión es más inquietante: ¿de qué materia democrática está hecha aún una sociedad en la que se puede perder unas elecciones sin aceptarlo, ganar sin apaciguar, gobernar sin unir y disputar sin excluir la perspectiva de la violencia?
La escena de anoche en el Washington Hilton no basta para responder a esta pregunta. Sin embargo, obliga a planteársela. Cuando una gran democracia ya no logra proteger sus momentos de ligereza contra la irrupción de las armas, no es sólo su seguridad la que se tambalea. Es la idea que tiene de sí misma la que está en juego.
