Vladimir Kara-Murza: «Contra Putin, estoy orgulloso de que tantos rusos no tengan miedo»

Hace un año publicamos la última declaración de Vladimir Kara-Murza tras su condena. Introducida y comentada por el historiador Adam Tooze, que había sido su profesor en Cambridge, esta reflexión era un monumento al coraje y a la imaginación histórica. Para demostrar que no toda Rusia es igual al régimen sanguinario de Putin, quisimos que este nuevo texto, escrito desde las cárceles donde fue injustamente encarcelado por atreverse a criticar la guerra de Ucrania, se leyera en las lenguas de la revista.

Por primera vez en mi vida, me dirijo al Tribunal Supremo.

Este órgano ha desempeñado diferentes funciones en distintos momentos de la historia de nuestro país: en un tiempo, aprobó sentencias para inocentes en masa, enviándolos a campos y pelotones de fusilamiento; en otro, anuló esas sentencias por falta de corpus delicti y dictó sentencias de rehabilitación. Hoy hemos vuelto a la primera de estas dos fases —pero no cabe duda de que llegará la segunda—.

En su dimensión formal, la casación es un procedimiento puramente jurídico, y nuestro recurso de casación invoca una serie de motivos jurídicos indiscutibles, cada uno de los cuales, considerado individualmente, es suficiente para anular mi condena. Podría escribir mucho sobre estos motivos. Sobre el hecho de que, en principio, no hay corpus delicti o hecho delictivo en todo este caso. Porque fui condenado únicamente por expresar públicamente mi posición civil contra el régimen de Putin y la guerra en Ucrania, es decir, por ejercer mi derecho constitucional a la libertad de expresión. Sobre el hecho de que la propia redacción de los artículos del Código Penal en virtud de los cuales fui condenado a 25 años de prisión contradice directamente las obligaciones internacionales de Rusia en materia de derechos humanos y, por tanto, en virtud del artículo 15, apartado 4, de la Constitución, no es aplicable —no es mi opinión: es la conclusión oficial del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas—. Sobre el hecho de que mi condena fue dictada por una composición deliberadamente ilegal del tribunal, porque el presidente del tribunal tenía un evidente conflicto de intereses: estaba personalmente sujeto a sanciones internacionales en virtud de la ley Magnitsky, que yo ayudé a aplicar. Todo esto, por supuesto, se organizó deliberadamente y como un desafío. Podría escribir sobre muchas otras razones.

Pero no voy a malgastar papel ni su tiempo con semejante argumentación.

En primer lugar, porque ustedes, como juristas profesionales, ya entienden todo esto perfectamente —y no tendrá ningún efecto en la decisión que están a punto de firmar—. En segundo lugar, porque es extraño y bastante ridículo dar ejemplos concretos de ilegalidad en un caso que es en sí mismo ilegal de principio a fin —al igual que los casos de todos los ciudadanos rusos detenidos por hablar en contra de la guerra son ilegales de principio a fin—. Por último, porque cualquier argumento basado en el derecho y la ley es irrelevante para la realidad de Rusia bajo el régimen de Vladimir Putin.

Esta realidad fue descrita con sorprendente y aterradora exactitud por George Orwell en su gran novela 1984: «La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza». Este eslogan en la fachada del Ministerio de la Verdad de Orwell es un reflejo muy exacto del principio de actuar de las autoridades rusas en la actualidad.

Desde hace tres años, mi país —o, más exactamente, un dictador inamovible e ilegítimo que se ha arrogado el derecho de hablar y actuar en nombre de mi país— libra una guerra brutal, injusta e invasiva contra un Estado vecino independiente. Durante esta agresión se cometieron los más graves crímenes de guerra. En dos años, decenas de miles de civiles, incluidos niños, han resultado muertos y heridos en Ucrania; miles de hogares, cientos de hospitales y escuelas han sido destruidos. Estos hechos son de dominio público y han sido documentados detalladamente en informes de organizaciones internacionales. Fue sobre la base de sospechas de crímenes de guerra que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Vladimirovich Putin.

Pero en nuestra realidad orwelliana, las fuerzas del orden y el sistema judicial no están interesados en quienes cometen crímenes de guerra. Les interesan los que hablan de ellos e intentan detenerlos. Hoy, decenas de personas en las cárceles y colonias penales rusas se han pronunciado abiertamente contra la guerra en Ucrania. Son personas muy diferentes: artistas y sacerdotes, políticos y periodistas, abogados y policías, científicos y empresarios, estudiantes y pensionistas: personas de opiniones, edades y profesiones distintas que no han querido convertirse en cómplices silenciosos de los crímenes de las actuales autoridades rusas. Hoy es práctica común en todo el mundo reprender y condenar a los ciudadanos rusos —todos al mismo tiempo—. Decir que todos somos responsables de esta guerra. Y me enorgullece que en esta época oscura, despreciable y terrible para Rusia, haya tanta gente que no tiene miedo y que no permanece en silencio —incluso a costa de su propia libertad—.

Todo este asunto se basa en la negación de los conceptos mismos de derecho, justicia y legalidad. Pero también se basa en una burda y cínica falsificación —un intento de equiparar las críticas a las autoridades con la denigración del país; de presentar la actividad de la oposición como «alta traición»—. Esto tampoco es nada nuevo: es lo que hacen todas las dictaduras. En la Alemania nazi, los estudiantes antifascistas del movimiento de la Rosa Blanca (Weiße Rose) fueron condenados por «traición»; en la Sudáfrica del apartheid, los activistas por la igualdad civil también fueron condenados. En la Unión Soviética, uno de nuestros mayores compatriotas, el Premio Nobel Aleksandr Solzhenitsyn, fue acusado de «traición».

¿No terminó la historia por volver a poner las cosas en su sitio?