El mandatario, de 42 años y elegido en 2019, se presenta a un segundo mandato.

  • Su participación fue posible gracias a una sentencia del Tribunal Supremo que validó una interpretación sin precedentes de la Constitución, que normalmente prohíbe dos mandatos consecutivos en el cargo.
  • La mayoría parlamentaria del partido de Bukele, Nuevas Ideas, había destituido y sustituido a todos los magistrados del Tribunal en mayo de 2021.
  • Bukele dimitió el 1 de diciembre para embarcarse en la campaña, al igual que su vicepresidente. Claudia Rodríguez de Guevara, una estrecha colaboradora de Bukele, actúa desde entonces como presidenta interina.

Las elecciones legislativas también se caracterizan por una novedad.

  • Tras una polémica reforma de Bukele -acusado de haber llevado a cabo un reparto electoral de las circunscripciones legislativas favorable a su partido- el número de diputados se ha reducido a 60, frente a los 84 anteriores.
  • El número de municipios también se ha dividido en más de 5, de 242 a 44, de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el 3 de marzo.

Aunque se presentan cinco candidatos de la oposición, varias encuestas realizadas en enero mostraban una intención de voto superior al 80% para Bukele1.

  • Su principal argumento de campaña -y la base de su popularidad- es el descenso de la tasa de homicidios, que, según cifras de la policía nacional, se dividirá por 16 entre 2019 y 2023.
  • Bukele presume de estar ahora al frente del «país más seguro de América Latina» e insta a la población a votar a su partido para «proteger el progreso en seguridad», un argumento de peso en un momento en el que una ola de violencia extrema afecta a otros países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, que se ha convertido en el país más violento de la región, al pasar de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017 a 46,5 en 2023.
  • La lucha contra el crimen organizado se libra a costa de socavar el Estado de Derecho y en el contexto de un estado de excepción declarado hace casi dos años, en marzo de 2022.

En julio, el Congreso aprobó una medida que permitía celebrar juicios colectivos a las personas detenidas como sospechosas de pertenecer a bandas delictivas. El Salvador tenía la tasa de encarcelamiento más alta del mundo dos meses después de instaurarse el estado de excepción2, con más del 1% de la población en prisión3.