En la tarde del 7 de enero, en medio de una operación policial en la cárcel Regional de Guayaquil, se anunció que el criminal José Adolfo Macías, más conocido como Fito, logró escapar. Fito es considerado uno de los reos más peligrosos del Ecuador por ser el líder de la banda narcodelictiva Los Choneros. Durante los dos días posteriores, se registraron motines en seis cárceles del país, guardias penitenciarios secuestrados y múltiples ataques terroristas en al menos 9 provincias. Varios edificios y puentes fueron bombardeados, decenas de autos calcinados y, en la tarde del 9 de enero, los presentadores de un canal de televisión nacional fueron tomados como rehenes por delincuentes armados durante un programa en vivo.
Estos hechos son un claro reflejo de la grave crisis de seguridad que el Ecuador ha enfrentado durante los últimos 6 años. Mientras el 2017 cerraba con una tasa de 5.8 homicidios por cada 100 000 habitantes, en 2023, Ecuador se coronó como el país más violento de la región con una tasa de 46.5. A mediados del año pasado, adicional a la crisis de seguridad, se desató una crisis política a raíz de un escándalo de corrupción que presuntamente envolvía al cuñado del entonces presidente, Guillermo Lasso, con redes albanesas de narcotráfico. La crisis desencadenó en nuevas elecciones, en las cuales triunfó el empresario Daniel Noboa, quien tomó posesión el 23 de noviembre y actualmente enfrenta su primera mayor crisis nacional.
La crisis actual llegó a tomar tales magnitudes debido a la combinación entre el fortalecimiento del narcotráfico, la fragmentación de las bandas criminales y el debilitamiento del Estado en sus capacidades de gobernanza en seguridad.
Estos hechos son un claro reflejo de la grave crisis de seguridad que el Ecuador ha enfrentado durante los últimos 6 años.
Pablo Velasco, Carolina Andrade
1 – El fortalecimiento del narcotráfico como principal causa de la violencia criminal
Ecuador se consolidó como un lugar de envío de droga hacia otras regiones, principalmente Norteamérica y Europa. En 2022, entre el 30% y el 50% de la droga que llegó a Grecia y Turquía provino del puerto de Guayaquil. El crecimiento de las actividades ilícitas se puede evidenciar en 234,200 hectáreas de cultivos récord de uso ilícito de coca en 2020 que ha provocado también un incremento de toneladas incautadas de droga que pasaron de 18.2 en 2010 a 98.7 en 2017 y 206 en 2023, siendo este último el tercer año consecutivo que el país supera las 200 toneladas. Ecuador es actualmente el tercer país con la mayor cantidad de cocaína incautada en el mundo.
Esto ha producido que determinados sectores del territorio ecuatoriano sean de alto interés para mafias locales e internacionales, lo que ha disparado los niveles de criminalidad y conflicto. La provincia de Los Ríos, sitio estratégico de conexión de la droga desde las fronteras hacia los puertos, cerró el 2023 con una tasa de 110.8 homicidios por cada 100 000 habitantes. La provincia del Guayas, la cual tiene el puerto marítimo más grande del país, cuenta con una tasa elevada de 84.5 homicidios.
Ecuador es actualmente el tercer país con la mayor cantidad de cocaína incautada en el mundo.
Pablo Velasco, Carolina Andrade
2 – La gran disputa por el control criminal
La banda criminal los Choneros surgió en los años 90 en la provincia de Manabí y, a través de la cooperación con grupos transnacionales de narcotráfico, lograron consolidarse como una de los mayores grupos criminales del Ecuador. A partir de 2007, Jorge Luis Zambrano González, alias “Rasquiña”, tomó el control de la organización, la cual se extendió hacia puntos estratégicos del país que garantizaban el resguardo armado de mercadería proveniente de Colombia y Perú hacia los puertos costeros.
Las claves de un mundo roto.
Desde el centro del globo hasta sus fronteras más lejanas, la guerra está aquí. La invasión de Ucrania por la Rusia de Putin nos ha golpeado duramente, pero no basta con comprender este enfrentamiento crucial.
Nuestra época está atravesada por un fenómeno oculto y estructurante que proponemos denominar: guerra ampliada.
La muerte de Zambrano en diciembre de 2020 desencadenó fisuras y una serie de conflictos internos entre facciones disidentes de la banda criminal. Mientras el segundo al mando, Fito, fundó la organización alterna los Fatales, el que le seguía en la cadena de mando, Junior Roldán, alias JR, fundó las Águilas. Otras facciones armadas disidentes también tomaron fuerza como los Lobos, los Chone Killers y los Tiguerones. Los enfrentamientos entre estos grupos han resultado en múltiples masacres carcelarias a partir de 2020, en enfrentamientos sangrientos fuera de las cárceles y en la muerte de varios líderes.
3 – El desmantelamiento del Estado en el sector de Seguridad
A partir de 2018, bajo una lógica de reestructuración estatal para reducir el gasto público, se hicieron modificaciones profundas al modelo de gestión de los organismos encargados del manejo de las cárceles y el control de la fuerza pública. A continuación, una cronología de los hechos:
| Fecha | Modificación institucional |
| Mayo 2017 | A través del Decreto Ejecutivo No.7, Lenín Moreno eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad (2009), bajo la causal de reducción de gasto estatal. Este ministerio estaba a cargo de la planificación estratégica y de la inversión del Sector Seguridad, y coordinaba el trabajo del Ministerio del Interior, de Defensa, de Justicia, y de la Secretaría Nacional de Inteligencia. |
| Junio 2017 | La Escuela de Guías Penitenciarios fue inaugurada en 2015 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) con el fin de proveer de preparación continua a los guías que se insertarán al sistema carcelario nacional. No obstante, tras graduar la primera cohorte en mayo de 2017, la Escuela fue cerrada y los predios quedaron abandonados. |
| Septiembre 2018 | La Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) fue eliminada. En su lugar, se creó el Centro Estratégico de Inteligencia, bajo control militar en servicio pasivo, que asumió la responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia. |
| Noviembre 2018 | A través del Decreto Ejecutivo 560, el MJDHC fue transformado en la Secretaría de Derechos Humanos. El control del sistema penitenciario se transfirió al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). |
| Diciembre 2018 | El Ministerio del Interior y la Secretaría de Gestión Política se fusionaron en una sola institución, el Ministerio de Gobierno. A través de esta decisión, el Ministerio adquirió el control sobre la Policía Nacional, la política pública en seguridad y el manejo político del gobierno. |
| Marzo 2022 | Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 381 que establece la nueva configuración del Ministerio de Gobierno. Esta entidad prevalece, pero delega la gestión de la seguridad pública nuevamente al Ministerio del Interior, antes disuelto. Esto ha generado obstáculos internos en competencias y recursos. |
| Agosto 2022 | El Decreto Ejecutivo 514 crea la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, como un intento de crear una nueva entidad coordinadora de la seguridad, como el disuelto Ministerio Coordinador de Seguridad en 2017. Esta entidad adquiere la responsabilidad de elaborar política pública, planificar y dirigir el Sistema de Seguridad Pública y del Estado. |
| Enero 2024 | El Presidente Daniel Noboa decide eliminar nuevamente la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, que reemplazó el Ministerio Coordinador de Seguridad, en razón de que “no habría logrado los resultados que el país necesitaba”. |
Adicionalmente a este cambio institucional, el manejo de la seguridad también estuvo sujeto a las decisiones discrecionales de las autoridades frente a estas entidades. A noviembre de 2023, en medio de la crisis de seguridad y el llamado a elecciones anticipadas, el Ministerio del Interior bajo el gobierno de Guillermo Lasso había ejecutado menos del 30% de su presupuesto anual de inversión, el cual preveía, entre otros elementos, la compra de implementos operativos para efectivos de la fuerza pública.
A partir de 2018, bajo una lógica de reestructuración estatal para reducir el gasto público, se hicieron modificaciones profundas al modelo de gestión de los organismos encargados del manejo de las cárceles y el control de la fuerza pública.
Pablo Velasco, Carolina Andrade
4 – El intento de control desde un Estado debilitado y cooptado
La relación entre las fuerzas estatales y las bandas criminales no se puede entender sin analizar la zona gris, es decir, la intersección de colaboración entre estas dos entidades. Durante los últimos gobiernos, surgieron diferentes escándalos judiciales que permitieron vislumbrar los mecanismos de colaboración del Estado con el crimen organizado, tales como el caso de “Don Nasa”, la denuncia de “Narcogenerales”1, la investigación “El Gran Padrino” y el reciente “Caso Metástasis”. En estos dos últimos, se muestran presuntas relaciones entre altas esferas del gobierno y de la función judicial con operadores del narcotráfico.
Entre los aparentes mecanismos de cooperación se encuentran los fallos judiciales en favor de la reducción de penas y la influencia sobre las autoridades encargadas del control de las prisiones. El modelo de control criminal de las cárceles, entonces, ha oscilado entre la co-gobernanza junto al Estado o inclusive la auto-gobernanza. Desde 2021 hasta 2023, el expresidente Guillermo Lasso firmó 12 decretos de estados de excepción por “grave conmoción interna” netamente relacionados al control de las cárceles y enfrentar la crisis de seguridad. Sin embargo, las múltiples intervenciones muchas veces tenían efectos rápidamente revertidos, como el traspaso de Fito hacia la cárcel la Roca en agosto de 2023, el cual fue un evento altamente mediático, pero tuvo una duración de un mes antes de que un juez pidiera el regreso del criminal a la cárcel Regional de Guayaquil. En recientes declaraciones públicas, frente a la fuga del líder de Los Choneros, el presidente Daniel Noboa criticó fuertemente a su predecesor y aseguró que “Fito en los últimos dos gobiernos entraba y salía como Pedro por su casa en la Penitenciaría”.
A raíz del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, la campaña de las elecciones presidenciales de 2023 tuvo por eje principal de discusión la seguridad. El presidente Daniel Noboa ganó las elecciones promoviendo la existencia de su plan de seguridad, el Plan Fénix, el cual proponía como uno de sus elementos centrales retomar el control de las cárceles del país y construir nuevos centros de máxima seguridad. A inicios de diciembre de 2023, a una semana de su posesión en el cargo, Noboa aseguró que recibió una solicitud de acuerdo de paz desde una banda criminal, pero que no estaba dispuesto a negociar con bandas criminales.
A una semana de su posesión en el cargo, Noboa aseguró que recibió una solicitud de acuerdo de paz desde una banda criminal, pero que no estaba dispuesto a negociar con bandas criminales.
Pablo Velasco, Carolina Andrade
Frente a esta posición y la programación de traspasos de cárceles de líderes criminales, las bandas han desplegado una triple estrategia de contingencia. En primer lugar, rechazaron de facto el traspaso de líderes a través de fugas masivas y de motines en las cárceles del país. Entre el 7 y el 8 de enero, no solamente logró escapar Fito, sino también Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de la banda Los Lobos y otras decenas de presos adicionales de diferentes cárceles del país. En segundo lugar, han buscado amedrentar a la fuerza pública a través de asesinatos viralizados de guardias de seguridad y policías dentro y fuera de las cárceles. Los centros de policía también han sido blancos de ataque de explosivos y secuestros por parte de los criminales. En tercer lugar, han procurado desplegar estrategias para generar pánico en la población, a través de ataques a civiles, saqueos, quema de vehículos particulares y la toma del canal de televisión nacional durante un programa en vivo. Durante la transmisión, uno de los encapuchados dejó claro su mensaje al declarar que “están al aire para que sepan que no se juegan con las mafias”.
El gobierno ha endurecido las medidas para el control de la situación firmando un nuevo decreto de estado de excepción por conmoción interna el pasado 8 de enero y declarando un conflicto armado interno el 9 de enero contra grupos terroristas. El saldo de los primeros días del estado de excepción ha sido de al menos 11 muertos y 329 detenidos. Siguen produciéndose actos terroristas y aún no se ha podido retomar el control de todas las cárceles.
