Litio chileno: comprender la estrategia de Boric

Justo antes de su toma de posesión a principios de 2022, le preguntamos a Maisa Rojas por su hoja de ruta al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Nos habló en particular de dos palabras clave: transición y transformación. Casi dos años después, ¿qué efectos cree que tendrán las políticas del gobierno de Boric en su sector? 

HUBERT PORTE

En cuanto a la transición energética, las dos principales áreas en las que está trabajando el gobierno de Boric son el hidrógeno verde y el litio. Sobre el primero, se trata de posicionar a Chile como líder mundial en la producción y exportación de hidrógeno verde. De hecho, Chile tiene una ventaja comparativa en ese ámbito debido a las condiciones favorables para la producción de energías renovables, ya sea energía eólica en la Patagonia, donde los vientos son tales que los aerogeneradores alcanzan factores de eficiencia normalmente reservados a las turbinas eólicas offshore, o energía solar, especialmente en el norte, donde la tasa de irradiación del sol es la más alta del planeta¹.

Por ello, el gobierno considera que Chile puede ser el productor de hidrógeno más competitivo, con los costos más bajos, y se ha fijado el objetivo de exportar hidrógeno por valor de 2 500 millones de dólares de aquí a 2030. En cuanto al litio, el objetivo del actual gobierno es diversificar los actores implicados y desarrollar valor añadido, con un mayor protagonismo del Estado chileno.

¿Qué papel desempeña Chile y cuál cree que podría desempeñar en la escena internacional gracias al litio? 

Chile es el segundo productor mundial de litio y tiene las mayores reservas del mundo. Como tal, puede y debe seguir desempeñando un papel importante en la escena internacional. Sin embargo, necesita acelerar la implementación de la estrategia nacional del litio lanzada por el gobierno de Boric en abril de 2023.

Aunque el presidente chileno quiere que Chile se convierta en el «primer productor mundial de litio», es probable que en 2030 Chile se vea superado por Argentina y China en la carrera del litio, según las previsiones de JPMorgan. ¿Es inevitable? ¿Podría Chile hacer algo para cambiar el rumbo? 

Dado el número de proyectos en construcción y desarrollo en Argentina y China, y el período de gestación de nuevos proyectos en Chile, es posible que Chile sea superado por esos dos países en 2030. El Grupo Eramet también está presente en Argentina y está finalizando la construcción de su planta Centenario Ratones, en la provincia de Salta, que comenzará a producir en el primer semestre de 2024, con una producción anual de 24 mil toneladas de carbonato de litio. Nuestro objetivo es desarrollar un proyecto similar en Chile, y este año creamos una filial que acaba de adquirir 120 mil hectáreas de concesiones mineras en varios salares de la región de Atacama.

El retraso de Chile se explica porque la gobernanza de los salares estaba mal definida cuando se revisó el código minero en 1982, y porque la relación entre el Estado, propietario del litio, y el concesionario minero privado no estaba bien definida, lo que hacía complejos los proyectos. Además, a los gobiernos de las dos últimas décadas les ha faltado visión y voluntad política para aclarar la gobernanza con el fin de relanzar la industria del litio.

El gobierno de Boric es consciente del retraso y está trabajando en dos direcciones. La primera es la aplicación de su Estrategia Nacional del Litio, y la segunda es una revisión completa del sistema de permisos medioambientales para los grandes proyectos mineros y energéticos en particular. La idea es simplificar el sistema actual para hacerlo más rápido sin sacrificar el nivel de los requisitos medioambientales, con la creación de una ventanilla única para una mejor coordinación e interacción entre las distintas entidades implicadas. El tiempo medio que se tarda en desarrollar un proyecto minero es actualmente de 7 años, y el objetivo es reducirlo en uno o dos años.

¿Cómo ve la creación de una empresa nacional del litio?

La Estrategia Nacional del Litio anunciada por el presidente Boric en abril de 2023 busca poner al Estado chileno en el centro de la industria del litio, que actualmente sólo cuenta con dos actores privados: la estadounidense Albemarle y la chilena SQM, ambas productoras en el salar de Atacama. Para el gobierno de Boric, la justificación de la participación del Estado en la producción de litio se basa en el hecho de que el litio pertenece al Estado y no se puede vender. Por ello, el gobierno ha encomendado a sus dos empresas mineras estatales, Enami y Codelco, que negocien asociaciones público-privadas con actores existentes y potenciales. El problema es que ninguna de las dos empresas estatales está familiarizada con la industria del litio y tienen que destinar sus recursos principalmente a su actividad principal: la producción de cobre. En este contexto, la contribución del Estado es marginal, mientras que los proyectos son mucho más rígidos, sobre todo en los salares, que se definirán como estratégicos y sobre los que el Estado debe tener el control.

La creación de una empresa nacional del litio parece difícil de lograr en los dos años que le quedan a este gobierno, ya que tendría que pasar por el Congreso, con todas las complicaciones y demoras que ello implicaría. Es más, la oposición no es partidaria de crear una entidad de este tipo, e incluso algunos diputados de derecha proponen que el litio se concesione, como ocurre en muchos otros países, con una estructura de royalties que garantice al Estado una participación justa en los beneficios sin que el Estado sea accionista. Este es el plan vigente para el salar de Atacama, donde los dos actores, Albemarle y SQM, le pagaron al Estado más de 5 mil millones de dólares en royalties en 2022, dado el astronómico precio del litio ese año.

¿Podría la gran riqueza mineral de Chile, especialmente en litio, servir de base para el desarrollo de industrias de transición verde para el país (baterías, etc.)? ¿Tiene conocimiento de inversiones en ese ámbito?

La estrategia del gobierno hace del desarrollo de la cadena de valor del litio una de sus prioridades estratégicas. Además de la extracción del mineral, se trata de desarrollar el refinado, los procesos electroquímicos y la producción de precursores para las baterías².

Pero el gobierno reconoce que la producción de baterías, en particular para los vehículos eléctricos, debe hacerse conjuntamente con los fabricantes de esos vehículos, por razones logísticas obvias. Chile es un país pequeño sin industria automovilística. Sin embargo, puede tener sentido producir no baterías acabadas, sino cátodos de baterías, y esto es lo que van a hacer dos empresas chinas, BYD y Tsingshan. También está interesada la francesa Blue Solutions (del grupo Bolloré), que dispone de una tecnología de baterías de estado sólido basada esencialmente en el litio, prácticamente sin níquel ni cobalto, que no está disponible en Chile.

El desarrollo de la industria de baterías y vehículos eléctricos también se ve obstaculizado por la débil demanda local. A falta de incentivos fiscales, el mercado del coche eléctrico sigue siendo muy marginal en Chile. Sin embargo, los coches eléctricos y el hidrógeno están haciendo importantes incursiones en el transporte público y la industria minera (Chile es el primer productor mundial de cobre). En la región, Brasil también parece estar desarrollando el uso de vehículos eléctricos en el transporte público.

¿Y qué decir de la política de transición energética de Chile? 

El presidente Boric ha hecho de la lucha contra el cambio climático una de las prioridades de su gobierno. En julio de 2022, Chile adoptó su primera ley sobre el clima, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. La ley también fija un objetivo para las energías renovables: deben representar el 80% de la producción de electricidad en 2030, frente al 60% en 2022 (30% hidroeléctrica y 30% eólica y solar³). La ley también prevé el cierre de las centrales eléctricas de carbón para 2040.

Dadas las condiciones geográficas y climáticas de Chile, las energías renovables son competitivas y no necesitan apoyo estatal para desarrollarse. Sin embargo, el gobierno ha introducido un mercado del carbono, a un precio muy bajo, de unos 5 euros por tonelada de carbono, que supone un apoyo adicional para las fuentes de energía bajas en carbono. 

¿Qué se puede mejorar? 

Consideramos urgente que el gobierno aclare algunos aspectos de su estrategia nacional del litio, como la clasificación de los salares y la definición del control que el Estado chileno desea ejercer sobre las asociaciones público-privadas. También nos parece esencial que el gobierno respete mejor el estatuto de los concesionarios mineros privados, que es absolutamente necesario para establecer asociaciones público-privadas. Varios actores privados, como Eramet, esperan con impaciencia tales definiciones para poder avanzar.