Sánchez y la amnistía: el reencuentro de España con Cataluña 

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En el momento en el que se escribe esta reflexión el partido socialista en España, el PSOE, ha logrado ya un acuerdo con otros ocho partidos y formará un gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez. De entre esos ocho partidos, uno, Sumar, representa a otra parte minoritaria de la izquierda, pero los otros siete suponen una alianza transversal con todos los partidos nacionalistas del arco parlamentario –de Cataluña, País Vasco y Navarra, Galicia y Canarias–.  

Un acuerdo que refleja el reconocimiento pleno de las nacionalidades singulares en España

¿Está el PSOE internándose en aguas procelosas al realizar este pacto transversal con todo el espectro nacionalista en España? ¿Está danzando entre lobos y puede terminar devorado? No solamente no es eso, sino algo potencialmente positivo para el país: reconocer, por fin y de modo frontal, que España es un país diverso en el que caben todos y nadie debe ser excluido por su pensamiento o por su programa político.

De partida es interesante diseccionar ante todo el acuerdo alcanzado con el partido nacionalista catalán más radical en punto a independentismo, con “Junts per Catalunya”, cuyo líder, Carles Puigdemont, entonces presidente del gobierno autónomo catalán, la Generalitat, huyó después de la declaración unilateral de independencia en 2017 y se encuentra desde entonces exiliado en Bruselas, donde ejerce como europarlamentario. Si tomamos ese acuerdo como ejemplo, comprenderemos la esencia del nuevo tratamiento que el socialismo español ha comenzado a dar a los nacionalismos independentistas en España, particularmente al nacionalismo catalán y al vasco.

Hay cuatro elementos a destacar:

El acuerdo pone fin, mediante una amnistía, a la búsqueda infructuosa de soluciones de carácter judicial al conflicto político en Cataluña

Se trata de una amnistía para los delitos cometidos en el contexto de la declaración unilateral de independencia y la consulta unilateral realizada en Cataluña el 1 Octubre 2017. Para comenzar un nuevo ciclo de entendimiento con Cataluña hay que poner el contador a cero respecto al desencuentro que ha existido con Cataluña en relación al Estatuto que los catalanes refrendaron en 2006 y que no le fue concedido en todos sus extremos en 2010. 

Se quiere inaugurar así un nuevo ciclo en el que la generosidad del Estado, a través de una amnistía, declare como no inmersos en la culpa a los ciudadanos catalanes que organizaron la consulta unilateral en 2017 y, en general, todo el proceso de declaración unilateral de independencia. Sobre esa base, se busca posibilitar y abrir las puertas a la consecución de un marco de convivencia en Cataluña equiparable al que se refrendó en 2006.

La mera perspectiva de esta amnistía como acuerdo inicial de esta nueva legislatura, ha propiciado las protestas jurídicas, legales, parlamentarias y de movilización en la calle de la derecha, la extrema derecha española y diversos estamentos como algunos obispos, las asociaciones de empleadores, las de Jueces o las de la Guardia Civil, además de asociaciones de cualificados funcionarios como los inspectores de Hacienda o algunos de los bufetes de abogados más elitistas del país. 

Las acusaciones, hiperbólicas y a cada cual más gruesa, van desde reclamar innecesariamente la separación de poderes, hasta acusaciones de “romper España”, de que esto significa “el principio del fin de la democracia”, de que “se está dando un golpe de Estado”, de que la introducción de la amnistía supone un “fraude electoral”,  o, como el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo  ha asegurado, de que los pactos del PSOE con los independentistas son más graves aún que el 23-F o el terrorismo de ETA. Todo ello indica que en España el asunto de la amnistía y en general los nuevos términos del pacto con los nacionalistas está suponiendo un enfrentamiento por parte de la derecha como nunca  se había visto desde la transición a la democracia.

Sin embargo, hay poderosas razones de fondo que explican este acuerdo. Cuando Cataluña quiso poner en pie, como el resto de las Comunidades Autónomas, un nuevo marco de autonomía, aprobado en referéndum en 2006 por el 74% de los votantes catalanes, la reacción del partido Popular fue radicalmente negativa e impugnó ante el Tribunal Constitucional 128 de los 223 artículos del nuevo Estatuto. 

Ahí está el origen de la senda de judicialización que nos ha conducido a la situación actual. El intento de formular con un amplísimo apoyo ciudadano un nuevo Estatuto se saldó con una gran derrota de todas las fuerzas políticas catalanas que lo defendieron. Tanto el “pactismo” que había respaldado hasta entonces el antiguo partido catalanista “Convergencia i Unió”¹ como el federalismo propugnado por el Partido de los Socialistas de Cataluña, perdieron desde 2010 la iniciativa política, y se abrió paso y comenzó a ganar posiciones el independentismo catalán.

Esa espiral de agravios y confrontación, sin encontrar cauces constitucionales, derivó hacia el derrotero ilegal de la declaración unilateral de independencia y las leyes de desconexión de 2017, y nos ha llevado a un rosario de reparaciones penales: pero el problema original, el del acomodo de Cataluña como una nacionalidad singular en España ha permanecido virtualmente sin progresos.

El segundo elemento del acuerdo concede una atención preferente a perfeccionar el Estatuto de Autonomía catalán. 

Se trata de perfeccionar el autogobierno de Cataluña, cosa que se aplica también a partir de este momento al autogobierno del País Vasco, así como a concesiones ya previstas dentro de sus estatutos en el caso de Galicia e Islas Canarias. En este terreno se ha decidido abordar a través del diálogo la mejora del autogobierno, tema en el que, de acuerdo con el pacto suscrito, “Junts propondrá de entrada una modificación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”. 

En el contexto de este acuerdo ya se ha hablado previamente de posibilitar una quita de la deuda de Cataluña con el Estado español del 20%, equivalente a 15.000 millones de euros, y de extender la misma, y con la misma proporción, a todas las Comunidades Autónomas en España. 

Por debajo de medidas como ésta se encuentra el principio, defendido por los socialistas, de que el régimen económico de Cataluña o el del País Vasco no pueden implicar ni un privilegio económico ni una ruptura del principio de solidaridad, sino únicamente un trato diferenciado desde el punto de vista de la gestión. 

El tercer elemento son los acuerdos para afirmar la singularidad de Cataluña dentro de España. 

Otra línea importante de desarrollo para Cataluña se refiere a que pueda afirmar plenamente su propia personalidad como nacionalidad singular dentro de España. Este aspecto supone un desarrollo importante de los símbolos propios representativos de su identidad. Un paso en esta dirección, que ya se ha dado, es que en la sede de la soberanía, en el Congreso, se normalice el uso de las lenguas cooficiales, del euskera, catalán y gallego junto al castellano. Algo parecido se ha de conseguir en Europa. El reforzamiento de la presencia de Cataluña y Euskadi en las instituciones comunitarias, de la mano de las representaciones españolas es un terreno a considerar. Y efectivamente, así ha sido cuando se acuerda en el pacto: “la ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio.” En el terreno cultural el campo de progreso es gigantesco: la literatura catalana o la vasca (también la gallega) deberían ser patrimonio de todos los españoles, y, en definitiva, todo lo que sirva para afirmar la personalidad propia de las nacionalidades singulares a través del desarrollo de sus rasgos y símbolos debería ser positivamente considerado. 

Y hay que decir esto con mucha claridad: esos desarrollos no operan en la dirección de separar más a Cataluña y el País Vasco, sino a favor de integrarlos más en España, una España de las nacionalidades en la que las dos deberán sentirse habitando en un lugar donde son plenamente reconocidas. 

Con esto llegamos al meollo del tratamiento de las nacionalidades singulares en España. Se trata de integrarlas plenamente con respeto a sus particularidades lingüísticas, culturales, jurídicas o sociales. 

Esa línea de integración es la que ha seguido en los últimos años el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y los resultados han sido espectaculares: efectivamente, en un lugar como Cataluña, con una comunidad nacional que hace bien poco estaba unida en torno a los partidos nacionalistas, hoy el PSC tiene más parlamentarios que la suma de todos los partidos independentistas. 

Esta es la línea opuesta a la conducta de las derechas que niegan la diversidad y solamente saben tratar al nacionalismo desde el conflicto. Pero esa línea de enfrentamiento con el catalanismo independentista que ha practicado la derecha ha fracasado, mientras que la línea de integración que ha seguido el socialismo en Cataluña está teniendo un éxito evidente. Se debe seguir profundizando en esa dirección, la de la integración del perfil propio de Cataluña y del País Vasco en una España que los integra. 

Estamos ante desarrollos que no son estáticos sino dinámicos: el apoyo al independentismo en el País Vasco o en Cataluña depende del trato que se le dé y del grado de paz, convivencia y satisfacción que experimenten todos los que viven en esa nacionalidad. 

El cuarto y último elemento pactado es mantener un diálogo sobre cómo resolver el conflicto de lealtades nacionales.

El objetivo es abordar frontalmente el conflicto respecto al que el nacionalismo catalán pide que exista un referéndum de autodeterminación: “la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Por el contrario, el socialismo español defiende en el acuerdo una propuesta completamente distinta:  “el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatuto del 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”.

Es importante resaltar que este diálogo que ahora se abre como parte del acuerdo, transcurrirá dentro de los límites establecidos por la Constitución, aspecto que acepta Junts, mencionando expresamente el artículo 92 de la Constitución. Dicho artículo establece que todo referéndum o consulta popular en España se ha de realizar con la participación y el voto de todos los españoles. De este modo, en este terreno tan decisivo, los independentistas catalanes abandonan la vía de la declaración unilateral de independencia, abandonan el unilateralismo como estrategia nacionalista, y vuelven a la política y el diálogo dentro de las instituciones de España.

Este cuarto elemento supone “coger la realidad por los cuernos”, es decir, aceptar explícitamente por ambas partes la realidad de que existen, tanto en Cataluña como en el País Vasco, grupos relevantes que tienen una lealtad nacional a Cataluña o a Euskadi como una nación que demanda su propio Estado, y que no comparten la lealtad nacional a España.

Los partidos políticos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña son el reflejo político de comunidades que se han ido definiendo a lo largo de un periodo histórico prolongado como naciones² por razones múltiples, culturales, lingüísticas, o históricas (en este último caso, más o menos imaginadas³). 

Sin embargo, tanto en Euskadi como en Cataluña esas comunidades con sentimientos nacionales conviven dentro del mismo territorio con otros ciudadanos que de partida no comparten con ellas ni sus rasgos diferenciales culturales o lingüísticos ni sus lealtades nacionales. Esa es la otra parte de Euskadi o Cataluña, la que ha residido históricamente  en sus núcleos urbanos o que proviene de movimientos migratorios muy significativos que comenzaron con la industrialización española a finales del siglo XIX. El respeto y la convivencia entre comunidades diferentes en el País Vasco o Cataluña es un elemento fundamental. Como decía Philip Pettit en su gran libro sobre el buen gobierno⁴, estamos tratando de un tema que tiene profundas raíces en cada uno, raíces que por ser tan hondas en el individuo, deberían ser siempre respetadas. Este respeto de pertenencia a una comunidad es lo primero que debería asumir la derecha española. La aceptación de los sentimientos nacionales de cada cual no es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino una cuestión de cultura y de sensibilidad democrática.

Es debido a esta realidad híbrida por lo que en la mente de los constituyentes y en la propia Constitución española se plasmó el término de nacionalidades⁵, como una realidad intermedia en la que cohabitan grupos humanos con lealtades nacionales diferenciadas, y que si no se puede caracterizar en puridad como naciones, tampoco son asimilables al resto de regiones españolas. Y es esa necesidad de cohabitación la que estuvo en el origen de la creación de Estatutos de Autonomía como marcos autónomos en los que entender, cohabitar y cogestionar en común un autogobierno. Remachemos que esos territorios, Cataluña y el País Vasco, no se definen tanto por la existencia de un nacionalismo independentista sino sobre todo por la existencia de dos grupos de ciudadanos, con una frontera variable y difusa, que coexisten, con lealtades nacionales diferentes, en un mismo territorio. 

Lo nuevo de este cuarto aspecto del acuerdo entre socialistas e independentistas catalanes es que se reconoce en Cataluña una realidad divergente en cuanto a lealtades nacionales, y que se está dispuesto a ir discutiendo, dentro de los límites marcados por la Constitución española y en el medio plazo, dos proyectos nacionales diferentes: el independentista de los partidos nacionalistas y el integrador defendido por el socialismo español y por el socialismo catalán.

Hay intelectuales que aseguran que, debido a este reconocimiento de una realidad que hasta el momento se ha obviado, pudiéramos estar otorgando mayor carta de naturaleza al independentismo de la que le corresponde. Pero no es así: estamos en realidad ante un pulso en el medio plazo entre el nacionalismo y el socialismo español. El nacionalismo radical en Cataluña o el País Vasco intenta convencer a los ciudadanos catalanes o vascos de que hoy, mañana o pasado mañana, van a vivir mejor separados de España. Los socialistas les demostramos y seguiremos demostrando cada día que van a vivir mejor integrados en España, y que para ello no necesitan perder sus rasgos propios ni renunciar a sus señas y símbolos de identidad. 

Estamos embarcados, pues, en un pulso dinámico, y que no es sempiterno. Tuvo un comienzo en la historia actual, cuando la vía estatutaria fue taponada, y tendrá un final. Y ese pulso se está comenzando a ganar a favor de la integración, si nos atenemos al porcentaje decreciente de partidarios del independentismo en el País Vasco (23% a favor de la independencia) o en Cataluña (41,8 y descendiendo).

En esa contienda de medio plazo, una derecha que se dedica a condenar la existencia del nacionalismo independentista y ciega la búsqueda de diálogo y acuerdos solamente contribuye a avivar la llama del independentismo –que es lo único que ha logrado en nuestra historia reciente–. 

¿Dónde queda la derecha española?

Creo que se puede argumentar que lo que más ha dividido y divide a los españoles, más que las cuestiones sociales, es cómo tratar al nacionalismo vasco y catalán. 

El problema viene de antiguo: cómo tratar políticamente al nacionalismo periférico ha sido causa de una de las divisiones más profundas en la política española, abriéndola en canal desde los años treinta del pasado siglo y dividiéndola en dos bandos. Un bando, el de los partidarios del progreso, el liberalismo político y la justicia social, el que resultó vencido por el golpe de Estado de 1936, que acogió al nacionalismo como un elemento de la idiosincrasia española e intentó darle respuesta desde el autonomismo federalista. Otro bando, el de los partidarios de la tradición, las estructuras y los valores sociales conservadores, que acogió al nacionalismo como la anti-España, más nociva aún que la propia causa de la revolución social, una posición ejemplificada en el famoso dicho de Calvo Sotelo: “Antes prefiero una España roja que rota”⁶. 

El problema ha seguido latente en España desde la transición a mediados de los años 70 del pasado siglo también: después del largo silencio impuesto por la dictadura franquista, la España de las Comunidades Autónomas que ha crecido al calor de la transición democrática, en el periodo más largo de democracia y convivencia pacífica en España, aún presenta rasgos de inestabilidad: si alguna vez se pensó que iba a ser solución, hay que concluir que la España autonómica del “café para todos”⁷ no ha logrado que las reivindicaciones soberanistas en el País Vasco y Cataluña desaparezcan, como bien lo demostró el Plan Ibarretxe a comienzos de siglo o, más recientemente, los sucesos de 2017 en Cataluña.  

Como ocurre siempre con los temas no resueltos, lo que no se enfrenta por la puerta entra por la ventana: el problema ha reaparecido en el núcleo de la polarización y la confrontación política que ha creado la derecha y la extrema derecha en España. 

Podemos resumir en tres trazos las raíces de la polarización política que soportamos en España. Y en cada uno de ellas encontraremos, latiendo en sus entrañas, elementos relacionados con el rechazo visceral al nacionalismo vasco o catalán: 

En primer lugar, las derechas han tratado al gobierno progresista de coalición qué gobernó entre 2019 y 2023 como ilegítimo; si se quiso combatir sin cuartel al gobierno y dejarlo solo, por muchas calamidades que tuvo que sortear –una pandemia, una guerra, inflación desbocada y crisis del modelo energético–, fue porque, entre otras cosas, el bloque que lo apoyó incluía a partidos nacionalistas independentistas vascos y catalanes y esa alianza ilegítima hacía ilegítima y despreciable toda la tarea del gobierno. 

En segundo lugar, la campaña de las derechas en las elecciones generales que se celebraron el 23 de julio de 2023, estuvo basada en una deriva “trumpista” –como pude escribirlo ya en estas páginas– incluyendo en consecuencia la mentira y las manipulaciones de la realidad como parte normalizada de la política. Durante la campaña el grito inhumano dirigido al PSOE “que te vote Txapote” tenía como trasfondo retrotraernos en la historia más de doce años para reabrir las heridas en el País Vasco y manipularlas contra un PSOE que, sin embargo, tuvo muchos militantes y cuadros asesinados por ETA.

Y en tercer lugar, después de las elecciones el PP se ha negado a reconocer que quien gobierna en los países de democracia parlamentaria no es quien más votos obtiene sino quien es apoyado por una mayoría de diputados en la cámara de representantes para formar gobierno. Detrás de esa desesperación por  gobernar hoy, que le ha llevado incluso a pedir el transfuguismo en las filas socialistas, está evitar que gobierne Pedro Sánchez junto a “los enemigos que quieren destruir España” –un término aplicado de modo recurrente a los partidos nacionalistas por los representantes de la derecha–.

Siendo estos los antecedentes del pasado histórico y del pasado reciente, se entiende mejor cómo, en el momento actual, la cacofonía, las hipérboles catastrofistas y las llamadas a la movilización civil por parte de la derecha han subido su volumen hasta extremos inauditos.

Dicen la derecha y la extrema derecha que estamos “ante un golpe de Estado”, una calificación absolutamente irresponsable y mentirosa. Más bien, lo que va a ocurrir es el estricto triunfo de una mayoría democrática y de acuerdo con nuestra constitución. En el Congreso de diputados nueve formaciones políticas, legales en términos democráticos, y representando a 12 millones y medio de españoles van a obtener la mayoría suficiente para formar gobierno de acuerdo con la ley electoral y con la Constitución española frente a tres formaciones que representan a once millones de votantes y que se oponen. Y esto va a ocurrir después de que el jefe de la oposición, designado en primer lugar como candidato a formar gobierno por haber obtenido más votos y, transcurrido un mes, no pudo ir más allá de los votos de sus parlamentarios, los de la extrema derecha y dos votos adicionales, perdiendo así democráticamente la posibilidad de formar gobierno. 

Dicen las derechas que la amnistía es el principio del fin de la democracia, pero en realidad es volver a situar en el plano político, del debate y del juego democrático un conflicto que ha estado enquistado demasiado tiempo.

Dicen los portavoces del partido conservador que la formación del nuevo gobierno supone “un fraude electoral” porque la amnistía no estaba presente en la oferta electoral socialista. Por supuesto que no estaba presente sino que ha pasado a estarlo después de los resultados electorales, que otorgaron a las formaciones nacionalistas de Cataluña y País Vasco una representación electoral de 27 miembros en el parlamento: sus reivindicaciones, de amnistía, de mayor autogobierno, mayor reconocimiento y mayor diálogo han sido matizadas y pasadas por el tamiz de los límites que impone nuestra Constitución, y aceptadas por el partido socialista y sus socios de Sumar a la hora de formar gobierno: nada tiene esto de fraude electoral, sino de normalidad de acuerdos de gobierno entre partidos que se avienen a dichos pactos dentro de nuestra Carta Magna. 

Pero además, estas propuestas no solamente no han sido acordadas a regañadientes, sino que, debidamente formuladas para el acuerdo mutuo y en virtud de ellas hoy se encuentra la política progresista española ante la posibilidad de un nuevo empujón a la articulación de España, aproximándola más que nunca a la aceptación de su diversidad. 

Y ese es el verdadero significado de lo que está ocurriendo en España: un proceso de normalización de sus problemas territoriales, unos problemas que, si son resueltos ahora, traerán consigo un gran logro histórico para la paz y la convivencia, por fin, entre todos los españoles.