Sorprendentemente, el discurso de Ursula von der Leyen sobre el estado de la Unión no abordó la reforma de las normas presupuestarias y la gobernanza económica de la eurozona. Nos parece que hizo bien en dejar de lado este punto: esta reforma formaría parte de una revisión mucho más amplia del federalismo fiscal europeo.
Hace casi exactamente un año, Alemania relanzó las negociaciones sobre la reforma de la gobernanza económica europea presentando un documento oficial. El documento esbozaba una ambiciosa reforma de las normas presupuestarias europeas. Tras años en los que las normas que limitan los déficits al 3% del PIB, la deuda al 60% y el ajuste estructural al 0,5% se habían eludido regularmente mediante excepciones puntuales o se habían suspendido por completo en tiempos de crisis, por fin se había presentado la oportunidad de optimizar el marco que rige las finanzas públicas en Europa. Con el paso de los años, el consenso intelectual entre los economistas ha evolucionado y se ha puesto en tela de juicio la pertinencia y eficacia de las normas actuales, lo que ha dado lugar a un nuevo conjunto de directivas. Éstas serían más sencillas, más transparentes, menos sensibles a los ciclos económicos y, sobre todo, más propicias a la inversión pública.
Países antaño radicalmente opuestos parecen ahora capaces de llegar a un compromiso. Al menos, esa era la esperanza que suscitaba un documento publicado conjuntamente por los gobiernos holandés y español en abril de 2022. El documento ponía en entredicho las alianzas históricas entre los países con fama de frugales y los del Sur. También relegaba a Francia y Alemania a un papel más periférico en la elaboración del compromiso y la integración europeos, al menos en esta cuestión concreta. En noviembre de 2022, espoleada por el apoyo político de La Haya y Madrid, la Comisión Europea sugirió sustituir el marco actual por un nuevo sistema. Esto permitiría ajustar el presupuesto de cada Estado miembro en función de sus niveles específicos de deuda y de los retos vinculados a la sostenibilidad fiscal.
España y los Países Bajos, que fueron los verdaderos impulsores iniciales de las negociaciones fiscales, se ven frenados por incertidumbres políticas internas.
PHILIPPE LAMBERTS, SHAHIN VALLÉE
Casi un año después, apenas se ha avanzado en las negociaciones dirigidas por los ministros de Finanzas. Por un lado, el Ministro de Finanzas alemán ha intentado reactivar una antigua coalición conservadora frugal conocida como la Liga Hanseática. Francia e Italia, por su parte, parecen ajenas a estos debates, perfectamente cómodas con el actual conjunto de reglas, sabedoras de que pueden manipular el sistema en su beneficio si es necesario. España y los Países Bajos, que fueron los verdaderos impulsores iniciales de las negociaciones, se ven actualmente frenados por incertidumbres políticas internas. En el contexto actual, a falta de un avance en el Eurogrupo, los dirigentes europeos parecen dispuestos a intentar imponer un compromiso en el Consejo Europeo de diciembre.
Pero el problema de las negociaciones actuales es mucho más profundo. La Comisión Europea ha tomado la decisión estratégica de separar las negociaciones sobre las reglas fiscales nacionales de las relativas al presupuesto común de la Unión y su capacidad de endeudamiento. Aunque pueda parecer sensato separar las negociaciones en segmentos más digeribles, la realidad es que las nuevas reglas fiscales, el tamaño futuro del presupuesto de la Unión, sus recursos, su composición y la capacidad de endeudamiento a largo plazo de la Unión están inextricablemente ligados. Es prácticamente imposible separarlos, sobre todo teniendo en cuenta que el tratamiento del gasto de la Unión dentro del gasto público nacional sería diferente con el nuevo marco propuesto. Es esencial conocer la magnitud de este gasto en el futuro para evaluar el rigor, el realismo y la eficacia de las nuevas reglas.
Por tanto, es difícil imaginar que los Estados miembros, en el seno del Consejo o del Parlamento Europeo, puedan ponerse de acuerdo sobre un punto sin llegar a un consenso sobre el conjunto. Esto es precisamente lo que el antiguo Presidente del BCE y antiguo Primer Ministro italiano, Mario Draghi, subrayó en su último discurso. También es lo que sugerían en una reciente tribuna la ministra Laurence Boone, Anna Lührmann y Tiago Antunes.
Deberían establecerse ingresos fiscales permanentes para financiar el presupuesto de la Unión, por ejemplo transfiriéndole directamente parte del IVA y del impuesto de sociedades.
PHILIPPE LAMBERTS, SHAHIN VALLÉE
Aunque el objetivo fundamental de una reforma efectiva de la gobernanza económica aprobada por el Consejo Europeo era hacer las reglas más transparentes, menos procíclicas y responder a las exigencias combinadas de más inversión pública y sostenibilidad fiscal, la realidad es que el compromiso elaborado tras amargas negociaciones técnicas en el seno del Eurogrupo no cumplirá estos objetivos. Al adoptar una definición restrictiva de la sostenibilidad de la deuda, pasa completamente por alto el impacto potencial del cambio climático y de las perturbaciones económicas en la dinámica de la deuda. Tampoco garantizan una inversión pública suficiente para alcanzar nuestros objetivos de transición climática manteniendo al mismo tiempo un nivel sostenible de deuda pública. El informe de Finance Watch de julio de 2023 subraya que la resistencia general de la economía de un país importa más a los mercados financieros que el tamaño de su deuda.
Para ello, las reglas fiscales nacionales adoptadas deben fomentar una mayor inversión ecológica a escala nacional. Deben ir acompañadas de un compromiso claro de aumentar sustancialmente el tamaño del presupuesto de la Unión, del 1% al 2 ó 3% del PIB de la Unión. También deberían establecerse ingresos fiscales permanentes para financiarlo, por ejemplo transfiriendo parte del IVA y del impuesto de sociedades directamente al presupuesto de la Unión. Además, el actual mecanismo de empréstito conjunto, creado en plena crisis pandémica, debería transformarse en una capacidad de empréstito permanente.
Estas cuestiones deben ocupar un lugar central en la próxima campaña electoral europea, de modo que el nuevo Parlamento y la nueva Comisión Europea reciban un mandato electoral claro para avanzar hacia una Europa más integrada fiscalmente. Esto significa también que la actual reforma de las normas europeas no concluirá antes del final de esta legislatura. La Comisión Europea puede seguir dirigiendo la posición presupuestaria de Europa y mostrar flexibilidad en la aplicación de las reglas actuales hasta que surja un nuevo compromiso fiscal más significativo. Esto no sólo es necesario si Europa quiere hacer frente a sus actuales retos geopolíticos y climáticos, sino que también es esencial antes de la posible ampliación de la Unión para incluir a Ucrania y, potencialmente, a nueve nuevos Estados miembros.
