En otoño de 2022, los Estados miembros adoptaron un paquete de medidas excepcionales para hacer frente a la crisis energética que había provocado una fuerte subida del precio de la electricidad en la Unión Europea. Estas medidas incluían limitar los ingresos de los productores inframarginales -es decir, los que producen electricidad utilizando tecnologías más baratas como las energías renovables, la energía nuclear, el lignito, etc.- a 180 €/mWh.

Aunque esta medida expirará el 30 de junio, la Comisión se ha pronunciado en contra de la «prórroga de estas medidas de emergencia» en un informe presentado al Consejo el lunes 5 de junio1.

  • En su discurso sobre el Estado de la Unión del 14 de septiembre, Ursula von der Leyen declaró que «aunque los beneficios son algo positivo en nuestra economía social de mercado […] deben repartirse y reorientarse hacia quienes más los necesitan», es decir, los consumidores europeos.
  • Según el informe que examina el impacto de estas medidas, la Comisión señaló que habían «contribuido a calmar los mercados europeos de la energía», con unos precios de la electricidad por debajo de los 80 euros por mWh de media a finales de mayo2.

Este descenso desde los máximos históricos alcanzados en el verano de 2022 se atribuye principalmente a la caída de los precios mayoristas del gas natural, que se debe a una combinación de factores: menor demanda de electricidad y gas, altos niveles de reservas europeas en comparación con años anteriores y temperaturas superiores a la media durante el periodo invernal.

Según la Comisión, la aplicación del límite máximo de ingresos para los productores por debajo de lo marginal ha sido muy heterogénea en la Unión.

  • En total, 17 Estados miembros han introducido un tope inferior a 180 euros por mWh para al menos una tecnología, 7 han aplicado la medida con carácter retroactivo y 11 países la aplicarán después del plazo fijado en el Reglamento del Consejo.
  • Esta heterogeneidad y las diferencias en la aplicación de esta medida en los Estados miembros «pueden haber afectado a los acuerdos de compra de electricidad (PPA) existentes y a otros contratos a largo plazo, y desincentivado la celebración de nuevos contratos», según las partes interesadas que han informado a la Comisión.
  • Para Eurelectric, que representa los intereses del sector eléctrico a escala europea, las discrepancias en la aplicación del límite habrían contribuido a «desincentivar la inversión en energías renovables» -en particular la eólica-3.

La Comisión confía en la salud del mercado en los próximos meses y cree que «es menos probable que los picos de precios de la electricidad observados a lo largo de 2022 se produzcan durante el próximo invierno».