Las lecciones de la obra de teatro «Prima Facie»
Mientras la obra de Suzie Miller llega a Broadway tras un éxito mundial, Agathe Cagé y Elsa Guippe cuestionan la falta de reacción que Prima Facie ha generado en Francia. Piden que se siga el ejemplo de Suecia y España para cambiar el sistema judicial y garantizar los derechos de las mujeres a liberar a la víctima de violación de la carga de la prueba -un cambio que implicará necesariamente a la sociedad civil-.
La forma en la que un sistema judicial admite a trámite las denuncias por violaciones y agresiones sexuales permite medir el lugar concedido a las mujeres y a su libertad dentro de una sociedad. La obra de teatro Prima Facie de la dramaturga australiana-británica Suzie Miller, cuyas representaciones durante la primavera del año 2022 en el teatro Harold Pinter de Londres resultaron en un gran y multipremiado acontecimiento teatral en el Reino Unido, nos lo recuerda: cuando un sistema judicial no es concebido para admitir sino para poner en duda la palabra de la denunciante, eso mantiene a las mujeres bajo el yugo del miedo y de la dominación.
La fuerza de la obra Prima Facie se manifiesta en la medida en que propone, en forma de monólogo, una confrontación directa entre ambas caras del sistema judicial británico. Por un lado, la joven y brillante abogada penalista Tessa Ensler se regocija en sus victorias cuando, al defender a unos hombres acusados de violaciones consigue crear confusión en el relato de una denunciante y la hace dudar, invirtiendo así en la sala del tribunal las posiciones del acusado y de la víctima. Logra una absolución tras otra con la convicción de que la ley se cumple correctamente y llena de orgullo por su profesionalidad, sin dudar en absoluto acerca de la legitimidad de las reglas del juego judicial. Por otro lado, Tessa Ensler es violada por un penalista de su despacho de abogados. Ve cómo se cierran sobre ella sin contención las fauces de un sistema judicial del que conoce todos los engranajes. Su relato es el de una violación, sin ninguna duda para el espectador. No obstante el sistema se esmera en aniquilarlo acumulando los ‘pero’: ‘pero’ usted parecía desear una relación sexual con él; ‘pero’ ustedes bebieron mucho alcohol juntos; ‘pero’ ¿no fue voluntariamente que se encontraron en la misma habitación esa noche?; ‘pero’ ¿piensa usted que él percibió su ausencia de consentimiento?; ‘pero’ ¿por qué no pidió ayuda?; ‘pero’ ¿está realmente segura de lo que ocurrió?
Aniquilada la ausencia de consentimiento. Aniquiladas las consecuencias físicas propias de un estado de shock, mientras que el estado de shock es un fenómeno reconocido y estudiado por los profesionales sanitarios desde hace ya décadas. Negado el estado de vulnerabilidad de la víctima aunque el trauma genera de hecho confusión en el relato. Cualquier incoherencia acaba posicionándose en contra de la denunciante para poner en duda su sinceridad y sus intenciones, intentando invalidar todas las evidencias y debilitando su confianza en sí misma. En ningún momento las autoridades policiales o el tribunal admiten o mencionan los mecanismos de defensa del cerebro contra el trauma de la violación. Este proceso que borra y deforma los recuerdos no le permite ordenar los hechos con precisión ni acordarse de los detalles. Solo habría que leer el análisis que hace la psicóloga Elisabeth Loftus sobre las ¿evaluaciones? de su recuerdo de la noche de la muerte de su madre cuando ella tenía catorce años para entender las vicisitudes de este fenómeno. Tessa Ensler se encuentra exhausta en el estrado de la sala del tribunal tras haber sufrido ya las consecuencias que implica el hecho de presentar una denuncia: hacerle frente a la mirada de sus compañeros al volver a trabajar y esperar durante años la audiencia ante el tribunal.
Prima Facie cuestiona los fundamentos del sistema judicial británico, respecto al cual la dramaturga Suzie Miller, siendo ella misma ex abogada penalista, habla de una tasa de condenas por agresiones sexuales “tristemente baja”. ¿Qué lugar concede realmente este sistema a la escucha y a la recepción de la palabra de la denunciante? ¿Le otorga verdaderamente el mismo valor a esa palabra que a la del acusado? ¿Debe considerarse mentira cualquier inexactitud? ¿No prima de manera excesiva la interpretación de los hechos sobre los propios hechos? ¿Debe probarse la voluntad de violar o la ausencia de consentimiento? ¿De qué manera se puede probar un estado de shock y, en consecuencia, de qué manera se prueba cómo afecta a su consentimiento? ¿Por qué se utiliza sistemáticamente en su contra el hecho de que la víctima conozca a su agresor? ¿Por qué se utiliza en contra de la denunciante un estado de embriaguez mientras que un avanzado estado de ebriedad pocas veces permite que se exprese un consentimiento libre? ¿No debería un sistema judicial proteger tanto a las víctimas como a los acusados?
La trama narrativa de la obra despierta esas preguntas en los espectadores. De hecho, no pueden dejarles indiferentes las consecuencias concretas que tienen en la vida de una denunciante aquellas normas y conductas que la acusan estructuralmente. A través de Prima Facie, Suzie Miller pone de relieve las dificultades provocadas por un sistema judicial británico concebido y construido desde un prisma masculino. La forma en que se define la verdad jurídica, construida por hombres, no consigue escuchar las voces de las mujeres. Incluso nos dice: “no las creemos”. La dramaturga revela una construcción social y apela a la sociedad que la cuestione y transforme a fondo. Denuncia la privación de libertad de hecho que sufre una mujer cuando no puede ser reconocida como víctima de una violación o de una agresión sexual si ha consumido alcohol, si su vestimenta suscita la desaprobación de algunos o si su agresor no es desconocido por ella. Al contrario, exige el derecho a irse de fiesta y volver a casa sin tener miedo. En otras palabras: el derecho de las mujeres a vivir libremente. Por último, expone la dificultad de la justicia para admitir casos de denuncias en los que el recuerdo traumático de la agresión siempre incluye elementos de confusión. Aboga por una evolución de la justicia con el fin de que admita mejor las denuncias por violaciones y agresiones sexuales incluyendo la realidad del trauma. Parece cuanto más urgente que el Reino Unido examine las debilidades de su sistema en un contexto en el que se vuelve a poner de manifiesto los fallos de su sistema policial. En enero de 2023 se reveló un caso de violencias físicas y sexuales contra mujeres a una escala sin precedentes -el del oficial de la Policía Metropolitana de Londres David Carrick- detenido a finales de 2021, procesado por 49 cargos, 24 de ellos por violación. Este agente causó estragos durante diecisiete años a pesar de nueve informes internos por intento de violación, acoso y violencias conyugales en ese periodo.
El impacto de la obra teatral Prima Facie, protagonizada brillantemente por la actriz británica Jodie Comer, única intérprete sobre las tablas, y presentado en Broadway en la primavera de 2023, se ha extendido mucho más allá de las paredes del teatro del West End. La obra se ha estrenado en el Reino Unido (donde encabezó la taquilla durante todo el verano, por delante de las superproducciones de Marvel) pero también en Estados Unidos y en muchos países europeos. Además el National Theatre la ha difundido vía streaming. Francia, sin embargo, parece haberla ignorado. En todos los países, las palabras de Tessa Ensler dirigidas al público al final de la obra nos recuerdan esta realidad: «señoras, miren a la persona sentada a su izquierda, miren a la persona sentada a su derecha: es una de nosotras» (“it’s one of us”). En otras palabras, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual. La fuerza de la obra ha superado las fronteras, porque por todos lados hay muchas víctimas. En todas partes, los sistemas judiciales también deben estar dispuestos a cuestionar lo que permiten, lo que no permiten y lo que provocan. Las preguntas son similares en casi todos los países: ¿por qué en el único o casi único caso de las denuncias por violaciones y agresiones sexuales se cuestiona sistemáticamente la realidad de los hechos desde la admisión de la denuncia hasta el juicio? ¿Se cuestionan los casos de robo del mismo modo? ¿Por qué los sistemas judiciales parecen siempre proteger más a la víctima de un crimen contra su propiedad que a la víctima de un crimen contra su persona?
El eco mediático del juicio en el que se enfrentaron Amber Heard y Johnny Depp en Estados Unidos en 2022 y el continuo y mundial acoso en línea hacia la actriz son reveladores de las violencias sistemáticas que sufren las mujeres que toman la palabra en su propio nombre como en el de todas las demás. Ya en septiembre de 2018, los ataques mediatizados, llevados en el más alto nivel del Estado norteamericano, contra Christine Blasey Ford ilustraron hasta el ridículo los mecanismos subyacentes a los intentos de desacreditar la palabra de las mujeres. La profesora de universidad se había presentado a prestar testimonio ante el Comité de Justicia del Senado sobre su agresión sexual perpetrada por el juez Brett Kavanaugh en 1982, cuando ella tenía quince años. Donald Trump, quien planeaba nominar a Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo del país, se burló del testimonio de Christine Blasey Ford durante un mítin unos días después. Intentó socavar su testimonio destacando el hecho de que ella había tomado una cerveza la noche de la agresión y que no recordaba todos los detalles periféricos que la rodeaban. En un informe publicado el año siguiente por el Ministerio de Justicia de Canadá sobre la incidencia de los traumas en las víctimas adultas de agresiones sexuales, las científicas Lori Haskell y Melanie Randall retomaron este episodio. Señalaron que, en el sistema de justicia penal canadiense, serían inaceptables los argumentos que tratan de socavar la credibilidad de las víctimas al explotar y exagerar las incoherencias normales. Añadieron que «no recordar estos tipos de detalles secundarios no cuestiona la veracidad del relato» sino que «es coherente con la forma en que se codifican los recuerdos traumáticos».
De hecho, varios países han modificado recientemente su marco legal para mejorar la repuesta a las denuncias por violación y agresión sexual. También han intentado ofrecer mayor protección a las mujeres y que se atienda mejor su palabra. Suecia ha sido pionera en este ámbito aunque haya seguido a Canadá con cierto retraso (Canadá adoptó en 1992 una ley que define la noción de consentimiento cuando se invoca en juicios por violencias sexuales). La ley sueca sobre el consentimiento entró en vigor el 1 de julio de 2018 y considera como violación cualquier acto sexual sin acuerdo explícito. Permite que la víctima de violación ya no tenga que demostrar amenazas o violencias. La redacción del texto se encontró, sin embargo, con una fuerte oposición en el momento de su debate por parte del sector de la abogacía y del Consejo Legislativo que criticaron el riesgo de una evaluación arbitraria por parte del tribunal sobre la existencia o no de consentimiento. Esta importante oposición de los actores de un sistema judicial a una evolución de la legislación sobre crímenes sexuales no es exclusiva de Suecia. La obra Prima Facie muestra a los protagonistas de un sistema judicial que pueden poner a las víctimas de violación en la posición del acusado. En su introducción del número de diciembre de 2021 de la revista Cahiers de la justice, el juez francés Denis Salas ponía de relieve que «el sentido que se da hoy al concepto de consentimiento trastorna el campo del derecho y desconcierta al juez». Por tanto, parece indispensable un compromiso político fuerte y en primera línea para impulsar una transformación del sistema judicial hacia una mejor protección de las víctimas de violación y agresión sexual. En Suecia, un Parlamento de forma unánime adoptó la legislación de 2018 a pesar de las críticas del sector de la abogacía y del Consejo Legislativo.
En el sur de Europa, el caso de La Manada -que causó indignación en España en 2018- ocasionó un cambio en la legislación del país. Cinco hombres habían violado en grupo a una joven en estado de embriaguez de dieciocho años dos años atrás. Luego, habían compartido las imágenes de su crimen en un grupo de WhatsApp. No habían sido condenados en primera instancia por violación sino por abuso sexual y, más tarde, habían sido puestos en libertad provisional. El Tribunal de apelación había confirmado esta decisión basándose en la ausencia de violencia y en la dificultad de establecer si había habido o no intimidación (dos condiciones entonces necesarias para definir la violación en el Derecho español). En 2019, el Tribunal Supremo español consideró que sí había habidodelito de violación. Los cinco magistrados del Tribunal Supremo resaltaron en su sentencia que «en ningún momento la víctima consintió a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados». España siguió el ejemplo sueco al aprobar su Ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la “Ley del solo sí es sí”. Entró en vigor el 7 de octubre de 2022 y se considera una de las leyes más vanguardistas de Europa. Al calificar comoviolación cualquier relación sexual no consentida, esta nueva legislación libera a las víctimas de la prueba en un acto de violencia o intimidación. Establece el principio del consentimiento libre, voluntario y claro: «solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona». Sin embargo, el imperfecto diseño de la ley española ha provocado efectos indeseados. La unificación de los delitos de abusos sexuales y de agresión sexual en un solo delito ha venido acompañado de un abanico más amplio de penas, que muchos abogados españoles han aprovechado a su favor. Las condenas previas a la ley han sido revisadas y rebajadas consecuentemente en aplicación del principio de retroactividad de las sanciones más favorables.
La legislación francesa, por su parte, sigue eludiendo el debate sobre la noción de consentimiento. El Derecho penal francés, citando a Catherine Le Magueresse, sigue basándose «implícitamente en la presunción del consentimiento de las mujeres»1. La definición de violación que figura en el artículo 222-23 del Código penal francés asigna a la víctima la carga de la prueba cuando ha habido violencia, coacción, amenaza o sorpresa. Una de estas cuatro circunstancias también tiene que estar presente para definir una agresión sexual según el artículo 222-22 del mismo código. Al contrario, la jurista propone que «en lugar de exigir a la víctima que resista, se debería de exigir a la persona que inició la actividad sexual que se asegure del consentimiento positivo de la otra persona». Mientras cada vez más legislaciones europeas evolucionan, ya es hora de que la sociedad francesa cuestione las condiciones en las que su sistema judicial admite a trámite las denuncias por violaciones y agresiones sexuales, y se pregunte si es oportuno mantener el statu quo. Asociaciones, personalidades del mundo de la justicia, académicos, responsables políticos, ciudadanos: son numerosas personas quienes parecen dispuestas a comprometerse a favor del cambio.
No obstante, la reforma de la organización judicial que entró en vigor el 1 de enero de 2023 podría alejar aún más a los franceses de estos retos sociales fundamentales. Los crímenes castigados con hasta veinte años de cárcel, entre los que se encuentran las violaciones, serán juzgados a partir de ahora por Tribunales penales departamentales compuestos por cinco jueces profesionales, sin jurado popular. Esta nueva organización, que se ha ido probando durante tres años en una quincena de departamentos, debía en teoría contribuir a reducir la práctica de la “correccionalización” de las violaciones, que consiste en considerarlas como delitos de agresiones sexuales y, citando al magistrado David Sénat, en «descalificarlas jurídicamente y, sobre todo, socialmente». En realidad, el informe publicado por el comité encargado de la evaluación y del seguimiento de la implementación de los tribunales penales departamentales, concluyó en octubre de 2022 que «las estadísticas disponibles no muestran ningún cambio real en el nivel de “correccionalización” de los casos». Por lo contrario, numerosas partes del mundo judicial señalan el riesgo de una degradación de la calidad del juicio en los casos de violación. Los abogados penalistas Romain Boulet y Karine Bourdié califican a los tribunales penales departamentales de “subtribunales penales”; el vicefiscal Vincent Charmoillaux teme que resulte en una desviación hacia audiencias chapuceras bajo la presión productivista y, por consiguiente, en una “correccionalización” encubierta de los casos. Las primeras cifras parecen darles la razón: para casos similares, la tasa de interposición de recursos ante las decisiones de los tribunales penales departamentales es significativamente superior a la de interposición de recursos ante las decisiones de los tribunales penales. Los jurados populares garantizaban la calidad de las audiencias y del examen de los hechos. En Prima Facie, Tessa Ensler afirma ser capaz de conocer el veredicto antes de que se pronuncie, simplemente con observar las miradas de los miembros del jurado cuando regresan de deliberar.
Así, en el preciso momento en el que la sociedad francesa tendría que cuestionarse cómo garantizar la libertad y la integridad sexuales, la desaparición de los jurados populares para juzgar en primera instancia los casos de violación acaba alejando a los ciudadanos de estos retos. De hecho, la nueva organización parece nadar a contracorriente de la historia como subrayan Romain Boulet y Karine Bourdié: «desde el “juicio por violación” de Aix-en-Provence (1978) hasta la consideración de la sumisión química en 2018, las mayores evoluciones jurídicas y sociales en la materia sólo han logrado surgir, difundirse y desarrollarse en nuestra sociedad gracias a la implicación de los ciudadanos en su aplicación».Francia no puede permanecer más tiempo ignorando los progresos alcanzados por sus vecinos europeos para eliminar los obstáculos que siguen impidiendo a las mujeres ejercer plena e íntegramente su libertad. De Suecia a España, este movimiento cuenta con el firme apoyo de las sociedades civiles. Nuestra sociedad debe garantizar los derechos de las mujeres introduciendo en la ley el consentimiento positivo y explícito. Tiene que cambiar su sistema judicial para liberar a las víctimas de violación de la carga de la prueba. ¿Es de extrañar que nuestro país haya pasado del fenómeno Prima Facie? El statu quo persiste en Francia a costa de los derechos básicos y fundamentales de las mujeres, de su derecho a la integridad, de su libertad para moverse, vestirse, beber y divertirse sin tener que rendir cuentas ni sentir miedo. Recordando el mensaje de la obra Prima Facie: a primera vista, algo tiene que cambiar.
