El fracaso del consenso alemán sobre las pensiones

En abril de 2016, Horst Seehofer (CSU) pidió una gran reforma de las pensiones porque había que solucionar dos graves errores: desde la reforma de la coalición SPD-Verdes, en 2001, el nivel de las pensiones del sistema se había reducido drásticamente, de modo que, en el futuro, aproximadamente «la mitad de la población se vería obligada a depender de las prestaciones sociales». El uso de la provisión privada no pudo evitarlo, ya que la pensión Riester «[había] fracasado». El desafío de Seehofer a la opinión predominante causó inmediatamente un revuelo en los medios de comunicación y en su partido. La idea del aumento de la pobreza entre los ancianos tuvo que ser descartada por ser totalmente exagerada. A finales de 2016, la agitación se había calmado y el tema de la reforma de las pensiones pudo volver a debatirse como en las últimas décadas. Así, pues, el consenso entre los principales partidos (a excepción de Die Linke) se mantiene a pesar de las crecientes desigualdades sociales y de la creciente preocupación por la pobreza en la tercera edad. Para entender mejor este consenso, tenemos que situar los cambios en el sistema de seguro para la vejez en el ciclo internacional de reformas y explicar con más precisión por qué las reformas de las pensiones pasadas son responsables del aumento de la pobreza en la vejez en las próximas décadas.

La estrategia de privatización del seguro para la vejez

Hasta la reforma de 2001, el sistema de pensiones alemán se diseñó siguiendo las pautas de los regímenes públicos de reparto (mediante cotizaciones, impuestos o una combinación de ambos) que surgieron en todos los países industrializados entre 1945 y mediados de los años 70. La introducción de estos regímenes obedece a razones estructurales y a la larga experiencia histórica del continuo fracaso de los seguros para la vejez basados en la familia, la previsión individual y los instrumentos de las empresas y corporaciones. El reto era organizar un sistema de seguro para la vejez estable y barato para la mayoría de la sociedad industrial. A pesar de las diferencias nacionales, el argumento a favor de proporcionar un ingreso de transferencia durante una fase de jubilación separada de la vida laboral es el mismo en todas partes. 

Había argumentos idénticos detrás de la segunda ronda de reformas internacionales a partir de mediados de los años 70, que se basaban en otros paradigmas de política económica y social. Se han adoptado de diferentes maneras y con cierto retraso, pero todas pretenden introducir cambios duraderos en la organización y financiamiento del seguro para la vejez. En el contexto de la larga recesión económica de la posguerra, del declive de la productividad y de la crisis del capitalismo fordista, el objetivo general era desmantelar radicalmente los sistemas de reparto financiados por las cotizaciones o los impuestos y promover instrumentos organizados a través de los mercados financieros.

En Alemania, esta ruptura no se hizo realidad hasta la reforma de 2001. Mientras que el gobierno liberal-conservador (1982-1998) no se atrevió a dar este paso, la llegada de la coalición SPD/GRÜNEN permitió neutralizar las posibles resistencias (sindicatos, asociaciones, iglesia, ciencia). La reforma en materia de pensiones, en 2001, fue ambiciosa y políticamente arriesgada, en especial, para el SPD. Desde el punto de vista del contenido, los efectos contraproducentes de las reformas paralelas del mercado de trabajo y de los cambios en la política fiscal sobre el «nuevo» seguro de pensiones previsto eran fácilmente previsibles, ya que modificaron considerablemente la distribución primaria en detrimento del trabajo. Sin embargo, era mucho más difícil ver que los supuestos efectos positivos de la reforma Riester (llamada así por el entonces ministro de trabajo) sobre el ahorro privado y general, así como sobre la dinámica de la inversión y del crecimiento, sólo podían justificarse mediante modelos basados en suposiciones cuestionables sobre mercados financieros. En consecuencia, nunca se pudo demostrar la existencia de un seguro para la vejez barato, justo y rentable construido sobre el promocionado modelo de tres pilares (pensión pública, pensión privada, pensión de empresa) para la mayoría.

Durante décadas, el debate se ha desarrollado en dos niveles complementarios. En el plano social, se presentan aspectos particulares de la población («cambio demográfico») sin integrarlos lo suficiente en el contexto real del financiamiento, la producción y la distribución en el capitalismo industrial. A partir de este argumento, la cuestión distributiva fundamental se reduce a una cuestión de justicia entre jóvenes y mayores. Al mismo tiempo, en el plano económico, una amalgama teórica de enfoques neoclásicos afirmaba la superioridad de los instrumentos de pensiones privadas de capitalización para generar medios financieros que estimularan la inversión y la formación de capital. A partir de los años 90, el anterior discurso de la crisis (crítica demográfica y normativa del Estado de bienestar) se complementa, así, con la representación exagerada de una eficiencia inherente a los mercados de capitales para el dinamismo económico, el crecimiento y la prosperidad.

Además, los esfuerzos de reforma dentro de la Unión Europea se han vuelto más radicales. En efecto, la estrategia de liberalización del Tratado de Lisboa ha permitido propagar un cambio de sistema común hacia un seguro para la vejez reformado en el mercado interior. Desde el punto de vista de las empresas, las instituciones financieras y de los gobiernos europeos, esto era lo correcto en un momento de integración del mercado financiero. La privatización de los sistemas de seguros de pensiones establecidos desde hace mucho tiempo podría, así, abordarse de lleno en el marco de una iniciativa de modernización.

Desde las crisis financieras de finales de los años 90 (América Latina, Asia, Rusia), las correcciones masivas de los precios financieros y de los activos a principios del siglo XXI (en especial, la burbuja de las puntocom) y desde la grave crisis financiera y económica de 2007/2008, la euforia sobre la eficacia económica del enfoque «financiado» se ha desvanecido. Como alternativa, se vuelven a esgrimir argumentos demográficos sobre el envejecimiento de la sociedad y la falta de equidad entre generaciones, con lo que se mantiene la agenda de reformas (véase OCDE 2009).

La vía alemana: tras un comienzo tardío, una aceleración hacia el abismo

No todos los errores son atribuibles a los gobiernos del canciller Gerhard Schröder (SPD). Algunos están vinculados a gobiernos anteriores; otros se deben a los gobiernos dirigidos por la canciller Angela Merkel (CDU) a partir de 2005. Sin embargo, con la Ley de Consolidación Presupuestaria de 2000 y con el ajuste de las pensiones pagadas a la inflación de 2000/2001, así como con la reducción de las cotizaciones de las pensiones cobradas en caso de subsidio de desempleo, el gobierno federal rojiverde se ha apartado claramente de sus propias exigencias e ideas de la campaña electoral de 1998. Durante años, la oposición de la era Kohl criticó los recortes y el deterioro de las pensiones para los que trabajan «duro». Con Kohl, el objetivo ya estaba claro: en el marco de las políticas de oferta, los tipos de cotización no debían aumentar demasiado; las empresas y los ingresos del capital debían beneficiarse de recortes fiscales; y el instrumento de jubilación anticipada debía mantenerse como medida de bajo costo para deshacerse de la mano de obra. Por lo tanto, había que poner un límite a la cantidad de pensiones, aumentar la vida laboral y retrasar la jubilación.

Ante la negativa del gobierno de Kohl sobre cubrir los costos sociales de la reunificación en 1989/90 mediante un mayor financiamiento fiscal, el sistema de pensiones tuvo que asumir de golpe las prestaciones de millones de pensionistas de los nuevos Länder. Aunque la parte financiada por los impuestos (las asignaciones del presupuesto federal) aumentó, el sistema de pensiones no pudo asumir esta tarea sin consecuencias. Este traspaso de tareas provocó un aumento de las cargas para los contribuyentes y, en general, conflictos políticos en torno a la subvención federal. Esta explosiva cuestión de la redistribución fue utilizada posteriormente por los arquitectos de la Agenda 2010 en torno al canciller federal Frank-Walter Steinmeier (SPD) para declarar un problema estructural de competitividad en Alemania y justificar reformas radicales. En lugar de corregir los errores cardinales de la política social de la reunificación alemana y los defectos estructurales del sistema de pensiones (entre otros, el límite máximo de las cotizaciones, la falta de seguro obligatorio para los autónomos/autoempleados, el sistema paralelo financiado por los impuestos para funcionarios y políticos), su deformación se ha acelerado drásticamente.

La coalición rojiverde marcó la pauta, en enero de 2001, con la reforma de las pensiones de invalidez. En junio, el Bundestag aprobó una nueva reforma que incluía la pensión Riester, con el voto a favor por parte de todos los partidos (sólo el PDS votó en contra). A partir de 2009, los trabajadores tendrían que pagar hasta el 4 % de su salario bruto cada año, junto con una ayuda de hasta el 50 % (retenciones fiscales, subsidio básico y subsidio por hijos). Además de la pensión Riester, la ley contenía otros cambios importantes. Por ejemplo, desde 2011, a cada nueva pensión se le aplica un factor de compensación del 0.3 %, que aumentará al 6 % en 2030. Se ha introducido una nueva fórmula para el cálculo de las pensiones, de modo que el valor de la pensión ya no depende de la evolución de los salarios netos. En función del año de nacimiento, se han reducido o eliminado elementos distributivos, como la inclusión de los periodos de educación y cuidados, el servicio militar o civil, el desempleo, la formación profesional y los periodos de estudio. El colofón de la reforma fue el vínculo fatal entre el desarrollo de la provisión privada y la reducción de la capacidad de prestación del sistema público: desde entonces, la pensión de todos los beneficiarios disminuye, incluso si, debido a sus ingresos, tienen poca o ninguna provisión privada/empresarial y no pueden beneficiarse de los subsidios. Este mecanismo refleja una redistribución dentro de la clase asalariada: de los ingresos más bajos a los más altos.

Con la segunda ley que modificó el código social en 2004, el SPD y los Verdes decidieron que los pensionistas debían pagar la totalidad de la cotización al seguro de dependencia y suspendieron la revalorización de las pensiones. La «Ley de Sostenibilidad de Pensiones» de 2005 volvió a cambiar la fórmula de las pensiones: en comparación con el año 2000, el nivel de las pensiones debía descender casi un 20 % de aquí a 2030 y el tipo de cotización debía aumentar como máximo un 20 % de aquí a 2020 (máximo 22 % de aquí a 2030). Se suprime la revalorización de los periodos de educación escolar y se eleva el límite de edad para la jubilación sin deducciones de los 60 a los 63 años para los jubilados por etapas y los desempleados. En 2008, la CDU/CSU y el SPD introdujeron la «jubilación a los 67 años» (para 2031). En caso de jubilación anticipada, la pensión puede reducirse hasta un 14.5 % y la jubilación no reducida para las personas con discapacidades graves y con capacidad de trabajo reducida se aumentó a 65 años. El gobierno de la CDU/CSU y el FDP decidió, en 2011, que los beneficiarios de Hartz IV dejarán de estar sujetos al seguro de pensiones. Desde entonces, no se ha pagado ni un solo centavo al sistema de pensiones en forma de cotizaciones durante el periodo de percepción de las prestaciones, lo que reduce, en consecuencia, sus futuras pensiones.

En consecuencia, el sistema de pensiones se ha vuelto disfuncional para millones de asegurados, lo que ha provocado un rápido descenso de las pensiones. El núcleo de la privatización parcial del seguro para la vejez, en 2001, marca la ruptura estructural de la política alemana de pensiones de la posguerra. Hasta entonces, la garantía de un nivel de vida en la jubilación era una exigencia sociopolítica que el sistema de pensiones de reparto debía cumplir. Desde entonces, los asegurados cotizan sobre sus ingresos corrientes y adquieren el derecho a una pensión que les permita vivir por encima del umbral de pobreza. Para ello, se introdujo la pensión salarial bruta, vinculada a la evolución de los salarios, y se codificaron otros componentes distributivos (educación, formación, desempleo, servicio militar y civil, trabajo de cuidados). Además de las pensiones para la vejez, el sistema ofrecía prestaciones adicionales. El sistema de pensiones, tal y como se creó en 1957, era una prestación del Estado de bienestar destinada a limitar los riesgos y las desigualdades y nunca se concibió deliberadamente como un seguro privado basado en el principio de la correspondencia entre las cotizaciones y las prestaciones.

A pesar de las críticas justificadas al sistema de pensiones por su construcción sobre la base del empleo masculino normal y la reproducción de la distribución primaria en la percepción de las prestaciones (ingresos bajos/altos = pensiones pequeñas/altas), el nivel de vida en la jubilación se proporcionó de forma relativamente adecuada y eficiente a una gran parte de la población hasta principios de los años 90. La tasa de sustitución salarial neta tras el inicio de la jubilación alcanzó una media del 70 %; disminuyó desde finales de los años ochenta y cayó bruscamente entre 2001 y 2030, hasta situarse por debajo del 43 %. Si consideramos una situación ideal con un empleo continuo y unos ingresos medios de más de 45 años (salario mensual bruto de 2947 euros/mes en 2015), el sistema de pensiones ya no garantiza el mantenimiento del nivel de vida. Así, las reformas esbozadas aumentan el riesgo de pobreza en la jubilación no sólo para la creciente proporción de trabajadores precarios (actualmente, unos ocho millones de personas de los 32 millones sujetos a la seguridad social obligatoria), con una trayectoria profesional inestable o con sueldos inferiores a la media (20700 euros brutos al año en 2017), sino también para las clases de ingresos medios que trabajan a tiempo completo, toda su vida.

Una supuesta solución: la promesa de rentabilidad de las pensiones privadas

Los defensores de la reforma suelen rechazar esta interpretación y argumentan que, para garantizar el nivel de vida en el modelo de tres pilares, hay que compensar los ingresos de las pensiones privadas. Esto se basa en la suposición de un «rendimiento» relativamente alto y estable del capital ahorrado e invertido, que se basa en supuestos ideales. Durante la elaboración de la ley de 2001, los científicos señalaron algunos de los problemas centrales del financiamiento de la previsión para la vejez a través de los mercados financieros. Sin embargo, dado que las bases se establecieron antes de la caída de la bolsa de 2001 y del crack mundial de 2008/09, la euforia sobre el desarrollo de los mercados de capitales fue aún mayor. Por otra parte, la crítica a las tesis dominantes sobre la transferencia del capital de ahorro al capital de inversión y a las inversiones, así como la constatación de la inestabilidad endógena de los mercados financieros no tuvieron ningún papel ni en el mundo científico ni en el debate público. Las objeciones sociopolíticas planteadas por las organizaciones benéficas, las iglesias y, con algunas excepciones, los sindicatos fueron demasiado débiles para poner en peligro el proyecto.

Además de las objeciones de principio, muchas críticas concretas de los consumidores han atraído una creciente cobertura de los medios de comunicación. Además de los esfuerzos burocráticos asociados, la aprobación de la reforma Riester ha puesto de manifiesto la total falta de transparencia en cuanto a los productos de pensiones y a las estructuras de costos, así como la falta de asesoramiento y el desconocimiento de la estructura de las ayudas. Con la introducción del subsidio de desempleo I/II («Hartz IV») y del seguro básico para la vejez financiado por los impuestos, surgió  otro problema: los beneficiarios del seguro básico para la vejez tienen que compensar sus prestaciones con el dinero de las pensiones. Para las personas con trayectorias profesionales inestables y con ingresos inferiores a la media, no tiene sentido protegerse: recibirán poco más que el importe máximo del seguro básico. Los responsables políticos se han negado durante mucho tiempo a tenerlo en cuenta, a pesar de que ésta es exactamente la lógica de la legislación social desde 2001: antes de recurrir a las prestaciones, los bienes e ingresos privados deben reducirse a un nivel muy bajo de «bienes protegidos».

En este contexto, no es de extrañarse que haya poca demanda de la pensión Riester en los segmentos de ingresos más bajos. Sin embargo, el estancamiento de la difusión de la pensión Riester en los últimos años no se debe únicamente a esta situación. Una de las razones del estancamiento debido a la baja demanda es la situación real de los ingresos. En contra del mito de que la previsión para la vejez siempre provocará un aumento del ahorro privado y agregado, sólo cambia el comportamiento de ahorro de los grupos que pueden ahorrar. Los ingresos reales aún son la base de todo el ahorro en pensiones y la oferta y la demanda de productos financieros se diversifica según la clase de ingresos. Cuanto más bajos sean los ingresos, más limitadas serán las posibilidades y la demanda. A lo sumo, las personas con bajos ingresos sólo pueden realizar aportaciones de ahorro relativamente pequeñas y, lógicamente, sólo pueden esperar pagos pequeños, si es que consiguen mantener su provisión de pensiones durante la vida del contrato. En comparación con las bajas cotizaciones/primas, la parte de las comisiones de gestión es elevada y las condiciones contractuales son generalmente desfavorables, por lo que la previsión privada es simplemente ineficaz para los ingresos bajos e incluso medios. Por último, la diversificación del comportamiento del ahorro se explica por los efectos de peso muerto. Los ingresos altos pueden concentrar las mayores prestaciones (incrementos básicos/por hijos) o reducciones fiscales, mientras que los solteros por debajo del ingreso medio sólo pueden beneficiarse de prestaciones menores o de reducciones fiscales.

Por último, la pensión Riester ha sido objeto de crecientes críticas técnicas. Por ejemplo, se calculan esperanzas de vida muy altas y se crean grandes reservas de riesgo, lo que significa que los pensionistas tienen que vivir hasta los 80 años para recuperar sus aportaciones de ahorro con un tipo de interés nominal del 0 % (mantenimiento de las aportaciones sin deducción de la inflación). Para obtener una rentabilidad del 2.5 %, hay que llegar a los 90 años. Para obtener un tipo de interés del 5 %, hay que alcanzar la edad bíblica de 120 años. Al final, los proveedores de servicios financieros obtienen grandes beneficios, que no se distribuyen, en absoluto, entre los asegurados. Además de los proveedores de servicios financieros, los grupos de mayor ingreso se benefician de la redistribución de estas «ganancias de mortalidad». Debido a la correlación entre los bajos ingresos y la baja esperanza de vida, una parte de sus cotizaciones y de los intereses de las inversiones están a disposición de las personas con mayores ingresos y mayor esperanza de vida. La cuestión del cálculo se agudiza aún más, ya que las cotizaciones de los asegurados pueden verse diezmadas hasta en 24 factores, de modo que hasta el 30 % se deduce como comisión y se acumula para los proveedores de servicios financieros como beneficio adicional. 

Para una gran parte de los asalariados, los productos de previsión privados suelen ser «caros» y nunca rentables, sobre todo, porque no pueden ahorrar una parte importante de sus ingresos de forma sostenible durante su vida laboral. Por lo tanto, prácticamente carecen de las condiciones básicas para poder compensar los recortes de las pensiones en el futuro: ingresos, experiencia, tiempo y acceso a instrumentos muy lucrativos (para los proveedores). Por otra parte, los proveedores de servicios financieros operan desde los años 90 en condiciones externas muy diferentes, ya que el  financiamiento del crecimiento de un stock de capital productivo mediante inversiones financieras nunca es obligatorio dada la posibilidad de creación de dinero en el sector bancario. El financiamiento de la acumulación real en el siglo XX y XXI no muestra, en ningún momento, la necesidad de proveer los medios mediante un ahorro precautorio en constante aumento. Si las condiciones económicas y sociales reales son completamente diferentes de lo que se afirma en el debate sobre la reforma de las pensiones, el ahorro preventivo promovido por los gobiernos no sólo tendrá efectos negativos debido a la baja o decreciente demanda efectiva resultante, sino que también promoverá la evolución errática de los precios en los mercados de activos y la vulnerabilidad a las crisis de mercados financieros.

Mientras tanto, las empresas financieras tienen cada vez más dificultades para invertir fondos para la previsión de la vejez. Los efectos de los bajos tipos de interés, que son objeto de gran debate público, no son la única razón o causa. Las dificultades han aumentado ya en las fases de tipos de interés relativamente elevados, lo que es un indicio más de que el vínculo constantemente afirmado entre el seguro privado de pensiones, la inversión financiera y la financiación del crecimiento no es muy fuerte. El principal problema es el servicio de los compromisos adquiridos en las últimas décadas ante el vencimiento de los contratos de pensiones. Para garantizar una elevada distribución a los accionistas y los ingresos en el sector financiero y su capacidad de expansión, no se debe abandonar la vía de la deformación del sistema de pensiones y la promoción del segundo y tercer pilar de la previsión para la vejez. Por el contrario, hay que encontrar «dinero nuevo» e inversiones con tipos de interés más altos de forma permanente. Éste es el caso actual de la financiación prevista de las infraestructuras (autopistas, redes, escuelas, etcétera) por parte de inversionistas institucionales. Al final, los usuarios y los contribuyentes, en particular, serán quienes refinanciarán los ingresos de pensiones de «su» seguro para la vejez aún más que antes, con efectos de distribución y carga muy diferentes.

La situación actual: se mantiene el fatal consenso sobre las pensiones

La gran coalición en vigor [en 2016] fue alertada por el breve debate sobre la pobreza en la tercera edad a principios del verano pasado y tomó medidas. En concreto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dirigido por Andrea Nahles (SPD), organizó un debate con los principales interesados y presentó la ley de refuerzo de pensiones de jubilación, en diciembre de 2016. Algunas enmiendas aisladas mejoran la situación de los afectados. Sin embargo, la coalición nunca fue capaz de ponerse de acuerdo sobre si había que frenar el rápido descenso de las prestaciones del sistema de pensiones ni sobre cómo hacerlo. Se descartó categóricamente un aumento de las cotizaciones y un incremento de la parte financiada por los impuestos. Ampliar el grupo de contribuyentes e incluir todo tipo de ingresos se sigue considerando una aberración.

En lugar de remediar la «debacle de Riester», el tercer pilar del seguro para la vejez (la previsión profesional) se está reformando de la forma habitual. Por un lado, se trata de abrir nuevos campos de actividad para el sector financiero y, por otro, de eliminar ciertos supuestos obstáculos para la difusión de la previsión profesional. Lo que se comunica menos abiertamente es que el objetivo es reducir drásticamente los costos de las pensiones de las empresas a largo plazo y trasladar más el riesgo del mercado financiero a los empleados.

Desde 2002, el SPD intenta promover los planes de pensiones profesionales mediante la conversión de salarios. Esto permite eximir de las cotizaciones a la seguridad social y de los impuestos a la parte de los salarios abonados a estos regímenes. Al mismo tiempo, los sindicatos y los comités de las grandes empresas, a menudo con un alto nivel de exportación, han valorado durante décadas los modelos de pensiones profesionales. En la mayoría de los casos, se exagera positivamente el funcionamiento, la estructura y los efectos de los regímenes de pensiones profesionales y se transmiten subliminalmente imágenes históricas de colaboración social. Muchas veces, se olvida que funciona según una lógica similar a la de todos los instrumentos financieros y que está organizada por las mismas empresas financieras.

Las diferencias entre los regímenes de pensiones privados y los de las empresas en la actualidad se deben, principalmente, a las distintas normativas. En las pequeñas y medianas empresas, no es posible establecer un plan de pensiones de empresa a gran escala, por muy lucrativo que sea, sobre todo, para ingresos bajos y medios. Para la mayoría de los trabajadores, es imposible compensar los efectos negativos de la reducción de las prestaciones del sistema de pensiones y de la previsión personal a través de los planes de pensiones profesionales. También, en este caso, un aumento significativo de los salarios a lo largo de varios años sería un requisito previo para aumentar la provisión de pensiones. Esto plantea inmediatamente la cuestión de por qué sería necesario organizar una provisión de pensiones de riesgo a través de un costoso desvío por parte de los proveedores privados, cuando el aumento de las contribuciones al sistema de pensiones podría financiarse sin problemas.

En vista de los cambios masivos en la distribución primaria y de los desequilibrios en el mercado laboral, los recortes en el sistema de pensiones, así como el problema no resuelto de organizar una previsión privada estable y barata para la mayoría necesitan una reforma integral. Sin embargo, es probable que los puntos clave de esta reforma sean diferentes a los de las últimas tres décadas. No tiene mucho sentido intentar paliar el rápido descenso de las prestaciones revalorizando parcialmente los ingresos de jubilación bajos o incentivando más el segundo y tercer pilar, ya que el problema radica en las dificultades sociales generales. Los enfoques políticos actuales no lo tienen en cuenta y sólo promueven la desvinculación, ya que los grupos de ingresos medios y altos pueden seguir organizando su seguro para la vejez de forma más lucrativa. Por otro lado, la presión social aumentará y cada vez serán más las futuras cohortes de personas mayores que tendrán que financiar su jubilación mediante prestaciones de transferencia. Para todos ellos, la transición a la jubilación se pospondrá, también con efectos desiguales. En esta situación, las ofertas de darwinismo social tenderán a aumentar, como muestra el programa de la AFD, por ejemplo. Sus posiciones económicas liberales radicales en materia social van acompañadas de una agitación contra las prestaciones «excesivas» para los ciudadanos no alemanes y el comportamiento «parasitario». Así, el conflicto distributivo se carga de una dimensión étnica, sin romper el consenso neoliberal sobre las pensiones.

Si volteamos a ver, el sistema de pensiones ha sido objeto de fuertes luchas políticas. Hoy en día, las batallas son generalmente más sutiles, pero igual de violentas porque esta rama de la seguridad social representa el sistema de transferencias más importante en términos cuantitativos y sigue siendo el punto de ataque de todos los críticos del Estado de bienestar. La jubilación es también una importante encrucijada de luchas culturales, tras la cual, además de la fase de la infancia y la juventud, ha surgido una fase legalmente codificada de descanso y desmercantilización de la mano de obra. Para la mayoría, el trabajo hasta la muerte quedó desfasado por primera vez. La construcción del consenso sobre la reforma desde los años 80 revisa los principios fundamentales, pero no se impuso simplemente de forma clandestina «desde arriba», sino que se llevó a cabo «desde abajo». No sólo fue por ceguera o ignorancia, sino también porque ciertos grupos de ingresos son los beneficiarios a corto o mediano plazo o esperan que les vaya mejor e insisten en los derechos individuales a la libertad y rechazan los «sistemas colectivos restrictivos». Esto es una manifestación de los intereses en conflicto dentro de la población empleada. 

En la actualidad, el aumento de la pobreza relativa y absoluta entre las personas mayores es un hecho para muchos ciudadanos e, incluso, para los que se verán afectados en el futuro. Parece que se acepta. Al mismo tiempo, históricamente, la mala situación de los «viejos» nunca ha sido el único motor que ha impulsado el establecimiento de un sistema de seguro para la vejez eficaz y eficiente en el marco del Estado de bienestar. La voluntad de la «clase media» de actuar en su propio interés siempre ha tenido que ser claramente articulada y ejecutada. Esta acción aún es la condición fundamental para desafiar seriamente el fatal consenso sobre la reforma en el futuro. De lo contrario, se corre el riesgo de debilitar aún más el apoyo de la sociedad al sistema de pensiones.