Un referéndum del año 2016 que condujo a la salida de la Unión Europea, cuatro primeros ministros conservadores en seis años, la muerte de la reina Isabel II tras un reinado de setenta años, una grave crisis económica y social, tensiones en Escocia e Irlanda del Norte: el Reino Unido vive una inestabilidad sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Esta cadena de acontecimientos cuestiona la solidez del sistema político británico, lejos de la imagen epinal de la «madre» de la democracia parlamentaria. Revela la profundidad de las convulsiones que se están produciendo silenciosamente desde hace años, en particular, el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, la fragilidad de la unión de las naciones que componen el reino y la desconfianza de muchos votantes hacia las élites y las instituciones, tanto europeas como británicas.
¿Una constitución debilitada?
La Constitución británica se compone de una serie de leyes aprobadas en distintos momentos, desde la Magna Carta de 2015 hasta la Ley de Salida de la UE de 2020, así como de una serie de convenciones o normas no escritas que siguen los representantes de los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el epítome del «modelo Westminster», esta plasticidad ha permitido que la Constitución evolucione con el tiempo y se adapte a la evolución política y social del país. Su estabilidad, sin embargo, se basa en el principio del respeto a las convenciones por parte de sus representantes y, en particular, del gobierno de turno y, en un sentido más amplio, se basa en la confianza de los ciudadanos.
Sin embargo, desde el referéndum de la Unión Europea (UE), en 2016, ha surgido una serie de desafíos por parte de los gobiernos conservadores que suceden algunas de estas normas, escritas o no. La propia elección de utilizar un referéndum, aunque no tuviera ningún valor jurídico teórico en una democracia representativa, para tomar una decisión de tan amplias consecuencias, demuestra un menoscabo de la soberanía del Parlamento. La decisión de abandonar la UE no sólo residió el 52 % de los votantes que participaron, sino que también arrancó en contra de la opinión de la mayoría de los diputados en ese momento. Esta contradicción fundamental entre la «voluntad del pueblo» y la soberanía parlamentaria explica también la larguísima secuencia que siguió en Westminster, bajo el mandato de Theresa May, durante el cual no surgió ninguna mayoría sobre las modalidades de salida de la UE ni sobre la permanencia o no en el mercado único. Sólo las elecciones generales anticipadas de diciembre de 2019, en las que ganó el partido conservador de Boris Johnson, rompieron el bloqueo, al mismo tiempo que impusieron un Brexit «duro» y un acuerdo de libre comercio mínimo con la Unión Europea, que nunca estuvo previsto durante la campaña del referéndum.
El Reino Unido vive una inestabilidad sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Esta cadena de acontecimientos cuestiona la solidez del sistema político británico, lejos de la imagen epinal de la «madre» de la democracia parlamentaria.
PAULINE SCHNAPPER
El Brexit también provocó el debilitamiento, al menos temporal, de otras instituciones como el Tribunal Supremo, al que los más celosos del Brexit acusan de oponerse a la voluntad popular cuando declaró la necesidad de una votación para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, en enero de 2017, o cuando censuró al gobierno de Johnson por suspender («prorrogar») el Parlamento en septiembre de 2019 para evitar que los diputados se opusieran a una posible salida de la UE sin acuerdo.
¿El reino desunido?
El Brexit y, quizás, la transición monárquica también han acelerado las tensiones centrífugas entre las distintas partes del reino y plantean dudas sobre la unidad territorial del país. La reina Isabel II es respetada y admirada en todo el país y ha contribuido a mantener un cierto grado de cohesión, al menos simbólicamente, a través de su presencia regular en Escocia y, por ejemplo, durante su histórico viaje a Irlanda, en 2011, que simbolizó la reconciliación entre ambos países. Poco antes del referéndum de independencia de Escocia, en 2014, también les pidió a los votantes, a petición del primer ministro David Cameron, que pensaran bien su voto, aunque, por supuesto, su influencia en la elección de los votantes escoceses, que finalmente rechazaron la independencia por un 55 %, no es medible. Sin embargo, el referéndum del Brexit, en el que los votantes escoceses sufragiaron, por amplia mayoría (62 %), a favor de permanecer en la UE, ha reabierto el debate sobre la independencia de Escocia en Europa. No es seguro que el nuevo rey Carlos pueda desempeñar el mismo papel entre Inglaterra y Escocia. Ahora, el partido independentista (regional) que gobierna en Edimburgo, el SNP, anunció que quiere celebrar un nuevo referéndum en 2023, a pesar de la oposición del gobierno central, y le pide al Tribunal Supremo del Reino Unido que se lo permita, a pesar de que la Ley de Descentralización establece que los asuntos constitucionales son responsabilidad de Westminster.
El problema se planteará en términos diferentes en Irlanda del Norte, donde las tensiones comunitarias entre unionistas (en su mayoría, protestantes) y nacionalistas (en su mayoría, católicos) también se han agudizado por el Brexit y, luego, por las tensiones en torno al Protocolo de Irlanda del Norte incluido en el acuerdo de retirada de la UE. El conjunto de Irlanda del Norte votó a favor de la permanencia en la Unión Europea, al igual que Escocia, pero de forma diferente según la comunidad: los votantes católicos votaron en un 85 % a favor de la permanencia en la UE, mientras que los protestantes votaron en un 60 % a favor de la salida, lo que provocó nuevas tensiones políticas en la provincia. El acuerdo de salida aprobado por Boris Johnson, que prevé controles aduanales entre Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) e Irlanda del Norte para evitar la imposición de una frontera física entre el norte y el sur de la isla que materialice la frontera de la UE, las ha exacerbado: los unionistas protestantes rechazan esta frontera simbólica con el resto del país, lo que ha llevado a Boris Johnson y a Liz Truss a cuestionar el acuerdo con Bruselas y a presentar un proyecto de ley que lo violaría al eliminar unilateralmente los controles aduanales. Los protestantes bloquean ahora el funcionamiento de la nueva asamblea regional que se eligió en primavera, en la que, por primera vez, el Sinn Fein se impuso, lo que simboliza el cambio demográfico en la provincia, donde los católicos son mayoría ahora. La reunificación de Irlanda se ha convertido en una posibilidad real, al menos a largo plazo.
Los protestantes bloquean ahora el funcionamiento de la nueva asamblea regional que se eligió en primavera, en la que, por primera vez, el Sinn Fein se impuso, lo que simboliza el cambio demográfico en la provincia, donde los católicos son mayoría ahora.
PAULINE SCHNAPPER
Inestabilidad política y tentación populista
El nivel de confianza de los ciudadanos británicos en sus instituciones y en el personal político ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, tal y como demuestran la British Social Attitudes Survey y la Hansard Society. Por ejemplo, el número de encuestados que «casi nunca» confía en el gobierno ha pasado del 11 %, en 1986, al 34 %, en 2019. Por el contrario, el número de personas que «casi siempre» o «la mayoría de las veces» confían en el gobierno ha caído del 38 % al 22 %, en 2016, y sólo al 15 % en 2019. Los partidos están en el mismo barco: en 2019, el 50 % de los encuestados por IpsosMori consideró que los principales partidos y políticos no se preocupan por ellos. En 2019, el 72 % de los encuestados consideró que el sistema político «necesita una mejora urgentemente», frente al 50 % de principios de los años 90. Esta desconfianza va acompañada de una demanda de democracia más participativa y, al menos hasta 2016, de una democracia más directa. Cabe destacar que la caótica experiencia del Brexit ha atenuado ligeramente el entusiasmo de los británicos por un referéndum.
La crisis de legitimidad no facilita la tarea de los partidos políticos tradicionales. Desde los años 80 y 90, se enfrentan a una crisis de activismo, por un lado, y a una pérdida de atractivo electoral, por otro. Esto ha tenido lugar en un contexto de mayor volatilidad electoral, acentuada por el referéndum del Brexit, que hizo estallar las distinciones ideológicas habituales entre los partidos1. El tradicional sistema bipartidista del Reino Unido, enmarcado en el sistema de votación por mayoría, que favorece a los principales partidos nacionales (o a los partidos con una fuerte base regional que tienen probabilidades de salir victoriosos en esas circunscripciones), se ha debilitado por la aparición momentánea o sostenida de terceros partidos. Además de los partidos nacionalistas escoceses y galeses, que se han fortalecido a costa de los laboristas, el Partido Liberal Demócrata también se ha fortalecido a nivel nacional. Ha disfrutado de un renacimiento desde la década de 1980, al participar en un gobierno de coalición con los conservadores entre 2010 y 2015, antes de experimentar otro eclipse hasta 2019, y, ahora, al aprovechar los reveses del gobierno para ganar algunos escaños en las elecciones parciales. Esto es especialmente cierto en el caso del UKIP, casi desaparecido y que ganó la batalla del Brexit sin apenas escaños en el Parlamento de Westminster, simplemente al presionar al partido conservador para que celebrara un referéndum sobre la salida de la Unión Europea y al conseguir halagadores éxitos en las elecciones europeas de los años 2000 y 2010.
Ante esta nueva situación, los principales partidos reaccionaron de diferentes maneras. Tras su doble derrota en 2010 y 2015, los laboristas optaron, primero, por una izquierda radical al elegir a Jeremy Corbyn como líder, lo que les costó dos nuevas derrotas en las elecciones generales anticipadas de 2017 y 2019. La elección de Keir Starmer en 2020 implicó un reenfoque del partido hacia posiciones cercanas al Nuevo Laborismo de Tony Blair (sin su carisma) y una subida en las encuestas, mientras que el gobierno de Boris Johnson se hundía en el escándalo. Los calamitosos primeros pasos de la nueva primera ministra Liz Truss, este otoño, permitieron a los laboristas ampliar la diferencia en las encuestas de opinión. Sin embargo, el partido se ha mostrado extremadamente cauteloso en cuestiones europeas desde que el Brexit se hizo realidad, a pesar del apoyo personal de Keir Starmer a un segundo referéndum antes de 2019, lo que se explica por el miedo a no poder recuperar a los votantes laboristas que estaban a favor del Brexit, en 2016, y que se habían pasado a los conservadores, en 2017 y 2019. Ahora, Starmer habla de «hacer que el Brexit funcione», de mejorar las relaciones con la Unión, no de volver a la Unión ni de la elección de Johnson de abandonar el mercado único y rechazar cualquier acuerdo de cooperación con la Unión Europea en política exterior y defensa.
El tradicional sistema bipartidista del Reino Unido, enmarcado en el sistema de votación por mayoría, que favorece a los principales partidos nacionales (o a los partidos con una fuerte base regional que tienen probabilidades de salir victoriosos en esas circunscripciones), se ha debilitado por la aparición momentánea o sostenida de terceros partidos.
PAULINE SCHNAPPER
La decisión que tomó el partido conservador, desde mediados de la década del 2000, pero de forma aún más dramática desde el referéndum del Brexit, ha sido acoger el zeitgeist y adoptar una postura que puede calificarse de populista. Ya en 2005, el partido, bajo el liderazgo de David Cameron, adoptó una retórica antiinmigración y se comprometió a reducir la llegada de inmigrantes a menos de 100000 al año cuando volviera al poder. Al mismo tiempo, la retórica antieuropea no dejó de crecer, bajo la presión del UKIP, hasta que Cameron prometió celebrar un referéndum sobre la permanencia en la UE, lo que condujo al resultado que conocemos. Después de 2016, Theresa May y, luego, en particular, Boris Johnson retomaron un discurso nacionalista antieuropeo que se centró en la idea de la voluntad del «pueblo» sobre recuperar su soberanía (Take Back Control), lo que acusó a todos los opositores al Brexit de querer traicionarlo. En septiembre de 2019, Johnson expulsó a 21 diputados conservadores proeuropeos que querían votar a favor de la legislación propuesta para evitar una salida de la UE sin acuerdo. Algunos de sus allegados en el gobierno también atacaron a altos funcionarios, jueces, políticos y otros periodistas de la BBC, acusándolos de ser «removedores» que se negaban a aceptar la voluntad popular expresada en el referéndum.
Esta sobrepuja nacionalista benefició, inicialmente, a los conservadores, o a Boris Johnson para ser precisos, quien contribuyó mucho a la victoria del Leave en 2016,, se convirtió en primer ministro tras el fracaso de Theresa May en la aprobación de su proyecto de acuerdo para abandonar la UE y quien, finalmente, obtuvo una amplia victoria en las elecciones de 2019. Sin embargo, se topó con la realidad política y económica del país. El electorado pro-Brexit estaba ampliamente dividido entre los conservadores tradicionales apegados a la soberanía y al liberalismo económico, por un lado, y los antiguos votantes laboristas menos formados, víctimas del cambio tecnológico y de la globalización, por otro, que reclamaban, por el contrario, inversiones públicas en sus territorios tras años de recortes presupuestarios que llevaron a severas reducciones de entre el 15 y el 20 % de los presupuestos sociales, de los servicios públicos y de las administraciones locales, lo que incrementó las desigualdades regionales (al afectar a zonas más desfavorecidas) y sociales. Estas aspiraciones contradictorias no podían conciliarse. El Brexit tiene un importante costo económico en términos de comercio y mano de obra (estimado en un -6 % del PIB en 10 años por el Think Tank UK in a Changing Europe), al que se han sumado los gastos derivados de la crisis sanitaria y, ahora, de la crisis energética y de la previsible recesión, a la que el gobierno de Truss opuso un proyecto de reducción de impuestos sin financiación que se vio obligado a abandonar por la presión de los mercados financieros, lo que provocó una nueva crisis política. Nada podría ilustrar mejor la deriva radical y la creciente desconexión del partido con la realidad social y económica del país que la elección de Liz Truss por parte de los militantes con un programa que se presenta como rupturista con la ortodoxia del Ministerio de Hacienda.
Resistencia del sistema
El Reino Unido atraviesa una grave crisis política de la que aún no ha conseguido salir desde el voto a favor del Brexit y que es especialmente preocupante en el contexto de la actual crisis económica mundial. Aun así, con una nueva primera ministra prestada, podemos ver que el país está llegando al final de un momento populista, simbolizado por los excesos y contradicciones de un Boris Johnson y, en general, del movimiento pro-Brexit que tomó las riendas del poder en 2016. Este punto de inflexión podría manifestarse tanto a corto plazo, si el partido conservador logra unirse en torno a posiciones más consensuadas, como en las próximas elecciones generales, ya sea que se celebren rápidamente o en el momento previsto (finales de 2024). Los laboristas, por primera vez desde 2010, están en condiciones de presentarse de forma creíble como dispuestos a gobernar, mientras que los conservadores siguen hundiéndose en la división y la incoherencia por el momento.
El Reino Unido atraviesa una grave crisis política de la que aún no ha conseguido salir desde el voto a favor del Brexit y que es especialmente preocupante en el contexto de la actual crisis económica mundial.
PAULINE SCHNAPPER
La institución parlamentaria, vapuleada como nunca desde principios del siglo XX, ha resistido los golpes de los Brexiters y ha podido, a través de las elecciones de 2019, retomar su funcionamiento normal y controlar la acción del gobierno. El sentimiento nacional que se apoderó del país tras la muerte de la reina demostró un apego a la monarquía y a las instituciones que no era evidente en el contexto actual y dio testimonio de una forma de unidad dañada por las fracturas del Brexit.
Por último, aunque la independencia de Escocia y la reunificación de Irlanda son hipótesis plausibles, no hay indicios de que ninguna de ellas pueda producirse a corto plazo. En Escocia, por ejemplo, a pesar del Brexit, las encuestas indican que la población está muy dividida sobre el tema. Un retorno de los laboristas al poder en Londres podría, incluso, debilitar al movimiento nacionalista, que actualmente está utilizando la impopularidad del gobierno conservador para impulsar la independencia.
Por lo tanto, el modelo parlamentario británico no debe enterrarse demasiado rápido, aunque las consecuencias políticas y económicas de la histórica decisión del Brexit resonarán durante mucho tiempo. En este sentido, es revelador y preocupante que ninguno de los dos grandes partidos gobernantes tenga el valor de afrontar públicamente la realidad de los efectos, tanto políticos como económicos, del Brexit.
