COP 27 en Egipto: dilema entre los derechos humanos y la agenda climática

La 27ª conferencia de las Naciones Unidas (o COP 27) se inaugurará en noviembre en la pequeña ciudad costera de Sharm el-Sheikh (74.000 habitantes) en Egipto, situada entre el Sinaí y el Mar Rojo. Este será el cuarto país del continente africano que acoja una conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, después de Sudáfrica, Kenia y Marruecos (que ha acogido dos ediciones).

Aunque las tendencias desde la primera COP celebrada en Berlín en 1995 sugieren que el evento de este año no destacará por su magnitud, la cuestión de la relación del gobierno egipcio con los activistas medioambientales -pero también con los investigadores- sí plantea interrogantes. El lunes, la ONG Human Rights Watch destacó en un informe que «el gobierno egipcio ha restringido gravemente la capacidad de los grupos ecologistas para llevar a cabo una política independiente, una defensa y un trabajo de campo esenciales para proteger el medioambiente natural del país»¹.

Sin embargo, aunque la trayectoria del carbono y los esfuerzos del país anfitrión son importantes en la elección que hacen las Naciones Unidas, también lo es el compromiso de la sociedad civil. El manual de la ONU para acoger conferencias sobre el cambio climático afirma que: «Los países anfitriones deben promover una amplia estrategia de participación de la sociedad civil, basada en los principios de transparencia, apertura e inclusión»².

La última COP, celebrada en Glasgow el año pasado (con resultados dispares), contó con el mayor número de observadores de las ONG y los medios de comunicación. Estos últimos son los garantes de la transparencia de la conferencia, así como del compromiso de la sociedad civil. Aunque la Secretaría de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) ha declarado que «mantendrá el mismo nivel de calidad en la facilitación de la inscripción a la conferencia y los actos de las ONG en el lugar de la COP que en sesiones anteriores», el informe de Human Rights Watch indica que los actores de la sociedad civil egipcia pueden estar infrarrepresentados³.

Algunos miembros de grupos de derechos humanos y medioambientales se han mostrado reacios a participar públicamente en la COP 27 por «miedo a las represalias». Según ellos, «es probable que el aparato de seguridad se centre más que nunca en la sociedad civil ecologista de Egipto […] cuando termine la COP, podrían empezar a mirar y ver quién está haciendo qué, quién obtuvo fondos de dónde, por ejemplo».

Esta edición de la COP pondrá así a prueba a un gran número de delegaciones que representan a gobiernos que han decidido combinar la lucha por los derechos humanos con la del cambio climático. Es el caso, en particular, de Joe Biden, cuya arriesgada visita a Arabia Saudí el pasado mes de julio fue criticada por un gran número de personalidades políticas, pero también por las ONG, entre ellas Human Rights Watch.