El Estado de derecho en Polonia amenaza el pago de los fondos europeos

Ya en 2017, la Comisión activó un procedimiento del artículo 7 para abordar un posible riesgo de que Polonia violara los valores de la Unión. Este verano se han producido una serie de avances en la relación entre Polonia y la UE en lo que respecta al Estado de Derecho y, sobre todo, a la liberación de 35.400 millones de euros vinculados al plan de recuperación post-Covid que se destinarán al país.

• Se trata de la creación por parte del gobierno del PiS (Derecho y Justicia) de una sala disciplinaria para los jueces, en la que serían juzgados por otros jueces nombrados por el gobierno, y contra cuyas decisiones tendrían pocos recursos.

Al considerar que esta medida constituía una violación de la imparcialidad del poder judicial, la Comisión luchó por su supresión. Polonia la suprimió en junio, allanando el camino para el pago de los fondos, decisión validada por la Comisión y luego por el Consejo de la Unión. Sin embargo, se ha criticado que la independencia de los jueces y su derecho a recurrir en caso de condena siguen estando bajo una fuerte influencia política. El TJUE ha condenado al Consejo de la Unión.

Mientras tanto, la Comisión pareció adoptar una postura conciliadora con Polonia respecto a la guerra de Ucrania y no activó el mecanismo de condicionalidad para el desembolso de fondos, como hizo con Hungría.

• La semana pasada, la ministra de Economía polaca dijo que creía que Varsovia estaba «en el buen camino para conseguir el dinero». Pero esta no es la posición oficial de la Comisión, que dice que sin una reforma fundamental del sistema judicial no se pagará.
• En Princeton, a finales de septiembre, von der Leyen afirmaba que: «Si las cosas van en una dirección difícil -y mencioné a Hungría y Polonia- tenemos las herramientas», provocando la ira del Primer Ministro polaco, que habló de una dictadura de Bruselas contraria al Estado de Derecho¹.

Lo cierto es que, ante la proximidad del invierno, el dinero de la Comisión es bienvenido para ayudar a afrontar una crisis energética sin precedentes. La Plataforma Cívica de la oposición polaca ha criticado al gobierno por no aportar los fondos necesarios al negarse a poner en marcha una reforma judicial.

Según informaciones del portavoz de la Comisión, Stefan De Keersmaecker, obtenidas por Euractiv, Bruselas se dispone a congelar el pago de los 76.500 millones de euros previstos en el acuerdo de asociación adoptado el pasado mes de junio². Sin embargo, el diálogo entre Bruselas y Varsovia sigue en marcha, y la Comisión espera propuestas sobre medidas relacionadas con la independencia del poder judicial en Polonia antes de reconsiderar la congelación³.

Jan Krzysztof Kordys escribió en nuestras columnas el pasado mes de julio sobre el partido Ley y Justicia en el poder en Polonia: «La red del PiS se basa en vínculos informales, personales o de parentesco, lo que le permite imponer, de arriba abajo, decisiones que van más allá de los límites habituales de un Estado de Derecho. Encontramos un patrón de pensamiento heredado de la época comunista, en el que el Estado (e idealmente la sociedad en su conjunto) está vinculado al partido.