En octubre de 2020, el profesor de historia y geografía Samuel Paty fue trágicamente asesinado por un refugiado en el departamento francés de Val d’Oise. Durante una clase sobre libertad de expresión, le había enseñado a sus alumnos las caricaturas de Mahoma publicadas en la revista satírica Charlie Hebdo. Estas publicaciones han trascendido al ámbito nacional: un profesor las utilizó en el suburbio británico de Leeds y desde entonces ha sido suspendido temporalmente. En otros lugares, como Turquía, Irán y Pakistán, las caricaturas han provocado importantes manifestaciones, alegando una fuerte oposición al principio de laicidad francesa.

Patrick Weil es historiador, politólogo, director de investigación en el CNRS y profesor visitante en Yale.

El asesinato de Samuel Paty ha puesto también de manifiesto la colosal dificultad que tienen los franceses -y en particular los profesores franceses- para entender la laicidad, lo que ha llevado a Patrick Weil a publicar, en abril de 2021, De la laïcité en France. El autor propone repasar la Ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Estudia los orígenes (extranjeros, en particular) de la ley y los trabajos de la comisión parlamentaria presidida por Aristide Briand, así como sus consecuencias, haciendo especial hincapié en la organización de una policía religiosa encargada de imponer la laicidad. Demuestra que si la laicidad es la libertad de creer y no creer sin presiones, es también -y sobre todo- una cuestión de soberanía estatal.

En esta entrevista, Patrick Weil propone revisar la definición de laicidad para hacerla inteligible, tanto en su relación con la historia como en sus comparaciones con otros regímenes europeos y extraeuropeos. La labor pedagógica se fusiona así con un análisis geopolítico de la laicidad.

Laicidad, una excepción francesa contextualizada

En su libro De la laïcité en France, repasa la Ley de 1905 sobre la separación entre la Iglesia y el Estado y explica que, más allá de los debates filosóficos, sociológicos y políticos sobre el tema, resulta posible definir claramente la laicidad en tanto que concepto legal. ¿Cuál es su definición?

Efectivamente, la Ley de 1905 es un texto legal y debe leerse e interpretarse como tal. Ha habido debates filosóficos, históricos, comparaciones internacionales… Sin embargo, el texto fue concebido y fijado con extrema delicadeza. Además, no puede comprenderse sin considerar que su aplicación fue efectuada por quienes la escribieron. Aristide Briand, ponente de la ley en la Cámara de Diputados, fue posteriormente durante cinco años, de 1906 a 1911, ministro encargado de Asuntos Religiosos.

Los artículos 1 y 2, los más conocidos, no pueden leerse de manera independiente de los siguientes, sobre todo de aquellos que conciernen a la política de cultos. El artículo 1 1 asegura la libertad de conciencia y «garantiza el libre ejercicio de los cultos con las únicas restricciones dictadas a continuación por el interés del orden público». A veces se cree que el ejercicio libre del culto corresponde a ir a un lugar de culto para rezar, a una iglesia, templo, sinagoga o mezquita. Pero no es eso. Por un lado, está la libertad de conciencia, lo interno -lo que uno siente y piensa-. Esta libertad es absoluta y no tiene limitaciones de orden público. Por otro lado, está lo externo -la manifestación externa de la fe, que puede darse en el uso de una cruz, un velo o una kipá en la calle-. Toda manifestación individual es un ejercicio de culto. No hay más limitaciones en este aspecto que aquellas relativas al orden público.

El artículo 2 2 establece la separación entre la Iglesia y el Estado. Anteriormente, existían religiones reconocidas sobre la base del Concordato de 1801 3 firmado con el Vaticano. Dicho acuerdo permitía la financiación de las religiones por el Estado que, además, nombraba a los ministros de cada religión. La separación implica el cese del reconocimiento y la financiación de los cultos, así como la organización de la libertad de cultos en el marco de asociaciones dedicadas a ello. La separación ya no distingue entre aquellos franceses que forman parte de religiones reconocidas, aquellos que son miembros de religiones no reconocidas o aquellos que no son creyentes. En virtud de la Ley de 1905, el vínculo espiritual con el catolicismo se rompe y el Estado se declara arreligioso.

La Ley de 1905 es por tanto una ley de libertades, pero estas están protegidas por disposiciones penales, inscritas en una política de cultos, hasta ahora prácticamente olvidada por aquellos que han analizado dicha ley. Como dijo en 1905 Paul Grunebaum-Ballin, uno de los dos consejeros de Estado que trabajaron en el proyecto de ley, la proclamación del derecho a la propiedad implica la protección de ese derecho en el Código Penal. Lo mismo ocurre con la laicidad. Mediante el artículo 1, la ley protege a cada ciudadano contra las presiones de otros para hacer conocer su ejercicio de un culto o para impedirlo (artículo 31 4). A través del artículo 2 (la separación), un artículo dispone que, si alguien perturba una manifestación colectiva del culto, puede ser multado o condenado a prisión 5. Pero si un ministro de una religión ataca a los funcionarios 6 o llama a los ciudadanos a sublevarse contra ellos, puede también ser multado o enviado a prisión 7. Se trata, por tanto, de una protección de la sociedad y del Estado contra un eventual abandono del marco religioso por parte de una persona que ostenta la autoridad religiosa.

La ley de 1905 es una ley de libertades protegidas por disposiciones penales, inscritas en una política de cultos, hasta ahora prácticamente olvidada por aquellos que han analizado dicha ley

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La garantía de las disposiciones de la Ley de 1905 compromete al Estado a la separación. El Estado organiza sus relaciones con los cultos en Francia pero también en relación con otros estados, especialmente el Vaticano. Dice que la ley se inscribe en un contexto de afirmación de la soberanía de Francia. ¿Qué vínculos hay entre la laicidad y la soberanía?

Los textos legales se inscriben en su contexto histórico. Existía una importante intrusión de la Iglesia católica en los asuntos de Francia. La Iglesia había combatido la institución de la República y se había implicado, a través de algunos de sus organismos, en el caso Dreyfus. Esto se conoce como clericalismo, es decir, la intervención de lo religioso en los asuntos públicos. Los franceses habían tenido suficiente. El momento del giro de la opinión pública tuvo lugar en 1904, cuando el presidente francés Émile Loubet visitó Italia a raíz de la invitación del rey de Italia. El papa envió una carta a los soberanos católicos de Europa criticando a Loubet y subrayando que, como católico, debía obediencia al papa. La carta fue filtrada por el príncipe de Mónaco, que se la entregó a Jaurès. Francia cambió. El trabajo iniciado por Briand en la Cámara de Diputados encontró una salida política y la ley encontró los apoyos necesarios. La Ley de 1905 es, por tanto, el resultado de la afirmación de la soberanía de Francia con respecto a un estado extranjero.

Pero también marca la soberanía de la República sobre los cultos. La idea de los legisladores era, como afirmó Raoul Allier, uno de los creadores de la ley, establecer “una Iglesia religiosamente libre en un Estado políticamente protegido de sus amenazas”. De ahí la necesidad de una policía de cultos. El Estado tiene el derecho a protegerse del clericalismo. El hombre religioso es un ciudadano y puede participar en la elaboración de las leyes como ciudadano, pero debe obedecer las leyes.8

La ley de 1905 es el resultado de la afirmación de la soberanía de Francia con respecto a un Estado extranjero. Pero también marca la soberanía de la República sobre los cultos.

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El Estado ejerce entonces un acto de soberanía a través de esta ley. Sin embargo, como usted detalla, la labor del legislador no se realiza en el alboroto de un instante, en respuesta a un incidente diplomático con el Vaticano, sino sobre la base de estudios prolongados, que incluyen comparaciones con legislaciones extranjeras. ¿A qué escala se realiza este trabajo y cómo encaja Francia en un contexto que va más allá de su propia historia?

El trabajo realizado para estudiar y comparar la legislación extranjera es impresionante. Se estudia un gran número de países, sobre todo en Europa. Existe en primer lugar una fuente de inspiración cercana, el caso italiano. Como Italia se formó en parte contra el papa, el informe de Briand muestra su interés por la existencia de una policía de cultos que castiga con penas superiores al derecho común toda incitación por parte de los eclesiásticos a no respetar las leyes. Se cita a Cavour (“una Iglesia libre en un Estado libre”) para señalar, sin embargo, que la separación no es completa.

La inspiración más potente sigue siendo América del Norte, principalmente México y Estados Unidos. Sobre Estados Unidos, la comisión parlamentaria señala que “el principio de laicidad y de neutralidad del Estado está recogido en la constitución federal”9. La comisión añade: “La neutralidad del Estado no implica en América ni hostilidad ni indiferencia en relación con las religiones”. Es una neutralidad “benévola, cuya utilidad es generalmente reconocida”. Se da, de esta manera, una separación jurídica, pero también una unión moral entre la Iglesia y los estados. Existe también una policía de cultos, pero esta se organiza casi en favor de las religiones. Se castiga la blasfemia, se prohíbe trabajar en domingo, etc.10

El caso mexicano es diferente porque no se puede hablar de unión moral entre Iglesia y Estado. México tuvo que enfrentarse en una guerra civil a una Iglesia conservadora. La separación es, como consecuencia, completa. Así también lo es la autoridad del Estado sobre las religiones en materia de orden público. Se prohíben las ceremonias religiosas fuera de los lugares de culto. México inspira a la República francesa.

Si nos centráramos en el caso estadounidense y mexicano, tendríamos la impresión de que la laicidad es una noción revolucionaria, heredera de una revolución. Cuando Estados Unidos inscribe en la Primera Enmienda de su constitución el principio de laicidad, se trata ante todo de proteger a los individuos de la intrusión del Estado, dado que su historia es la de un Estado que se constituyó contra la intervención británica. 

No siempre es así. En Italia, es el Tribunal Supremo el que decide en 1988 que la laicidad es “un principio supremo del orden jurídico italiano”, en el contexto de una cuestión de constitucionalidad. “En razón de su carácter supremo, este principio no puede ser sujeto a revisión constitucional”. Es una de las “piedras angulares del Estado”. Se trata de un proceso jurídico. Es una versión de la laicidad que no conlleva necesariamente la afirmación de una separación firme ni de una soberanía absoluta del Estado como ocurre en el caso francés.

Formas de laicidad y sensibilidades nacionales

Sobre las formas de la laicidad, la historiadora Valentine Zuber considera que “la laicidad de un Estado se mide no tanto a través de su organización socio-religiosa o de su forma política como a través de su respeto de varios criterios constitutivos del Estado de derecho”11 . ¿Suscribe usted este concepto de laicidad como noción jurídica?

Sí, la laicidad es una noción jurídica… de la que se debe conocer, sin embargo, todas sus dimensiones.

La laicidad es una noción jurídica… de la que se debe conocer, sin embargo, todas sus dimensiones.

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En ese caso, ¿qué es lo que define las formas de laicidad? ¿Es una cuestión del grado de aplicación de las reglas del Estado de derecho?

Cada texto muestra una sensibilidad. 

Hay detalles que reflejan las distintas sensibilidades. En Estados Unidos es esencial que no haya ni un dólar de los fondos federales destinado directamente a las religiones. Mientras tanto, en Francia, los contribuyentes pagan el mantenimiento de las iglesias. En contraste, en Francia se rechaza toda manifestación pública de la fe por parte de un funcionario –ningún signo religioso, y las oraciones públicas están prohibidas–. En Estados Unidos,  la Corte Suprema distingue a los adultos de los niños. Rechazó como inconstitucionales las oraciones en la escuela pública, provocando un enorme trauma en la sociedad de entonces. Pero consideró que la conciencia de los menores debe ser protegida. En lo que concierne a los adultos, por ejemplo, la Corte considera que una oración en el Congreso no es inoportuno: un adulto debe ser capaz de hacer frente a las actividades religiosas que no le gustan. Si no está contento, puede salir de la sala o leer su periódico mientras espera que la oración se acabe.

En el caso de Francia, la policía de cultos se ocupa particularmente de la intervención de la religión en la esfera política, lo que refleja las preocupaciones de la época. Tras la adopción de la Ley de 1905, el papa Pío X llama al conjunto de los católicos de Francia a rechazarla. Cardenales y obispos evocan seriamente una guerra civil. Briand y Clemenceau entran en el gobierno y trazan una estrategia: proteger a la masa de creyentes católicos y atacar directamente a los eclesiásticos alborotadores únicamente. Persiguen a cardenales, arzobispos, obispos o curas que, desde lo alto de sus púlpitos, abusan de su autoridad moral, amenazando a los niños con privarlos de la primera comunión si estudian ciertos libros de historia incluidos en el índex, o a los padres con negarles los sacramentos si llevan a sus hijos a la escuela pública. Para Briand, las penas de la policía de cultos deben ser más severas que las del derecho común. No es posible, decía, tratar de la misma manera al sacerdote en su púlpito y al simple ciudadano en una tribuna pública 12. La autoridad moral y el alcance de sus palabras implican deberes particulares. Centenares de eclesiásticos son consecuentemente condenados. Briand y Clemenceau ganan la guerra civil contra el papa, sin combates. Clemenceau fue dos veces presidente del Consejo y ambas veces jefe durante una guerra: la guerra civil religiosa, que no se dio, y la Gran Guerra.

Habla usted mucho de la escuela. Escribió su libro tras la trágica muerte de Samuel Paty, asesinado por haber mostrado a sus alumnos las caricaturas de Mahoma de Charlie Hebdo. Paty obtuvo póstumamente la Legión de honor y se rindieron homenajes nacionales en su memoria. Algunos meses más tarde, en el Reino Unido, un profesor de la ciudad de Leeds mostró las mismas caricaturas a sus alumnos. La oposición de un gran número de padres de alumnos musulmanes (que incluyó amenazas de muerte) llevaron a la suspensión temporal del maestro mientras se llevara a cabo una investigación. ¿Cómo explicar el trato tan diferente de una misma práctica pedagógica en estos dos Estados? 

Aunque haya un vínculo entre laicidad y libertad de expresión –ambas son parte del proceso de secularización del derecho y del Estado–, es esencial distinguirlas.

En Francia, la libertad de expresión, incluida en el ámbito religioso, data de los primeros momentos de la Revolución. Es heredera de un asunto que marcó tanto esa época como a las siguientes generaciones, el caso del caballero de la Barre. Era un joven de 19 años condenado a ser decapitado después del suplicio de la tortura –le rompieron los huesos después de haberle atravesado el cuerpo con una espada que ensartaba el Diccionario filosofico de Voltaire– simplemente porque algunos rumores afirmaban que había manchado un crucifijo en un cementerio y que no se había descubierto ante una procesión. El arzobispo de Amiens pidió que fuera indultado pero el rey se negó. El hecho de que la ley del Estado se entrometiera para juzgar las críticas a la religión hasta llevar a un hombre joven al patíbulo causó una conmoción nacional. Una parte de la Francia católica proclamó que no debía morirse por reírse o burlarse de la religión. 

El régimen de libertad de expresión precede con mucho, por consiguiente, al de la laicidad. Se basa en el laissez faire, en el derecho al irrespeto, incluso en lo referente a la religión, mientras que la laicidad organiza el derecho al respeto de todas las opciones espirituales. No es por tanto el mismo régimen jurídico.

El régimen de libertad de expresión precede con mucho, por consiguiente, al de la laicidad. Se basa en el laissez faire, en el derecho al irrespeto, incluso en lo referente a la religión, mientras que la laicidad organiza el derecho al respeto de todas las opciones espirituales.

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Inglaterra tiene una historia totalmente diferente en lo que respecta a la blasfemia. Hasta hace muy poco, la blasfemia estaba prohibida únicamente con respecto a la Iglesia anglicana. Tony Blair quiso generalizar esta prohibición hacia todas las religiones, pero el Parlamento no lo aceptó. Para garantizar la igualdad, el derecho a la blasfemia se generalizó. Pero es reciente y es una cuestión legal. Desde un punto de vista cultural e histórico, hay una tradición totalmente opuesta en el Reino Unido, que se refleja en las relaciones sociales. 

El derecho puede estar desfasado con respecto a la sociedad. Siempre doy este ejemplo a mis estudiantes estadounidenses: en su país, la blasfemia es legal, constitucional, más aún que en la propia Francia. Sin embargo, si manifiestas la más mínima duda sobre la existencia de Dios, no tienes ninguna posibilidad de ser elegido en una elección nacional. Una multitud de ciudadanos estadounidenses no se fían de ti si no eres creyente. Los ingleses acaban de cambiar sus leyes, pero su educación y tradiciones siguen condenando la blasfemia.

Laicidad y libertad de expresión, la historia de dos conceptos mal entendidos que a menudo se confunden

La laicidad y la libertad de expresión tienen historias y fuentes jurídicas diferentes. ¿Podemos entender las recientes polémicas en países predominantemente musulmanes, especialmente Turquía y Pakistán, tras la reedición de las caricaturas de Charlie Hebdo, en términos de una confusión entre laicidad y libertad de expresión?

Sí, claramente. La confusión ya existe en Francia… El caso turco es muy interesante. Los turcos tienen la palabra laiklil para la laicidad. A Atatürk le gustaba la laicidad francesa, la soberanía de la República sobre la religión. Sin embargo, el régimen laico turco es diferente, ya que los imanes son nombrados por el Estado. La predicación y la oración del viernes están escritas por el gobierno. Por lo tanto, los turcos saben muy bien que existe una diferencia entre la organización de la religión y la libertad de expresión. Esto se debe explicar. ¡Debemos contar la historia del caballero de la Barre en turco y en muchas otras lenguas!

¡Debemos contar la historia del caballero de la Barre en turco y en muchas otras lenguas!

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En este caso preciso, ¿cuáles son las nociones legales que permiten comprender que el hecho de mostrar caricaturas del profeta en Francia no constituye una acción contra los musulmanes, tal como se ha repetido en los países donde se produjeron las manifestaciones?

Es sencillo: hay una diferencia entre el derecho a criticar las religiones, incluido el Islam, y el ataque contra los musulmanes. Los ataques a los musulmanes, el racismo antimusulmán, los llamamientos a la violencia o la discriminación contra los musulmanes han sido condenados como insultos, por ejemplo en los casos de Brigitte Bardot o Eric Zemmour. Pero cualquier representación que se burle de Cristo o de un profeta de una religión concreta forma parte de la libertad de expresión. No es lo mismo que el derecho a practicar la propia religión, organizado por la laicidad, que permite a los creyentes y, por supuesto, a todos los musulmanes practicar su religión en Francia. 

Por lo tanto, ¿la laicidad sólo puede entenderse en relación con la intensidad de la práctica religiosa en general en la sociedad?

La laicidad es un sistema jurídico que funciona en periodos de fuerte –como fue el caso en 1905– o débil práctica religiosa. Y hay que explicárselo a los niños en las escuelas, por ejemplo. Suelo presentarlo así: «Tus padres te han transmitido sus opiniones sobre la existencia o no de Dios. Ahora tienes derecho a hacer tu propio camino con toda libertad de conciencia, sin presiones. Si alguien te presiona, esa persona puede ir a la cárcel. Si presionas a alguien, puedes ir a la cárcel. Si tu profesor no tiene ningún signo religioso, si es creyente, es por respeto a ti. Es el caso de todos los funcionarios públicos». En general, escuchan y comprenden.

Si la laicidad puede explicarse con tanta facilidad al ser un concepto jurídico claramente definido, ¿no sigue dependiendo de sus interpretaciones políticas?

La laicidad nunca está desvinculada de las batallas de interpretación, políticas o religiosas. En Estados Unidos, la Primera Enmienda es también objeto de batallas y diferentes interpretaciones según la época. Son los tribunales los que deciden. El Congreso rara vez interviene. Hoy en día, en nombre de la religión, se exige la exención de la aplicación de la ley federal –para el matrimonio homosexual– o incluso su cuestionamiento –para el derecho al aborto–. Esta movilización tiene fuentes religiosas, pero es el Tribunal Supremo el que decidirá. En Francia, tendemos a mezclar la laicidad con muchos otros ámbitos. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre la laicidad y la igualdad de género? La Ley de 1905 obliga a las religiones y a los religiosos a respetar las leyes de la República. En 1905, la desigualdad de género prevalecía en nuestras leyes. Pero las leyes han evolucionado. Hoy en día, las autoridades religiosas deben respetar la igualdad de género, al igual que todas las demás leyes.

¿Se puede explicar y hacer inteligible la laicidad también en Estados Unidos?

He tenido que hacerlo muchas veces ante el público estadounidense, que se escandalizó, por ejemplo, por la prohibición del velo en las escuelas públicas en 2004. Explico, en particular, que la ley de 2004 no es una ley contra el velo, sino una ley contra la presión religiosa. En los institutos franceses, los jóvenes atacaban a las jóvenes que no llevaban el velo para obligarlas a hacerlo. La libertad de las jóvenes de cultura musulmana fue violada por grupos religiosos -en este caso los Hermanos Musulmanes- que organizaron la presión sobre ellas. De ahí la prohibición de todos los símbolos religiosos llamativos. Está en juego el derecho de las niñas que llevan el velo o de los niños que llevan la kipá: pero tenemos escuelas privadas financiadas por el Estado que, al tener que aceptar a niños de todas las religiones, suelen acoger a estos niños. Esto no es ideal en principio, pero pragmáticamente ha traído cierta paz a las escuelas. Cuando la ley se presenta a los estadounidenses de esta manera, es decir, como lo que es, no siempre la aprueban, pero la entienden: ellos mismos protegen a sus niños escolarizados de toda una serie de presiones.

En otros lugares, en otros espacios, podemos combatir el velo filosóficamente, políticamente, intelectualmente, socialmente -tenemos derecho a decir que su regreso es el resultado de la llegada de Jomeini al poder y luego de las campañas dirigidas por Arabia Saudí o los Hermanos Musulmanes-, pero la propia ley puede únicamente intervenir si hay presión para llevarlo. Por lo demás, hay que respetar los espacios que ha creado: en el espacio estatal, la neutralidad; en el espacio público civil, el principio es el de la libertad de expresar la propia fe mediante signos. Pero si hay presión, la ley permite la intervención.

Es sencillo: hay una diferencia entre el derecho a criticar las religiones, incluido el Islam, y atacar a los musulmanes.

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La laicidad y sus desafíos contemporáneos

Usted dice que la noción es sencilla de entender, pero siempre se reaviva el debate sobre la laicidad. ¿Se trata de un debate franco-francés o se plantea en todos los Estados de derecho?

Existe intrínsecamente una competencia de soberanías entre grupos religiosos -no entre creyentes- y Estados. Francia ha vivido esta competencia con extrema intensidad, quizá porque la Iglesia francesa estaba organizada como el Estado francés.

Existe intrínsecamente una competencia de soberanías entre grupos religiosos -no entre creyentes- y Estados.

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Hoy, ante el desafío que supone la politización de ciertas franjas de la religión musulmana, la laicidad dispone de los instrumentos que había dejado de lado para proteger a la masa de creyentes de esos pequeños grupos que quieren instrumentalizar la religión al servicio de sus propios fines. Esta masa no tiene la voluntad de imponer una ley religiosa sobre la ley del Estado del que son ciudadanos. La laicidad francesa es, por tanto, un modelo muy moderno, ya que había previsto, un siglo antes, responder a este desafío. Tiene también la ventaja de respetar la igualdad entre creyentes y no creyentes, lo que no siempre ocurre en otros sistemas de organización de las religiones.

Si seguimos su razonamiento, la laicidad francesa sería casi un modelo moderno a replicar a escala europea para afrontar los retos del siglo. Usted cita en su libro una decisión del Consejo Constitucional de 2006 en la que se afirma que el principio de laicidad francesa puede constituir un límite fundamental a la transposición de las directivas europeas al derecho francés porque es un «principio inherente a la identidad constitucional de Francia». Si la laicidad permite reflexionar sobre una respuesta potencialmente europea a esta competencia de soberanías, ¿debe seguir siendo una especificidad francesa?

Todos los Estados miembros garantizan el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de culto o religión. La principal diferencia en Francia es la separación organizada, con una policía de cultos que se preocupa más bien de proteger a la sociedad civil y política de la presión de los grupos religiosos, por sobre lo contrario. En cambio, muchos Estados miembros de la UE tienen religiones oficiales, como Alemania, España y Polonia. Una vez más, esto es lo que paradójicamente acerca más a Francia a los Estados Unidos que a muchos Estados miembros.

La laicidad francesa es, por tanto, un modelo muy moderno, ya que había previsto, un siglo antes, responder a este desafío. Tiene también la ventaja de respetar la igualdad entre creyentes y no creyentes, lo que no siempre ocurre en otros sistemas de organización de las religiones.

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Por lo tanto, la vigilancia de las creencias religiosas es el elemento central de la naturaleza específica de la laicidad francesa. Como ha explicado, la laicidad distingue cuatro ámbitos: el privado, el estatal, el religioso y el público. Es en este último donde surgen los mayores interrogantes. Sin embargo, hoy en día la tecnología digital está redefiniendo los límites del espacio público y ampliándolo, en particular, fuera del territorio. ¿Puede ser realmente eficaz una policía nacional de las religiones?

La ley ya es muy flexible: el lugar de culto puede ser perfectamente la calle; si los fieles se reúnen en torno a una persona, ésta es efectivamente un ministro de culto. Si sus palabras llaman a agredir a los ciudadanos, entonces esa persona puede ser condenada por el artículo 35, aunque sea por medio de las nuevas tecnologías de la comunicación. La ley que se está debatiendo actualmente podría aclarar esta extensión y revisar la escala de sanciones, que no se había tocado durante décadas.

Lo importante es que se conserve el espíritu de 1905: la separación ha supuesto la desaparición de la administración de las religiones por parte del Estado que antes prevalecía, en beneficio de la única policía de los cultos que garantiza las libertades proclamadas por la laicidad.

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Notas al pie
  1. Artículo 1: “La República asegura la libertad de conciencia. Debe garantizar el libre ejercicio de los cultos bajo únicamente las restricciones relativas al interés del orden público”.
  2. Artículo 2: “La República no reconoce, ni paga los sueldos, ni subvenciona ningún culto. En consecuencia, a partir del 1 de enero que seguirá a la promulgación de la presente ley, se suprimirán de los presupuestos del Estado, los departamentos y los municipios, todos los gastos relativos al ejercicio de los cultos.Podrán, no obstante, estar adscritos a dichos presupuestos los gastos relativos a los servicios de capellanía y destinados a garantizar el libre ejercicio de los cultos en los establecimientos públicos, tales como institutos, colegios, escuelas, hospicios, asilos y prisiones”.
  3. El Concordato de 1801 fue firmado por Napoleón Bonaparte, entonces Primer Cónsul de la República y el papa Pío VII. Si bien rigió las relaciones entre el Estado francés y las religiones en Francia hasta la Ley de 1905, se mantiene en vigor en Alsacia-Mosela (que era alemana en 1905).
  4. Artículo 31: “Serán castigados con la pena de multa prevista por las disposiciones de 5nta clase y con pena de prisión de seis días a diez meses o con solo una de estas dos penas aquellos que ya sea a través de hechos, violencias o amenazas contra un individuo o haciéndole temer la perdida de su empleo o el daño hacia su persona, su familia o su fortuna, le obliguen a ejercer o a abstenerse de ejercer un culto, a formar parte o a dejar de formar parte de una asociación cultural, a contribuir o a abstenerse de contribuir a la financiación de un culto.”
  5. Artículo 32: «Serán castigados con las mismas penas quienes hayan impedido, retrasado o interrumpido los ejercicios de un culto por disturbios o desórdenes ocasionados en la sala utilizada para estos ejercicios».
  6. Artículo 34: “Todo ministro de una religión que, en los lugares donde se ejerza este culto, emita públicamente, mediante discursos, lecturas, distribución de escritos o carteles colocados, insultos o difamaciones hacia un ciudadano a cargo de un servicio público, será sancionado con multa de 3.750 euros y pena de prisión de un año, o sólo una de estas dos penas. La veracidad del hecho difamatorio, pero sólo en lo relativo a las funciones, podrá establecerse ante el tribunal penal en las formas previstas por el artículo 52 de la ley de 29 de julio de 1881. Las prescripciones dictadas por el artículo 65 de la misma ley se aplicarán a las infracciones de este artículo y del artículo siguiente”.
  7. Artículo 35: “Si un discurso pronunciado o un escrito exhibido o distribuido públicamente en lugares donde se ejerce el culto contiene un llamamiento directo a resistir la ejecución de leyes o actos jurídicos por parte de la autoridad pública, o tiende a levantar o armar a algunos de los ciudadanos contra los demás, el ministro de culto que sea culpable será sancionado con pena privativa de libertad de tres meses a dos años, sin perjuicio de las penas de complicidad, en el caso de que la provocación hubiera ido seguida de sedición, revuelta o guerra civil”.
  8. Aristide Briand declara: “Cuando el Estado ve a la Iglesia frente a él, debe examinarla desde dos aspectos […] de hecho le corresponde oponerse a que la Iglesia abandone su lugar en el ámbito religioso interviniendo en el campo político. Esto pone en peligro el predominio del Estado. Pero si la Iglesia se queda en su casa, si los fieles se contentan con manifestar su sentimiento religioso en forma de culto, el Estado está obligado a ‘detenerse frente a esta área sagrada’.”
  9. Las citas de este párrafo, el siguiente y la respuesta a la siguiente pregunta provienen del trabajo de la comisión parlamentaria presidida por Briand, en el apartado “IV – Legislación extranjera”.
  10. La comisión escribe sobre los Estados Unidos: “Si las intervenciones de las iglesias en asuntos políticos se hicieran más frecuentes y menos discretas, si los esfuerzos exitosos de la Iglesia Católica para constituir una enseñanza primaria estrictamente profesional parecieran ser peligrosos en ciertos aspectos […] tal vez los norteamericanos conocieran entonces a su vez esta cuestión clerical que consideran con un desdén algo superficial y con la confianza de un joven que aún no tiene algunas experiencias que ocupan un lugar demasiado importante en las preocupaciones políticas del viejo mundo.»
  11. Valentine Zuber, “La laïcité française, une exception historique, des principes partagés”, Revue du droit des religions [En línea], 7 | 2019, publicado el 9 de octubre de 2019, consultado el 31 de mayo de 2021.
  12. Para Briand (1905), en el informe de la comisión, es “imposible tratar en pie de igualdad, en lo que respecta al ejercicio del derecho a la palabra, al sacerdote en su cátedra y al ciudadano de a pie en una reunión pública”.