Las «operaciones nacionales» del Gran Terror de 1937-1938

Los pueblos de Europa Central y Oriental que sufrieron la experiencia del imperialismo ruso y la represión soviética aún lo recuerdan vívidamente, mientras que los de Europa Occidental a menudo ignoran su existencia. Este domingo continuamos nuestra serie semanal «Violencias imperiales», codirigida por Juliette Cadiot y Céline Marangé. Para recibir los nuevos episodios de la serie, suscríbanse a Le Grand Continent.

Veinte años después de la Gran Revolución Socialista de Octubre, el régimen soviético perpetró la mayor masacre de Estado jamás realizada en Europa en tiempos de paz: en dieciséis meses, de agosto de 1937 a noviembre de 1938, alrededor de unos 750 mil ciudadanos soviéticos fueron ejecutados tras ser condenados a muerte por un tribunal especial después de una parodia de juicio. Eso supone casi 50 mil ejecuciones al mes o 1 600 al día. Durante el Gran Terror, uno de cada cien soviéticos adultos recibió un tiro en la nuca. Al mismo tiempo, más de 800 mil soviéticos fueron condenados a diez años de trabajos forzados y enviados al Gulag. ¿Cómo explicar este desenfreno del terror? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Es legítimo describir este crimen masivo, como se ha hecho durante mucho tiempo, las «Grandes Purgas»? 

Purgas políticas y «operaciones represivas secretas”

Seamos claros desde el principio: los grandes juicios de Moscú, en los que los líderes bolcheviques depuestos fueron acusados de los peores crímenes de traición y espionaje, y el «Informe secreto» de Nikita Jruschov al XX Congreso del PCUS en febrero de 1956, fueron cada uno a su manera formidables «acontecimientos pantalla» que enmascaraban la verdadera naturaleza del Gran Terror, término acuñado por primera vez por el historiador británico Robert Conquest en 1968.¹ De hecho, los «juicios de Moscú», parodias de la justicia ampliamente difundidas por los medios de comunicación, tanto soviéticos como occidentales, enmascararon permanentemente la otra cara, oculta y no reconocida, del Gran Terror: la de las «operaciones represivas secretas», reveladas sólo tras el hundimiento de la URSS y la apertura de los archivos soviéticos a principios de los años noventa.

En cuanto al «Informe Secreto», que ofrecía una visión muy parcial y selectiva de los crímenes de Stalin, durante mucho tiempo hizo creer que la represión se había dirigido principalmente contra los altos mandos comunistas del Partido, la economía y el ejército, una opinión que siguen compartiendo numerosos historiadores, para quienes el Gran Terror sigue siendo, en su mayor parte, una «gran purga» del Partido, más sangrienta que las demás. En realidad, el Gran Terror fue ante todo una gran operación de ingeniería y de «purificación» social y étnica destinada a eliminar definitivamente a todos los elementos considerados «extraños» o «perjudiciales» para la nueva sociedad socialista que se estaba construyendo.

Iniciada con la «dekulakización», es decir, la deportación masiva de dos millones y medio de campesinos a regiones inhóspitas del país en 1930-1932, esta gestión policial de los asuntos sociales continuó en 1933-1936 con una política de expulsiones ráfaga de elementos calificados como «socialmente nocivos» y expulsados de las ciudades, y por una serie de operaciones, siempre ad hoc, para «limpiar» las zonas fronterizas de sus minorías étnicas (ciudadanos soviéticos de origen polaco, alemán, finlandés, báltico y coreano) sospechosos de tener vínculos con potencias extranjeras hostiles (Polonia, Alemania, Finlandia, los estados bálticos y Japón). 

Sólo los 16 meses del Gran Terror (agosto de 1937-noviembre de 1938) concentraron las tres cuartas partes de las condenas a muerte dictadas entre el final de la guerra civil en 1921 y la muerte de Stalin en 1953, por tribunales especiales dependientes de la policía política o tribunales militares. Se trató, en efecto, de un momento paroxístico, de un verdadero nudo de «radicalización acumulativa», sin parangón en todo el periodo soviético, resultante de la convergencia, en un momento dado de gran tensión internacional que anunciaba un inminente conflicto europeo, de dos líneas represivas: una, política, dirigida contra las élites, la otra socioétnica, dirigida contra un vasto grupo de «elementos socialmente nocivos» y «étnicamente sospechosos» que eran vistos por Stalin como reclutas potenciales para una mítica «quinta columna de terroristas a sueldo de potencias extranjeras hostiles a la URSS». La Guerra de España, o para ser más precisos, la interpretación que hizo Stalin de las derrotas de los republicanos españoles, víctimas, en su opinión, de su incapacidad para deshacerse de los «espías» infiltrados en sus filas, desempeñó un papel clave en la difusión del tema de la «quinta columna» entre los altos cargos políticos y policiales soviéticos.

Las «operaciones secretas de represión» que representaron más del 90% de las detenciones, condenas y ejecuciones de 1937-1938, según mi opinión, deben distinguirse claramente de las purgas de las élites y de los altos mandos políticos, económicos, militares e intelectuales, que se llevaron a cabo al mismo tiempo, siguiendo procedimientos extrajudiciales diferentes, respondiendo a objetivos distintos y una finalidad política diferente. Lo que estaba en juego en esas purgas era la sustitución de una élite por otra, más joven, a menudo mejor formada, política e ideológicamente más obediente y maleable, moldeada según el espíritu estalinista de los años treinta. Las purgas pretendían destruir todos los vínculos políticos, administrativos, profesionales y personales que habían creado la solidaridad (lo que Stalin llamaba «círculos familiares»), y promover una nueva capa de jóvenes dirigentes que debían sus vertiginosas carreras al Guía y que se volverían totalmente devotos de él. Por espectacular y políticamente significativa que fuera, la detención y ejecución de un porcentaje a menudo muy elevado de altos mandos comunistas, que fueron inmediatamente sustituidos por la generación «promovida» del Primer Plan Quinquenal, sólo representó una pequeña fracción (en torno al 7%) de todas las detenciones y ejecuciones llevadas a cabo en 1937-1938.

Hoy se calcula que fueron detenidos unos 100 mil cuadros comunistas, de los cuales algo más de la mitad fueron ejecutados. La represión de las élites representó la cara pública del Terror, cuya manifestación más deslumbrante fueron los juicios políticos de alto nivel, los famosos «juicios de Moscú» de 1936, 1937 y 1938, pero también los cientos de juicios públicos, con fines educativos, de dirigentes comunistas locales, escenificados en muchas capitales de provincia.² “Formidable mecanismo de profilaxis social»³ estas parodias de justicia, acompañadas de innumerables reuniones y ampliamente «popularizadas» en la prensa y la radio, desenmascararon múltiples «conspiraciones» y señalaron con el dedo de la venganza popular a los chivos expiatorios responsables de las dificultades encontradas en la «construcción del socialismo» y de las disfunciones endémicas de una industrialización caótica.

Mientras los rituales de aniquilación de los «enemigos del pueblo», desenmascarados y juzgados en juicios ejemplares, invadían la esfera pública, los grupos operativos del NKVD llevaban a cabo «operaciones represivas secretas». Estas operaciones secretas, planificadas y centralizadas, decididas y desarrolladas al más alto nivel por Stalin y su Comisario del Pueblo para el Interior, Nikolái Yezhov, tenían como objetivo la erradicación definitiva de todos los elementos considerados «extraños» o «perjudiciales» para la nueva sociedad soviética, en particular mediante la liquidación física de cientos de miles de personas.

Las “operaciones represivas secretas»: la «línea kulak» y la «línea nacional”

Las «operaciones represivas secretas» –unas diez en total– iban dirigidas contra un grupo heterogéneo de «enemigos», agrupados en dos categorías principales, dos «líneas» (en el lenguaje codificado de los oficiales del NKVD): la «línea kulak» y la «línea nacional». La «línea kulak» pretendía erradicar a una amplia gama de individuos descritos como «socialmente perjudiciales» o «pertenecientes al pasado» entre los enemigos «tradicionales» del poder bolchevique desde 1917, es decir, los «kulaks», los miembros del clero, las élites del Antiguo Régimen y los miembros de partidos no bolcheviques. En cuanto a la «línea nacional», definida por ocho denominadas «operaciones nacionales» («operación polaca», «operación alemana», «operación letona», «operación Harbin», «operación finlandesa», «operación griega», «operación estonia», «operación rumana»), estaba dirigida en particular contra los emigrados políticos de estos países que se habían refugiado en la URSS, contra los ciudadanos soviéticos de origen polaco, alemán, letón, finlandés, griego y rumano, etc., y también se dirigía contra todos los ciudadanos soviéticos que tenían (o habían tenido) un vínculo, por tenue que fuera, profesional, familial o simplemente geográfico (los habitantes de las regiones fronterizas eran particularmente vulnerables) con cierto número de países identificados como hostiles, como Polonia, Alemania, los países bálticos, Rumania y Japón, en un contexto de crecientes tensiones internacionales. 

No entraremos en el caso de la «operación kulak», lanzada a raíz de la orden operativa secreta del NKVD nº 00447 del 30 de julio de 1937, que se saldó con la detención de 767 mil personas. De ellas, según las estadísticas oficiales del NKVD, 387 mil fueron condenadas a muerte y fusiladas, y 380 mil fueron condenadas a diez años de trabajos forzados en los campos del Gulag.⁴

Junto a la «operación kulak», Stalin y Yezhov lanzaron otras ocho «operaciones represivas secretas», conocidas como «operaciones nacionales». La primera, la «operación alemana», comenzó el 25 de julio de 1937. Ese día, Nikolai Yezhov envió la «Orden Operativa Secreta nº 00439» a las direcciones regionales del NKVD. En un largo preámbulo, el jefe de la policía política explicaba que «el Estado Mayor alemán y la Gestapo habían establecido una vasta red de espionaje y sabotaje que operaba principalmente en las industrias que trabajaban para la defensa nacional, en los ferrocarriles y en otros sectores estratégicos de la economía». En el transcurso de 15 meses, no menos de 57 mil «agentes y espías» fueron detenidos como parte de la «operación alemana», 42 mil de los cuales fueron condenados a muerte y ejecutados, y el resto condenados a diez años en los campos.

El 11 de agosto de 1937, Nikolai Yezhov envió una nueva directiva (Orden Operativa del NKVD nº 00485) a todos los líderes regionales del NKVD, destinada a llevar a cabo la «liquidación total de las redes de espías y terroristas de la Organización Militar Polaca, infiltrados en la industria, el transporte y la agricultura». La «operación polaca», la mayor de las «operaciones nacionales», se saldó con la detención de 144 mil personas en 15 meses, cerca del 80% de las cuales fueron condenadas a muerte. 

Una tercera «operación nacional», desencadenada por la Orden nº 00593 del 20 de septiembre de 1937, tuvo como objetivo a otro grupo sospechoso de tener vínculos con una potencia extranjera enemiga, Japón. Se trataba de los «harbinianos», antiguos empleados y ferroviarios de la Compañía Soviética de Ferrocarriles de China Oriental, con sede en Harbin, Manchuria. Tras la cesión de la línea a Japón en 1935, fueron repatriados a la URSS como ciudadanos soviéticos. Obviamente, los «harbinianos» fueron acusados de ser caldo de cultivo de «espías y terroristas japoneses». En total, más de 33 108 personas fueron condenadas en el marco de esta operación, de las cuales 21 200 fueron ejecutadas.

En octubre-noviembre de 1937, el NKVD lanzó otras cinco «operaciones nacionales»: la operación letona (22 360 condenados, de los que 16 600 fueron ejecutados), la operación finlandesa (7 mil condenados, de los que más de 5 700 fueron ejecutados), la operación estonia (5 700 condenados, de los que 4 700 fueron ejecutados), la operación rumana (6 300 condenados, de los que 4 000 fueron ejecutados), la operación griega (11 300 condenados, de los que 9 500 fueron ejecutados), cada una de ellas dirigida contra un «grupo de espías y terroristas» a sueldo de una potencia extranjera. Si bien puede haber cierta «lógica» en apuntar a diásporas más o menos vinculadas a potencias fronterizas con la URSS, como Finlandia, los estados bálticos, Polonia y Rumania, o incluso Alemania, recientemente designada junto con Polonia principal enemigo de la URSS, el ataque a la pequeña comunidad griega asentada desde hacía siglos en Ucrania, a orillas del Mar Negro, pero también en el Donbas (unas 100 mil personas, según el censo de 1937) desafía cualquier explicación «racional».

Los griegos (o para ser más precisos, los ciudadanos soviéticos de origen griego) fueron acusados colectivamente, según un pobre montaje del NKVD, de «preparar, con vistas a una guerra inminente, un plan para crear un enclave griego a orillas del Mar Negro», un plan apoyado por… Japón. Al parecer, los oficiales del NKVD que estaban detrás de esta historia se inspiraron en un viejo rumor que había rondado los círculos militares zaristas durante la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, ¡según el cual comerciantes griegos establecidos en el lejano oriente del Imperio Ruso habían actuado como informadores para los servicios de inteligencia japoneses!⁵

En total, según las estadísticas centrales del NKVD, entre julio de 1937 y noviembre de 1938, 335 513 personas fueron condenadas por tribunales especiales en el marco de «operaciones nacionales». De ellas, 247 157 (73.6%) fueron ejecutadas.

La puesta en marcha de las «operaciones nacionales”

El historiador Terry Martin ha calculado que en Leningrado, en 1937-1938, un ciudadano soviético de origen polaco tenía 30 veces más probabilidades de ser ejecutado que uno no polaco; un ciudadano de origen alemán, cinco veces más que uno no alemán; un ciudadano soviético de origen báltico, el doble. En Odessa, el panorama era casi idéntico.⁶ En su organización, ejecución y objetivos, las «operaciones nacionales» diferían en muchos aspectos de la «operación kulak». No establecían cuotas de detenciones, condenas y ejecuciones, región por región. Se limitaban a indicar las categorías de personas que debían ser detenidas.

De esta manera, la «operación polaca», por ejemplo, se dirigía en particular a:

• todos los antiguos prisioneros de guerra polacos que habían permanecido en la URSS;
• todos los refugiados polacos que vivían en la URSS;
• todos los exiliados políticos polacos;
• todos los antiguos miembros del antiguo Partido Socialista Polaco;
• todos los elementos «nacionalistas» en las regiones y distritos de la URSS donde había una gran comunidad polaca.

En el contexto de la «operación alemana», las categorías objetivo eran más o menos idénticas: antiguos prisioneros de guerra alemanes que habían permanecido en la URSS, refugiados, trabajadores expatriados y exiliados políticos alemanes que habían permanecido en la URSS y adoptado la nacionalidad soviética.

A estas categorías estándar, se animaba a los funcionarios regionales del NKVD a «añadir contingentes apropiados, dependiendo de la situación operativa local». Y así lo hicieron. En Járkov, por ejemplo, L. Raikhman, el recién nombrado jefe del NKVD, complementó las categorías objeto de la orden nº 00485 («operación polaca») con los siguientes contingentes, que eran lo más amplios posible:

• todos los «elementos clericales-nacionalistas»;
• toda persona procedente de los distritos fronterizos limítrofes con Polonia que ya estuviera fichada por la policía:
• cualquier persona que hubiera tenido contacto con un representante consular o comercial polaco;
• cualquier persona que tuviera o hubiera tenido contactos familiares en Polonia y que ya estuviera fichada por la policía.⁷

En Gorki, el jefe regional del NKVD tomó la iniciativa de añadir otra categoría a las categorías estándar de la «operación alemana», que en la zona bajo su jurisdicción produjo un número muy reducido de sospechosos: «exprisioneros rusos de la guerra imperialista de 1914-1918 que habían sido capturados en Alemania». Esta categoría condujo a la detención de 441 personas en Gorki y permitió al NKVD regional alcanzar un total, considerado aceptable por la jerarquía, de 608 condenados en el marco de la «operación alemana».⁸

Estas prácticas, que consistían en «rellenar las categorías nacionales» con un contingente de personas que no tenían absolutamente nada que ver con esa «categoría», hacen particularmente difícil la elaboración de un balance diferenciado de las víctimas. Utilizando los archivos de la Seguridad del Estado de Kiev, el historiador Hiroaki Kuromiya ha analizado una muestra de varias decenas de personas condenadas en el marco de la «operación polaca». Esta muestra parece muy representativa de la extrema diversidad de las víctimas. Entre ellas se encuentran:

• una joven bailarina de 23 años, de origen ucraniano, de la Ópera de Kiev, que había mantenido un romance en 1934-1935 con un diplomático polaco del Consulado de Polonia en Kiev, acusada de «espionaje»;
• una antigua noble rusa, nacida en 1880 en Vilna, sin profesión, que había mantenido numerosos contactos familiares y amistosos en el extranjero (París, Berlín, Zagreb, Varsovia) y que ocasionalmente recibía pequeñas sumas de dinero en moneda extranjera (que redistribuía parcialmente entre amigos necesitados), acusada de haber dado a potencias extranjeras información difamatoria sobre la situación económica de la URSS;

• una veintena de campesinos de origen polaco procedentes de los distritos fronterizos limítrofes con Polonia, «dekulakizados» en 1930 y que vivían del contrabando y del tráfico a pequeña escala a ambos lados de una frontera mucho más porosa de lo que se podía pensar;
• un grupo de «banduristas»,⁹ conocidos músicos y folcloristas ucranianos, acusados de promover una «ideología nacionalista petliuriana al servicio de Polonia», se suponía que el hecho de que dos de ellos hubieran sido prisioneros de guerra en Polonia en 1920 acreditaba sus vínculos con ese país enemigo;
• uno de los últimos ebanistas-restauradores de Kiev, de origen ucraniano, de 72 años, llamado ocasionalmente desde los años veinte por los consulados alemán y polaco en Kiev para reparar o restaurar el mobiliario de la representación diplomática, acusado de espionaje…¹⁰

Como lo demuestra esta muestra, aunque el origen étnico fuera un factor incriminatorio importante, eran, de forma más general, los contactos con extranjeros los que se perseguían sistemáticamente. En una ciudad cosmopolita como Kiev, situada a 200 kilómetros de la frontera soviético-polaca, muchas familias tenían parientes o amigos en el extranjero con los que se mantenían en contacto, al menos por carta. Durante los dramáticos años de la hambruna de 1932-1933, muchas de ellas habían recibido, a través de los consulados polaco o alemán, o incluso por correo, una pequeña cantidad de ayuda material o financiera (denominada por el NKVD, cuando procedía de Alemania, «paquetes de Hitler»). Todos estos contactos eran registrados por la policía política, pero por lo general no conducían a enjuiciamientos. Cuando se lanzaron las «operaciones nacionales», estos archivos fueron exhumados y tratados con prontitud.

Los casos de los arrestados eran rápidamente investigados por una dvoika, un tribunal excepcional formado por un alto funcionario del NKVD y el fiscal regional, que, en ausencia del acusado, de cualquier defensa y a puerta cerrada, pronunciaba un veredicto de «1ª categoría» o «2ª categoría»: pena de muerte o diez años en el campo. A falta de cuotas, el porcentaje de condenas a muerte dictadas en el marco de «operaciones nacionales» variaba considerablemente en función de las circunstancias locales, es decir, esencialmente de la personalidad y el celo represivo del jefe regional del NKVD. En Armenia fueron ejecutados el 31% de los condenados; en la región de Vólogda, el 46%; en Leningrado, el 87%; en Novosibirsk, el 94%; el récord lo estableció la región de Orenburgo, con el 96.4% de los condenados de «1ª categoría».

A diferencia de los casos que pasaban por la «línea kulak», que no requerían confirmación alguna de Moscú (el control del Centro se ejercía, al menos sobre el volumen global de condenas, mediante el sistema de cuotas), los veredictos emitidos por los dvoiki, en el marco de las «operaciones nacionales», debían ser confirmados, en Moscú, al más alto nivel, por la comisión especial conjunta del NKVD y del Fiscal General de la URSS, presidida por Nikolai Yezhov y Andrei Vychinsky. Cada caso se resumía en una breve nota de unas pocas líneas con información mínima sobre el estado civil del condenado, la acusación y la sentencia. Estas notas se mecanografiaban en cada sede regional del NKVD y se pegaban en un álbum especial. Cuando el álbum estaba lleno (de media, cada álbum contenía entre 400 y 600 notificaciones), se enviaba por mensajería especial desde el NKVD a Moscú, donde altos funcionarios del NKVD sellaban cada notificación, confirmando así el veredicto, con muy pocas excepciones. Excepcionalmente, cuando tenían tiempo, Nikolai Yezhov y Andrei Vychinsky revisaban ellos mismos los álbumes: el 10 de enero de 1938, por ejemplo, confirmaron 1 667 condenas; el 14 de enero, 1 569; el 21 de enero, 2 164.

La obsesión por una «Quinta Columna”

Gracias a las investigaciones de un equipo de historiadores de la asociación Memorial,¹¹ que tuvo acceso a los archivos estadísticos centrales del NKVD, disponemos hoy de un primer esbozo de la geografía y la «sociología» de las víctimas del Gran Terror. Para las operaciones «polacas» y «alemanas», por ejemplo, casi la mitad de los detenidos vivían en Ucrania, sobre todo en las regiones fronterizas occidentales, donde había una gran comunidad polaca y una pequeña comunidad alemana. Decenas de miles de campesinos, trabajadores ferroviarios (especialmente sospechosos por su movilidad), empleados e ingenieros fueron detenidos y condenados, normalmente a muerte, simplemente por vivir y trabajar «demasiado cerca del enemigo». Por la misma razón, Bielorrusia produjo el segundo mayor contingente (17%) de personas detenidas en el marco de las operaciones polacas y alemanas.

Entre las minorías nacionales que componían la «gran familia soviética», la diáspora polaca fue, por mucho, la que pagó el tributo más pesado al Gran Terror: una quinta parte de los 656 mil ciudadanos soviéticos de origen polaco registrados en la URSS en 1937 fueron condenados y la mayoría ejecutados. El propio Stalin siguió y alentó enérgicamente la «erradicación definitiva de los espías polacos». En el primer informe que Yezhov le envió sobre los progresos de la «operación polaca», Stalin escribió: «¡Camarada Yezhov! ¡Esto es excelente! Sigue cavando, cavando, limpiando y erradicando toda esa inmundicia polaca. Liquídala por completo en nombre de los intereses de la URSS. J. Stalin, 14.IX.37».¹²

Después de la diáspora polaca, fue la diáspora alemana la que proporcionó el mayor contingente de víctimas de las «operaciones nacionales» (alrededor de unas 60 mil personas condenadas, o el 5% de la comunidad). Proporcionalmente, la muy pequeña comunidad griega fue la más afectada después de la polaca (alrededor del 11% de los miembros de la comunidad fueron detenidos y condenados), seguida de la diáspora letona (alrededor del 8% de la comunidad fue detenida y condenada). Por último, el 5% de la comunidad finlandesa y el 4% de la comunidad rumana fueron víctimas de las «operaciones nacionales».

El lanzamiento de las «operaciones nacionales» estaba directamente relacionado con la obsesión de Stalin y los demás dirigentes soviéticos por una «quinta columna» que habría reclutado a sus elementos en el semillero de las diásporas. La «operación kulak» fue la culminación de la gestión policial de los asuntos sociales destinada a erradicar los «elementos nocivos» entre los enemigos «tradicionales» del poder bolchevique desde 1917. Las «operaciones nacionales» supusieron un cambio que se acentuaría en los años siguientes, ya que ahora el enemigo era de cáracter étnico y no social.

En términos más generales, este cambio formaba parte de una amplia reconfiguración de las relaciones entre las nacionalidades que componían la Unión Soviética, en la que los eslavos –y los rusos en particular– eran vistos como el núcleo más sólido y fiable de la «gran familia de pueblos soviéticos». También se derivó de una nueva percepción del peligro exterior, que condujo a una política de «limpieza» de las zonas fronterizas a partir de 1935. En 1935-1936, el NKVD deportó a Kazajstán a más de 23 mil familias de origen polaco y alemán que vivían en los distritos fronterizos ucranianos limítrofes con Polonia, así como a 30 mil ciudadanos soviéticos de origen finlandés que vivían en la provincia de Leningrado. Durante 1937, más de 20 mil soviéticos de origen kurdo e iraní que vivían a lo largo de la frontera irano-soviética fueron detenidos, deportados o ejecutados.

En septiembre-octubre de 1937 tuvo lugar la mayor operación de deportación étnica de la década de 1930: toda la población coreana que vivía en la región fronteriza de Vladivostok (alrededor de unas 172 mil personas) fue deportada a Kazajstán y Uzbekistán. En la resolución secreta del Comité Central, fechada el 21 de agosto de 1937, esta deportación masiva se justificaba por el hecho de que los coreanos constituían un «caldo de cultivo de espías» para los servicios secretos japoneses, «particularmente activos desde la ocupación de Manchuria por las tropas japonesas». El NKVD desplegó considerables recursos para llevar a cabo la operación en el plazo establecido de dos meses: se requisaron 124 convoyes ferroviarios para transportar a los coreanos deportados a Kazajstán y Uzbekistán. Fueron instalados, en condiciones muy precarias, en «pueblos de asentamiento» y koljoses especialmente reservados para ellos, con el mismo estatus de «desplazados especiales» que los cerca de dos millones y medio de kulaks deportados entre 1930 y 1933.

En sus diversas formas –deportación, envío a campos de trabajos forzados durante largos periodos (al menos diez años, una condena que se prolongó sistemáticamente)– las «operaciones nacionales» del Gran Terror formaban parte, en general, de un importante cambio en la política de nacionalidades de Stalin que se remonta a mediados de la década de 1930. Este giro fue el resultado, por un lado, de una percepción cada vez más aguda de la inevitabilidad de una gran guerra a escala europea y, por otro, de una revisión radical de la historia, diseñada para establecer un vínculo entre el leninismo y el estalinismo, pero también para reevaluar la historia de las relaciones pasadas entre los diferentes pueblos del Imperio Ruso y la Unión Soviética. La fuerza y el papel del antiguo Estado zarista, descrito por los bolcheviques como una «prisión de los pueblos», se presentaban ahora como elementos positivos en la historia mundial y en la historia rusa, en el camino hacia la revolución. El Manuel abrégé d’historie de l’URSS (Manual abreviado de historia de la URSS), publicado en 1937, proponía una nueva interpretación de las relaciones históricas entre rusos y no rusos: la colonización ya no se presentaba como un «mal absoluto», sino como un «hecho positivo», debido al papel civilizador desempeñado por el Estado ruso, cuya labor continuaba el régimen soviético al reunir a todos los pueblos de la Unión en una «federación libremente consentida», bajo la dirección del pueblo ruso, primus inter pares.