Mercedes D’Alessandro nació en Posadas, se doctoró en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), trabajó en los últimos 6 años desde Nueva York y actualmente es Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de Argentina. Dio clases en la UBA durante más de quince años, principalmente en el campo de la Epistemología de la Economía, dentro del cual dirigió varios grupos de investigación y publicaciones. Fue directora de la carrera de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Ha desarrollado un amplio trabajo de divulgación económica. En 2015 lanzó el sitio Economía Femini(s)ta, donde se discuten temas de economía con perspectiva de género; con él conquistó rápidamente las redes sociales e instaló este debate en la agenda pública. En 2016 publicó el libro “Economía feminista. Cómo construir una sociedad igualitaria (sin perder el glamour)” por Editorial Sudamericana, que va por su 5ta edición y se publicó también en mayo 2018 en España, México y Colombia.

¿Qué representa la creación de una Dirección Nacional de Igualdad, Economía y Género para la Argentina y para la región? ¿Cuáles son sus principales objetivos?

Se trata de una dirección nueva. Se creó este año en el organigrama y, para mí, ya eso fue una marca, un hito, incluso en la región. No existía un espacio institucional así en donde se debatieran políticas económicas con perspectiva de género. Tanto en Argentina, como en América Latina, y a nivel internacional, el tema del ‘Ni Una Menos’ o el Me too, es decir la denuncia de la violencia machista bajo diferentes formas, se convirtió en un tema central. Sin embargo, respecto a la cuestión económica todavía existen algunos pasos que se deben dar para que tome más fuerza. Para nosotras, que se haya abierto un espacio como este es toda una muestra, también, de que, de alguna manera, construimos cierta demanda. Esa demanda se terminó constituyendo en parte del gobierno. En ese contexto, nosotras nos sentamos acá en la oficina con el ánimo de trabajar de manera transversal a todas las áreas del Ministerio de Economía, para que las políticas económicas tengan perspectiva de género. Y esto es algo que lo venimos haciendo obviamente coordinadas con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, pero también con espacios de activismo, de militancia y organizaciones civiles. A mí me gustaría pensar que este espacio se consiguió gracias a la lucha del movimiento feminista, de los movimientos y asambleas de mujeres. De alguna manera, la Dirección tiene que responder a ese mandato. 

Nosotras nos pusimos dos ejes que son muy de largo plazo. El primero tiene que ver con cómo construir indicadores que permitan que quienes hacen, diseñan, evalúan y monitorean políticas económicas, tengan herramientas, primero, para identificar los problemas. En general, si no se muestran todos los datos, cuesta ver todavía el reconocimiento de la importancia del tema de la igualdad de género. La formación de los economistas es bastante mainstream. Está dominada por un marco teórico neoclásico y, en todo caso, hay algunas corrientes críticas, dentro de la heterodoxia, que es muy amplia. Sin embargo, no necesariamente esas críticas heterodoxas tienen perspectiva de género. Tal es así que en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la universidad más grande del país, recién hace cuatro años se creó una materia de Economía y Género, que es optativa y se da una vez por año. Te demuestra que no es parte del corazón de la formación. Las personas que hoy ejercen la profesión, o trabajan en la función pública y vienen de una formación económica, no cuentan con las herramientas para hacer esto. Entonces, uno de nuestros objetivos es darles ciertas herramientas para pensar políticas y sus impactos diferenciados sobre la vida de mujeres y varones. 

La otra gran línea que venimos trabajando en la Dirección es el presupuesto de Diversidad y Género. Nosotras entendemos que podemos tener grandes ideas y muchos buenos deseos, pero si no hay partidas presupuestarias que ejecuten esos deseos y esas ideas, no las vemos. Además, el presupuesto es una buena herramienta para monitorear, también, en dónde se están poniendo los esfuerzos del Estado para cerrar las brechas de género. Una de las cosas que estamos haciendo ahora, que se está debatiendo el presupuesto 2020-21, es observar con la lupa de género y decirle a cada Ministerio cuáles son sus políticas que van a hacer que cierren brechas. ¿Tenés cupo, tenés un incentivo a contratar más mujeres, algún incentivo a cerrar una brecha de participación económica o remuneración de trabajos de cuidados? En otras palabras, se trata de mirar un poquito más de cerca lo que está haciendo cada órgano del poder Ejecutivo. La idea es que una vez que tengamos ese presupuesto 2020-21, podamos ver cuál es el porcentaje de recursos que el Estado le está destinando a cerrar la brecha de género. 

¿Cómo afectó la crisis sanitaria a la reflexión alrededor de esos dos ejes?

Esas son las dos líneas generales que nosotras estamos trabajando. Y en el marco de eso, obviamente, apareció la pandemia. Y, al aparecer, esas líneas se mostraron importantes, pero al mismo tiempo surgieron también nuevas cosas que teníamos que mirar, definitivamente. Y entre esas cosas, creo que todos estamos de acuerdo que hay un gran tema que apareció y que se puso en evidencia, que es la desigualdad, que atraviesa a todo el continente -toda América Latina es muy desigual. Y, también, cómo esa desigualdad se ve no solamente entre sectores acomodados y populares, sino también entre quienes poseen acceso y no a Internet, entre quienes son mujeres y varones, entre quienes son migrantes y no lo son. Hay muchas ramificaciones de esa desigualdad que se empiezan a superponer. Es algo que, a nivel mundial, y sobretodo en nuestros países muy desiguales, quedó sobre la mesa. 

En el caso de la Argentina tuvimos una cuarentena muy estricta durante un mes entero, casi -de marzo a abril-, después se fue flexibilizando un poco. Y lo que pasó ahí es que, como la Argentina tiene un sector informal muy grande -casi el 40% de los trabajadores y trabajadoras pertenece al sector informal de la economía-, cuando vos le decías a alguien ‘no vas a poder salir de tu casa’ o ‘cuidate, quédate en casa’, ‘cuidémonos quedándonos en casa’ -todos estos eslóganes que usamos-, a esa persona la estábamos haciendo elegir entre su salud y su supervivencia. Porque son personas, en general, que consiguen sus ingresos saliendo de su casa, circulando: son vendedores ambulantes, son albañiles de la construcción, son trabajadoras domésticas, trabajadoras de casas particulares, que van y limpian en un hogar. En Argentina -para tomar dimensión de eso-, la principal salida laboral que tiene una mujer hoy en día es ser empleada doméstica. Se trata de uno de los trabajos con mayor informalidad -más del 70% de las trabajadoras están en la informalidad- y con el cual además se gana el salario más bajo de toda la economía: 8700 pesos en promedio, la mitad de un salario mínimo, vital y móvil. Cuando nosotros miramos todo eso desde el Ministerio de Economía, que le estábamos pidiendo a la gente que se quede en su casa dos semanas -porque en ese momento eran dos semanas nada más- y sabíamos e intuíamos que esto podía ser más largo, por lo que veníamos viendo que pasaba en otros países del mundo con cuarentenas, dijimos ‘bueno, hay que dar una respuesta a esto’. 

¿Cuáles fueron esas respuestas que se dieron desde el Ministerio de Economía?

Una de las respuestas que se dio fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una transferencia monetaria de 10.000 pesos que busca, de alguna manera, contribuir al equivalente más o menos de una canasta básica alimentaria. Al lado de esa medida, se hizo una suspensión de los desalojos -si vos no podías pagar un alquiler de renta no se te podía desalojar- y se postergaron todos los pagos de los servicios públicos. Se hicieron una serie de cosas para que vos tuvieras la tranquilidad de no perder tu casa, de que ibas a tener acceso a los servicios públicos, y además ibas a tener esta transferencia que te iba permitir surfear la ola -porque también sabemos que no es una cosa que permita llevarlo súper bien. 

¿Cuáles fueron los principales desafíos al diseñar una herramienta de protección social como el IFE, particularmente teniendo en cuenta la magnitud que finalmente tuvo? 

Cuando diseñamos este IFE, empezamos a ver un poco cuál era la situación de la informalidad en la Argentina. Con todas las herramientas que uno tiene a mano, que son las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH), un instrumento muy valioso, encontramos una gran cantidad -millones de personas- que podían cumplir los requisitos para obtener este ingreso. Cuando uno ve la teoría, uno observa que hay monotributistas, cuentapropistas, informales, desocupados, todas las categorías. El problema es que la gente se percibe en categorías que no son. Quizás, yo hice un día una factura de monotributo y creo que soy monotributista. Pero el haber hecho una factura no me hace monotributista. También sucede que esta encuesta te pregunta si vos buscaste trabajo. Y si vos buscaste trabajo, te cuentan como población económicamente activa. Si vos no buscaste trabajo la semana anterior, quedaste del otro lado. Pero, sin embargo, ahora que empezó el problema necesitás o querés tener un trabajo. Bueno, hay un montón de situaciones que tienen que ver con cómo se ven a sí mismos y sí mismas estos trabajadores. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vimos que el universo era muy grande, dijimos que teníamos que trabajar en que fuera un ingreso por familia, porque no vamos a tener suficiente margen fiscal. La Argentina viene de una situación de deuda, con un presupuesto bastante estrecho.

Obviamente hubo un montón de problemas de aplicación. Cuando se implementa esta medida, le pedimos a la gente que se anotara en una página web, ingresara sus datos y, ahí, con sus datos, se le hacía un chequeo para ver si cumplía los requisitos con la base de datos que hay en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se anotaron 12 millones de personas. Imaginate la desesperación: estas 12 millones es la medida de desesperación frente a la situación en la que estamos. Obviamente, se anotó gente que no cumplía con las condiciones que habíamos puesto, referidas a una situación de informalidad o a tener un determinado nivel de ingreso: es decir, condiciones que no necesariamente tenías que ser exclusivamente un extremadamente pobre, pero estar relativamente en un espacio vulnerable de la economía. Cumplieron los requisitos casi 8 millones de personas. Fue un desafío muy grande, sobre todo fiscal, porque hay que pagar el doble de lo que se había previsto. 

Por otro lado, nosotras pensamos que íbamos a poder identificar los hogares de manera más fácil. Pero lo cierto es que, una vez que tuvimos los 8 millones de personas, había que pagarles. Y ahí apareció otro problema, el de la informalidad. Y que una de las cosas que tiene la informalidad es que muchas de estas personas no usan cuentas bancarias. Quizás las tienen, pero las evitan. Y también, no sólo no las usan, sino que no saben usar todos los instrumentos financieros que permite una cuenta bancaria. Nosotros les dábamos la opción de que eligieran cómo querían cobrar estos 10.000 pesos y más de la mitad eligió una forma que no fuera un banco. Es decir, sólo 4 millones de personas declararon una cuenta bancaria donde se les iba a depositar el dinero. La otra mitad pidió que se los pagaran vía Correo Argentino o vía Punto Efectivo, una modalidad que conseguimos que los bancos habilitaran en la que se hacía una transferencia directa a un cajero automático y vos, de ahí, sacabas el dinero. 

¿Qué enseñanzas le dejó la experiencia del IFE al Estado?

Lo que finalmente sucedió es que el tratar de sostener una política para mejorar la situación de los y las trabajadoras informales terminó abriendo y demostrando muchos más problemas que había de fondo. Y esto lo digo como algo positivo también, porque de alguna manera nos permitió tener por primera vez identificada mucho mejor la situación de esas personas que hoy están en la informalidad: frente al Estado, frente al sistema financiero, las necesidades que tienen, su composición en términos de edad, de género, de un montón de cosas que obtuvimos gracias a la información que ellos nos dieron. Y es la primera vez que el Estado tiene toda esta información, muy valiosa, porque nos va a permitir de acá en adelante mejorar no sólo el IFE, que es una medida transitoria, como su nombre lo indica, y que se va a ir diluyendo con el paso del tiempo. Nos va a dejar también el camino abierto para ver, por ejemplo, que 25% de las personas que recibieron el IFE son jóvenes y el 55% mujeres; que dentro de la informalidad laboral, tenemos en proporción más mujeres que varones, por lo que está bien que el IFE haya sido recibido proporcionalmente más por mujeres que por hombres: son ellas las que están sobre-representadas tanto en la informalidad como en la pobreza. 

El IFE, además, permitió llegar a una población a la que no llegaba antes. El Estado argentino tiene un gran sistema de protección social, gracias a la Asignación Universal por Hijo (AUH). De hecho, cuando recién empezó la pandemia, el Estado eligió reforzar la AUH, la Asignación Universal por Embarazo, las jubilaciones mínimas; comenzó a dar una tarjeta “alimentar”. Pero todo esto ya lo tenía conectado, con una logística de pagos preexistente. Era apretar un botón, y la plata te aparecía en tu cuenta. Esto era un desafío, en cambio, porque no los teníamos registrados y, después, porque no tenían cuenta. Además, en los deciles de menores ingresos la AUH alcanzaba a gran parte de la población, pero no toda; con el IFE se alcanzó a 9 de cada 10 personas en el decil de menores ingresos. Es decir, pasamos de 6 de cada 10, a 9 de cada 10. Y eso es muy importante, porque quiere decir que hay una herramienta nueva para contener la situación socio-económica de las personas que están en el decil más bajo del ingreso, donde además son mayoritariamente mujeres: 6,9 de cada 10 personas del decil de menor ingreso son mujeres. Por otro lado, permitió ir más allá de las herramientas del Estado diseñadas para llegar donde hay presencia de niña o niño, como con la AUH. Si sos mujer joven sin hijos, si sos un varón que no tuvo hijos y vive solo, no recibías ayuda. Hay una gran masa de la población que queda fuera del Estado al ser la AUH la herramienta más importante. El IFE, que nos permitió tener un mapeo de lo que es la informalidad en Argentina, es una herramienta que nos está sirviendo muchísimo para pensar para adelante. 

La informalidad laboral se da con mayor fuerza en los espacios de hábitat popular. ¿Qué reflexión se da desde el Ministerio de Economía respecto a la territorialidad de los problemas que dejó al descubierto la pandemia?

Lo otro que quedó de manifiesto con la pandemia es que, cuando les pedimos a todo el mundo que se quedaran en casa, hay un montón de gente que vive hacinada, que no tiene una vivienda en condiciones, o, como pasó en los barrios populares, no tiene acceso al agua potable. Entonces estas propagandas de ‘lavate bien las manos’ y de ‘quedate en tu casa’, de alguna manera demostraron que no estábamos hablándole a toda la población, sino únicamente a un sector de la población. A ese sector al que le queríamos hablar, en realidad, le teníamos que dar soluciones, no hablarles. De hecho, la Covid-19 tiene su mayor concentración, ahora, en las villas, en los barrios populares. Y se debe también a la imposibilidad, que sostienen muchas personas, de poder aislarse, de poder cuidarse o de acceder al agua potable o al agua, simplemente, para poder higienizarse. 

Ahí apareció la cuestión de que, para muchas personas, los cuidados, que es un tema central de la economía feminista, generaba un problema. Era un obstáculo a resolver. La tele-escuela empezó a ser la norma, a través de los dispositivos que tienen en el hogar. Cuando uno mira la información, solamente 4 de cada 10 hogares, en promedio, de los deciles más bajos, tienen una computadora en su casa. En general, las que tienen son las que les quedaron del Plan Igualdad. Es decir, hay un problema también de asistir a la tele-escuela en los sectores populares, donde quizás el único dispositivo es un teléfono que, en general no va a tener mucha memoria, y que, además, van a tener que compartir en su uso los adultos y adultas mayores con los niños del hogar, para poder tener acceso a la educación. Ahí apareció otro tema además del dispositivo, el de la conectividad. El Internet no llega a todo el país. Además, también, es caro. De hecho, nosotros en el IFE, teníamos algunos reclamos: ‘me quise conectar y se cayó la página’, ‘lo hice 10 veces y se me terminaron los datos’. Yo llamé al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y les pedí que sacaran todos los datos de acceso a las páginas de gobierno. Fue algo que tardamos también en darnos cuenta, cómo eso era un obstáculo para que las personas ejerzan su derecho de pedir un subsidio. 

Por otro lado, en los barrios populares también sucedió que muchas personas no tenían la posibilidad de satisfacer las necesidades más básicas de alimentos, ¿no? Se pusieron en marcha programas como ‘El Barrio cuida al barrio’, donde lo que se hizo fue organizar a los y las vecinas para poder identificar donde hay un adulto mayor que necesitamos que se quede para acercarle las cosas y evitar que salga, donde había alguna madre soltera a cargo de los hijos que le cuesta desplazarse por cuidarlos. Las escuelas comenzaron a funcionar como comedores, pero no para ir in situ, sino para llevarse la vianda al hogar. Y en esto también hay una preeminencia de las mujeres. Gran parte de quienes sostienen esos espacios de cuidado en los barrios, en este sistema, son mujeres. Ahí, entonces, empezamos a pensar también en qué programas se podían empezar a bajar para que esto no quede otra vez como ‘la sacrificada que deja todo, que es capaz de no ir a su casa para ayudar a los demás’, sino que sea considerado como un trabajo, porque lo es. Porque ‘El Barrio cuida a tu barrio’ busca también que aquellas personas que cumplen estos roles tengan una remuneración. Ahí, de hecho, el presidente empezó a decir en sus discursos de que estas tareas tienen que estar remuneradas, que son tareas que llevan un montón de tiempo de trabajo. 

¿En qué medida los desafíos en torno a la tele-escuela y a la economía de los cuidados, si bien conciernen prioritariamente a los sectores populares, atraviesan a todos los sectores sociales?

Las mujeres no solamente se hacen a cargo en los barrios populares, sino que se hacen cargo en las casas de las clases medias y altas. El hecho de que se cierren las salidas hacia afuera, implica también que no pueda entrar alguien a tu casa. Y esa persona que entra a tu casa para hacer tareas del hogar es la trabajadora doméstica. Y eso también, como se cortó, lo que empezó a pasar en los hogares es que todo el mundo se empezó a enfrentar con la pila de platos, con el polvo en los muebles, con todo lo que significa esas tareas del hogar, además de tener a los chicos en la casa haciendo la tele-escuela. Es decir, todas las tareas domésticas y de cuidado que suelen atenderse de otra manera, para la clase media y alta, ahora les empezaron a recaer a ellos mismos. Entonces los hogares de mediano y alto ingreso tienen que ocuparse de toda su casa y, además, de estar todo el día con sus hijos e hijas. Estar frente a la tele-escuela, trabajar, a veces en espacios que no son suficientemente amplios para que cada uno pueda tener su intimidad, se convirtió en una olla a presión para los adultos. Ahí nosotras lo que venimos diciendo mucho es que, se puso por primera vez a la vista el gran peso que tiene la economía del cuidado, la cantidad de tiempo y de horas que llevan todas las tareas hogareñas y de cuidado no remunerado que recaen asimétricamente sobre las mujeres, y que esa distribución no se alteró en la pandemia. En todo caso, los varones del hogar ayudan -como suelen decir- en alguna u otra cosa, pero sigue siendo una responsabilidad que recae sobre las mujeres. 

¿Cómo permite la pandemia replantear ciertos debates en torno al trabajo, al ingreso, a la inclusión? 

Yo creo que tenemos una oportunidad los que venimos de una formación de la economía feminista, de la inclusión social, y quienes venimos trabajando estos temas del mercado laboral informal y sobre cómo generar una oportunidad para pensar realmente políticas, soluciones, caminos, horizontes y animarnos a pensar de una manera diferente. 

Se piensa en el Ingreso Universal. Pone un debate que es central y creo que tenemos que atender. Yo me he cruzado estos días con muchos compañeros aquí del Ministerio. Discutimos con el Ministerio de Trabajo, de Producción: el debate siempre es cómo generar puestos de trabajo. Y una cosa que yo me pregunto en voz alta en esas mesas es ¿podemos darle trabajo a esas 12 millones de personas que se encuentran en la informalidad? ¿Vamos a un mundo en el cual vamos a darle trabajo a todas esas personas? Porque antes de que sucediera esta pandemia, ya estaba en discusión ese modelo de trabajo con pleno empleo. Ya estaba en discusión porque estábamos hablando de la robotización, de que la jornada laboral de 8 horas no se cambia hace un siglo. Entonces, yo creo que es una buena discusión la del Ingreso Universal, para saber si es posible realmente que todas las personas tengan trabajo. Para ponerte un ejemplo muy concreto, yo le decía a compañeros: ‘supongamos que son solamente 4 millones de personas a las que queremos darle trabajo’. Es simplemente matemáticas. Cada punto que crece el nivel de empleo, necesitás que crezca el PBI un punto. Si queremos que esto crezca 6 puntos, esto tiene que crecer 6 puntos, es así de simple. Y eso asumiendo que generás todos los empleos necesarios. Puede ser menos ese multiplicador PBI/empleo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Crecer al cuánto por ciento? Tenemos que crecer 10 puntos de acá al año que viene para darle trabajo a toda esta gente. Matemáticamente es imposible. Y, además, cuando uno se pone a pensar: ‘bueno, demos trabajo’. No sé, te diría Keynes ‘construyamos pirámides’. Para eso hay que hacer los planos, contratar los arquitectos. Todo lleva tiempo. Hacer obra pública, que es la gran salida porque es el que tiene el mayor multiplicador, es una tarea que tiene una dimensión temporal que hoy la gente no puede resistir. Hoy estamos frente a una situación en la que en la Argentina estamos llegando a 50% de pobreza. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos tomarnos para realizar la obra que estamos diseñando, que va a dar empleo a un 20% de lo que nosotros tenemos como objetivo?

Estos debates de la renta básica, la renta universal, se plantean como debates utópicos, pero se asume que el generar trabajo para todos no es utópico. Vivimos además en una sociedad donde las dos cosas están fallando: ni le podemos dar renta a todos, ni le podemos dar trabajo a todos. En todo caso, a mí me parece que tenemos un gran desafío. Tenemos que ver qué modelo laboral es el que tenemos en mente, qué tipo de trabajo le podemos dar a la gente. Por eso te decía de los trabajadores en las economías populares. Es un debate que está sumamente sobre la mesa. Pero, también, está en debate si no es una forma de institucionalizar la precarización laboral, ¿no? Porque entonces el Estado estaría empleando a gente por debajo de los estándares. Y lo digo, otra vez, tratando de ser pragmáticos. Quizás tenemos que hacer eso, pero, bueno, no nos engañemos, de cierta forma. Uno de los grandes debates que nos está dejando la pandemia, le podemos poner como título “Ingreso Universal”, pero en realidad tiene que ver con qué es lo que nosotros consideramos que es trabajo y con cuáles son las condiciones de ese trabajo. 

¿Cuál sería el papel de la economía feminista en una iniciativa de esa índole?

En términos generales, yo creo que la economía feminista tiene mucho para aportar, porque viene trabajando con el concepto de trabajo en sí mismo, porque viene incorporando eso en la discusión de manera muy grande. Porque además, frente a todas estas desigualdades, las mujeres en general están más golpeadas por todas sus facetas. La pobreza está feminizada, las mujeres ganan menos que los varones, y tienen mayores niveles de precarización laboral. Frente a la pandemia y la salida de ella, son más sensibles a perder el empleo que antes. En la Argentina, hoy se está pensando una vuelta a clases que implica una jornada de escuela más corta, dos o tres días por semana, con distanciamiento social. Ya el hecho de que sean dos o tres días, para una persona que está a cargo de un niño en edad escolar le complica la vida para ir a trabajar. Tiene que hacer una logística gigante para llevarlo esos días, ¿y los otros qué hace? Tendría que contratar a alguien. Pero para eso necesita tener un salario acorde. O debería pedirle a la tía, a la madre, a la sobrina, a la hija, a la prima, que es lo que suelen hacer. Tenemos una crisis del cuidado por delante. Y esa crisis del cuidado, si no hacemos nada, va a recaer sobre las condiciones laborales que tienen las mujeres. 

En ese marco, la economía feminista viene a dar o a decir algo que tiene que ver con los trabajos de cuidado. En los barrios populares se entienden como actos de voluntarismo y de solidaridad extrema, y de una persona muy altruista que va y pone el lomo ahí, revuelve en la olla popular: esa mujer, la matriarca, que todos admiramos y decimos ‘mirá cómo se sacrificó’. Y no queremos tampoco eso. Nosotros queremos que cada persona sea reconocida en lo que hace y que ese reconocimiento le permita sobrevivir. Si ese reconocimiento es con abrazos, que esos abrazos vengan con todas las cosas que ella necesita para vivir. Entonces ahí tenemos un debate muy interesante, que lo tenemos que dar, que ya se nos puso de una manera ineludible casi, que tiene que ver con cómo reconocemos el trabajo, con cuál es la sociedad de trabajo que pensamos que vamos a tener en frente, entendiendo los debates que teníamos antes acerca de la robotización, la automatización, poniéndonos frente a las grandes desigualdades estructurales que nos tocan para dar soluciones concretas y reales. Mientras, en la teoría, podemos traducir algunas alternativas que nos hacen falta realmente. 

Tenemos otro problema con las mujeres que es que, en general, los modelos con los que se piensa la recuperación económica, sobre todo en países como Argentina, Brasil, México, están asociados a la industria, la energía, las comunicaciones, la logística, el transporte, que son todos sectores masculinizados, en donde hay 2 mujeres cada 10 varones. Por otro lado, cuando vemos el rol de las mujeres en la producción tecnológica, hay muy pocas programadoras, muy pocas diseñadoras industriales, muy pocas trabajadoras en el sector de la tecnología, hoy uno de los más dinámicos en la Argentina. Si el modelo de reconstrucción nacional, de desarrollo del país, está orientado en estos sectores, y no hacemos nada para incorporar a las mujeres a esos espacios, también las estamos dejando en el camino. 

Respecto al debate englobado bajo el término de ‘Ingreso Universal’: ¿cómo se vive en una coalición diversa como el Frente de Todos, en el que conviven las organizaciones sociales -que fueron una de las dos grandes actores sociales que se expresaron en el espacio público durante el macrismo junto al movimiento feminista- con el sindicalismo más tradicional? 

Pareciera que las mismas organizaciones sociales -la CTEP, en general, o el Movimiento Evita, en particular- están empezando a dar mucho ese debate en su seno: yo los vi moviéndose de posición. Al principio tenían una posición más cercana al rechazo del Ingreso Universal. En el Ministerio de Desarrollo Social, hoy tienen más de 600.000 planes sociales que están bajo la órbita del Potenciar Trabajo, Argentina Hace, entre otros, que reconocen la figura del salario social complementario, es decir, reconocen que el trabajador está empleado como vendedor ambulante, como trabajadora del cuidado, que no le alcanza para subsistir, y entonces tienen un trabajo en contraprestación del Estado por el cual cobran el complemento. Si el salario mínimo es 16.000 pesos, acá cobran 8.500, porque sería el complemento que ellos tienen de su trabajo en las economías informales. Las organizaciones sociales están hace mucho tiempo con esta idea de que tiene que haber una mediación del trabajo. Sienten que es una forma de que la gente se comprometa, que tengan una cultura que les permita alejarse de las adicciones. Yo, lo que vi en el último tiempo es un debate que empieza a cambiar, también mediado por esta situación que puso una urgencia sobre la mesa. Se ha empezado a tener otra mirada sobre el ingreso universal y a abrazar un poco más la idea de que hay que buscar alternativas. Incluso Juan Grabois, en su momento, estuvo totalmente en contra, y empezó ahora a plantearlo como una posibilidad. Además también el Papa Francisco lo planteó y lo impulsa. Muchas de estas corrientes de trabajadores siguen sus pasos; lo tienen al Papa como un referente, y eso ayudó. Y el ministro de Desarrollo Social lo está planteando en los medios. 

Por otro lado, dentro de quienes estamos dentro del Ministerio de Producción, Trabajo, Economía, etc., ese debate todavía es más difícil. Y yo entiendo que tiene ver con que desde acá miramos las cuestiones mucho más en términos de los costos fiscales y cuesta un poco más ver la dimensión social del problema. Yo estoy trabajando mucho para ablandar eso, para ablandar muchas cosas. Pero creo que, en los movimientos sociales, hay otra idea acerca de eso. Y a mí me parece que es un debate muy valioso que hay que darlo desprejuiciadamente sobre la mesa. Es un debate que nos va a tocar a nivel regional. Yo creo que hoy hay una apertura para hablar de este tema y va a desarmar muchos prejuicios. Nos va a hacer cambiar la forma de pensar de muchos. Yo, de hecho, si me preguntas, hace un año estaba en contra. Me parecía que era una solución artificial. Y hoy lo estoy pensando de otra manera, porque me enfrenté a los datos y a las definiciones de esto que te digo de calcular tantas personas desocupadas, tantos puestos que se necesitan, cuánto se necesita crecer y hacer la matemática del problema, que es la forma que tenemos los economistas de abordar los temas. Es un debate que se está dando y me entusiasma.

Por último, en Europa se habla mucho del cambio climático como un factor para repensar el paradigma económico y el concepto del trabajo. Se trata de algo que a priori está menos enmarcado en temas relativos a la desigualdad social estructural y que no parece ser, en Argentina, prioritario…

Respecto al cambio climático, pareciera que acá en Argentina no prendió tanto como a mí y a muchos nos gustaría. Acá la dimensión de la pobreza, la informalidad, la pérdida de empleo pesa tanto más que en Europa. No sé respecto a Estados Unidos, porque está en una situación muy difícil con su mercado laboral. Entonces, el cambio climático quedó muy desfasado, ¿no? De hecho, el año pasado, el activismo ambiental en la Argentina había crecido muchísimo. Se estaban organizando, hubo marchas por el clima. Apareció un grupo que se llama ‘Jóvenes por el Clima’. Las nuevas generaciones tienen eso, mucho más fuerte. Pero creo que no está tan instalado en el debate político y público, y que no se logró instalar tanto en la calle. El feminismo, que es otro de los grandes movimientos sociales junto a las economías populares, sí tuvo unos cinco o seis años de estar en la calle, antes de que se empezaran a plasmar sus demandas en estructuras del Estado. En cambio, el activismo por el ambiente empezó a crecer en los últimos años. Hoy hay un Ministerio. Pareciera que ese ministerio hoy no ha logrado tener un enfoque que permita también que la política pública esté bien orientada en función de eso. Por ejemplo, en el marco de la pandemia, tenemos el programa que el Estado paga una porción de los empleos de las empresas. Se les puso dos condiciones: no tener paraísos fiscales y no comprar dólares en los próximos años. Pero, en Francia, por ejemplo, se pidió que se comprometieran con el Acuerdo de París, y se les puso también objetivos de género. Acá presionamos para que se pusieran objetivos de género, pero nadie vino a reclamar los de ambiente. Creo que es cuestión de tiempo, y que en algún momento ese debate va a caer acá.

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