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¿Qué le sugiere el contrato social francés, en el momento que estamos viviendo?
Sea cual sea la forma en que se defina este contrato social, está claro que ya no está en vigor. Lo que llama la atención, en los últimos tiempos, es hasta qué punto todos los miembros del cuerpo político —si se me permite decirlo así—, todos los órganos, todos los músculos, todos los huesos, se están separando progresivamente unos de otros. Ya no existe ningún principio sintético que nos una.
El contrato social francés se basaba en el principio general de la política moderna, el régimen representativo: existe un pueblo cívico, los derechos de sus miembros están protegidos por un Estado de derecho y, en este marco, la representación política permite confiar la dirección del país a la fuerza política, a la orientación y a los actores que cuentan con el apoyo de la mayoría. Se trataba, por tanto, del contrato mayoritario, regulado por el Estado de derecho y respaldado por el pueblo político, definido por la pertenencia nacional. Hoy en día, todas las partes de lo que usted denomina el contrato social francés se encuentran paralizadas o, en cualquier caso, se han separado.
Ya no existe el principio mayoritario, porque ya no hay mayoría, ni real ni siquiera potencial. Este es un factor clave de la situación: falta aquello que proporcionaba la energía, el eje y el contrapeso de nuestro régimen. El Estado de derecho, que servía para regular los excesos, las derivas o las imprudencias del régimen mayoritario, pretende ahora decidir, al menos de forma negativa, sobre el propio contenido de las políticas. Mantiene al gobierno y al poder legislativo a raya. Y, por supuesto, el pueblo cívico, en lugar de ser considerado como la fuente primordial de la legitimidad política y el marco natural de la vida política, ha sufrido un proceso de deslegitimación metódica. La idea de que el pueblo nacional pudiera tener derecho a gobernarse a sí mismo ha sido tachada de indigna por la opinión ilustrada que nos orienta y nos dirige. Así pues, los tres grandes componentes de nuestro sistema político ya no son operativos: el primero está ausente, el segundo, hipertrofiado, y el tercero, bajo sospecha y denostado.
¿Qué balance haría del «macronismo»? ¿Cómo valora esta fórmula política, que no es ni de derecha ni de izquierda, pero que en realidad se ha convertido muy rápidamente en algo distinto?
Es difícil emitir un juicio, ya que, en gran medida, los mandatos de Emmanuel Macron no han hecho más que prolongar una tendencia. Esa tendencia era el fin de la alternancia mayoritaria, o más bien el paso de una alternancia significativa entre la derecha y la izquierda a una alternancia que, en el fondo, resulta meramente decorativa. Tanto si la izquierda como la derecha estaban en el poder, se llevaba a cabo, en líneas generales, la misma política, justificada y normalizada por la construcción europea y, más aún, por su retórica. Con esa visión que hay que reconocerle, Emmanuel Macron supo aprovechar el momento oportuno y se llevó el gato al agua: fue elegido con el proyecto de llevar a cabo ambas políticas al mismo tiempo, ya que iban en la misma dirección. Era plausible y tentador, aunque resultara un tanto audaz presentar como una «revolución» una iniciativa que consistía en llevar hasta el final una tendencia ya consolidada desde hacía tiempo.
Entonces, ¿qué hizo? Lo que le reprocharía es que nunca se cuestionara la situación, el estado real, del país que gobernaba. Hizo uso de las facilidades de gobierno legadas por la V República, de los recursos simbólicos de nuestro viejo y gran país, pero ¿para qué? Arrastrado por su propio ímpetu, no hizo más que sobrevolar este país. No pertenece a ninguna corriente política ni espiritual de Francia, lo cual no tiene nada de deshonroso, pero le ha privado de esos puntos de referencia compartidos que incluso los más talentosos necesitan. Se percató antes que los demás del agotamiento de los partidos históricos, sin ser capaz —ni, por otra parte, tener el deseo— de fundar uno nuevo. Ha demostrado un talento, a veces sobrenatural, para adaptarse a las situaciones y salir airoso de los apuros, pero su recorrido por las cimas lo ha llevado hasta esa disolución fatal que ha infligido a nuestra República, ya tambaleante, un daño que aún no es capaz de calibrar.
Sin embargo, es el representante de la alta administración; es una tradición francesa.
No lo sé, ¡pero en fin! Se ha hablado de su san-simonismo. Sin embargo, me parece que apenas se apoyó en las competencias de esa alta administración, que socavó sus grandes cuerpos, que mostró al menos cierta preferencia por las consultoras… Fuera cual fuera la parte afectada de nuestra organización colectiva, quiso «ponerla en marcha», sin mucha reflexión previa, y convencido de que su virtuosismo bastaría para todo. De ahí la hostilidad casi inmediata que suscitó. Esa hostilidad fue a veces ciega y exagerada, pero su desdén —o su descaro— hacia sus detractores, incluso los más modestos, alimentó ese rechazo. Al fin y al cabo, ya solo cuenta con el apoyo, diría yo, de esa parte de la burguesía culta y titulada para la que él sigue encarnando, a pesar de todo, el «gobierno de los mejores». Sus dotes son indiscutibles, pero no se ha esforzado por comprender los rasgos siempre pertinentes de nuestra historia nacional ni por analizar seriamente el estado y el funcionamiento de nuestro régimen.
Se dirá, y no es falso, que estas deficiencias son las de la clase política francesa desde hace cuarenta años: la izquierda, olvidándose del pueblo trabajador, la derecha, olvidándose de la nación, se ha lanzado a una construcción europea tan ambiciosa como indefinida, sin darse cuenta de que el país no la seguía, o lo hacía muy a regañadientes, en esta empresa, de la que, por otra parte, la clase que la dirigía ni siquiera sabía en qué consistía exactamente.
Actualmente hay una campaña presidencial con, digamos, tres opciones. ¿Le parece acertada la expresión «centro extremo» para referirse a lo que ahora se conoce como el bloque central?
Me he jactado de ser uno de los creadores de esa expresión… Lo que resulta muy llamativo es que este sector de la opinión pública no consigue concebir que haya quien no comparta sus obviedades. Al convertir la adhesión —y la adhesión entusiasta— al proyecto europeo en la prueba de la competencia intelectual y moral de los ciudadanos, se ha excluido de la comunidad legítima a innumerables ciudadanos que tenían objeciones, reservas o dudas, más o menos pertinentes, pero que no merecían el desprecio aplastante del «bando correcto».
La vida política de nuestro país se ha visto progresivamente paralizada y esterilizada por la incapacidad para aceptar el desacuerdo y acoger la objeción. Fíjense con qué facilidad, con qué sensación de evidencia y de legítima razón, la clase política decidió hacer caso omiso del referéndum de 2005. Para muchos franceses, ese fue un momento decisivo de ruptura con sus dirigentes. Que no se quiera tener en cuenta en absoluto el voto inequívoco del 55 % de los franceses, ni el, igualmente claro, de los holandeses; que dos países tan diferentes políticamente entre sí digan al mismo tiempo lo mismo a su clase política y que esta no lo tenga en cuenta en absoluto, ¿cómo no ver en ello una de las principales fuentes de las divisiones que nos paralizan?
Durante más de veinte años, la clase política ha gobernado como ha podido, a pesar del distanciamiento del pueblo, o de buena parte de él. Hoy en día se muestra pura y simplemente incapaz de gobernar, mientras que el resentimiento popular es tanto más virulento cuanto que la situación de la mayoría se degrada de manera flagrante. Por su parte, los partidos que pretenden ser la voz de la ira del pueblo no han hecho ningún esfuerzo por canalizarla ni orientarla, limitándose a avivarla y explotarla. Su victoria electoral, que las encuestas parecen anunciar, supondrá la revancha de los despreciados, pero no promete ninguna refundación de nuestro contrato político, ya que los nuevos gobernantes putativos, que no han pensado en prepararse para ello, serán incapaces de hacer frente a las demandas, a veces contradictorias, de un cuerpo cívico impaciente, afligido, exasperado y más dividido que nunca.
El funcionamiento de un régimen representativo se basa en una delicada articulación de la relación entre gobernantes y gobernados. Exige una cierta confianza del pueblo en sus representantes y un cierto sentido de la responsabilidad de los gobernantes para con el pueblo que los ha elegido. Ese intercambio hace tiempo que ya no se da. En la medida en que los gobernantes se consideran responsables principalmente ante el proyecto europeo y los «valores» que declaran inseparables de él, se eximen de las obligaciones consagradas en la propia definición de nuestro régimen. El proceso representativo se ve oscurecido y distorsionado.
Cuando habla de las críticas que se le pueden hacer a la Unión Europea, ¿en qué piensa?
La Unión Europea no ha dejado de afirmar que hacía lo que en realidad no hacía y no quería hacer. Durante décadas, los partidarios de la Unión han tenido todos los poderes y los han ejercido sin obstáculos. Ya lo he señalado: han deslegitimado sistemáticamente cualquier crítica mínimamente rigurosa sobre la forma en que se estaba construyendo Europa. ¿Todos esos poderes para qué? Oficialmente, para construir esa Europa que, por sí sola, tendría la fuerza necesaria para defender a unas naciones europeas que ya son demasiado débiles en un mundo en el que ya no son el centro. Sin embargo, ¿qué vemos? Una Europa incapaz de defenderse por sus propios medios.
Cuando se pretende construir un nuevo cuerpo político, lo primero que importa es ser capaz de defender lo que se está construyendo. Sin embargo, la clase política ha actuado como si eso no le concerniera. Tenía valores que difundir, derechos que hacer valer, intereses que conciliar, pero no tenía nada que defender.
La comparación con la fundación de Estados Unidos resulta esclarecedora. Los estados estadounidenses, cuando decidieron unirse más estrechamente, crearon instituciones propias de la Unión: una Presidencia, un Senado y una Cámara de Representantes. ¿Dónde está el poder ejecutivo europeo? No existe. ¿Dónde están los representantes elegidos por el pueblo europeo? No existen, ya que no hay un pueblo europeo. Por lo tanto, es la institución más carente de legitimidad propia, la más dependiente de negociaciones opacas entre los distintos Estados europeos —en definitiva, la Comisión— la que se encarga del interés general europeo. ¿Cómo es posible pensar que un dispositivo institucional tan mal concebido pueda llegar a generar alguna vez una comunidad política?
No rechazo en absoluto el argumento de que, dada la situación mundial, nuestras naciones son ahora demasiado débiles y, por lo tanto, deben unir sus fuerzas. Simplemente, sostengo que, si se quiere crear una unión política, hay que tener en cuenta la realidad política y basarse en ella. Ahora bien, la realidad política de Europa sigue siendo, hoy como siempre, la de las naciones. Prueba de ello es que todo lo importante que ocurre en la vida de la Unión Europea, tal y como es, sigue dependiendo principalmente de las naciones miembros. ¿Acaso creemos que acabarán fusionándose en una Unión de la que, necesariamente, siguen siendo los principales protagonistas? La Europa posible y deseable será obra conjunta de nuestras naciones o no será.
Lo que resulta curioso, precisamente, es observar la divergencia entre Estados Unidos y los países europeos. ¿Cómo valora el mandato de Donald Trump y la forma en que se ejerce la democracia estadounidense?
La primera gran particularidad de la democracia estadounidense radica en la geografía: Estados Unidos es un imperio continental prácticamente ilimitado, mientras que los europeos tienen —y saben que tienen— vecinos a su lado a los que deben tener en cuenta.
Lo que se ha denominado «Europa» es el resultado de las interacciones entre las naciones que se han forjado unas a otras, algunas de ellas pioneras, como Inglaterra y Francia, y otras que alcanzaron la unidad más tarde, como Alemania o Italia, librándose guerras, negociando, delimitando cuidadosamente sus fronteras, despreciándose, admirándose, imitándose, etc. Los europeos siempre han tenido que tener en cuenta al vecino. Lo que ha caracterizado la vida europea a lo largo de los siglos ha sido la rivalidad y la emulación entre potencias que, aunque desiguales, tendían a reconocerse mutuamente. No cuestionaban la existencia de sus vecinos, aunque esta ley no escrita de la política europea ha tenido excepciones, especialmente en el caso de Polonia. Dejo de lado aquí la empresa hitleriana, que se sale por completo de este marco.
Estados Unidos nunca ha tenido un rival, ni siquiera aproximado, en su entorno. Se desarrollaron con una perspectiva inmediatamente continental, extendiéndose hacia el oeste hasta el Pacífico, hacia el sur hasta apoderarse de la mitad de México y someter a los países de América Central a un control directo o indirecto, político o económico. Estados Unidos se autoproclamó muy pronto protector y señor supremo de las dos Américas. El impulso imperial se ejerció de forma irregular, pero siempre se mantuvo muy poderoso. Hay que mencionar, por supuesto, la guerra hispano-estadounidense de 1898, en la que Estados Unidos se apoderó de los restos del imperio español, incluidas las Filipinas.
En 1917, Estados Unidos se convirtió en el eje del orden internacional al intervenir de manera decisiva en la Gran Guerra. A partir de 1945 se inicia el largo período de un imperio estadounidense que se toma en serio sus responsabilidades como imperio y, si se me permite decirlo, regulariza su situación. Hoy en día se habla, con una nostalgia un tanto complaciente, de un «imperio de las normas». En cualquier caso, aunque este imperio siempre se basó en la fuerza estadounidense —militar, económica y financiera— y veló por sus intereses, la clase dirigente estadounidense demostró suficiente inteligencia política para dar muestras de cierta imparcialidad en la aplicación de las normas, e incluso de una cierta generosidad a la hora de ayudar a la Europa devastada a reconstruirse.
Si tuviera que definir con una sola palabra la actuación de Donald Trump, diría que refleja la rebelión de la nación estadounidense —de una parte importante de ella— contra el imperio estadounidense, contra ese imperio de normas, valores y fuerza militar que la nación estadounidense ya no se siente capaz de sostener. La parte de la opinión pública que representa Trump considera que los estadounidenses han malgastado su energía y su dinero —«blood and treasure»— en causas que no les incumben, y que ya es hora de que Estados Unidos vuelva a casa y se ocupe de sus propios asuntos. Pero volver a casa y ocuparse de sus propios asuntos significa recuperar ciertos reflejos antiguos, pero aún vigentes, en particular el impulso dominador en las dos Américas, hacia el norte (Canadá) y hacia el sur (Cuba, Venezuela). Este reenfoque en el imperio continental implica una retirada necesariamente caótica de las zonas más expuestas del imperio mundial (Medio Oriente, Europa). Por lo tanto, hay cierta racionalidad e incluso coherencia en la estrategia internacional de Trump. Esta coherencia queda más que a medias oscurecida por el discurso que la acompaña, que solo escapa de lo odioso por lo absurdo, pero es real. Tiene consecuencias perjudiciales para Europa y desastrosas para Ucrania, pero lo racional que tiene es más temible que lo odioso, ya que la reorientación que Trump ha dado a la política estadounidense corre el riesgo de ser duradera.
Entre las últimas provocaciones de Trump, hay una sobre la que quería que se fijara, porque recordaba las páginas que le dedicaba en La Raison des nations: la intención de hacer públicas las ejecuciones capitales, después de que, una vez más, una ejecución se hubiera desarrollado de forma muy defectuosa en Estados Unidos.
La sugerencia del secretario de Guerra estadounidense, descartada por el propio Trump, no me parece especialmente digna de interés. En un ambiente político ya de por sí sin frenos ni filtros, quiere destacar por sus excesos y sus provocaciones. Independientemente de la opinión que se tenga sobre la pena de muerte, tratar una ejecución capital como un espectáculo que se retransmite en directo y al que se invita al público denota una sensibilidad moral, como mínimo, degradada.
Insistir en demostrar que no se respeta absolutamente nada es una actitud extraña por parte de alguien que se jacta de querer restaurar la moral tradicional. No lo he comprobado, pero no creo que esta petición del secretario de Guerra haya suscitado mucha simpatía, ni siquiera entre la opinión pública conservadora estadounidense.
Lo que escribía usted en La Raison des nations es que la pena de muerte en Estados Unidos era indisociable de una interpretación del pacto hobbesiano muy diferente a la nuestra, y de una concepción totalmente distinta de la legítima defensa. ¿Podría desarrollar este punto, sobre todo teniendo en cuenta que Francia está conmocionada por un suceso en el que precisamente se plantea la cuestión de la protección de los bienes…?
He observado que muchos europeos ven cómo, de repente, se agranda la brecha con su interlocutor estadounidense, que hasta entonces parecía tan cercano, en cuanto sale a colación el tema del derecho a portar armas, y descubren que, para el amigo estadounidense, el derecho a portar armas —o, al menos, a tenerlas en casa disponibles para la autodefensa— es, en definitiva, algo que se da por sentado.
No debería sorprendernos tanto, ya que la posibilidad de este desacuerdo está, de hecho, inscrita en la matriz de la política moderna. Ha mencionado el nombre de Thomas Hobbes: de hecho, es en su Leviatán donde se expone de la manera más clara y llamativa la racionalidad y, al mismo tiempo, la legitimidad del Estado moderno. Si no existe un poder capaz de poner orden en la comunidad, cada uno es juez de la mejor manera de defenderse de su vecino, siempre amenazante. Se produce entonces la guerra de todos contra todos, más concretamente de cada uno contra cada uno, pues cada uno tiene derecho a hacer lo que considere necesario para defenderse del riesgo de una muerte violenta a manos de los demás. Siempre podrá alegar legítima defensa: ¡iba a atacarme! ¿Cómo salir de esta guerra de cada uno contra cada uno? Es necesario, y basta con ello, que cada uno renuncie a ejercer su derecho a defenderse para confiar su ejercicio a una única instancia, que estará facultada para defender el derecho igualitario de todos los ciudadanos a no arriesgar su vida en todo momento —a vivir en paz—. Toda la legitimidad y la razón de ser del Estado residen en la misión que cada uno le confía de defender su vida, de tal manera que todos estén defendidos por igual.
Se ve la dificultad: para defender mi derecho a la vida, pero también a la libertad de movimiento, que es inseparable de la vida, le otorgo un poder desmesurado al Estado. Sin embargo, es racional, porque en lugar de temer a todo el mundo todo el tiempo, solo me queda un único motivo de temor: el Estado soberano. Este tiene todos los poderes, pero no tiene ningún motivo plausible para atacar a quienes le han autorizado a dictarles la ley. Como escribió un famoso comentarista de Hobbes, el temor «homeopático» al Estado ha sustituido al temor pánico a todos y a cada uno. El «monopolio de la violencia legítima» permite a los ciudadanos vivir, no sin miedo, sino con un miedo incomparablemente más «soportable» de lo que sería en ausencia del Estado.
¿Qué hacer si el Estado no me defiende, o me defiende mal? ¿O, peor aún, si me pide que arriesgue mi vida para defenderlo a él? Hobbes responde así a esta dificultad: si el Estado me pide que arriesgue mi vida para defenderlo, rompe, en cierto sentido, el contrato que nos une. Por lo tanto, tengo derecho a defender por mí mismo mi derecho a la vida, en la práctica, a desertar para escapar de los riesgos del campo de batalla. No es honorable, dice, pero no se puede decir que sea injusto, porque toda la justicia del Estado consiste en la protección que me debe.
Este desvío por Hobbes permite comprender con mayor claridad el origen del desacuerdo entre europeos y estadounidenses. Los europeos postulan que, dado que el Estado ha recibido el monopolio de la violencia legítima, ya no tenemos ningún motivo legítimo para encargarnos de nuestra propia defensa. Le hemos confiado toda nuestra defensa. En cuanto a lo que se denomina «defensa legítima», los europeos la ven con recelo. La justicia, especialmente en Francia, se resiste a considerarla una excusa válida.
Estos días, incluso en nuestro propio país, tememos que los comerciantes que han sido saqueados se tomen la justicia por su mano. Vemos en ello un cuestionamiento de la autoridad del Estado en un sentido más grave que el que cometen los delincuentes. En Estados Unidos ocurre lo mismo, pero es diferente. Es cierto que se supone que la institución pública debe defenderme, esa es precisamente la misión que le he encomendado, pero si no está ahí, si no está disponible, siempre me queda, en última instancia, el derecho a defenderme por mí mismo y, por tanto, a disponer de las armas necesarias. Se trata, en efecto, del mismo marco jurídico y moral, pero interpretado de manera diferente.
Los ciudadanos estadounidenses tienen, más que nosotros, la sensación de que el derecho y el poder del Estado tienen su origen en el derecho y el poder de cada uno de defenderse por sí mismo. Nosotros tenemos, más que ellos, la sensación de que, al reservarnos un derecho más o menos constitucional a defendernos por nosotros mismos, pondríamos en peligro la moralidad y la dignidad del Estado, y volveríamos a caer en un estado premoral, el estado de naturaleza.
Esto también tiene un matiz diferente hoy en día, ya que Europa se considera agredida por Rusia. Se plantea la cuestión del derecho a defenderse, es decir, a armarse y, más concretamente, a arriesgar la vida, no de la población, sino de una parte de nuestros hijos, como ha dicho un militar francés. ¿Qué le sugiere esto?
La pregunta surge, si se me permite decirlo, de forma apremiante. Me cuesta responderla. Pertenezco a una generación que ha escapado por completo a la guerra, que la ha ignorado por completo. Los «boomers» en Francia son la primera generación que nunca ha conocido la guerra en ninguna de sus formas. Sin embargo, la posibilidad de la guerra, el riesgo o la amenaza de la guerra, han vuelto a la conciencia de los europeos. Es posible que pronto tengan que defenderse, incluso por la fuerza militar, contra una campaña de conquista liderada por Rusia. No, lo posible ya es real: tenemos que defendernos contra tal campaña, que ya está en marcha.
Esto trastoca el metabolismo moral de Europa. No estoy diciendo nada nuevo: Europa se construyó —en la medida en que se construyó— sobre la idea de que era, para los ciudadanos europeos, la garantía de la paz, una paz que no se imaginaba que pudiera romperse. Esa paz encontraba su garantía y su aval en la reconciliación entre las naciones europeas, especialmente entre Alemania y Francia. No se tenía en cuenta lo que había ni lo que ocurría fuera de los países miembros de la Unión. En cuanto a los peligros graves, su gestión se dejaba en manos de Estados Unidos. En cuanto a los peligros menores, los Estados europeos —en la práctica, Francia o el Reino Unido— podían hacerse cargo de ellos. Así, la Unión como tal dejó las cuestiones de defensa bien en manos de Estados Unidos, bien en las de los Estados miembros. En la identidad de la Unión Europea, la defensa frente al enemigo exterior no ocupa ningún lugar.
Reconocer hoy que se enfrenta a un grave riesgo de guerra supone para Europa admitir, si no la vacuidad, al menos la caducidad de su promesa más cautivadora, aquella que más había calado en la conciencia de los ciudadanos europeos. Sin embargo, sería un error fatal querer convertir de repente a la «Europa garantía de paz» en una «Europa preparada para la guerra». Eso provocaría el resentimiento y el rechazo de una amplia mayoría de los ciudadanos europeos. Puesto que la perspectiva de la guerra, tanto para los individuos como para los grupos, es necesariamente una ocasión para el examen de conciencia, el ataque ruso debe ser la ocasión para dicho examen. Si la guerra amenaza, y más aún si ya ha estallado, exige un inventario urgente de nuestros recursos materiales y morales. Si nos disponemos a pedir a los jóvenes ciudadanos europeos que estén preparados para arriesgar sus vidas, hay que —perdón por la solemnidad de las palabras— considerar seriamente los resortes del alma humana.
¿En qué sentido?
Volvamos al tema. Los europeos se enfrentan a una amenaza que puede llegar a ser mortal. Por lo tanto, Europa debe reunir las fuerzas y la determinación suficientes para hacer frente a esa amenaza. Esto no puede hacerse en nombre de «Europa y sus valores», reciclando para la guerra la retórica que prometía la paz perpetua. Lo que dará a Europa la fuerza para defenderse es devolver la voz a las naciones, tal y como la necesidad nos está empujando a hacerlo. Los polacos, los bálticos, los noruegos y los suecos se están preparando efectivamente para la guerra; ya han tomado decisiones costosas y valientes, y ya están listos, o casi, para la prueba.
Les ayudamos, al igual que ayudamos a Ucrania, dentro de los límites de nuestros medios, que son modestos, y de nuestra determinación, que aún está por confirmarse. Creo, o quiero creer, que en los distintos países de una Europa amenazada, el sentimiento patriótico sigue vivo, o al menos puede despertarse mediante un discurso político directo y sincero, al servicio de una acción política y militar coherente y enérgica, con el fin de defender la patria y, con ello, a Europa, en el marco de una alianza de las naciones europeas. El recurso moral en nombre del cual se puede pedir a los ciudadanos que arriesguen su vida es, ahora y siempre, la patria. No hay otro.
Esto exige mucho discernimiento, e incluso tacto, por parte de quienes nos gobiernan. Dividir a los ciudadanos, ya sea en nombre de Europa o en nombre de Francia, y tildar a algunos de «traidores», es lo último que hay que hacer. Se trata de conseguir que la defensa frente a la agresión rusa cuente con el mayor apoyo posible. Evitemos desacreditar moralmente de entrada a quienes no comparten nuestra opinión. Hay que explicar por qué y en qué medida Rusia es una amenaza, y una amenaza tal que solo una preparación militar seria —es decir, que nos capacite para hacer la guerra si las cosas llegan a ese punto— puede hacerle frente. Nuestros gobernantes deben realizar un esfuerzo constante para convencer a la sociedad de estas necesidades, sin aprovechar la ocasión para sacar rédito fácil a costa del adversario político.
Creo que muchos europeos, aunque condenen sinceramente la agresión rusa, no se dan cuenta de hasta qué punto la derrota de Ucrania supondría una catástrofe para toda Europa. A veces se oyen risitas estúpidas: «¡Pues pronto veremos los tanques rusos en los Campos Elíseos!». Lo que está en juego en este momento es la supervivencia de Ucrania. Putin está destruyendo Ucrania, eso es lo que quiere hacer y lo está haciendo.
La destrucción de Ucrania supone una amenaza para el conjunto de Europa a lo largo de toda la línea de demarcación. Por lo tanto, es urgente que Europa movilice las fuerzas suficientes para ayudar a los ucranianos a frustrar ese plan, así como los recursos morales necesarios para llevar a cabo un esfuerzo militar duradero y de gran envergadura. Debe obtener estos recursos, en primer lugar, del sentimiento patriótico de las distintas naciones europeas, naciones aliadas en un conjunto civilizatorio que quiere defenderse movilizando a sus partes constitutivas, sus «piedras vivas».
Usted es un gran lector de Tocqueville. En las primeras páginas de De la democracia en América se percibe una especie de confianza providencial en la igualación de las condiciones y en el sentimiento de igualdad entre las personas. ¿Se puede seguir compartiendo ese sentimiento hoy en día?
El optimismo de Tocqueville era, no obstante, un optimismo prudente, ya que, para él, la evolución natural de la democracia se encaminaba hacia una especie de «despotismo suave», según sus propias palabras. Para evitarlo, hay que desarrollar un arte de la democracia. Y el arte de la democracia, es el arte de sacar el máximo partido al gobierno representativo, de calibrar con acierto el dispositivo institucional, de fomentar las asociaciones, de preservar la igualdad de derechos sin sofocar las virtudes y los talentos, de cultivar un lenguaje capaz de decir las cosas tal y como son, en lugar de ahogarlas en abstracciones… Estamos hablando de un arte olvidado.
Me gustaría mencionar un punto importante al respecto. Sufrimos y validamos constantemente una terrible simplificación, o «calcificación», del lenguaje. Ya no sabemos hablar de los problemas colectivos más que en el lenguaje de los derechos. Hay temas en los que el lenguaje de los derechos resulta perfectamente pertinente, pero hay muchas cuestiones en las que debe complementarse con otro lenguaje, con otro enfoque de las cosas. No se puede decir simplemente: hay derechos humanos ilimitados, y la tarea de la política es simplemente garantizar la igualdad de esos derechos humanos ilimitados. ¿Qué ocurre entonces con los derechos del ciudadano? ¿Se pueden disolver simplemente los derechos del ciudadano en los derechos humanos? Saben tan bien como yo que plantear esta pregunta se considera un delito, o casi, en el estado actual de la opinión pública.
Como reacción a esta hipertrofia de los derechos humanos, se ponen de relieve afirmaciones «identitarias», identidades cuyo sentido reside íntegramente en esa misma afirmación. Y se hace en nombre de otro derecho humano, el derecho a tener una identidad… ¡Eso supone un derecho más, como si nos faltaran! Se trata, sobre todo, de simplificarse la tarea de forma abusiva. Esa «identidad» que se afirma con tanta vehemencia es, por lo general, un «bien común» que, para poder proponerse de forma útil, requeriría ser analizado en términos políticos y morales precisos. Es cierto que lo común no puede ser simplemente el marco de los derechos, que tiene una consistencia política y moral, que incluye «contenidos de vida», pero esto debe desentrañarse y articularse con precisión, en lugar de afirmarse como un bloque que hay que aceptar tal cual o rechazar.
Tocqueville temía la afición de las sociedades democráticas por las abstracciones. Fíjense en qué maraña de abstracciones se ve envuelta la cuestión de la educación entre nosotros. «Derecho a una educación de calidad», «igualdad de oportunidades», «la escuela para corregir las desigualdades»… Todas estas fórmulas giran en torno a la periferia del tema, al que rozan sin llegar a abordarlo. No nos dicen nada sobre el contenido deseable de la educación. Por ejemplo: ¿qué lugar hay que dar al aprendizaje de la lengua? ¿Cómo enseñarla? La lengua francesa está abandonada, humillada, destrozada por todas partes. ¿Qué arte de la democracia queda si se pierde el arte de escribir y hablar? Se oyen en la radio algunas frases de Georges Pompidou o de François Mitterrand, y uno piensa: ¡qué bien hablaba, cómo encontraba la palabra adecuada, cómo la colocaba en su sitio! Esa sutileza en el discurso no era solo el talento o la virtud de una persona, sino la expresión de un país que había dominado el arte político de la democracia. ¿Lo hemos perdido? Me desconcierta la volubilidad y la precipitación de la mayoría de los políticos a los que escucho por la radio por las mañanas. ¿Se dirigen a alguien? Da la impresión de que tienen un repertorio de sustantivos que quieren hacer oír, como si emitieran señales, sin preocuparse de que sirvan para un discurso que exigiría verbos.
Solo el arte de la democracia, con el buen uso de nuestra lengua que ello supone, puede permitirnos «reunir» los componentes de nuestro régimen que se han separado: un pueblo político en el marco nacional, que no excluye una unión más estrecha entre las naciones europeas; un Estado de derecho que no se sustituya ni al legislador ni al gobierno; y, por último, una representación política que restablezca un intercambio honesto entre la confianza de los gobernados y el sentido de la responsabilidad de los gobernantes. ¿Aún estamos a tiempo de reparar este sistema, que es la obra maestra —en grave peligro— de la política moderna?
