Trump quiere avasallar a la prensa estadounidense

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Una lucha sin precedentes

El sábado 19 de septiembre de 2026, los periodistas de CNN, MSNBC y Politico se presentaron a las puertas de la Casa Blanca y descubrieron que sus acreditaciones habían sido desactivadas, tras lo cual el Servicio Secreto los acompañó hasta la salida. El día anterior, Donald Trump había anunciado su expulsión, acusándolos de difundir información falsa, y había dado a entender que el New York Times y el Washington Post podrían correr pronto la misma suerte. Unos días más tarde, un juez federal, nombrado por el propio presidente, suspendió esta decisión y autorizó el regreso de los periodistas afectados a la Casa Blanca. A pesar de todo, el jefe del Ejecutivo sigue impidiendo hasta la fecha que estos periodistas lo sigan en sus desplazamientos y, por lo tanto, que lo cubran como es habitual en Estados Unidos. A un mes de unas cruciales elecciones de mitad de mandato, este conflicto abierto con el presidente de Estados Unidos sin duda no ha hecho más que empezar.

Desde su regreso al poder en 2025, varias decisiones adoptadas por su administración perfilan una estrategia deliberada para socavar uno de los pilares históricos de la República estadounidense, consagrado en la Constitución por James Madison, entonces representante de Virginia, en 1791: una prensa libre e independiente de cualquier poder.

Durante el primer mandato de Donald Trump, el enfrentamiento se manifestaba sobre todo a través de insultos, y el presidente no paraba de clamar contra las «fake news», tanto durante como después de su victoriosa campaña electoral. En su segundo mandato, aunque no ha abandonado las burlas, Trump recurre a una estrategia mucho más temible, ya que actúa directamente sobre las condiciones concretas de producción de la información. Pete Hegseth, el estruendoso secretario de Defensa —rebautizado como secretario de Guerra sin el visto bueno del Congreso— intentó así prohibir el acceso al Pentágono a los periodistas que consideraba demasiado críticos con su actuación. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el equivalente a la ARCOM francesa, dirigida por otro ferviente aliado de Trump, Brendan Carr, amenaza públicamente con retirar las licencias a las cadenas cuya cobertura desaprueba. Por último, varios grandes medios de comunicación han sido demandados por el propio Donald Trump por cantidades que ascienden a miles de millones de dólares. Lo nuevo no es, por tanto, la hostilidad de Trump hacia la prensa, sino el recurso reiterado a los instrumentos administrativos, normativos, económicos y judiciales de los que depende directamente su actividad.

El caso de la CBS permite comprender mejor los mecanismos puestos en marcha por la nueva administración. Durante la campaña de 2024, tras la emisión de una entrevista con Kamala Harris, Trump acusó a la cadena de haber manipulado el montaje a favor de su rival y reclamó hasta 20.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. A pesar de la evidente falta de fundamento jurídico, Paramount, la empresa matriz de CBS, acabó llegando a un acuerdo por 16 millones de dólares. A nadie se le pasó por alto que su fusión con la empresa de medios Skydance, por un importe de más de 8.000 millones de dólares, aún estaba pendiente de la aprobación del gobierno federal. Al mismo tiempo, la cadena anunció la retirada de su presentador estrella y crítico acérrimo de Trump, Stephen Colbert. Este episodio ilustra la vulnerabilidad de los grandes grupos mediáticos: una redacción puede estar protegida legalmente, mientras que la empresa propietaria de la misma depende, por intereses financieros mucho más considerables, de las decisiones tomadas por una administración que sus periodistas y humoristas están obligados a cubrir y criticar. 

Brendan Carr se ha convertido así en una de las figuras clave de esta nueva relación entre los medios de comunicación y el gobierno. Fue tras una de sus advertencias a la cadena ABC cuando esta decidió, en septiembre de 2025, suspender al humorista Jimmy Kimmel por un «plazo indefinido». El director de la FCC consideró que este último había hecho comentarios indecentes sobre el asesinato del influencer ultraconservador Charlie Kirk. Carr advirtió además a la ABC que podía actuar de dos maneras: «the easy way or the hard way». Sin embargo, unos días más tarde, ante la fuerte reacción de la opinión pública, Jimmy Kimmel volvió y su programa registró cifras de audiencia récord. La popular serie South Park aprovechó este episodio para crear una sátira mordaz en la que parodiaba a Carr como un mafioso a sueldo del presidente, y de paso logró también cifras de audiencia históricas. 

La ironía es aún mayor si se tiene en cuenta que, en febrero de 2025, en Múnich, J. D. Vance había decidido presentarse como defensor de la libertad de expresión, afirmando que los europeos sufrían menos por las amenazas rusas y chinas que por su intolerancia ante las críticas. Tras acusar a la administración de Biden de haber fomentado la censura, prometió que la administración de Trump restablecería la libertad de expresión. Diecinueve meses después, el recuerdo de aquella arenga no puede sino dar que pensar.

Pero reducir el asunto a una contradicción más dentro del movimiento MAGA sería pasar por alto lo esencial. De hecho, históricamente, en Estados Unidos, la libertad de prensa no es solo un derecho reconocido a determinados sectores de la población: protege el derecho a la información de todo el pueblo. Forma parte de la propia definición del proyecto republicano iniciado hace exactamente 250 años, en 1776. 

Montesquieu y la prensa: el descubrimiento de un nuevo poder

La historia de la libertad de expresión estadounidense comienza antes del nacimiento de los Estados Unidos, al otro lado del Atlántico. Entre 1729 y 1731, el filósofo Montesquieu pasó cerca de 18 meses en Inglaterra, donde lo cautivó la efervescencia de una vida política que contrastaba totalmente con la Francia monárquica, aún marcada por el ocaso del reinado de Luis XIV. Allí, donde la censura previa había desaparecido tras la expiración de la Ley de Licencias en 1695, se codea con los círculos políticos, asiste a las sesiones del Parlamento, observa las luchas entre partidos y lee la prensa de la oposición. En sus Notas sobre Inglaterra, resume así sus observaciones: «Inglaterra es actualmente el país más libre del mundo, sin excluir a ninguna república».

Entre sus lecturas destaca, en particular, The Craftsman, un periódico vinculado a dos importantes políticos, Bolingbroke y William Pulteney, feroces adversarios del gobierno de Robert Walpole. Montesquieu señala con evidente diversión una práctica inimaginable en el reino de Francia: antes de su publicación, los artículos del periódico se someten a tres abogados para determinar «si hay algo que contravenga la ley». En el manuscrito preparatorio de El espíritu de las leyes, esta observación se convierte en un principio: «Allí, quienes escribieran contra el poder ejecutivo no se preocuparían por saber si este se sentiría ofendido, sino que consultarían a abogados para saber si la ofensa se encuentra entre las que castiga la ley». En una república, el delito de lesa majestad no puede existir; por el contrario, existe un derecho, y casi un deber, de ofender al poder.

Montesquieu no inventó del todo el «cuarto poder» —la expresión, que Carlyle atribuirá a Burke, aparecerá más tarde—. Sin embargo, percibe, junto a los tres poderes del Estado, una fuerza social capaz de observarlos a todos. La prensa no legisla, no gobierna ni juzga; sin embargo, hace visibles los actos de quienes sí lo hacen. Su independencia no es, por tanto, un privilegio profesional concedido a los periodistas, sino la condición sine qua non de su participación activa en el equilibrio de poderes dentro de la república. 

Ahora bien, en la época de la fundación de los Estados Unidos, Montesquieu era el autor más citado y al que más se recurría en los debates políticos; tanto los partidarios como los detractores del nuevo régimen esgrimían El espíritu de las leyes, aunque ello supusiera extraer conclusiones a veces opuestas. ¹

Jefferson y Madison: la prensa como guía del pueblo

La Primera Enmienda de la Constitución, ratificada en 1791 y redactada principalmente por James Madison, amplía considerablemente el ámbito de la libertad de expresión. La Bill of Rights inglesa de 1689 protegía la libertad de debate en el seno del Parlamento; por lo que solo afectaba a los diputados ingleses. El texto estadounidense, en cambio, prohíbe al Congreso restringir la libertad de expresión de cualquier ciudadano. La libertad de expresión protegida deja de ser solo la del representante para convertirse en la de todo el pueblo.

Thomas Jefferson y James Madison, dos figuras clave de la fundación de Estados Unidos, fueron dotando progresivamente a esta libertad de una función específicamente republicana. A su juicio, la prohibición de la censura no bastaba por sí sola para definir el estatus de la libertad de expresión. Es importante preguntarse cómo una prensa libre puede mantener la soberanía del pueblo, incluso una vez elegidos sus representantes. ²

Ya en enero de 1787, Jefferson propone, desde París, donde se encuentra destinado, una respuesta de profunda radicalidad. Mientras que una parte de las élites estadounidenses, temiendo un estallido social a raíz de las rebeliones fiscales, acusa a la prensa de echar leña al fuego, Jefferson les recuerda que «el pueblo es el único censor de sus gobernantes» y que, para evitar las revueltas, hay que proporcionarle información completa sobre los asuntos públicos «a través de los periódicos». Si tuviera que elegir entre «un gobierno sin periódicos» y «periódicos sin gobierno», Jefferson elegiría sin dudarlo la segunda opción. Los riesgos que entrañan los periódicos son insignificantes en comparación con los males que se derivarían de su desaparición. 

Esta convicción es aún más sincera en él, ya que nunca idealizará a la prensa. De hecho, una vez convertido en presidente, se quejará profusamente de sus mentiras y calumnias. Su argumento no por ello es menos sólido: la libertad de prensa no se justifica por la virtud de quienes escriben, sino por el peligro que supondría dejar que quienes gobiernan decidan qué críticas pueden recibir. Si los ciudadanos se vuelven «desatentos a los asuntos públicos», advierte, el Congreso, las asambleas, los jueces y los gobernadores se convertirán todos en «lobos», como en la Europa monárquica que él conoce tan bien.

Madison llega a la misma conclusión, pero partiendo de una dificultad diferente: ¿cómo podría seguir siendo libre una república tan extensa como los nuevos Estados Unidos? En 1791, escribe en la National Gazette que «la opinión pública establece los límites de todo gobierno» y que constituye «el verdadero soberano de todo gobierno libre». Pero una opinión solo puede convertirse en pública si circula a través de múltiples canales. En una reflexión sorprendente, Madison asocia entonces las carreteras, el comercio interior, los representantes que van y vienen entre la capital y sus circunscripciones y, sobre todo, la «prensa libre», cuyos periódicos llegan a «todo el pueblo». Estos instrumentos de difusión de la opinión, por muy diferentes que sean, acortan simbólicamente el territorio: la prensa acerca políticamente a quienes la geografía separa. La Ley de Correos de 1792 sacará la consecuencia de ello al conceder a los periódicos una tarifa postal subvencionada. En un país que no deja de expandirse hacia el oeste, la prensa libre se perfila como uno de los elementos más poderosos de la cohesión nacional. 

Es precisamente esta concepción republicana de la prensa la que se vio amenazada desde 1798, en plena «cuasi-guerra naval» con la Francia del Directorio, cuando John Adams y la mayoría federalista aprobaron las Leyes de Extranjería y Sedición. La Ley de Sedición permitía, en efecto, procesar a los autores de escritos «falsos, escandalosos y maliciosos» contra el gobierno, el Congreso o el presidente, pero no contra el vicepresidente, que no era otro que Jefferson, enemigo íntimo de Adams. Jefferson y Madison comprendieron que el problema iba más allá de los periodistas procesados: si los propios gobernantes pueden determinar qué críticas dirigidas contra ellos son admisibles, el pueblo ya no dispone libremente de los medios para juzgarlos y la Primera Enmienda queda vacía de contenido. Responden con las resoluciones de Kentucky y Virginia, pero habrá que esperar a la elección de Jefferson en 1800 para que la ley quede enterrada. 

¿Quién tiene los medios para influir en la opinión pública?

Para Trump, la cuestión ya no es necesariamente prohibir una publicación, como hacía su lejano predecesor, sino actuar sobre el entorno en el que esta se hace posible. El periodista sigue siendo libre ante la ley, pero las relaciones de dependencia que lo rodean dependen pronto de su lealtad al poder vigente. Este proceso tiene un precedente europeo. En la Hungría de Viktor Orbán, derrotado la pasada primavera, la prensa no fue tanto censurada como comprada por personas cercanas al poder, para luego agruparse en 2018 en la fundación KESMA. Lejos de haber hecho desaparecer el poder del Estado, la forma contemporánea del capitalismo ha situado en el centro del juego económico su poder regulador. 

La actual reestructuración del panorama mediático estadounidense lo pone de manifiesto con especial claridad. David Ellison controla ahora Paramount Skydance, propietaria de CBS, y que además acaba de adquirir Warner Bros. Discovery por unos 110.000 millones de dólares, una operación que, entre otras cosas, incorporará a CNN al mismo grupo. El Departamento de Justicia y la FCC ya habían dado su visto bueno a varios aspectos de la operación, y los últimos estados que se oponían a esta fusión se sumaron al acuerdo el 21 de septiembre al firmar un acuerdo con Paramount. En la estructura prevista, la familia Ellison, muy cercana a Donald Trump, y el fondo de inversión RedBird Capital controlarían la totalidad de los derechos de voto.

El problema es de carácter estructural: una parte cada vez mayor de las instituciones encargadas de informar al público pertenece a grandes fortunas cuyas actividades, inversiones y operaciones industriales mantienen, a su vez, múltiples relaciones de interés con el Estado federal. La cuestión de la independencia de la prensa se desplaza así del mero contenido de los artículos hacia la propiedad de los medios que permiten producirlos. Los estadounidenses son muy conscientes de estos riesgos cada vez mayores, ya que las últimas encuestas de opinión indican que nunca les ha parecido que el gobierno federal estuviera tan corrupto. ³

Es aquí donde la continua desaparición de la prensa local cobra un carácter decisivo. Desde 2005, han desaparecido cerca de 3.500 periódicos estadounidenses. En otras palabras, unos 50 millones de personas viven ahora en condados que carecen de cualquier fuente local habitual de información. La tendencia no deja de acelerarse, ya que en solo un año han desaparecido más de 130 cabeceras adicionales. ⁴

Las consecuencias políticas son catastróficas. Un estudio publicado en el Journal of Communication comparó varios condados similares, con la única diferencia de que en algunos de ellos había desaparecido un periódico local: el cierre se acompañó de una disminución de 1,9 puntos en el voto repartido entre candidatos de diferentes partidos, lo que indica una mayor nacionalización de los comportamientos electorales. Cuando la información local retrocede, los ciudadanos se basan más en la actualidad nacional y en referencias partidistas. ⁵

La intuición de Madison resultó, pues, acertada. Según él, la prensa debía unir el inmenso territorio estadounidense difundiendo las experiencias y los intereses particulares de los ciudadanos. A falta de estos canales de información, el país parece extenderse sin cesar. Los periódicos locales tienen esa cualidad, a veces objeto de burla, de ser en su mayoría descriptivos, ya que los artículos de opinión se reservan para los periódicos de las grandes ciudades. Sin embargo, ese carácter factual de los periódicos locales es lo que permitía a los ciudadanos de condados, a veces alejados varios miles de kilómetros entre sí, compartir ciertas verdades básicas. Con la desaparición de los periódicos locales, se va mermando la propia posibilidad de constituir un pueblo. 

Francia: cuando la prensa ya no se vende, sino que se compra

En Estados Unidos, el debilitamiento de la prensa tiene hoy en día dos causas: el poder político y el poder económico. La administración de Trump ejerce una presión directa sobre las condiciones de acceso, las licencias y los procedimientos judiciales, mientras que la acelerada concentración del panorama mediático sitúa a redacciones enteras en una dependencia estructural respecto a fortunas cuyos intereses industriales están vinculados al Estado federal. En Francia, la amenaza política es incomparablemente más limitada; es el poder económico el que predomina. Como ha demostrado la economista Julia Cagé, la prensa lleva dos décadas atravesando una profunda crisis en sus ventas y sus ingresos publicitarios. Sin embargo, nunca antes había despertado tanto interés entre los más acaudalados. No se trata en absoluto de una contradicción: poseer un medio de comunicación deficitario puede seguir siendo racional siempre que su valor no se mida únicamente por sus beneficios, sino por la influencia que confiere en la configuración del debate público. ⁶

Las mujeres y los hombres de poder saben que un medio de comunicación tiene un valor político que su balance contable no basta para medir. Balzac ya lo había expresado durante la Monarquía de Julio: en Ilusiones perdidas, Claude Vignon constata que «el periódico, en lugar de ser un sacerdocio, se ha convertido en un medio para los partidos; de medio, se ha transformado en negocio; y, como todos los negocios, carece de fe y de ley». ⁷ La frase resulta menos interesante por su desprecio hacia el periodismo que por la contradicción que pone de manifiesto: la prensa es, al mismo tiempo, una mercancía y un poder. Si bien es cierto que necesita dinero para existir, permite, sin embargo, a quien invierte en ella adquirir algo que difícilmente encontraría en otro lugar: la capacidad de influir en la opinión pública. Ahora bien, en los regímenes políticos basados en las elecciones, esta capacidad de influencia constituye sin duda la «mercancía» más valiosa. 

Esto nos lleva de nuevo a Montesquieu. La prensa moderna no puede considerarse la única expresión de la libertad individual. Dado que contribuye a dar visibilidad a la actuación de los gobernantes, a jerarquizar la información y a organizar el debate público, ejerce una influencia nada desdeñable sobre el cuerpo político. Por eso, la república, como régimen basado en el equilibrio de poderes, debe garantizar su independencia frente al poder ejecutivo y los intereses privados. Tras el compromiso de la prensa bajo el régimen de Vichy, el Consejo Nacional de la Resistencia ya afirmaba la necesidad de una prensa independiente «frente al Estado, a los poderes económicos y a las influencias extranjeras». 

Sin libertad de prensa, no hay república

En El espíritu de las leyes, Montesquieu resumía la relación entre la nobleza y la monarquía con una frase que ha pasado a la historia: «Sin monarca, no hay nobleza; sin nobleza, no hay monarca; pero sí hay un déspota». En otras palabras, un régimen no se reduce simplemente a las instituciones que enumera su constitución: también depende de las fuerzas independientes que impiden que la autoridad se vuelva ilimitada.

Hoy en día podríamos adaptar su frase: sin libertad de prensa, no hay república.

Jefferson y Madison no defendían a la prensa porque pensaran que los periodistas fueran más sensatos que el resto de los hombres. Sabían que podía mentir, calumniar, exagerar y dividir. Madison reconocía en 1800 que «un cierto grado de abuso» es inseparable de su buen uso y que «es mejor dejar crecer algunas ramas nocivas que podarlas a riesgo de dañar las que dan buenos frutos». En definitiva, el precio que hay que pagar por una prensa verdaderamente libre es escaso en comparación con los beneficios que aporta. Puesto que el pueblo es soberano, debe disponer de los medios para conocer y juzgar continuamente a quienes ejercen su poder en su nombre.

El peligro actual surge sobre todo de la posible combinación de poderes. Cuando el poder político puede ejercerse sobre unas pocas empresas mediáticas que, a su vez, forman un oligopolio, volvemos a la pregunta que planteaban Jefferson y Madison en su época: ¿quién forma la opinión del pueblo del que el gobierno deriva su legitimidad? En Múnich, J. D. Vance instaba a los europeos a no tener miedo de su pueblo. Hoy en día, forma parte de una administración que se niega a permitir que los periodistas ejerzan su profesión en la Casa Blanca. No temer a su pueblo supone proporcionarle los medios para saber qué hacen realmente sus gobernantes y formarse una opinión sin depender de los caprichos de estos, ni de los de unas pocas potencias privadas.

Las elecciones son indispensables para cualquier república; sin embargo, nunca bastan para mantener la libertad. El pueblo ejerce su soberanía cuando elige a sus gobernantes. Pero, como observó tan acertadamente Rousseau, ¿acaso un pueblo solo es libre durante las elecciones y luego vuelve a ser esclavo? ⁸ Por supuesto que no. El pueblo solo conserva su soberanía si la ejerce todos los demás días, a través de una prensa libre e independiente que vigila a aquellos a quienes ha delegado parte de su poder por un tiempo. Por mucho que le moleste al actual inquilino de la Casa Blanca.