¿A quién pertenece realmente la riqueza generada por la IA?

En Estados Unidos está surgiendo un movimiento contra la IA. Las causas de esta revuelta son: los temores relacionados con el empleo, los mecanismos adictivos generados por el modelo económico de las plataformas digitales y sus efectos en los más jóvenes, así como la implantación de centros de datos. Más del 70 % de los habitantes considera que la IA se está desarrollando demasiado rápido y 19 estados han establecido o están considerando restricciones a la instalación de nuevos centros de datos.

Las preocupaciones sobre el empleo se han visto avivadas durante varios años por los discursos alarmistas de los empresarios del sector de la IA: Elon Musk declaró en noviembre de 2023, en la cumbre sobre seguridad de la IA celebrada en Bletchley Park, que, en un plazo de dos años, la mitad de la humanidad perdería su trabajo a causa de la IA. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, por su parte, alertaba en enero de 2026, en un texto traducido y comentado en estas páginas, sobre la posibilidad de un impacto masivo en el empleo, con la anunciada desaparición de la mitad de los puestos de trabajo para jóvenes debido a la IA en los próximos cinco años. La escasa contratación de jóvenes titulados en informática en Estados Unidos refuerza aún más estos temores.

Sin embargo, unas observaciones más matizadas sobre el tema podrían haber mitigado la impopularidad de esta tecnología. Sam Altman ha cambiado así su discurso sobre la cuestión del empleo, llegando incluso a declarar recientemente que ya no veía un «apocalipsis laboral». Investigadores de la London School of Economics han encontrado una correlación más fuerte entre la disminución de la contratación de jóvenes titulados y la generalización del teletrabajo que con el despliegue de la IA. ¹ En Estados Unidos, las cifras globales de empleo se mantienen estables. Sin embargo, la ola de protestas parece haber llegado para quedarse. De hecho, sigue alimentándose a medida que cada día se presentan nuevas capacidades de IA extremadamente rápidas, ya sea para la programación informática, las ciencias o la ciberseguridad.

La carrera hacia la IA

Si bien las redes sociales han sido condenadas por la justicia estadounidense por sus efectos adictivos y nocivos para los menores, actualmente se están llevando a cabo procedimientos judiciales similares contra el uso que hacen de los chatbots con IA. Estas cuestionan la dependencia emocional que generan, la promoción de comportamientos peligrosos y su incapacidad para proteger a los adolescentes vulnerables. En muchos países, entre ellos Francia, se han establecido o se están estableciendo límites de edad. A nivel europeo, un conjunto de normativas protege a los niños en las plataformas digitales (Ley de Servicios Digitales) y prohíbe los sistemas manipuladores que se aprovechan de las vulnerabilidades relacionadas con la edad (Ley de IA). La Ley de IA también incluye la prohibición de los contenidos de pornografía infantil generados por la IA, así como de las aplicaciones de deepfakes, esas herramientas de IA que generan imágenes, videos o audios explícitos falsos de personas reales sin su consentimiento.

Los centros de datos, por su parte, constituyen la huella física de la IA. En Estados Unidos, el país que cuenta con el mayor número de ellos, y con diferencia, los efectos de esta implantación ya se están dejando sentir: se suceden los anuncios de megaproyectos y cristalizan los debates en torno al aumento de los precios de la energía, la presión sobre el suelo en algunos estados y los impactos medioambientales relacionados con los centros de datos alimentados total o parcialmente por energías fósiles. Aumenta la desconfianza ciudadana ante proyectos insuficientemente concertados, a veces puestos en marcha sin consulta alguna ni información, lo que tiene como consecuencia el aumento de la oposición local. 

Al mismo tiempo, los gigantes tecnológicos recurren a los mercados bursátiles para financiar su expansión. En el marco de su próxima salida a bolsa, SpaceX pretende recaudar más de 75.000 millones de dólares, con una valoración de cerca de 1,8 billones de dólares. Anthropic y OpenAI también acaban de presentar un proyecto de salida a bolsa y cada una de ellas tendría previsto recaudar 60.000 millones, con valoraciones esperadas del orden de los 1 billón de dólares. Por su parte, Google, cuya capitalización bursátil ya supera los 4 billones, acaba de llevar a cabo una ampliación de capital de 85.000 millones. 

Para hacerse una idea de la magnitud de estas cifras, recordemos que la mayor salida a bolsa realizada hasta la fecha fue la de Saudi Aramco, que recaudó cerca de 26.000 millones de dólares en 2019. Cabe señalar también que cada una de estas megacotizaciones en bolsa espera alcanzar una valoración de más de 1 billón, es decir, superior a la suma de las valoraciones de todas las startups en el momento de su salida a bolsa. A esta escala, estas operaciones han dejado de ser una excepción. Reflejan una concentración de capital sin precedentes y alimentan el temor a que los avances en IA agraven considerablemente las desigualdades.

La búsqueda de una alternativa

Están surgiendo varias iniciativas para intentar reflexionar sobre ello y hacerle frente.

En su encíclica Magnifica Humanitas sobre la inteligencia artificial, publicada a finales de mayo, el papa León XIV habla del bien común e incluye, entre los bienes de destino universal para todos, los algoritmos, las plataformas digitales, las infraestructuras tecnológicas y los datos. En definitiva, todo lo que sirve para producir la IA. Con ello, se inscribe en la continuidad de la doctrina de la Iglesia católica sobre el bien común y los bienes de destino universal. 

En un artículo de opinión publicado el 1 de junio, ² el representante demócrata estadounidense Bernie Sanders también aboga por considerar la IA como un bien común, en la medida en que los modelos han sido entrenados por nuestra inteligencia colectiva. Anuncia que presentará un proyecto de ley para imponer un impuesto extraordinario del 50 % sobre el valor bursátil de las empresas de IA con el fin de crear un fondo soberano. Con ello, se inscribe en la línea de pensamiento del Partido Demócrata, que desea utilizar la fiscalidad como palanca frente al poder desmesurado de los gigantes tecnológicos.

Lo más sorprendente es que esta idea de un fondo soberano también la propone Sam Altman. De hecho, este último lleva varios meses sugiriendo que OpenAI y las demás empresas de IA que salen a bolsa deberían aportar una parte de su capital a un «Fondo de Riqueza Pública» que estaría en manos de los ciudadanos de Estados Unidos y se invertiría posteriormente en acciones diversificadas a largo plazo. OpenAI se creó en 2015 como una organización sin ánimo de lucro antes de pasar a ser una sociedad con ánimo de lucro con un límite de beneficios en 2019, y posteriormente a una empresa comercial clásica en 2024. La rama original, sin ánimo de lucro, sigue siendo accionista minoritaria y posee una parte del capital. Si la salida a bolsa se desarrolla según lo previsto, esta participación podría alcanzar un valor superior a los 200.000 millones de dólares. Este historial permite, en parte, comprender la propuesta de Sam Altman.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también parece bastante favorable a esta idea. Parece pensar que, si cada ciudadano posee una parte de la riqueza que genera la IA, la gente valorará más esta tecnología y tal vez ni siquiera castigue a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre por la inversión masiva realizada por la administración en este ámbito. De hecho, sus equipos han tenido ocasión de recordar que ya existe un fondo soberano de este tipo en Alaska, que permite a los residentes del estado percibir dividendos anuales vinculados a la explotación de las reservas de petróleo.

El quid de la cuestión

Estas propuestas no carecen de interés y deben analizarse detenidamente, sobre todo cuando proceden de personalidades con puntos de vista y posturas a priori muy diferentes. Sin embargo, plantean varias cuestiones. 

La primera es bastante fácil de explicar. Siguen considerando la IA como una tecnología generadora de riqueza en forma de dividendos que se pueden redistribuir. El problema es que, para que haya dividendos, tiene que haber beneficios. Sin embargo, este no es en absoluto el caso de Anthropic, OpenAI o Space X. De hecho, esta es la razón por la que estas empresas han decidido ahora recaudar fondos del público mediante su salida a bolsa. Para financiar el desarrollo de sus servicios y de las infraestructuras necesarias, ahora necesitan recurrir a nuevas categorías de inversores. 

Sin embargo, en estas propuestas, los fondos soberanos siempre se financian, de una forma u otra, con las acciones de estas empresas tras su salida a bolsa. En otras palabras, los ciudadanos de Estados Unidos se encontrarían con participaciones indexadas de una forma u otra a acciones cuyo precio podría subir o bajar. Es cierto que, por supuesto, no se puede predecir con certeza el futuro de estas capitalizaciones. Pero las estadísticas bursátiles muestran a menudo que, a mediano plazo, tras una salida a bolsa, el precio de la acción tiende a bajar, mucho antes de que se plantee la posibilidad de posibles dividendos. 

La segunda cuestión es más amplia: todo fondo soberano implica una gobernanza específica. Se podría pensar en el Fondo Permanente de Alaska, vinculado al petróleo. Pero el ejemplo más evidente es el del Fondo Soberano de Noruega, el más importante del mundo, elogiado habitualmente por la calidad de su gobernanza y su transparencia. Creado originalmente como «Petroleum Fund», recibe los ingresos procedentes de los impuestos sobre los beneficios de las empresas petroleras y los importes de las licencias de explotación de yacimientos. El Estado noruego también le ha aportado sus participaciones en empresas del sector energético como Statoil o NorskHydro. Este fondo soberano es ahora accionista, con un porcentaje de entre el 1 % y el 10 %, de la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo. 

Su estructura de gobierno se compone de varios niveles. Su equipo directivo cuenta con el respaldo de un consejo ético independiente, bajo la supervisión del Banco Central de Noruega y del Parlamento noruego. Pero este caso ejemplar es también prácticamente único: son numerosas las situaciones de acaparamiento de la riqueza asociada y de corrupción en países ricos en hidrocarburos. Estas situaciones permiten tomar conciencia de los riesgos que supondría lanzar un fondo soberano de este tipo sin una buena gobernanza asociada.

Todo esto se refiere a Estados Unidos, pero ¿qué lecciones podemos extraer de ello para Francia, para Europa? Contamos con una protección social más sólida y más medidas reguladoras, ya sea en lo que respecta a la instalación de centros de datos, al diálogo social en las empresas a la hora de integrar herramientas de IA o a la protección de los menores. Por otro lado, aunque Europa cuenta con importantes actores tecnológicos como ASML, que diseña y produce las máquinas estratégicas para la fabricación de semiconductores, el editor de software SAP y la empresa francesa Mistral para la IA generativa, no cuenta con gigantes con valoraciones comparables a las de Silicon Valley. Hay que reconocer que, a medida que se acentúa el retraso tecnológico de Europa, corremos el riesgo de convertirnos en clientes cautivos de empresas que, para reducir sus pérdidas, podrían empezar a aumentar bruscamente sus precios. 

Gracias a su modelo protector, Europa sabe cómo controlar los excesos, pero le cuesta generar el poder tecnológico que pretende regular. Si el continente no recupera rápidamente el terreno perdido frente a los gigantes californianos, corre el riesgo de quedar relegado a ser un mero espectador regulado y un simple cliente.

En Estados Unidos, el debate en torno a un «dividendo ciudadano» pone de manifiesto un cambio de paradigma: ante el auge del sentimiento contrario a la inteligencia artificial, Silicon Valley y el mundo político intentan calmar los ánimos prometiendo un reparto de la riqueza. 

¿Pero bastará una compensación económica para disipar los temores sobre el empleo, la angustia de los más jóvenes o la presión que se ejerce sobre los territorios? Nada es menos seguro. Más que recursos que compartir, el futuro de la inteligencia artificial exige un nuevo contrato social.