La defensa europea frente al complejo burocrático-industrial nacional

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Desde 2020, Europa se ha visto afectada en repetidas ocasiones: primero, por una pandemia que cerró las fronteras de la noche a la mañana; después, por la interrupción de las cadenas de suministro; a continuación, por una crisis energética que puso de manifiesto el costo de la dependencia estratégica; y, por último, por el regreso de la guerra al continente. 

Estas vulnerabilidades se manifiestan ahora en un contexto internacional abiertamente hostil. Las nuevas relaciones internacionales se caracterizan por el auge de potencias oligárquicas, autoritarias e iliberales, agrupadas en torno a las esferas de influencia estadounidense, china y rusa, y que convergen en el ataque contra lo que la Unión representa. ¹ Esta, además de la amenaza rusa, se ve sometida a una estrategia estadounidense que hoy en día consiste, unas veces, en cuestionar a la OTAN y, otras, en utilizarla como palanca en una especie de chantaje en materia de seguridad. Recientemente, Estados Unidos ha establecido como criterio la «lealtad ideológica» de los miembros de la OTAN hacia las políticas de Trump, en el marco de la reevaluación en curso del despliegue de las tropas estadounidenses estacionadas en Europa. En realidad, no se trata simplemente de una «prueba de lealtad», sino de lo que conviene denominar una «prueba de soberanía». Sin embargo, la crítica situación de vulnerabilidad y aislamiento en la que se encuentra la Unión exige una clarificación de los objetivos, lo que se refleja en el lenguaje, con una convergencia en el discurso de las élites: el término «independencia» ha sido utilizado recientemente por personalidades tan diferentes como el canciller alemán Friedrich Merz y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Es en el ámbito de la defensa donde este cambio se manifiesta de forma más concreta. 

Así, desde 2022, los Estados europeos han aumentado su gasto militar en más de un 45 %, la industria de la defensa ha incrementado considerablemente su capacidad de producción y a la Unión se le ha otorgado un papel de «facilitador estratégico». La Comisión Europea ha creado varios instrumentos presupuestarios —ASAP, EDIRPA, SAFE, EDIP, AGILE— para apoyar las adquisiciones y la industria de defensa. Los jefes de Estado y de gobierno han logrado, a pesar de sus diferencias políticas, mantener la unidad en el seno del Consejo, a través de su apoyo a Ucrania y de las sanciones impuestas a Rusia.

Pero el bloqueo burocrático-industrial nacional frena y debilita esta agenda. Se puede adoptar una decisión política a nivel europeo, pero luego debe traducirse en presupuestos nacionales, en procedimientos administrativos, en contratos de armamento y en decisiones industriales, y es en ese momento cuando resurgen los instintos nacionales. Esta situación se debe a una paradoja: la agenda política del rearme europeo y los medios movilizados para responder a los retos geoeconómicos actuales se inscriben en un contexto de guerra, pero su aplicación a escala nacional no se ha adaptado y sigue funcionando según prácticas heredadas en gran medida de tiempos de paz. Sin embargo, el futuro estratégico del continente depende precisamente de la puesta en práctica de esta agenda. Si los actores políticos no logran superar este obstáculo administrativo nacional, es poco probable que los Estados europeos consigan «estar preparados» para 2030, es decir, disponer de capacidades militar-industriales suficientes para disuadir a Rusia de actuar.

La «archipielaguización» política e industrial del rearme europeo

La guerra en Ucrania ha transformado las prioridades estratégicas de los Estados europeos: ha «europeizado» la amenaza rusa y ha reorientado la inversión presupuestaria —y, por tanto, política— hacia la defensa. Sin embargo, la magnitud de los cambios en la agenda, las decisiones y los instrumentos no ha ido acompañada de un cambio equivalente en su aplicación a escala nacional. Tres características institucionales anteriores a 2022 siguen marcando el rearmamiento de Europa.

Una dependencia transatlántica persistente

A pesar del objetivo de reforzar el papel estratégico de Europa en el seno de la Alianza Atlántica, casi uno de cada dos euros destinados a adquisiciones de defensa sigue beneficiando a proveedores no europeos, de los cuales aproximadamente un tercio son estadounidenses. ²

En la práctica, para muchos Estados, la garantía de seguridad que ofrece la OTAN sigue traduciéndose en un acceso a las capacidades y los equipos estadounidenses, ya se trate de sistemas de alta intensidad o de funciones de apoyo críticas. Esta dependencia transatlántica se ha visto reforzada por la iniciativa PURL (lista de necesidades prioritarias de Ucrania), acordada entre la OTAN y Estados Unidos en julio de 2025. ³

Esta situación genera una tensión estructural: Europa trata de reafirmar su credibilidad estratégica frente a Estados Unidos, al tiempo que externaliza una parte significativa de su esfuerzo de defensa a la industria de defensa estadounidense.

La preeminencia de las lógicas nacionales

El rearme —entendido aquí como el aumento de los presupuestos de defensa— sigue llevándose a cabo, en gran medida, a escala nacional, según prioridades internas que aún están poco coordinadas.

Así, asistimos a un rearme de los Estados europeos en Europa, pero en parte en detrimento de la cooperación europea; en definitiva, a un «rearme de los Estados contra Europa». ⁴ Esto se traduce en una intensificación de la competencia entre las industrias nacionales, una duplicación de los programas y deficiencias persistentes en materia de interoperabilidad. No faltan ejemplos, incluso en estos últimos meses, tras más de cuatro años de guerra a gran escala. Las divergencias industriales entre Dassault Aviation y Airbus en el segmento de aviones del programa de armamento SCAF son motivo de preocupación. Además, el programa Eurodrone no ha llegado a la fase en la que se pueda afirmar que es «demasiado grande para fracasar». Por otra parte, Alemania anunció, en marzo de 2026, su retirada del proyecto europeo de red de satélites Iris².

Estas dinámicas se ven reforzadas por una tendencia estructural a dar prioridad a los beneficios industriales nacionales en detrimento de la eficiencia colectiva, lo que podría acentuarse aún más en un contexto político más fragmentado, con la celebración de elecciones en España, Francia, Italia y Polonia de aquí a finales de 2027.

Una cooperación europea con limitaciones estructurales

En este contexto, el ámbito europeo sigue siendo secundario en la práctica. ⁵ Menos del 20 % del equipamiento de defensa en Europa se adquiere en el marco de cooperaciones entre Estados, una proporción que no ha variado significativamente desde el inicio de la guerra en Ucrania. Así pues, aunque se reconoce ampliamente que la cooperación es necesaria para alcanzar objetivos como la preparación operativa, la credibilidad estratégica o una mayor autonomía, sigue siendo marginal.

En conjunto, estos elementos llevan a una conclusión clara: Europa cuenta con una base industrial de defensa en crecimiento, pero aún no está organizada para generar una eficacia colectiva a la escala necesaria. 

Esta situación puede analizarse como una forma de «archipielaguización» del rearme en Europa: un conjunto de actores que comparten intereses y objetivos comunes, pero que actúan de forma ampliamente autónoma, sin la coordinación suficiente para generar efectos colectivos a la escala necesaria. Por lo tanto, no se trata solo de aumentar las capacidades, sino de recrear formas de interdependencia organizadas entre estos distintos polos nacionales.

Por lo tanto, la cuestión clave radica en la aplicación: ¿por qué sigue prevaleciendo el ámbito nacional, cuando el interés colectivo exige lo contrario?

El intervencionismo político europeo, bloqueado por el obstáculo burocrático-industrial nacional

En lo que respecta a los mecanismos presupuestarios, de mercado, administrativos y de personal, siempre acaba imponiéndose el nivel menos adecuado.

El presupuesto sigue siendo nacional

El primer mecanismo es presupuestario y actúa más como un freno que como un incentivo para la cooperación: si no se corrige, es probable que el gasto en defensa siga organizándose a escala nacional en lugar de hacerlo de forma colectiva, con toda la ineficacia estratégica, operativa y económica que ello conlleva. ⁶ A medida que aumentan los presupuestos nacionales de defensa, cada Estado se convence cada vez más de que puede actuar, adquirir y producir por su cuenta, y de que puede mejorar su posición debilitando a los demás en lugar de reforzarlos: una lógica de suma cero en la que el aumento del gasto nacional desplaza, en lugar de fomentar, la coordinación europea.

Sin embargo, ni siquiera el presupuesto de defensa de Alemania, que ya supera los 100.000 millones de euros al año, basta por sí solo para sostener una producción y unas adquisiciones que abarquen todo el espectro del armamento, una constatación que la literatura establece de forma explícita. ⁷ Esta consecuencia puede resumirse en la siguiente fórmula: gastar más es necesario, pero no suficiente; gastar mejor y de forma conjunta constituye la condición determinante.

La lógica económica subyacente es clara: el costo de la autarquía estratégica no se limita al desarrollo y la producción, sino que se repite en cada etapa posterior —la adquisición, el despliegue operativo (donde las pérdidas de interoperabilidad son mayores, una lección que Europa aprendió por las malas ya en el Consejo Superior de Guerra Interaliado de 1917), ⁸ y el mantenimiento de los equipos a lo largo de toda su vida útil—, lo que significa que las pérdidas de eficacia derivadas de la fragmentación nacional de las adquisiciones se acumulan en lugar de reducirse con el tiempo. Esta misma fragmentación conlleva un costo macroeconómico que la contabilidad puramente militar ignora: los gastos dispersos entre pequeños programas nacionales no coordinados generan un multiplicador presupuestario menor y un efecto correspondiente más reducido sobre la productividad y el crecimiento potencial que el mismo euro gastado a través de programas europeos integrados. Además, esta fragmentación limita el margen de maniobra presupuestario disponible para respaldar el esfuerzo de rearme a largo plazo. 

El mercado sigue estando fragmentado

El segundo mecanismo es un fallo del mercado que la política europea ha detectado sin corregirlo. El mercado europeo de la defensa funciona cada vez más, en la práctica, como «un mercado de guerra» cuyas lógicas de autorreforzo empujan hacia el ámbito nacional en lugar de hacia el europeo, ⁹, a pesar de que las redes de producción se están volviendo cada vez más auténticamente transnacionales en lo que respecta a los componentes y las cadenas de suministro. ¹⁰ La ambición manifestada por la Unión de una «preferencia europea» en las adquisiciones de defensa es estructuralmente incompatible con la persistencia de mercados nacionales fragmentados: sin desfragmentación no hay masa crítica; sin masa crítica, las empresas siguen dependiendo de los mercados extranjeros y sin recibir la inversión suficiente en su propio mercado, una trayectoria que el giro geopolítico más amplio de la política industrial europea no ha logrado, hasta la fecha, invertir. ¹¹

Los grandes industriales tienen un interés limitado en consolidarse de forma voluntaria, ya que la fragmentación nacional protege actualmente los beneficios de los actores ya establecidos. El paralelismo histórico pertinente no es europeo, sino estadounidense: la consolidación de la base industrial de defensa en la década de 1990 (la «Última Cena») fue impuesta por el gobierno federal, y no impulsada por la industria. Por lo tanto, una política industrial de defensa europea creíble supone que el sector público sea capaz de imponer una consolidación, un papel que los Estados europeos ya han desempeñado con éxito en la aeronáutica civil, a través de Airbus.

Las administraciones siguen desconectadas

El tercer mecanismo es una falta de confianza entre Estados que la práctica administrativa reproduce activamente. El presidente Macron acertó al diagnosticar la necesidad, para Europa, de una «intimidad estratégica» como fundamento de una cultura estratégica común, pero han faltado los instrumentos para construirla. ¹² El error que hay que evitar es suponer que la aplicación se derivará mecánicamente del acuerdo político: las administraciones nacionales conservan un amplio margen de apreciación y pueden apropiarse del proceso de toma de decisiones, por lo que las negociaciones se viven como un juego de suma cero — «siempre se tiene la sensación de salir perdiendo», suelen decir los representantes de los Estados miembros—, precisamente porque los marcos de referencia y las prácticas administrativas siguen siendo nacionales. ¹³

No se trata de una afirmación abstracta. El balance diplomático francés desde 2019 ofrece ejemplos concretos: la OTAN, calificada de «en estado de muerte cerebral»; las advertencias contra la «humillación de Rusia»; un llamado a una «Europa unida» lanzado en noviembre de 2024, únicamente en francés, sin mencionar ni a Polonia, ni a Italia, ni a la Unión, ni a la OTAN. El mismo instinto nacional se refleja en la formación de las élites: la gran mayoría de los directivos industriales franceses se forman en la École Polytechnique, en Sciences Po y en el INSP, mientras que sus homólogos británicos lo hacen en Oxford y Cambridge; solo el 5 % de una generación europea realiza una estancia Erasmus.

Los intereses siguen siendo divergentes

El cuarto mecanismo no es institucional, sino humano: es una cuestión de intereses. Explica por qué los tres anteriores persisten a pesar de que los discursos, por su parte, convergen. Se enfrentan tres tipos de actores. ^14 15 Los «guardianes de la soberanía» —dirigentes políticos, élites militares e industriales en el poder— tienen todo el interés en proteger las bases industriales nacionales, independientemente de la lógica económica. Los «clientes del hegemón» apuestan por que la lealtad manifestada hacia Washington siga siendo, para su seguridad, la opción más segura. Solo los «promotores de Europa», repartidos por las administraciones, la diplomacia y la industria, tienen interés en el cambio que recomienda este texto.

Lo que está en juego va más allá de la economía: una Unión cuya ambición fundacional era hacer que la guerra entre sus miembros fuera «materialmente imposible» ¹⁶ no puede permanecer indiferente ante un rearme que sigue siendo nacional y no integrado —y, por tanto, reversible, si las coaliciones nacionalistas ganaran terreno en uno o varios Estados miembros.

Cinco estrategias para abrir la cerradura

Hay cinco medidas, que pueden ponerse en práctica desde hoy, que permiten actuar precisamente en los ámbitos en los que surten efecto los cuatro mecanismos anteriores: el presupuesto, el mercado, las administraciones y las coaliciones de intereses.

Las cinco recomendaciones que siguen se articulan en torno a un único principio. Dado que este obstáculo se manifiesta, ante todo, en el ámbito de las administraciones nacionales y los ciclos presupuestarios nacionales, más que en el de la arquitectura institucional de la Unión, las intervenciones más eficaces son aquellas que hacen que el ámbito europeo resulte rentable para los Estados y las empresas que, en la actualidad, recurren por defecto al ámbito nacional —en lugar de aquellas que crean, ante todo, nuevos organismos europeos—. Dos de ellas son presupuestarias, una es política, otra es administrativa y otra es industrial. Cada una de ellas es viable en el marco del actual ciclo de negociación del marco financiero plurianual (MFP, 2028-2034), que consideramos la prueba de credibilidad política más decisiva a corto plazo. En conjunto, combinan la lógica del «palo y la zanahoria» que estructura cada vez más la postura geoeconómica de la Unión: ¹⁷ medidas que hacen más atractiva la cooperación y medidas que hacen que la fragmentación persistente sea más visible y más costosa.

R1 — Más fondos europeos: convertir el CFP en la prueba de credibilidad presupuestaria

La propuesta de la Comisión de julio de 2025 destina 131.000 millones de euros a la cartera de defensa y espacio, de los cuales entre 60.000 y 70.000 millones de euros se destinan específicamente a la defensa, lo que supone quintuplicar la cifra del MFP 2021-2027. ¹⁸ Esta ambición ya se encuentra bajo presión: el canciller Merz reaccionó de forma crítica en las semanas posteriores a su publicación, y Francia e Italia, entre otros, probablemente ejercerán presión para que se apliquen recortes, preocupados por la tensión sobre las finanzas públicas nacionales y por los fondos que podrían escapar a sus propias industrias de defensa. El problema no es que la Unión carezca de instrumentos adecuados para la defensa —el EDIP, el FED y AGILE están razonablemente bien concebidos—, sino que cada uno de ellos sigue sin contar con la financiación suficiente para cumplir su mandato: el presupuesto del FED se redujo de 13.000 a 8.000 millones de euros durante la última negociación del MFP, un precedente que no debería repetirse.

Este nivel de ambición debería defenderse, como mínimo, a lo largo de las negociaciones del MFP. No se trata simplemente de gastar más, sino de gastar a escala europea: una financiación compartida, mancomunada y plurianual, en la que las empresas puedan basar su planificación de la producción.

R2 — Comprar en Europa: destinar los presupuestos nacionales a la cooperación europea

La mayor parte del dinero sigue siendo de origen nacional. Las partidas presupuestarias de la Unión destinadas a la defensa ascienden a unos 2.000 millones de euros al año; solo Francia y Alemania gastan más de 150.000 millones de euros, lo que supone cerca del 40 % del gasto militar total de la Unión. Solo el presupuesto del programa 146 «Equipamiento de las fuerzas» francés supera los 20.000 millones de euros al año, lo que equivale a diez veces el presupuesto anual total de la Comisión para este sector. Desde 2014 existe un objetivo de adquisiciones cooperativas del 35 %, elevado al 40 % en el marco de la Estrategia Industrial Europea de Defensa; sin embargo, el nivel real solo ha pasado del 18 % al 24 % entre 2024 y 2025. Se recomienda una única medida: destinar una parte claramente mayor de los presupuestos nacionales de adquisiciones de defensa a equipos producidos mediante cooperación europea o mediante compras cruzadas entre Estados miembros. No se trata de una hipótesis teórica: la adquisición por parte de Francia, en diciembre de 2025, del GlobalEye de Saab, y la de Suecia, en mayo de 2026, de las fragatas FDI de Naval Group ya demuestran lo que esto supone a gran escala. Esta medida ya se había propuesto a principios de 2025 ¹⁹ y, desde entonces, ha sido retomada, en una forma similar, por la Alta Comisaría de Planificación. El «1 % europeo» va, por tanto, en la dirección correcta, pero sigue siendo demasiado lento para alcanzar el objetivo de adquisiciones cooperativas de 2030, así como el objetivo del 5 % de la OTAN para 2035. ²⁰

R3 — Reuniones de «Arsenal Europe»: institucionalizar una dirección política de alto nivel de los programas emblemáticos

Los grandes programas de armamento siguen estancados, no por razones de viabilidad técnica ²¹ sino por la falta de una atención política sostenida. Son los Estados miembros, y no la Unión, los que invierten, los que adquieren y los que, en última instancia, siguen siendo responsables ante sus ciudadanos; es su dirección política, y no la de la Comisión, la que debe mantener en marcha estos programas. Dado que el número de crisis imprevistas que compiten por esa atención no deja de crecer, esto no puede dejarse únicamente en manos de la buena voluntad.

El paso de un enfoque esencialmente nacional a una estrategia verdaderamente común requiere un fuerte impulso político. La historia de los avances de la integración europea sugiere que un pequeño número de Estados —en particular, Francia y Alemania— deben poder ponerse de acuerdo primero sobre las líneas generales de un objetivo común, dejando al mismo tiempo a los demás Estados la posibilidad de debatirlo y participar en él. El impulso político de esta iniciativa debe provenir del más alto nivel, es decir, de los jefes de Estado y de gobierno.

Se recomienda celebrar reuniones trimestrales de «Arsenal Europe»: un balance político periódico sobre las negociaciones de los programas emblemáticos, celebrado al más alto nivel que permita el formato, con una participación mínima a nivel ministerial. Los dirigentes políticos deben asumir los resultados como una responsabilidad propia, en lugar de dar por sentado, como ocurre con demasiada frecuencia, que «la administración se encargará de ello». Para evitar sobrecargar las agendas ministeriales, estas reuniones podrían celebrarse al margen de los Consejos de Ministros ya existentes, en formatos diferenciados adaptados a los programas en negociación: franco-alemán, el Triángulo de Weimar u otros, según las necesidades.

Paralelamente a estas reuniones ministeriales, se recomienda un proceso de tipo «Track 1.5»: un pequeño grupo permanente de personalidades respetadas en todos los Estados miembros, que actúen a título personal, pero de forma cuasi oficial, dirigido por una figura destacada, dotado de su propia estructura de decisión, de medios administrativos y de un mandato claro para orientar las deliberaciones ministeriales. Paralelamente, debería ponerse en marcha un proceso de «Vía 2» que reúna a investigadores y centros de estudios al margen de cualquier mandato oficial, con el fin de generar la convergencia técnica y de conocimientos especializados en la que puedan basarse posteriormente los negociadores oficiales.

R4 — Poner en práctica la «intimidad estratégica»: europeizar las administraciones que ejecutan, no solo los presupuestos que financian

Este obstáculo es, en el fondo, de carácter administrativo: la voluntad política se negocia en el seno del Consejo, pero la ejecutan —o la diluyen— funcionarios nacionales cuyas carreras, formación y hábitos profesionales siguen siendo casi por completo nacionales. Llevar a Europa de ser «por defecto» a ser «por diseño» no depende tanto de la creación de nuevas instituciones como del cambio en la forma de actuar de los agentes que hacen funcionar las ya existentes. La «intimidad estratégica» debe construirse de forma deliberada, adaptando las administraciones nacionales llamadas a mantenerla a largo plazo.

Se recomiendan tres medidas. En primer lugar, crear un número considerablemente mayor de puestos de intercambio entre las capitales nacionales, concentrados allí donde se lleva a cabo la ejecución: los ministerios de Defensa y sus agencias de adquisición —la DGA en Francia, la BAAINBw en Alemania—, así como los ministerios de Asuntos Exteriores y de Asuntos Europeos. En segundo lugar, europeizar los programas de formación más prestigiosos del continente, aumentando el número de plazas reservadas a otros europeos en instituciones como el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional de Francia. En tercer lugar, poner en común funciones y, a largo plazo, servicios, siguiendo el mismo camino de integración progresiva que ha permitido construir al único y indiscutible líder industrial europeo: Airbus. Ucrania debería integrarse en este proceso a medida que se vaya profundizando.

R5 — Desfragmentar el sector desde la base: convertirlo en una prioridad política, no en un resultado espontáneo del mercado

Es poco probable que, a corto o medio plazo, se produzca una consolidación de la base industrial de defensa europea al estilo de la «Última Cena», como la que impusieron los Estados Unidos a su propia industria en la década de 1990: Washington contaba con una autoridad federal única capaz de imponerla; la Unión no dispone de ninguna. No obstante, la desfragmentación de la oferta sigue siendo indispensable: es la forma más realista de reducir los costos de producción y acelerar la producción industrial. Sin embargo, los esfuerzos de integración del mercado llevados a cabo por la Comisión, aunque cuentan con el apoyo del Parlamento Europeo, siguen topándose con la resistencia de los Estados miembros, preocupados por proteger sus bases industriales nacionales.

La vía más realista, a corto plazo, consiste en crear las condiciones para una desfragmentación desde la base: condiciones favorables a los bienes duales, a las empresas de la «nueva defensa», a las PYMES y a las start-ups, de modo que se formen en torno a ellas polos transnacionales innovadores y competitivos, en lugar de en torno a los grandes contratistas principales arraigados a nivel nacional, que son los que menos interés tienen en consolidarse voluntariamente. Estos incentivos deberían extenderse a Ucrania: profundizar en la proximidad industrial que ya se está desarrollando entre las empresas de defensa ucranianas y europeas es, en sí mismo, una forma de desfragmentación, que hay que fomentar en lugar de tratarla como un simple efecto secundario de la guerra. ²²

De la declaración a la ejecución

Estas cinco recomendaciones están deliberadamente orientadas a lo que exigen tanto a las instituciones de la Unión como a los Estados miembros: ninguna de ellas requiere un nuevo tratado, una nueva configuración del Consejo ni un nivel de consenso político que vaya más allá del ya existente —según el Eurobarómetro, más del 80 % de los ciudadanos europeos ya apoya una defensa europea reforzada—. Lo que exigen, en cambio, es una ejecución sostenida en el nivel en el que, como ha puesto de manifiesto este texto a lo largo de todo su análisis, la aplicación fracasa en la actualidad: las partidas presupuestarias nacionales, las administraciones nacionales y la atención política de los Estados miembros en el intervalo entre las cumbres del Consejo. Ahí es donde reside, en realidad, el obstáculo, y su eliminación es la condición previa para todo lo que el horizonte de 2050 de esta iniciativa pudiera exigir de más ambicioso.

Un CFP creíble proporcionaría a Europa los recursos necesarios; unos presupuestos nacionales europeizados pondrían en marcha esos recursos; las reuniones de Arsenal Europe mantendrían el compromiso político entre cumbres; unas administraciones europeizadas transformarían la voluntad política en práctica operativa; y una política industrial «desde abajo», arraigada en las nuevas empresas de defensa y en Ucrania, lograría la desfragmentación que una consolidación «desde arriba» aún no puede conseguir.

Sin avances en estos cinco frentes en su conjunto, la voluntad política de Europa corre el riesgo de quedarse, en gran medida, en meras declaraciones. La llave de la cerradura está, por tanto, en manos de los europeos.