Por qué aún no hemos entendido bien la Ley de IA

La Ley de IA no es ni una locura de Bruselas ni una intuición acertada. ¹ Se inscribe en la larga historia de la revolución de la información, que se remonta a 1945. La inteligencia artificial no supone una ruptura, sino el cuarto pilar esperado, preparado y anticipado de esta transformación radical. 

Una evolución, no una revolución 

El primer pilar es el ordenador: el ENIAC, terminado en 1945 para calcular las tablas de tiro de artillería del ejército estadounidense y cuya primera gran labor fue precisamente el estudio de viabilidad del arma termonuclear, y posteriormente los grandes ordenadores que le siguieron. El segundo, hacia 1970, es el minordenador, que saca la informática del centro de cálculo para difundirla por la empresa, el laboratorio y la universidad. El tercero, hacia 1995, fue el ordenador personal conectado, Internet, la Web y, sobre todo, como consecuencia de ello, la acumulación, durante 25 años, del primer patrimonio informativo mundial de la humanidad: nuestros datos personales, los de nuestras empresas, nuestras administraciones y el conocimiento científico. El cuarto pilar, cuya entrada operativa marca, desde 2022, la IA generativa, es la explotación a gran escala de este patrimonio: buscar en estos datos acumulados los patrones, el conocimiento y las regularidades que permitan anticipar soluciones a los problemas presentes y futuros.

Este cuarto pilar bien podría ser el último de la revolución de la información. No supone en absoluto una sorpresa, sino que es la consecuencia lógica de los tres anteriores. Con este espíritu —el de una evolución esperada y no de una revolución impredecible— se ha concebido la Ley de IA. Se basa en una arquitectura piramidal clara: se prohíbe lo que es manifiestamente contrario a la dignidad humana (calificación social, manipulación subliminal, reconocimiento de emociones en la escuela o en el trabajo); se regula estrictamente todo lo que afecta a las libertades fundamentales (biometría, educación, empleo, justicia, servicios esenciales); se impone la transparencia allí donde la ilusión amenaza la verdad pública (chatbots, deepfakes, contenidos sintéticos); y se deja libre el resto, es decir, la inmensa mayoría de los usos.

Cuatro años de gestación

El trabajo preparatorio duró cuatro años, de 2020 a 2024. La ronda final de negociaciones tripartitas concluyó en 36 horas en Bruselas, durante la noche del 8 al 9 de diciembre de 2023. Esas 36 horas coronaron un trabajo de previsión de una intensidad poco común: cientos de audiencias, decenas de investigadores movilizados, diálogos técnicos con los proveedores de modelos, intercambios con los gobiernos interesados, las autoridades sectoriales, los industriales, el mundo académico, los creadores, los sindicatos y las ONG.

Aprobado por el Parlamento Europeo el 13 de marzo de 2024 con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, lo que supone cerca del 85 % de los votos emitidos, de todas las formaciones políticas, desde la derecha hasta la izquierda, pasando por los liberales, los Verdes y hasta los 17 diputados de Rassemblement National; solo los diputados de La France Insoumise votaron en contra. El 21 de mayo de 2024, obtuvo la unanimidad de los 27 Estados miembros en el Consejo. Ningún texto de regulación tecnológica ha logrado jamás, en ninguna democracia del mundo, un consenso tan amplio entre sus colegisladores.

Según el calendario inicial, el 2 de agosto de 2026 debía entrar en vigor la normativa relativa a los sistemas de alto riesgo. La batalla librada durante los últimos 18 meses ha decidido lo contrario. Una alianza formada por grupos de presión estadounidenses, algunos empresarios europeos y varias capitales, entre ellas París, ha ejercido una presión directa para intentar debilitar las obligaciones aplicables a los modelos de base. El 29 de junio de 2026, el Consejo aprobó definitivamente un conjunto de enmiendas rectificativas: el nuevo «Digital Omnibus on AI». De este modo, las obligaciones del anexo III se aplazan hasta el 2 de diciembre de 2027 y las del anexo I hasta el 2 de agosto de 2028. Todavía nos preguntamos por qué se han hecho tales concesiones a los gigantes estadounidenses, dos años después de haber votado estas normas por unanimidad.

Este aplazamiento supone un paso atrás. Pero lo que sí entrará en vigor el 2 de agosto de 2026 es, de todos modos, significativo, aunque sea en otro ámbito. Hay que evaluarlo con precisión antes de saber qué es lo que tenemos que defender en general.

El artículo 50 no es el núcleo de la Ley de Inteligencia Artificial

Tras haber aplicado este reglamento durante cuatro años, considero conveniente aportar las siguientes aclaraciones.

El artículo 50, que ya ha entrado en vigor, acapara ahora toda la atención. Es útil, incluso esencial: protege el espacio informativo de la desinformación e impide que los chatbots opacos, los deepfakes y los textos sintéticos se hagan pasar por palabras humanas. 

Pero el núcleo de la Ley de IA reside más bien en las prohibiciones absolutas previstas en el artículo 5 y en la regulación de los sistemas de alto riesgo. El objetivo es proteger a las personas frente a las aplicaciones más peligrosas de la IA, como las decisiones relativas a la admisión, el crédito, la contratación, la asistencia sanitaria, la policía o la justicia. También pretende proteger a los titulares de derechos, creadores, artistas, escritores, compositores y científicos, cuyo patrimonio intelectual constituye la materia prima de los grandes modelos. Esta es la razón por la que se ha concebido, votado y adoptado este reglamento, y también la razón por la que se denomina «AI Act» y no «Reglamento sobre la transparencia de los contenidos generados por los grandes modelos de lenguaje (LLM)».

Al contrario de lo que podría pensarse al leer el reglamento general, la Ley de IA no se ha concebido para resolver los problemas de plagio, que son competencia de otros ámbitos (derechos de autor, propiedad intelectual, deontología universitaria y editorial). Confundirla con una herramienta antiplagio sería, por tanto, un doble error: tanto en cuanto al texto como a la finalidad.

El aplazamiento de dos años conseguido con el «Digital Omnibus» es una desviación. No se trata solo de un plazo administrativo, sino de un desplazamiento del centro de gravedad del texto. Al dejar que el artículo 50 sea la única cara visible de la Ley de IA, mientras que las disposiciones relativas a la protección frente a los riesgos y a la protección de los titulares de derechos no se aplicarán hasta 2027-2028, la Comisión —por debilidad, por ceder a la presión estadounidense— pone de relieve lo secundario y oculta lo esencial, reduciendo una normativa de civilización a una mera normativa de marcado.

El artículo 50 también tiene un límite tecnológico. El marcado automático de los textos (marcas de agua estadísticas, huellas criptográficas, firmas) se puede eludir técnicamente. A partir de mañana, proliferarán herramientas gratuitas que permiten borrar las marcas y servicios de reescritura de textos para eludir cualquier detección. Esta batalla se perderá si se recurre únicamente a la técnica. No es la máquina la que garantizará la veracidad del espacio informativo, sino la responsabilidad humana identificable. Precisamente por esta razón se incluyó la excepción editorial del artículo 50, apartado 4, no como una vía de escape, sino como el reconocimiento legal de lo único que perdura: la deontología profesional, que debe prevalecer. 

El abogado, el arquitecto, el banquero de negocios, el médico, el notario, el profesor, el redactor en jefe, el director de la publicación y el periodista se rigen, en primer lugar, por su colegio profesional, sus estatutos, su código y su propia legislación: deontología médica, juramento hipocrático, ley de Ventôse para los notarios, colegio de arquitectos y responsabilidad decenal, obligación de asesoramiento, autoridad pedagógica y libertad académica, ley de 1881, responsabilidad editorial. En todas estas profesiones de altísimo valor añadido intelectual, en las que la deontología es una garantía indispensable, la máquina es una herramienta; la responsabilidad, por su parte, sigue siendo humana, plena, íntegra y personal.

Este punto es aún más importante si se tiene en cuenta que hay que animar a estas profesiones a utilizar la IA, ya que esta les permitirá ser más eficaces, les ahorrará tiempo, mejorará sus servicios, su reflexión y su creatividad, y les abrirá nuevas posibilidades de análisis. La Ley de IA nunca se concibió para impedir este uso. Se diseñó para que se implantara de acuerdo con las normas deontológicas que cada profesión establecerá por sí misma. Dejar que el artículo 50 acapare toda la atención durante dos años, mientras que el núcleo de la normativa queda relegado a un segundo plano, supone correr el riesgo de que la IA resulte malinterpretada a los ojos de nuestros conciudadanos incluso antes de que haya producido sus efectos reales. 

La información falsa del grupo de presión contra la Ley de IA

Este cambio de perspectiva no puede entenderse sin situarlo en un contexto más amplio, el que un grupo de presión lleva alimentando metódicamente desde hace 18 meses para debilitar la Ley de IA en su conjunto. Según este discurso, la Ley de IA se habría convertido en un yugo burocrático, una máquina para acabar con la innovación europea y un regalo para los gigantes estadounidenses, ya que seríamos los únicos en imponernos una regulación. Este discurso se basa en cuatro afirmaciones que hay que desmentir:

• En primer lugar, «la Ley de IA ha frenado la innovación europea». Esta acusación es absurda, ya que la Ley de IA entró en vigor hace solo diez días. Por lo tanto, no ha podido frenar nada en la práctica. Los grandes modelos fundamentales (GPT de OpenAI, Claude de Anthropic, Gemini de Google, DeepSeek, así como Mistral en Europa) se desarrollaron todos entre 2020 y 2025, periodo durante el cual no era aplicable ninguna obligación vinculante de la Ley de IA. Si Mistral no tiene el tamaño de OpenAI, no es culpa de la Comisión, sino de un mercado europeo de capitales fragmentado, de la aversión al riesgo y de la falta de financiación sustancial para entrenar modelos al más alto nivel. Confundir estos dos elementos —la regulación y la falta de capital— es fruto, o bien de la mala fe, o bien de la incompetencia, o bien de un cabildeo posiblemente remunerado.
• Segundo, «Europa regula por sí sola y se penaliza a sí misma». De hecho, Europa es la única que cuenta con un marco horizontal vinculante adoptado democráticamente. Esa es precisamente su ventaja. En Estados Unidos, el decreto de Joe Biden del 30 de octubre de 2023 fue derogado por Donald Trump desde el 20 de enero de 2025. No existe ningún marco federal estadounidense equivalente. China cuenta con normativas sectoriales dispersas, orientadas al control político de la población y a la vigilancia masiva, y no a la protección de los derechos individuales. Ninguna gran democracia concede hoy en día a sus ciudadanos el derecho a obtener una explicación de una decisión automatizada (artículo 86) ni el derecho a presentar una reclamación general (artículo 85), como hacemos nosotros.
• Tercero, «el informe Draghi pide que se abandone la Ley de IA». El informe de septiembre de 2024 aboga por una inversión adicional de 300.000 millones de euros al año y por una mejor coordinación normativa. En ningún momento recomienda el desmantelamiento de las garantías fundamentales. La instrumentalización que se ha hecho del mismo es una interpretación errónea.
• Por último, «la Ley de IA es un nuevo RGPD que acabará con las empresas europeas, igual que el RGPD acabó con ellas». Contrariamente a la leyenda difundida desde Palo Alto, el RGPD no ha acabado con ninguna empresa europea. En realidad, ha impuesto la norma europea de protección de datos al resto del mundo: las GAFAM, las empresas chinas, brasileñas, japonesas y coreanas se han adaptado a ella y, a menudo, la han adoptado para sus propios mercados. Ha creado un mercado europeo del cumplimiento normativo, ha formado a decenas de miles de delegados de protección de datos y ha devuelto a los ciudadanos europeos el control y la soberanía, si así lo desean, sobre sus datos y su patrimonio informativo, con un poder de recurso sin precedentes. Quienes hoy repiten casi palabra por palabra que el RGPD sería un lastre para Europa hacen eco de un discurso construido al otro lado del Atlántico precisamente porque resulta incómodo. La Ley de IA está llamada a correr la misma suerte como norma mundial. Por esta razón molesta, por las mismas consideraciones, a los mismos actores.

A estas cuatro afirmaciones falsas que circulan en nuestros debates públicos hay que añadir dos argumentos que merecen ser refutados. 

El primero se resume en una frase: «Es absurdo regular una tecnología que acaba de nacer y cuyos usos aún se desconocen». Esta frase, tan a menudo repetida, revela una profunda incomprensión de la revolución de la información. De hecho, la IA generativa no es una tecnología surgida de la nada. Aprovecha un patrimonio informativo compuesto por datos que tienen un origen, un contexto, un propietario y una intención inicial. Los derechos de autor de los artistas y escritores, los datos sanitarios de los pacientes, los archivos de los medios de comunicación, las publicaciones científicas, las imágenes de nuestros rostros: todo ello tenía un estatus. Regular la IA significa, ante todo, establecer las normas para la reutilización de este patrimonio colectivo. No se trata de regular lo desconocido, sino de proteger lo conocido.

El segundo argumento también se resume en una frase, repetida con una constancia que inspira admiración. «La costumbre europea es regular antes de innovar. Hay que innovar antes de regular». Durante el VivaTech, en junio de 2025, el presidente de la República Francesa hizo suyo este argumento: «El riesgo es regular cosas que ya no se harán, que no se podrán hacer». Sin embargo, estas declaraciones se basan en el mismo malentendido.

Esperar a que se establezcan los usos para regular una tecnología exponencial es regular cuando ya es demasiado tarde. Ese es el error que se cometió con las redes sociales, al no contar con una Ley de Seguridad Digital (DSA) diez años antes, y hoy pagamos el precio, tanto en nuestras democracias como en la salud mental de los niños. La Ley de IA es precisamente lo contrario. Se trata de una regulación que se adelanta a un tsunami anunciado. Esta anticipación política ante una oleada casi instantánea no tiene precedentes en la historia legislativa europea y merecería ser elogiada como tal.

Es precisamente esta capacidad de anticipación la que Europa debería haber destacado durante la inauguración de la Conferencia Mundial sobre IA, celebrada el 17 de julio de 2026 en Shanghái. Xi Jinping pronunció allí un discurso en torno a una propuesta explícita, en presencia, entre otros, del secretario general de las Naciones Unidas: «construir un sistema justo y equitativo para la gobernanza mundial de la IA». China, que carece de cualquier marco horizontal, de derecho a la explicación y de derecho a la reclamación individual, se erige ahora en artífice de la gobernanza mundial de la IA. Sin embargo, Europa, que cuenta con el único marco del mundo que responde a esta ambición, estuvo infrarrepresentada, en silencio y sin una contrapropuesta bien articulada.

Este silencio es incomprensible. Deberíamos llevar la Ley de IA a Shanghái, a Nueva Delhi, a las Naciones Unidas, a los foros del G7 y del G20, tal y como Francia llevó en su día el Acuerdo de París sobre el clima. En cambio, en la cumbre de Berlín del 18 de noviembre, Francia solicitó oficialmente un aplazamiento de la normativa, y en VivaTech, el presidente de la República permitió que Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, criticara la normativa europea sin responderle. La Comisión de von der Leyen se ha mostrado incapaz de defender sus propios logros ante la presión conjunta de Washington y los grandes proveedores estadounidenses.

¿Por qué Estados Unidos quiere que se elimine la Ley de Inteligencia Artificial?

Detrás de la información falsa hay una realidad. Los estadounidenses se sienten avergonzados —y «celosos»— de esta regulación democrática. La Ley de IA está a punto de convertirse en lo que fue ayer el RGPD y, en menor medida, lo que es hoy la DSA: un instrumento de poder blando a escala mundial. Un estándar exportado, imitado y transpuesto. Plasmando en derecho positivo lo que ningún otro sistema democrático ha sabido formular con tanta claridad: la posibilidad de regular de forma inteligente el espacio informativo sin menoscabar la libertad de empresa, al tiempo que se aplican en él nuestros valores republicanos, democráticos, sociales y de convivencia, así como los principios del Estado de derecho.

Estados Unidos ya no da la talla. La fragmentación y la polarización de su clase política, el poder determinante de los grandes actores privados en el debate público, así como la debilidad o el interés de un poder ejecutivo que lo ha dejado todo en manos de unos pocos grupos que solo defienden sus beneficios, les impiden ahora regular el espacio informativo en aras del interés general.

Eso es precisamente lo que J. D. Vance vino a criticar a París el 11 de febrero de 2025, en plena celebración de la Cumbre para la Acción sobre la IA, cuando declaró que Estados Unidos «domina» la IA y «pretenden seguir haciéndolo», exigiendo, de forma implícita, que Europa renuncie a su marco regulador. Hay que valorar lo que esto significa. Que el número dos de un gobierno extranjero venga a exigir públicamente el desmantelamiento de un texto de este tipo constituye una injerencia flagrante en el proceso democrático europeo, algo sencillamente inaceptable. No lo habríamos tolerado por parte de ninguna otra potencia. Tampoco tenemos ningún motivo para tolerarlo por parte de esta.

Eso es precisamente lo que Meta ha intentado debilitar al negarse públicamente a firmar el Código de buenas prácticas sobre IA generativa.

Esto también explica los ataques personales de los que fui objeto durante todo mi mandato, hasta mi salida de la Comisión en septiembre de 2024, e incluso después (con la prohibición de entrar en territorio estadounidense), pues defender la Ley de IA y el espacio informativo europeo equivalía a defender una doctrina que Washington ya no podía tolerar.

Sin embargo, hay que ir aún más allá. Estamos entrando en la fase de monetización de la inteligencia artificial. Tras la euforia de la demostración tecnológica, llega el momento del modelo económico. Los principales actores estadounidenses han invertido cientos de miles de millones de dólares para entrenar sus modelos, construir sus centros de datos, almacenar y explotar los datos; ahora deben alcanzar la rentabilidad. Frente a ellos, los actores chinos, que cuentan con un amplio respaldo del gobierno de Pekín, proponen modelos abiertos, económicos o incluso gratuitos, precisamente para captar usuarios de todo el mundo. El mercado europeo es uno de los más lucrativos del mundo: es solvente, urbano, con un alto nivel educativo, digitalizado y regido por el derecho. Por eso se entiende lo que realmente está en juego. No se trata de la simplificación. Se trata de nuestra capacidad para defender nuestro mercado, nuestros datos y a nuestros ciudadanos frente a una oleada que se financiaría a costa de los europeos. Precisamente por esta razón, Europa debe mantener su regulación democrática.

Un progreso universalista, en consonancia con el magisterio del papa León XIV

Ante estas renuncias, es importante recordar los principios que defiende la Ley de IA. No se trata de un texto técnico. Se trata de un marco de valores plasmado en el derecho positivo: la dignidad de la persona humana, las libertades fundamentales, la integridad democrática y la veracidad del espacio informativo prevalecen sobre la optimización económica. La responsabilidad debe seguir siendo humana, trazable e identificable.

Esta arquitectura converge de manera sorprendente con la encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, que está dedicada íntegramente a la inteligencia artificial y a la dignidad humana. El papa no condena en ella la IA, pero exige que se evalúen sus efectos medioambientales, denuncia el trabajo invisible de los anotadores y moderadores, rechaza la idea de que un algoritmo pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable y recuerda, en la línea de Antiqua et Nova, que «solo el ser humano es verdaderamente un agente moral».

Esta convergencia no es fruto del azar. Refleja una verdad sencilla: la protección de la persona frente a la máquina no es una preferencia cultural europea. Es una exigencia moral universal.

Próximos pasos. Lo que ninguna ley ómnibus deberá eliminar 

El calendario de los próximos plazos abarca dos años.

Así, la prohibición absoluta de los «deepfakes» sexuales no consentidos entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026, mientras que el 2 de diciembre de 2027 marcará la nueva fecha límite aplicable a los sistemas autónomos de alto riesgo contemplados en el anexo III. Habrá que esperar hasta el 2 de agosto de 2028 para que se aplique la normativa a los sistemas de alto riesgo integrados en productos ya regulados en virtud del anexo I, así como a los modelos de IA de uso general comercializados antes de agosto de 2025. Paralelamente, y de forma continua, proseguirán los trabajos de normalización del CEN-CENELEC JTC 21, así como la revisión anual del anexo III prevista en el artículo 112.

A estos plazos habrá que añadir —y no restar— varias cuestiones pendientes: una protección específica de los menores; un marco para los agentes autónomos que el reglamento no había tenido en cuenta; obligaciones para los trabajadores de clics y los anotadores, de los que León XIV ha hablado mejor que cualquier regulador; un informe medioambiental cuantificado sobre las infraestructuras de entrenamiento; un régimen claro para los deepfakes políticos.

Lo que está en juego no es solo un plazo normativo. Es la prueba de que Europa es la única en el mundo capaz de proteger e innovar a la vez, de enmarcar y liberar, de regular sin asfixiar. Traicionar este logro con el pretexto de la competitividad equivaldría a renunciar a nuestra capacidad europea para definir por nosotros mismos, tanto para nosotros como para quienes deseen inspirarse en nosotros, lo que aceptamos y lo que rechazamos en nuestra relación con lo digital y en nuestro propio espacio informativo. 

Esa soberanía no se negocia, se ejerce.