Al inicio de la guerra de Irán, se le preguntó al presidente estadounidense Donald Trump si el mapa del país seguiría siendo el mismo tras el conflicto. Su respuesta no se hizo esperar: «No sabría decírselo. Probablemente no». Esta observación, pronunciada de manera incidental, no deja de ser sorprendente. Sugiere que la redefinición de las fronteras del decimoséptimo Estado soberano más grande, considerado durante mucho tiempo en el orden internacional moderno como fijado por un acuerdo formal, se ha vuelto no solo concebible, sino habitual en las más altas esferas del gobierno estadounidense.
El presidente estadounidense habla mucho, y a menudo es difícil extraer tendencias de una de sus declaraciones. Pero no se trató en absoluto de una declaración aislada pronunciada en el calor del momento. Se inscribe en una tendencia más general que ha marcado el regreso de Trump al poder: una obstinación constante por considerar las fronteras no como realidades jurídicas reconocidas, sino como elementos contingentes y susceptibles de ser revisados en cualquier momento.
Fuzzy borders y revisionismo imperial
Entre la multitud de decretos, publicaciones en redes sociales, discursos y medidas arancelarias fluctuantes que han marcado la presidencia de Trump desde enero de 2025, uno de los hilos conductores más sorprendentes ha sido su interés, siempre renovado, por la extensión —o la redefinición— de las fronteras territoriales del propio Estados Unidos. Sus declaraciones sobre Panamá, Groenlandia, Canadá e incluso Gaza también hacen eco de ello.
Consideradas en su conjunto, ponen de relieve una concepción notablemente coherente del espacio político: las fronteras no son fijas, sino difusas; no son una cuestión de derecho, sino de historia; no son restricciones, sino objetos de negociación. Esta tendencia expansionista se distingue por su carácter cíclico, exacerbándose en períodos de confianza política interna y atenuándose ante la oposición internacional o la evolución de las prioridades estratégicas.
Sin embargo, a pesar de los altibajos del revisionismo territorial de Trump, la tendencia subyacente es clara: Estados Unidos está dando poco a poco la espalda al orden internacional basado en fronteras estatales legales claramente delimitadas, en favor de un mundo de «fronteras difusas».
Prueba de ello son las críticas recurrentes de Trump a la transferencia de soberanía sobre el Canal de Panamá iniciada por Jimmy Carter. Si bien antes tomaban la forma de burlas irreflexivas dirigidas al expresidente demócrata, se han endurecido durante el segundo mandato para tomar un giro mucho más grave. Trump ha afirmado en varias ocasiones que el canal —construido por Estados Unidos y cedido a Panamá en virtud de los tratados Torrijos-Carter— es en realidad «administrado por China» y, por lo tanto, controlado de manera ilegítima. A pocas semanas de asumir el cargo, envió al secretario de Estado Marco Rubio a Panamá para abordar directamente el tema con el presidente panameño. «Lo vamos a recuperar, de lo contrario va a pasar algo muy grave», advirtió Trump, antes de declarar en su discurso ante el Congreso en marzo de 2025 que Estados Unidos iba a «recuperar el Canal de Panamá». Así fue como una cuestión de derecho de los tratados se convirtió en una decisión política, susceptible de ser objeto de un cambio de rumbo.
La misma lógica se aplica, de manera aún más flagrante, a Groenlandia. Aunque Trump acariciaba desde hacía tiempo la idea de adquirir este territorio danés, no había hecho nada al respecto durante su primer mandato. Tras su regreso al poder, sin embargo, Trump retomó el proyecto de manera mucho más apremiante, afirmando que Estados Unidos estaba decidido a adquirir Groenlandia «de una forma u otra» y que no excluía el uso de la fuerza. No contento con estas declaraciones, su administración pasó de las palabras a los hechos: visitas de Estado de alto nivel a Nuuk, recopilación de inteligencia y amenazas económicas destinadas a presionar a Dinamarca. Los líderes europeos no tomaron esto como simples bravuconadas. Dinamarca convocó al embajador estadounidense, aumentó su gasto en defensa en el Ártico y, en colaboración con Estados clave de la OTAN, comenzó a prepararse para un posible conflicto. Los responsables daneses advirtieron abiertamente que un intento estadounidense de apoderarse de Groenlandia podría significar el fin de la propia OTAN. Lo que antes parecía un impulso fantasioso circunstancial tomó la forma de una inclinación persistente: reclamaciones territoriales presentadas, suspendidas y luego presentadas de nuevo.
Si las declaraciones de Trump sobre Groenlandia sacudieron a la OTAN, su actitud hacia Canadá afectó a un aliado que le es aún más cercano geográficamente. Su repetida ambición de convertirlo en el estado número 51 fue tomada muy en serio por Ottawa, que se negaba a verlo como una simple provocación o un chiste de dudoso gusto. El exprimer ministro Justin Trudeau advirtió que la anexión era «una posibilidad real», y las maniobras estadounidenses que siguieron lo confirmaron. Trump calificó a Trudeau de «gobernador», hizo circular mapas que mostraban a Canadá como parte de Estados Unidos e incluso habría cuestionado la validez del tratado que delimita la frontera misma. Aunque el presidente estadounidense subrayó que alcanzaría sus objetivos mediante la «fuerza económica», el mensaje fue inequívoco: la frontera pacífica más larga del mundo puede, en principio, convertirse en objeto de negociación.
Sin embargo, a pesar de los altibajos del revisionismo territorial de Trump, la tendencia subyacente es clara: Estados Unidos está dando poco a poco la espalda al orden internacional basado en fronteras estatales legales claramente delimitadas, en favor de un mundo de «fronteras difusas».
Stephen E. Hanson, Jeffrey S. Kopstein
Las consecuencias políticas fueron inmediatas. Una ola de reacciones nacionalistas contribuyó a impulsar a Mark Carney al poder, y su gobierno comenzó, lento pero seguro, a revertir la profunda integración de Canadá en las estructuras de seguridad y económicas estadounidenses. Poco después de la elección de Carney, Trump también comenzó a llamarlo «gobernador». Más recientemente, afirmó que no «quería» Canadá. Sin embargo, esta declaración no hacía más que subrayar el postulado subyacente a sus amenazas anteriores: que si quisiera, podría apoderarse del país vecino.
Entonces, ¿qué hacer con este brutal rechazo a la inviolabilidad de las fronteras de los Estados soberanos que profesa Trump? La dicotomía simplista que domina nuestros debates actuales —según la cual Trump sería o bien deficiente mental, o bien un «actor racional» experto en la escalada verbal, que utiliza para imponer una relación de poder— es fundamentalmente engañosa. No solo no nos da ninguna indicación sobre el tipo de régimen que Trump está instaurando en Estados Unidos, sino que tampoco pone de relieve las fuerzas más amplias que completan su visión del territorio y la de su administración.
La lógica que fundamenta las acciones de Trump no se deriva ni de una mente trastornada, ni de una visión ponderada y realista del mundo, sino del régimen político que intenta instaurar a escala nacional.
Lo que Trump había iniciado durante su primer mandato, lo ha proseguido con ahínco desde el inicio de su segundo, a saber, la fundación de un régimen patrimonial.
Trump no es un caso aislado, sino que forma parte de una ola mundial de líderes a los que se puede calificar, siguiendo al sociólogo alemán Max Weber, de «patrimoniales»: se presentan como poderosos «padres» que dirigen el Estado como una empresa familiar. En el siglo XXI, el patrimonialismo abarca países tan diversos como la Rusia de Vladimir Putin, la Hungría de Viktor Orbán, la India de Narendra Modi y el Israel de Benjamin Netanyahu. Los líderes patrimoniales consideran que su autoridad no puede ser limitada por la ley, al tiempo que ven el territorio de su país, y a veces el de sus vecinos, como un patrimonio, es decir, como una propiedad que forma parte del «legado» de la nación y que está legítimamente controlada por la familia en el poder. En este contexto, las fronteras nacionales se consideran «históricas» más que «jurídicas».
El Estados Unidos patrimonial de Trump se ha sumado al creciente grupo de regímenes del siglo XXI que ya no consideran que el territorio de las entidades políticas esté fijado por tratados. Lo que Trump desea, por lo tanto, no es la dominación mundial, sino más bien un orden mundial gobernado por líderes personalizados que se reparten los territorios —«el botín»— de los Estados más débiles según acuerdos informales basados en sus respectivos patrimonios.
En resumen, Trump quiere un mundo poblado por otros Trumps.
Los líderes patrimoniales y sus fronteras
¿Cómo será este nuevo mundo?
Para comprender la dirección que toma el sistema internacional, primero debemos analizar el origen de las fronteras. Desde una perspectiva weberiana, las fronteras estatales representan una forma de organización social, construida, mantenida y aplicada por personas reales que deben obedecer órdenes. Esto plantea una pregunta clave: ¿por qué, exactamente, los agentes del Estado obedecen las órdenes del gobernante? Los agentes pueden optar por ayudar a expandir o defender el territorio del Estado por razones puramente instrumentales, por ejemplo, cuando se enriquecen gracias a la conquista, o cuando el incumplimiento de las órdenes destinadas a defender el territorio del Estado conlleva una sanción o la muerte. Pero una orden basada únicamente en intereses es costosa e inestable. Según Weber, las instituciones estatales, incluida la defensa de las fronteras políticas, son mucho más confiables y duraderas cuando los agentes también consideran que tienen el deber de obedecer las órdenes de la élite, aunque ello vaya en contra de sus intereses personales a corto plazo, es decir, cuando consideran que esas órdenes son «legítimas».
A lo largo de la historia, solo tres tipos de legitimidad han suscitado en los agentes el sentimiento de que tenían el deber de obedecer las órdenes políticas. Según Weber, la forma más común de «dominación legítima» es la de tipo «tradicional»: las órdenes deben ser obedecidas porque representan modos de vida válidos desde «tiempos inmemoriales». El líder tradicional se considera generalmente —y es considerado por su personal— como una figura paterna, lo que llevó a Weber a calificar este tipo de dominación de «patrimonial».
La segunda forma de dominación legítima, que Weber calificó de manera un tanto torpe como «racional-legal», es aquella que la mayoría de nosotros, en el mundo moderno, conocemos bien. La obediencia se basa en leyes y procedimientos impersonales, constituciones y tribunales; obedecemos a la función, no a la persona.
Trump afirmó que no «quería» Canadá. Sin embargo, esta declaración no hacía más que subrayar el postulado subyacente a sus amenazas anteriores: que si quisiera, podría apoderarse del país vecino.
Stephen E. Hanson, Jeffrey S. Kopstein
Por último, la dominación carismática surge cuando quienes obedecen las órdenes creen seguir a una élite dotada de cualidades y poderes «extraordinarios», capaz de producir «milagros» más allá del tiempo y el espacio ordinarios.
Weber no desarrolló una teoría explícita de las fronteras estatales en sus propios trabajos, pero este tema reviste una importancia capital para su concepción del Estado, que define como una «comunidad humana que logra asegurarse el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio dado». En otras palabras, un Estado es una entidad creada por los gobernantes y sus colaboradores para controlar una zona específica, recurriendo a la fuerza que consideran justificada. De ello se desprende que, al igual que existen tres grandes tipos ideales de dominación legítima, también existen tres grandes tipos ideales de fronteras estatales, cada uno de ellos asociado a un tipo de régimen convencional: tradicional (patrimonial), racional-legal (constitucional liberal) y carismático (revolucionario).
En las sociedades tradicionales, las fronteras se justifican mediante antiguas reivindicaciones históricas que la gente considera que se remontan a tiempos inmemoriales. Como cada grupo cuenta estas historias a su manera, las fronteras tienden a ser difusas y cambiantes, en lugar de fijas y lineales. En las sociedades premodernas, las reivindicaciones territoriales se basan a menudo en relatos fundacionales que vinculan a una comunidad con lugares sagrados, así como en patrones de migración y poblamiento. En los grandes imperios tradicionales, las zonas fronterizas son generalmente zonas mixtas donde conviven diferentes comunidades y donde soberanos rivales reclaman el mismo territorio. Para los soberanos patrimoniales premodernos, el territorio se consideraba una especie de «tesoro», como una extensión de su dominio personal.
Las fronteras estatales racionales y jurídicas, por el contrario, se justifican mediante leyes y procedimientos impersonales que pretenden ser universalistas, es decir, aplicables por igual a todos. A diferencia de las fronteras estatales tradicionales, suelen estar claramente delimitadas, sobre la base de tratados o constituciones. Como se basan en normas más que en la historia, no siempre corresponden con la geografía natural o con las reivindicaciones comunitarias más antiguas. Los territorios no se consideran posesiones del gobernante, sino la jurisdicción legítima de un Estado de derecho impersonal y abstracto. En el mundo moderno, estas fronteras suelen justificarse desde la perspectiva de la ciudadanía liberal: las personas que viven dentro de los límites legales de un Estado tienen ciertos derechos y obligaciones que quienes se encuentran fuera no tienen.
Lo que Trump desea, por lo tanto, no es la dominación mundial, sino más bien un orden mundial gobernado por líderes personalizados que se reparten los territorios de los Estados más débiles.
Stephen E. Hanson, Jeffrey S. Kopstein
Por último, las fronteras estatales carismáticas surgen cuando las élites logran convencer a sus seguidores de que encarnan algo extraordinario, más allá de las reglas habituales, de la historia o de los límites. Los líderes carismáticos suelen rechazar tanto las reivindicaciones territoriales tradicionales como las fronteras jurídicas fijas. De hecho, al igual que los líderes carismáticos de todo el mundo se han presentado como los únicos capaces de superar la «historia» para inaugurar un tipo de sociedad humana cualitativamente nuevo, también han pretendido, por lo general, trascender los límites del espacio político ordinario. Una política exterior carismática representa intrínsecamente una amenaza revolucionaria para los Estados vecinos estables y consolidados, como, por ejemplo, en el caso del movimiento del Estado Islámico en los territorios oficiales de Siria e Irak, que se declaró representante del núcleo de un futuro califato mundial y se esforzó deliberadamente por borrar el significado de las antiguas fronteras estatales, así como las reivindicaciones territoriales de las comunidades étnicas y religiosas tradicionales en toda la región que controlaba. Estos Estados y su orientación respecto a las fronteras pueden ser excepcionalmente peligrosos y «revisionistas», pero dedicar tanta energía a actividades externas acaba ejerciendo presión a favor de un retorno a una rutina normal. Así, con el tiempo, los Estados carismáticos tienden a desintegrarse, como ocurrió principalmente con el Estado Islámico, o a «rutinizarse» en una dirección tradicional o racional-jurídica.
Las ideas de Weber sobre la justificación de las fronteras pueden ayudarnos a comprender los diferentes enfoques actuales en materia de fronteras, y de política exterior. En resumen: los Estados liberales tratan las fronteras como líneas jurídicas trazadas en un mapa por tratados, los regímenes patrimoniales las consideran difusas e históricas, y los regímenes revolucionarios las ignoran por completo en la búsqueda de su misión de transformación. Desde este punto de vista, el «orden mundial liberal» no es más que otro nombre para designar un mundo compuesto principalmente por Estados comprometidos con la defensa de definiciones racionales y jurídicas de las fronteras estatales.
Esto no significa que los Estados liberales nunca modifiquen sus fronteras o aumenten (o reduzcan) su superficie; pero cuando lo hacen, por lo general siguen un procedimiento legal. La unificación de Alemania, que tuvo lugar el 3 de octubre de 1990 en virtud del artículo 23 de la Ley Fundamental de la República Federal, con el acuerdo de los parlamentos tanto de Alemania Oriental como de Alemania Occidental, es un buen ejemplo de ello. Mientras que la aplicación de la «seguridad fronteriza» suele ser laxa e incoherente en los imperios tradicionales, en los Estados racionales-legales, o bien se vuelve irrelevante debido a acuerdos jurídicos internacionales que prevalecen sobre las funciones de las fronteras estatales (como en el Acuerdo de Schengen de la Unión Europea), o bien puede aplicarse de manera draconiana mediante la construcción de muros fortificados y/o el despliegue de fuerzas policiales especializadas.
Incluso cuando los Estados liberales discrepan en cuestiones de fronteras o posesiones territoriales, las consecuencias han sido generalmente leves. La «guerra del whisky» entre Dinamarca y Canadá por la Isla Hans, en el Ártico, constituye un ejemplo divertido. En 1984, soldados canadienses se dirigieron a la isla, plantaron allí una bandera canadiense y dejaron una botella de whisky; ese mismo año, el ministro danés de Asuntos de Groenlandia se dirigió a su vez a la isla y dejó allí una botella de alcohol, así como una carta en la que se leía: «Bienvenidos a la isla danesa». Esta disputa territorial fue, en esencia, amistosa, pero no por ello menos real, hasta que finalmente se resolvió mediante un acuerdo entre ambos gobiernos en 2022, ratificado por el Parlamento danés en 2023. Tras la invasión rusa de Ucrania, ambas partes decidieron mostrar ejemplo de cómo los Estados liberales resuelven los conflictos trazando una frontera terrestre en la propia isla, convirtiendo así a Canadá y Dinamarca en países oficialmente vecinos.
Lamentablemente, este modo procedimental de resolución de disputas fronterizas está hoy en día siendo cuestionado por líderes patrimoniales de todo el mundo. Estos suelen afirmar que «el orden internacional basado en normas» no es más que una farsa, un pretexto para ocultar el poder y la hipocresía occidentales. Es cierto, por supuesto, que el orden mundial liberal no surgió hasta después de varios siglos de imperialismo europeo y norteamericano que ignoró todas las restricciones jurídicas y democráticas que pesaban sobre la conquista territorial. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial, el reconocimiento generalizado de la legitimidad del principio de no injerencia en los asuntos de los Estados extranjeros ha dado lugar a un mundo en el que las fronteras estatales previsibles y legalmente definidas son, para gran parte de la población mundial, ampliamente consideradas como algo natural. Un mundo dominado por regímenes patrimoniales, por el contrario, será un mundo de múltiples fronteras superpuestas, susceptible de hundirse en conflictos armados violentos y destructivos.
En este contexto, la disposición de Trump a tolerar formas sin precedentes de expansión territorial estadounidense no es más que una parte de una ola más amplia de cuestionamientos patrimoniales del sistema de posguerra basado en fronteras estables y legales.
En ningún lugar es este cuestionamiento más visible ni tiene mayores consecuencias que en la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Pero, como veremos, patrones similares aparecen en toda una serie de casos: los esfuerzos por consolidar el poder nacional sobre la base de los principios de la legitimidad patrimonial tradicional generan inevitablemente reivindicaciones de política exterior neoimperialistas. El análisis de la Rusia de Putin, la Hungría de Orbán y del Israel de Netanyahu revela cómo los regímenes patrimoniales producen fronteras «difusas», al tiempo que pone de manifiesto las condiciones en las que estas ambiciones pueden materializarse o quedarse en mera retórica.
El caso ruso
Es en Rusia donde se encuentran los orígenes del giro hacia la construcción de un Estado patrimonial en el mundo contemporáneo. Tras el fracaso de los intentos de democratización y capitalismo llevados a cabo por el país en la década de 1990, Vladimir Putin se dedicó a reconstruir un régimen basado en la lealtad personal y el tradicionalismo cultural, lo que, en la década de 2020, condujo a una verdadera resurrección del Estado zarista.
El patrimonialismo de Putin no solo ha determinado la política interna del país, sino que también ha moldeado su política exterior. Para comprender exactamente cómo, es necesario examinar el panorama territorial que heredó.
La Unión Soviética estaba compuesta por 15 repúblicas, cada una con sus propias fronteras. Como defensores de una ideología revolucionaria carismática, los dirigentes del Partido Comunista nunca consideraron permanentes ni el federalismo soviético ni las fronteras trazadas entre 1922 (fecha de la creación de la URSS) y 1940-1941 (cuando se anexaron Ucrania occidental, Bielorrusia occidental, los Estados bálticos y Moldavia fueron anexados). Según la teoría marxista, la identidad nacional estaba destinada a ser superada a largo plazo por la unidad proletaria; dentro de la URSS, la ideología oficial proclamaba que el destino a largo plazo de los diferentes pueblos soviéticos era acercarse cada vez más hasta acabar formando un solo pueblo. Pero si bien las élites del PCUS nunca aceptaron plenamente la permanencia de las fronteras internas soviéticas, las que gobernaban estas repúblicas sí lo hicieron con el paso del tiempo. Tenían todo el interés en hacerlo, sobre todo porque la voluntad de Mijaíl Gorbachov de autorizar elecciones democráticas a los parlamentos soviéticos en 1990 provocó una rápida escalada de reivindicaciones a favor de la «soberanía» republicana. Los antiguos dirigentes de las repúblicas socialistas soviéticas no rusas aparecieron así, en el orden internacional posterior a 1991, como los defensores inesperados de las fronteras racionales y legales y de las instituciones internacionales liberales. Sin embargo, para gran parte de la población de origen ruso, tanto dentro como fuera de la recién establecida «Federación de Rusia», las fronteras internacionalmente reconocidas de «Rusia» se consideraban totalmente ilegítimas y artificiales, como producto de decisiones arbitrarias tomadas por las antiguas élites soviéticas que no tenían nada que ver con la «Rusia histórica».
El patrimonialismo de la política exterior de Putin estaba motivado por un profundo resentimiento hacia el régimen fronterizo postsoviético, un sentimiento ampliamente compartido por los ciudadanos rusos de a pie. A los ojos de muchos rusos, las potencias occidentales parecían manipular cada vez más el discurso de la defensa «racional y legal» de las fronteras de una manera que se percibía como puramente egoísta. Los bombardeos de Serbia por parte de la OTAN en 1999, la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003 y, sobre todo, el reconocimiento de la independencia nacional de Kosovo en 2007 —este último parecía contradecir el acuerdo anterior según el cual solo las fronteras de las repúblicas soviéticas, y no las fronteras «subnacionales» de las «regiones étnicas» de la era leninista y de las «repúblicas autónomas», debían gozar de legitimidad racional y jurídica—, han sido ampliamente citados por Putin y muchos rusos cultos como pruebas «evidentes» de la hipocresía occidental y de su «doble rasero». La decisión de Putin de reconocer a Abjasia y Osetia del Sur como «naciones independientes» tras la invasión rusa de Georgia en 2008, en lugar de simplemente anexarlas a Rusia, mantenía aún, desde un punto de vista analítico, la legitimidad de las fronteras racionales y legales en el espacio postsoviético, pero la institucionalización de las fronteras delimitadas como norma de la organización espacial postsoviética era, en ese momento, extremadamente frágil.
La decisión tomada por Putin en 2014 de anexar Crimea, borrando así por completo las fronteras soberanas de Ucrania, puso al descubierto una concepción de las fronteras rusas que se inscribe en la prolongación del régimen patrimonial interno que él había establecido, y propulsó a Europa y Eurasia hacia una nueva era.
A los ojos de muchos rusos, las potencias occidentales parecían manipular cada vez más el discurso de la defensa «racional y legal» de las fronteras de una manera que parecía puramente egoísta.
Stephen E. Hanson, Jeffrey S. Kopstein
Los argumentos esgrimidos por Putin para justificar la legitimidad de la anexión de Crimea eran, en esencia, de una tradición rigurosa: se articulaban en torno a la idea de que Crimea es una «tierra santa» para todos los rusos como cuna del cristianismo ortodoxo, escenario de la guerra de Crimea y lugar profundamente arraigado en la cultura rusa. La «transferencia» de Crimea de la RSFSR a la RSS de Ucrania por parte de Jruschov en 1954 se presentó como el ejemplo por excelencia de la ilegitimidad de la definición de las fronteras de la era soviética. En lugar de las fronteras de la era soviética, Putin declaró abiertamente su objetivo de reconstruir «Novorossiya», nombre con el que se conocía a gran parte del este y el sur de Ucrania en la época de Catalina la Grande, un llamado que fue retomado por una asociación informal de rusos y rusoparlantes en Donetsk y Lugansk, por ideólogos nacionalistas y «voluntarios» que se unieron al conflicto del lado de las fuerzas prorrusas, así como por tropas regulares rusas que ayudaron a organizar y apoyar a los separatistas, a pesar de los desmentidos oficiales iniciales del Kremlin.
Durante el verano de 2021, Putin publicó un extenso ensayo histórico destinado a respaldar su afirmación de que el Estado ucraniano sería totalmente artificial; un producto, según él, de las maquinaciones ideológicas de Lenin y Stalin. La ofensiva militar total de Rusia contra la soberanía territorial ucraniana se produjo poco después. En lugar de las fronteras reconocidas de la era soviética y postsoviética, Putin comenzó a promover una concepción esencialmente tradicional e imperial del territorio ruso de contornos difusos, arraigada en mitos históricos y patrones cambiantes de poblamiento ruso que no pueden delimitarse claramente en un mapa. Entre esta concepción tradicional del espacio político legítimo y la concepción formalmente racional y jurídica de las fronteras de Ucrania promulgada por el presidente Volodimir Zelenski, y respaldada por la gran mayoría de los ciudadanos ucranianos, existe una brecha paradigmática insalvable.
El caso húngaro
Tras renunciar al comunismo en 1989 y recuperar su soberanía, Hungría se apresuró a adherirse a las instituciones económicas y de seguridad occidentales, en particular a la OTAN y a la Unión Europea. Para ello, sin embargo, tuvo que renunciar a cualquier intento serio de cuestionar el Tratado de Trianon, que había privado a Hungría de dos tercios de su territorio y dejado a millones de compatriotas en los Estados vecinos. El revisionismo del periodo de entreguerras había dominado en su momento la vida política húngara, con élites «refugiadas» y, finalmente, una alianza con la Alemania nazi con el objetivo de recuperar territorios. Aunque el nacionalismo irredentista resurgió después de 1989, se mantuvo marginal hasta la adhesión a la Unión en 2004. A pesar de todo, la idea de una «Hungría histórica» persistió, visible en el discurso público y la simbología.
Viktor Orbán, primer ministro de 1998 a 2002 y nuevamente desde 2010 hasta su reciente derrota electoral, consolidó estos temas en un régimen patrimonialista construido sobre el debilitamiento sistemático y el control del Estado. Compuesto por leales y sostenido por la distribución corrupta de los recursos del Estado entre sus aliados, este sistema llevó a los críticos a calificar a Hungría de «Estado mafioso». El régimen de Orbán combinó ataques contra el liberalismo —en particular, las normas de la Unión— con un legalismo estratégico que preservaba la apariencia de legalidad al tiempo que socavaba la autonomía institucional.
En este contexto, el recuerdo de Trianon se convirtió en una herramienta central de legitimación.
Orbán ha presentado a Hungría como una víctima de la imposición occidental —estableciendo un paralelismo entre Versalles y la Bruselas actual— al tiempo que ha movilizado un resentimiento histórico para reforzar su autoridad. Gestos simbólicos, como la exhibición de imágenes de la «Gran Hungría», y las intervenciones retóricas durante las fiestas nacionales han subrayado este relato de una división injusta y de una unidad nacional duradera. Incluso en el orden jurídico-racional de la Europa de Schengen, Orbán ha llevado a cabo políticas que han difuminado la frontera entre la solidaridad cultural y la expansión territorial. Alrededor de dos millones de personas de origen húngaro viven en los Estados vecinos, y después de 2010, su gobierno extendió la ciudadanía, el derecho al voto y los beneficios materiales a estas poblaciones. Los responsables húngaros han invocado regularmente una comunidad nacional que trasciende las fronteras existentes, presentando estos vínculos desde una perspectiva civilizacional e histórica.
Este irredentismo también ha cumplido una función patrimonial bien distinta. Ha vinculado tanto a las poblaciones externas como a las élites nacionales al régimen mediante beneficios selectivos y una inclusión simbólica, al tiempo que ha reforzado la imagen de Orbán como defensor de la nación frente a extranjeros hostiles. Las críticas procedentes del extranjero han alimentado este discurso. La imagen de marca de la presidencia húngara de la Unión Europea en 2024 —que combinaba el simbolismo europeo convencional con el eslogan «Make Europe Great Again» — ilustró bien esta doble estrategia consistente en mostrar una aparente conformidad con las reglas de la Unión, al tiempo que se rechazaba implícitamente el orden europeo existente.
El irredentismo de Orbán iba, sin embargo, más allá del simple simbolismo. Se posicionó como una figura clave de una «internacional patrimonial» informal, alineándose estrechamente con Vladimir Putin, su más fiel partidario. Putin le devolvió el favor al considerar las ambiciones territoriales de Hungría como, cuando menos, comprensibles, subrayando la persistencia de las poblaciones húngaras en Transcarpatia y el carácter artificial de las fronteras de la era soviética. Aunque negó toda coordinación formal, la retórica de Putin proporcionó una cobertura ideológica a la postura de Orbán, revelando un rechazo común a las fronteras fijas y jurídico-racionales en favor de reivindicaciones basadas en la historia.
Esta alineación tuvo consecuencias tangibles. En 2025, los servicios de contraespionaje ucranianos descubrieron una red de espionaje húngara que recopilaba información sobre las vulnerabilidades militares y las actitudes locales en el oeste de Ucrania, actividades que correspondían a una planificación de emergencia con vistas a una posible revisión territorial. Tales acciones sugerían que la política húngara iba más allá de la promoción cultural para incluir la preparación ante una oportunidad geopolítica.
Orbán presentó a Hungría como una víctima de la imposición occidental —estableciendo un paralelismo entre Versalles y la Bruselas actual— al tiempo que movilizaba un resentimiento histórico para reforzar su autoridad.
Stephen E. Hanson, Jeffrey S. Kopstein
Al mismo tiempo, las ambiciones de Hungría seguían limitadas por su posición dentro del sistema internacional.
A diferencia de las grandes potencias, no tenía la capacidad de rediseñar unilateralmente las fronteras. Las limitaciones de este modelo se hicieron cada vez más evidentes. La pérdida de poder de Orbán y su sustitución por Péter Magyar reflejaban, en parte, el agotamiento de una estrategia patrimonial capaz de movilizar un resentimiento histórico, pero incapaz de traducirlo en ganancias geopolíticas tangibles. La profunda integración de Hungría en las alianzas occidentales y su debilidad estructural dentro del orden mundial hicieron que su irredentismo fuera en gran medida simbólico. La experiencia de Hungría pone de manifiesto una variación notable dentro de un patrón más amplio: cuando los regímenes patrimoniales no tienen la capacidad de rediseñar las fronteras, las reivindicaciones históricas «difusas» persisten como instrumentos de legitimación interna más que como motores de revisión territorial.
El caso israelí
Si bien Hungría tiene pocos medios para modificar sus fronteras, no se puede decir lo mismo de Israel.
El régimen patrimonial de Benjamin Netanyahu también ha basado su política fronteriza en nociones de territorios sagrados y míticos considerados parte del patrimonio nacional.
El lugar que ocupan estos territorios en el imaginario histórico israelí varía según las corrientes políticas, pero para gran parte de la derecha israelí incluyen Jerusalén Este, los Altos del Golán (por razones estratégicas) y Cisjordania, designados en la jerga religiosa israelí —y ahora no solo religiosa— con el nombre de «Judea y Samaria». En este sentido, las fronteras de Israel no solo son difusas, sino también, en cierto modo, indeterminadas. Las élites israelíes suelen tener una visión «histórica» más que jurídica de los territorios adyacentes, mientras que muchos de los vecinos de Israel nunca han reconocido plenamente su soberanía jurídica y racional.
La concepción «histórica» de las fronteras de Israel es muy anterior al Estado y se refleja en la distinción entre la «Tierra» de Israel y el «Estado» moderno de Israel.
Los textos bíblicos describen promesas territoriales de alcance variable, que van desde la configuración actual de Israel hasta extensiones mucho más vastas, y las tradiciones rabínicas posteriores a menudo posponen su realización hasta la era mesiánica. Los primeros líderes sionistas también propusieron visiones territoriales contrapuestas, que iban desde el «Gran Israel» del sionismo revisionista asociado a Zeev Jabotinsky y Menachem Begin hasta las fronteras más limitadas aceptadas por David Ben Gurión. Incluso Ben Gurión insistió en que la partición no excluía una expansión futura, escribiendo en 1937 que «los límites de las aspiraciones sionistas dependen del pueblo judío», y subrayando más tarde que un Estado en una parte del territorio «no era el fin, sino el comienzo». Sin embargo, Ben Gurión acabó dando prioridad al establecimiento del Estado por encima de la máxima extensión del territorio, dejando abierta la posibilidad de que las fronteras de Israel pudieran fijarse mediante acuerdo. La fórmula posterior de «tierra por paz» reflejaba esta prioridad. Sin embargo, incluso este compromiso aparentemente laico conservaba una concepción subyacente del Estado y su territorio impregnada de una forma de sacralidad colectiva, más que como un espacio puramente instrumental o negociable.
Al mismo tiempo, el discurso israelí se ha caracterizado durante mucho tiempo por una reflexión estratégica pragmática —llamados a la «profundidad estratégica», rechazo de las «fronteras de Auschwitz» y uso del territorio como moneda de cambio—, elementos todos ellos ampliamente compatibles con una concepción jurídica y racional de las fronteras. Con el paso del tiempo, sin embargo, mientras Benjamin Netanyahu adoptaba una estrategia patrimonial —debilitando la función pública, el poder judicial y la independencia de las universidades, al tiempo que se apoyaba en partidos religiosos nacionalistas—, la opinión dominante entre las élites en el poder evolucionó hacia una identificación del Estado de Israel con la Tierra de Israel.
Paralelamente a esta transformación institucional, el discurso público sobre las fronteras se ha alejado de un enfoque esencialmente estratégico centrado en la seguridad nacional para orientarse hacia la reconquista de tierras sagradas, o al menos hacia un borrado de la distinción entre ambas. Algunos territorios han sido cedidos (el Sinaí), otros se han anexado (los Altos del Golán y Jerusalén Oriental), otros han sido evacuados, al menos parcialmente y de manera brutal, pero siguen bajo control (Gaza), mientras que Cisjordania permanece en un estado de anexión de facto. Las fuerzas israelíes también han ocupado o llevado a cabo operaciones en ciertas partes del sur de Líbano y han realizado operaciones militares sostenidas en territorio sirio, lo que subraya aún más el carácter fluido y contingente de sus fronteras efectivas. Jurídicamente distintos pero funcionalmente integrados, estos acuerdos han dado lugar a una realidad de un único Estado sin fronteras delimitadas.
Al igual que Estados Unidos y Rusia, y a diferencia de Hungría, Israel tiene los medios para rediseñar las fronteras actuales. Sin embargo, está menos limitado por sus capacidades militares que por las realidades demográficas. Porque si bien el Likud de Netanyahu y sus socios de coalición pueden considerar los territorios ocupados como su patrimonio, la población judía no constituye una mayoría en ninguna de las zonas situadas más allá de la «línea verde» anterior a 1967. Los dilemas relacionados con este control territorial ambiguo salieron a la luz después del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó su ataque terrorista a través de lo que en realidad es una de las fronteras difusas más violentamente disputadas del planeta.
Un mundo de fronteras difusas
Hemos examinado el vínculo entre los regímenes patrimoniales y la promoción de «fronteras difusas» en diversos países y contextos geográficos. Ya sea en el Estados Unidos de Trump, en la Rusia de Putin, en la Hungría de Orbán o en el Israel de Netanyahu, la dinámica ha resultado ser notablemente similar: los esfuerzos por establecer regímenes patrimoniales nacionales han dado lugar a reivindicaciones cada vez más agresivas sobre territorios reconocidos por la comunidad internacional como pertenecientes de derecho a Estados vecinos. La retórica de Trump sobre Irán, Groenlandia, Panamá y Canadá encaja, por lo tanto, perfectamente en los patrones que se perfilan en la ola patrimonial mundial contemporánea, y nos corresponde, como analistas, tomarla muy en serio.
¿Cómo sería este nuevo mundo —un mundo de Trump?
Al igual que Estados Unidos y Rusia, y a diferencia de Hungría, Israel tiene los medios para rediseñar las fronteras actuales
Stephen E. Hanson, Jeffrey S. Kopstein
Por un lado, la mayoría de los líderes patrimonialistas reconocen como legítimas sus respectivas tendencias a reclamar territorios más allá de sus fronteras. La discreta aceptación por parte de Trump de gran parte de la visión de Putin de que Ucrania (o al menos gran parte de Ucrania) formaría parte del «mundo ruso», así como su voluntad de permitir que Israel anexe los territorios conquistados durante la Guerra de los Seis Días (subrayada por el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén), son totalmente coherentes con su propia concepción del funcionamiento de las relaciones entre Estados. Se trata menos del mundo de Tucídides descrito en el Diálogo de Melos, tan querido por los realistas académicos — «los fuertes hacen lo que pueden, y los débiles sufren lo que deben»— que del mundo de las «cinco familias» en El Padrino de Mario Puzzo, donde los padrinos negocian entre ellos para repartirse los territorios y los recursos económicos de los Estados más débiles. El Concierto Europeo dio lugar a una red de tratados que regularon los conflictos y delimitaron las fronteras dentro del continente durante un siglo. El mundo de fronteras difusas estaría regido por acuerdos transaccionales entre hombres fuertes. La notable declaración de Trump de que podría considerar un acuerdo de peaje conjunto con Irán sobre el estrecho de Ormuz ilustra los dos aspectos del orden mundial patrimonial: una voluntad de sacar provecho de todas las relaciones internacionales y una disposición a ignorar el derecho internacional para hacer valer nuevas reivindicaciones territoriales (y marítimas).
Desafortunadamente, los jefes mafiosos no se limitan a celebrar acuerdos informales; también se enfrentan. Como le explica «Fat» Clemenza a Michael Corleone en vísperas de una gran batalla entre familias rivales: «Este tipo de cosas deben suceder cada cinco años más o menos, o incluso cada diez. Ayuda a que desaparezcan los rencores».
Un mundo compuesto por países con fronteras difusas, dominados por élites patrimoniales rivales que tratan a sus Estados como posesiones personales y al territorio de otros Estados como un patrimonio potencial, será, por lo tanto, muy diferente de aquel que Estados Unidos y sus aliados han contribuido a moldear y defender desde 1945, en el que las fronteras territoriales estaban delimitadas esencialmente por acuerdos jurídicos y tratados. Tales Estados y el «orden» que producen generarán inevitablemente múltiples conflictos fronterizos, algunos de los cuales degenerarán en una guerra total. No será un retorno al orden posnapoleónico de las relaciones interestatales en la Europa del siglo XIX (que, recordemos, fue también un período de sangrientas conquistas imperialistas llevadas a cabo por las propias potencias europeas), sino al período inestable de soberanía disputada que lo precedió, esta vez con tecnologías de guerra mucho más letales.
Un mundo donde el patrimonialismo reine sin oposición conducirá inevitablemente al abandono de las antiguas alianzas entre antiguos aliados liberales y a la adopción de nuevas asociaciones con hombres fuertes que compartan las mismas ideas. Los Estados liberales restantes formarán sin duda nuevas alianzas, pero estas contarán con un poder militar y económico combinado significativamente menor para respaldarlas. En un mundo así, cabe esperar un recrudecimiento espectacular de los conflictos fronterizos en todos los continentes. La guerra entre Estados Unidos contra Irán, centrada en la cuestión de quién controla realmente el angosto paso que permite la previsible exportación de energía y materias primas vitales desde el Golfo Pérsico, no es más que un anticipo de lo que podría convertirse en una característica, lamentablemente, omnipresente del nuevo desorden mundial emergente. Es cierto que algunas de estas disputas territoriales tal vez puedan resolverse en la mesa de negociaciones, pero pocas, si es que alguna, se resolverán de la manera jurídica, racional y amistosa en que los daneses y los canadienses resolvieron la disputa sobre la Isla Hans.
