Frente a Trump, el futuro de Europa está con América Latina

El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con un nuevo mandato, ha traído a escena un trumpismo más radicalizado, organizado, estratégico y disruptivo. En pocos meses ha transformado las relaciones hemisféricas y el vínculo transatlántico. Ello también condiciona el tercer lado de ese triángulo geopolítico: las relaciones entre la Unión Europea y América Latina.

La seguridad hemisférica del imperio Trump: Estados Unidos frente a América Latina y el Caribe

Trump quiere reestablecer una relación de subordinación con lo que Washington llama «el hemisferio occidental». 

En su discurso inaugural apeló a la vieja doctrina del Destino Manifiesto y anunció una política exterior que apela al excepcionalismo y al providencialismo, al afirmar que «Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, que aumenta su riqueza y expande su territorio… y perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas». 

Esa retórica remite al nacionalismo imperial del siglo XIX. 

No es casual que en ese discurso Trump reivindicase a presidentes como William McKinley o Theodore Roosevelt, protagonistas de la anexión de Puerto Rico, Guam, Filipinas o Hawái, de la secesión de Panamá para hacer posible la construcción del Canal, o de la guerra de Cuba. 

McKinley, como senador y presidente, también pasó a la historia como impulsor del «arancel McKinley» y una política de fuerte nacionalismo económico. Roosevelt formuló un célebre corolario a la Doctrina Monroe, por el que ésta cambió de sentido: se proclamó en 1823 para frenar nuevas tentaciones coloniales de las metrópolis europeas en América Latina, pero en 1904 se reformuló como pretexto para un brutal ciclo intervencionista de Estados Unidos en una región que se convirtió en su «patio trasero». 

Como afirma Gideon Rachman, ese renovado espíritu expansionista y ultranacionalista, y la voluntad de ordenar el mundo a partir de un reducido directorio de «hombres fuertes» también sitúa a Trump junto a la Rusia de Putin, con quien tiene evidente afinidad ideológica, o a la China de Xi Jinping ¹.  

Ese discurso responde, en parte, a la estrategia performativa de una renovada voluntad de poder ². Pero va más allá: Trump ha amenazado de forma directa a Canadá, Panamá y Groenlandia, parte de un Estado miembro de la Unión. Ha afirmado: «Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional». 

No se trata tanto del riesgo de una invasión, sino de promover un referéndum de autodeterminación que llevaría a una Groenlandia formalmente independiente pero dependiente de Estados Unidos. 

En otros lugares se recurre a una política de matón de patio de colegio. Es el caso de Panamá, donde Trump ha cuestionado los acuerdos Torrijos-Carter de 1973, acusando falsamente a China de controlar el Canal. Incluso decretó que el Golfo de México pasara a llamarse Gulf of America. Google Maps, solícito, se apresuró a aplicar ese cambio para las conexiones desde Estados Unidos. 

Comercio y finanzas también han sido utilizados como armas en una visible cruzada ideológica, como ha ocurrido con la weaponization de los aranceles contra Brasil, en un explícito apoyo a Jair Bolsonaro ante su condena judicial por golpismo. El caso de Argentina también ilustra esa desacomplejada injerencia, en este caso recurriendo a la «diplomacia de chequera» y la weaponization del dólar para apoyar aliados ideológicos cuando enfrentan elecciones. 

Estados Unidos apoya la «bukelización» de la seguridad: más mano dura, más autoritarismo.

Josep Borrell y José Antonio Sanahuja

El nuevo intervencionismo estadounidense no descarta el uso de la fuerza, ni en el discurso ni en los hechos: el despliegue de un poderosos grupo aeronaval en el Caribe y los repetidos ataques a supuestas «narcolanchas», como puesta al día de la «diplomacia de cañonera», pueden ser el anuncio de operaciones armadas para forzar un cambio de régimen en Venezuela.   

La política exterior de Trump tiene elementos de continuidad, como la contención de China, pero también cambios radicales, como el acercamiento a Rusia, a expensas del vínculo transatlántico. América Latina también ocupa un lugar clave en la política America First. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, la región es clave para atajar la inmigración y el narcotráfico, contener a China, y enfrentar enemigos ideológicos ³. En esos objetivos, según Rubio, «los países que colaboren serán recompensados; los que no, enfrentarán el poder de Estados Unidos». 

Esas metas responden al difícil encaje de las prioridades definidas por las «tribus políticas» que rodean a Trump: las que sitúan en primer lugar asuntos internos que movilizan a su base electoral –drogas y migración–; las que pujan por una política exterior centrada en China; y las que defienden una cruzada ideológica global basada funcional a la primacía de Estados Unidos ⁴. Pero en la relación con América Latina, como se verá, esas prioridades llevan en ocasiones a políticas contradictorias e incoherentes.

La política de contención y control migratorio afecta, sobre todo, al plano interno, con las detenciones y deportaciones masivas de la agencia de control fronterizo (ICE), que afectan a una población que, en gran parte, es de origen latinoamericano. 

Es evidente que no es factible deportar a los 14 millones de personas sin papeles que se estima viven hoy en Estados Unidos. El mercado laboral no lo soportaría. Pero esa amenaza genera miedo, explotación laboral y pretende amedrentar a potenciales migrantes. Esa política puede dañar a los países latinoamericanos que dependen de las remesas. También afecta a refugiados y solicitantes de asilo. La Corte Suprema ya autorizó la revocación por orden ejecutiva de la protección legal para medio millón de personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. 

Cerca de un millón de personas podrían perder su estatus y quedar expuestas a deportación, en lo que supone la suspensión de facto el derecho de asilo en Estados Unidos. 

Trump también busca externalizar el control migratorio y que los países vecinos acepten a los deportados. Colombia fue el primer caso: ante la resistencia inicial de Gustavo Petro, Trump amenazó con aranceles y restricciones de visados. En horas, Colombia reculó, consciente de que Estados Unidos es su principal mercado. Paralizada por las divisiones ideológicas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) no pudo responder a la actuación coercitiva de Trump. 

Bajo la débil presidencia pro tempore hondureña, no logró un acuerdo para reunirse, menos aún una declaración conjunta de respaldo a Colombia o de condena de Estados Unidos.   

En ese contexto, Estados Unidos apoya la «bukelización» de la seguridad: más mano dura, más autoritarismo. La aceptación de deportaciones hacia prisiones de máxima seguridad en El Salvador ha convertido al país en un agujero negro de ilegalidad y de violaciones de derechos humanos denunciado por organismos internacionales. Lo más preocupante es que esta cesión se presenta como un servicio, pagado por Estados Unidos ⁵. A ello se suma el visible apoyo que Trump otorga a Nayib Bukele y a su voluntad de autocratización. El Departamento de Estado ha valorado positivamente la reforma constitucional en El Salvador que permite la reelección indefinida. 

Ese viraje de Estados Unidos importa, y mucho. Según el Índice de Democracia de la Economist Intelligence Unit (EIU), América Latina es, aún, la segunda región más democrática del mundo, tras Europa y Estados Unidos, que este índice ya considera «democracia defectuosa» (flawed democracy). Pero América Latina es también la de más rápido retroceso en ese indicador ⁶.

En directa relación con la inmigración, al ser también considerada una amenaza a la seguridad nacional, se encuentra la lucha contra el narcotráfico. Vía orden ejecutiva, algunos cárteles han sido definidos como «organizaciones terroristas internacionales», abriendo la puerta a intervenciones armadas unilaterales. Con el pretexto del fentanilo, y el recurso a legislación de excepción, Trump ha optado por la militarización y el intervencionismo, en lugar de soluciones cooperativas, de justicia y desarrollo. De nuevo, se obvian las causas estructurales del problema —pobreza, desigualdad, demanda interna de drogas— y se insiste en el prohibicionismo, represivo y arriesgado, a ambos lados de la frontera.  

En especial, Trump acusa a México de haber perdido soberanía frente a los cárteles. Con el argumento del fentanilo, Trump amenaza con imponer fuertes aranceles a México, al igual que a Canadá. Pero esta medida también dañaría gravemente a la economía estadounidense, que tiene sectores, como el del automóvil, muy integrados con sus dos socios. 

México y Canadá han respondido con importantes concesiones en el ámbito migratorio y de seguridad, pero con mayor firmeza en el terreno comercial. Las idas y venidas de las amenazas arancelarias de Trump parecen mostrar que existe margen de respuesta y negociación donde hay mayores interdependencias de coste recíproco, y las asimetrías no son tan marcadas ⁷. 

Con la imposición a escala mundial de «aranceles recíprocos» en abril de 2025 Trump anunció un gravamen del 10% sobre casi todas las importaciones de América Latina. 

Desde agosto, Washington aplicó además aranceles más altos a países con déficits comerciales persistentes —México, 25% en los bienes no cubiertos por el USMCA; Brasil, 10% + 40% «por razones de emergencia»—. 

A esta medida no escaparon los gobiernos cercanos ideológicamente, como Argentina, que ya se ha visto dañado por esta actuación coercitiva. 

También México se ha visto compelida a aumentar sus aranceles frente a China, a fin de evitar los de Estados Unidos ⁸.

En el caso de Brasil, los aranceles responden sobre todo a razones ideológicas. 

Tras un arancel inicial del 10%, en agosto se elevó al 50%, en explícito apoyo a Jair Bolsonaro ante su enjuiciamiento por intento de golpe de Estado. Washington también impuso sanciones contra jueces brasileños vinculados al proceso contra el expresidente. 

Brasil respondió impugnando la medida ante la OMC, y con un programa de apoyo económico por valor de 5.000 millones de dólares para los sectores exportadores más afectados. Pero esa palmaria injerencia externa ha sido una inyección de respaldo y popularidad para el gobierno de Lula. 

Frente a China, Trump y Rubio han promovido el nearshoring. Es decir, relocalizar producción en América Latina para reducir la dependencia de China, aunque esa política se contradice con el aumento de los aranceles que también se impone a la región. También se trata de reducir su presencia e influencia. 

En esa confrontación, el escenario inmediato fue el canal de Panamá, que según Trump estaría ya bajo control chino. Esa acusación aludía a las concesiones de los puertos de Balboa y Cristóbal, en ambos extremos del Canal, operados por la empresa de Hong Kong CK Hutchinson. 

Bajo presión de Marco Rubio, que se dirigió a Panamá en su primer viaje oficial, el presidente panameño, José Raúl Mulino anunció su revisión inmediata. Mulino también afirmó que no renovaría la participación de Panamá en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, a la que se adhirió en 2017 sin objeciones de Estados Unidos, y anunció la suspensión de las conversaciones de libre comercio con China. CK Hutchinson respondió a esas presiones anunciando la venta de las concesiones de 43 puertos en todo el mundo —incluyendo los puertos panameños, al fondo de inversión estadounidense Blackrock—. Pero han surgido objeciones políticas y regulatorias del gobierno chino, y esa operación aún está abierta. 

El rescate financiero de Estados Unidos a Argentina —un acuerdo de swap por al menos 20.000 millones de dólares— también responde a una matriz que es a la vez ideológica y geopolítica. 

Por un lado, está explícitamente orientado a sostener al gobierno de Javier Milei en una difícil coyuntura política y económica, con casos de corrupción abiertos, riesgos de devaluación del peso y de escalada inflacionaria, y ascenso electoral de la oposición peronista. El propio Trump condicionó los fondos a un resultado favorable para Milei en las elecciones legislativas de octubre de 2025. 

A través de Scott Bessent, secretario del Tesoro, Estados Unidos anunció un whatever it takes para sostener políticamente a lo que considera uno de sus aliados preferentes en América Latina. Dado que ese auxilio carece de condiciones económicas creíbles: no se han exigido reformas fiscales ni mecanismos de control del déficit que aseguren la estabilidad macroeconómica a largo plazo, es una operación arriesgada. 

Según Gillian Tett, más que responder a la política MAGA –Make Argentina (and America) Great Again– podría conducir a un MADA, o Make Argentina Default Again ⁹. La lógica geopolítica del rescate apunta, de nuevo, a China: el propio Trump afirmó que «no seremos tan generosos con Argentina si continúa mirando a China», con quien Argentina ha desarrollado una amplia agenda de cooperación económica y científica, incluyendo anteriores acuerdos swap en moneda china ¹⁰. 

El nuevo intervencionismo estadounidense no descarta el uso de la fuerza, ni en el discurso ni en los hechos.

Josep Borrell y José Antonio Sanahuja

Como antes se mencionó, el caso argentino ilustra la tendencia a la weaponization del dólar, sea vía sanciones o apoyo directo, como instrumento de presión y alineamiento geopolítico. Pero los éxitos que puedan lograrse con ese instrumento también contribuyen, a la larga, a reducir la confianza en esa moneda y alentar la búsqueda de alternativas por parte de los BRICS. 

Por último, Estados Unidos ha declarado su intención de enfrentar a los regímenes dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

Pero no se trata de apoyar a sus pueblos, pues no ha habido excepciones en asilo o refugio. En el caso venezolano, tras varios canjes de prisioneros, Washington retiró la exención que permitía operar libremente a la petrolera Chevron, pero después le concedió una licencia temporal. De esta forma, el discurso ideológico no parece ser incompatible con determinados intereses económicos. 

Con Venezuela, frente a la agenda migratoria o empresarial, en las que priman intereses domésticos, parece imponerse la visión «primacista», más ideologizada, de Marco Rubio: con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos ha desplegado frente a Venezuela una poderosa flota de guerra, incluyendo un portaviones. En una desproporcionada e ilegal acción armada, ha atacado supuestas «narcolanchas» matando a sus ocupantes en vez de someterles al debido proceso judicial. 

Esas acciones, además de ilegales, son también de dudosa utilidad si de lo que se trata es de combatir al narcotráfico. Más bien, parecen estar al servicio de una doble estrategia: por un lado, se pretende justificar ante los tribunales de Estados Unidos, por la vía de los hechos, el recurso a legislación de excepción alegando que existe una «guerra» o «invasión» del narco que lo justifica ¹¹. 

Por otro lado, el objetivo parece ser forzar el cambio de régimen en Venezuela, a través de una política performativa que muestre la debilidad o inviabilidad del régimen de Maduro, sin descartar acciones armadas selectivas, abiertas o encubiertas, contra la cúpula del poder ¹². 

Caracas se ha apresurado a denunciarlas como injerencia y amenaza a la soberanía, justificando así el endurecimiento del régimen de Maduro. Sin embargo, han contado con el apoyo expreso de la Nobel de la Paz 2025, la líder opositora María Corina Machado, rompiendo así con una larga tradición latinoamericana con relación a ese galardón ¹³. Tal intervención, de producirse, se sumaría a una larga trayectoria intervencionista de Estados Unidos en América Latina y en otros lugares que, en la mayoría de los casos, han traído más violencia y no han terminado bien ¹⁴. 

Finalmente, a través de una acción relámpago del llamado «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE) dirigido por Elon Musk, se ha cerrado abruptamente la agencia de cooperación USAID, creada por el presidente Kennedy en 1960 en respuesta a la revolución cubana. Con ello Estados Unidos se priva de una herramienta clave de influencia y cooperación, en áreas como derechos humanos, libertad de prensa, igualdad de género, o fortalecimiento institucional. Aunque América Latina recibía solo el 5% de la ayuda mundial de Estados Unidos, esos recursos eran vitales en muchos contextos. 

Esta política de coerción y unilateralismo, de palo sin zanahorias, hace que, para muchos países de la región la relación con China y con la Unión Europea puedan ser alternativas más atractivas. 

De hecho, la IV reunión ministerial del Foro China–CELAC, celebrada en Beijing en mayo de 2025, anunció un plan de cooperación centrado en infraestructura, energía y tecnología. Mientras Washington multiplica la coerción y la incertidumbre, China refuerza su imagen en América Latina como socio alternativo y actor previsible, que ofrece ayuda, inversión y mercados. Pero la pretensión de China de ganar terreno político y económico en la región también enfrenta dificultades crecientes. 

Los problemas de sobrecapacidad industrial, presión exportadora y sobreendeudamiento derivados de la estrategia geoeconómica de China en América Latina y en otros países del Sur Global también muestran que los intereses de la región y de China no siempre son convergentes, como muestran las reacciones proteccionistas y mayores cautelas latinoamericanas ante su creciente influencia económica ¹⁵.

La Unión Europea frente al trumpismo: de la autonomía a la subordinación estratégica

En lo que concierne a Europa, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha marcado un profundo giro en las relaciones transatlánticas. 

Desde su primera reunión de gabinete, el 26 de febrero, dejó claro su enfoque confrontativo: acusó a la Unión de haber «nacido para joder a Estados Unidos», anunciando, al tiempo, que le impondría aranceles del 25% ¹⁶. 

En estas declaraciones hay motivos ideológicos, funcionales a su retórica de polarización interna, así como razones geopolíticas: Washington pretende situar a Europa en una posición de subordinación en términos financieros y geopolíticos, y concentrarse en la contención de China en el Indo-Pacífico, una estrategia iniciada con Obama, mantenida por Biden y ahora acentuada con Trump.  

Con la amenaza de abandonar su compromiso noratlántico tradicional, Estados Unidos exige a Europa una nueva relación de subordinación.

Josep Borrell y José Antonio Sanahuja

La invasión rusa de Ucrania obligó a Estados Unidos a volver a implicarse en Europa, pero para Trump esa guerra es un problema europeo y no noratlántico. 

Trump no pide ahora la salida de Estados Unidos de la OTAN, pero sí demanda que los europeos asuman los costes de la disuasión ante Rusia, y no quiere aclarar si el paraguas nuclear estadounidense se mantendría como garantía última de la seguridad europea. 

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue explícito en la reunión del Grupo de Ramstein en febrero de 2025: reclamó que fueran los europeos –con tropas sin cobertura de la OTAN– quienes asumieran un arriesgado despliegue en Ucrania. Trump también anunció una reducción drástica de la ayuda a Kiev, planteando una negociación bilateral con Rusia sin participación de europeos ni ucranianos. Días después, en una reunión humillante en la Casa Blanca, Trump y su vicepresidente J. D. Vance exigieron a Zelenski aceptar una «pax trumpiana» muy parecida a la «pax russica», acompañada de un acuerdo desfavorable de explotación de minerales y tierras raras por parte de empresas estadounidenses. 

Se trata de un visible viraje respecto a la política seguida por la administración Biden. Los países del flanco este europeo –Polonia, bálticos, nórdicos, entre otros–, al igual que la actual Comisión, consideran a Rusia una amenaza existencial, y por ende también lo es ese viraje, pues es parte de la retirada de Estados Unidos de la seguridad europea, anunciada por el propio Trump.    

Trump sabe que ese miedo existencial le da una gran ventaja y por ello ha situado el compromiso de Estados Unidos en la OTAN como la gran palanca para sus exigencias en defensa, comercio, y otros asuntos. En la reunión de Davos, el 22 de febrero de 2025, reclamó que los aliados europeos destinen un 5% del PIB a defensa, dividido en un 3,5% para gasto militar directo y un 1,5% para infraestructura, ciberseguridad e industria. 

El objetivo es forzar un incremento de compras a Estados Unidos, dada la fragmentación y menor capacidad de la industria europea. Así, Washington busca reequilibrar la relación transatlántica y «poner precio» a su compromiso de seguridad. 

La Cumbre de la OTAN en La Haya, el 25 de junio de 2025, cristalizó esta presión, con la aprobación del 5% como meta para 2035. Fue una cita corta y cuidadosamente coreografiada para aplacar a Trump. Es el momento en el que Trump hizo público el mensaje obsequioso, si no abiertamente servil, enviado de manera privada por el secretario general, Mark Rutte, atribuyendo a Trump el éxito de la Cumbre y que los europeos terminaran «pagando lo debido». 

¿Diplomacia hábil o innecesaria muestra de servilismo? Los socios europeos de la OTAN pasaron en pocos meses de los discursos sobre la autonomía estratégica a las demostraciones de vasallaje, aunque la posible espantada trumpiana se evitó. Por otra parte, ese 5% ha quedado inscrito de manera ambigua, hay miembros renuentes a cumplirlo y distintas vías de escape ¹⁷.

Quizás se trataba, sobre todo, de ganar tiempo. 

Las élites europeas más atlantistas están convencidas de que Trump es un fenómeno pasajero, que con las elecciones presidenciales de 2028 volverán los buenos y viejos tiempos, con alguien más dialogante en la Casa Blanca, que tenga voluntad de recuperar la vieja relación transatlántica y preservar la OTAN. 

Pero esto es quizás más un deseo que una realidad. Trump puede ser un síntoma de un cambio político y cultural más profundo, y de su traducción geopolítica, pues el distanciamiento estadounidense de Europa y el giro hacia el Indopacífico se acentuará. Las concesiones europeas en La Haya no resuelven esta cuestión, y seguirá habiendo dudas sobre el verdadero compromiso de Washington con la seguridad europea ¹⁸. 

Apenas unos días después del acuerdo de La Haya, Estados Unidos anunció que dejaba de suministrar ayuda militar a Ucrania. Tras intensas gestiones diplomáticas, ello no ocurrió, pero dejó clara la fragilidad de ese acuerdo. La irrupción de drones rusos en Polonia en septiembre de 2025 podría ser un intento deliberado de pulsar la respuesta de la OTAN, y la respuesta de Trump fue ambigua y mostró comprensión hacia Moscú.    

La visión europeísta, que se resiste a la dependencia estratégica de Estados Unidos, demanda un mayor gasto en defensa, sea dentro del «pilar europeo» de la Alianza, o como política europea más autónoma. Ello supone reconocer la soledad estratégica de la Unión y los costes que ello comporta, que, siendo elevados, Europa puede y debe afrontar ¹⁹. 

Se trataría del viejo dilema europeísmo-atlantismo que siempre estuvo presente en el debate europeo sobre seguridad y defensa, aunque puesto al día por el «momento Trump». 

La fragilidad de lo acordado en La Haya quedó aún más expuesta en la reunión bilateral de Alaska, el 3 de julio de 2025, entre Trump y Putin, donde el presidente estadounidense aceptó buena parte de las exigencias rusas. 

Días después Zelenski se reunió en Washington con los principales líderes europeos, que arroparon al líder ucraniano buscando resituar la cuestión en términos más favorables a los intereses europeos y de Ucrania. Allí lograron arrancar a Trump un ambiguo compromiso sobre garantías de seguridad para Ucrania. 

Tras esa reunión Putin, constatando que Trump se desdecía de lo aparentemente acordado en Alaska, volvió a la estrategia dilatoria: rechazó cualquier encuentro bilateral con Zelenski y planteó que Rusia debía tener derecho de veto sobre esas garantías de seguridad, la misma pretensión que ya hizo fracasar las negociaciones de Estambul en 2022. En suma, esa dinámica ha estado marcada por los sucesivos vaivenes que, dentro de su política más favorable a Rusia, han caracterizado a la política de Trump ²⁰. 

Otro instrumento de presión ha sido el frente comercial. 

Trump amenazó a la Unión con aranceles «recíprocos» del 50% desde agosto de 2025, por encima del 10% ya aplicado de forma general a la Unión y del 20% anunciado en abril. Se suman a los ya vigentes sobre acero, aluminio y automóviles. 

No se trata solo de reordenar el comercio para que sea más favorable a Estados Unidos. Como afirman Michel Pettis y Matthew Klein, «las guerras comerciales son guerras de clase» ²¹, y la confrontación arancelaria desatada por Trump es parte de un gran programa fiscal para reducir impuestos a las grandes empresas y las rentas más altas. 

El riesgo de una guerra comercial a gran escala preocupa mucho a Bruselas: podría generar una devastadora espiral arancelaria en la economía global y agravar los problemas de competitividad de la economía europea. Con Ucrania siempre en el retrovisor, en este ámbito la Unión y sus Estados miembros también han optado por una estrategia de acomodamiento y contención de daños. Un ejemplo es el acuerdo del G-7 en Montreal, el 29 de junio de 2025, por el que se eximió a las empresas estadounidenses de aplicar el acuerdo de la OCDE sobre un impuesto mínimo global del 15%. Otro es la autocontención verbal de los líderes europeos frente a las provocaciones de Trump ante una difícil negociación que vincula varios frentes considerados vitales: comercio, regulación digital, seguridad y apoyo a Ucrania. 

A esos temores y condicionantes, y de manera más inmediata a las amenazas arancelarias de Trump, responde el acuerdo comercial alcanzado el 27 de julio de 2025 en Turnberry, en Escocia, entre Estados Unidos y la Comisión Europea. Frente al déficit en el comercio de bienes, esta última aceptó aumentar las compras de gas natural licuado, hasta 700.000 millones de euros en tres años, así como las de productos agrícolas y armamento. También aceptó revisar estándares regulatorios en materia ambiental, sanitaria y fitosanitaria, en la automoción, el sector agropecuario o la biotecnología. 

A cambio, Estados Unidos suspendió temporalmente la amenaza de aranceles del 50% –aunque mantuvo los del 25% sobre acero, aluminio y automóviles– y fijó un arancel general del 15% para las importaciones de bienes europeos. Este afecta a en torno a 70% de las exportaciones de la Unión, triplicando el promedio pre-Trump de 4,8%. 

El pacto, presentado como gran éxito por ambas partes, reflejó en realidad la asimetría de la negociación: las cesiones europeas pueden agravar la dependencia económica, tecnológica y en energía de la UE. No se trata solo del arancel del 15%, al debilitar el dólar respecto al euro, que ya está en niveles muy altos, Trump ya estaría aplicando un «arancel invisible» adicional aún mayor. 

A partir de ese acuerdo, los datos preliminares sobre el comercio UE-Estados Unidos ya muestran una importante caída de las exportaciones europeas a ese país.    

La Comisión Europea defendió el Acuerdo de Turnberry como opción pragmática para evitar una guerra comercial con Estados Unidos. Según Bruselas, el pacto evitará aranceles que habrían golpeado con dureza a la industria automovilística, farmacéutica y tecnológica europea. Permitiría también estabilizar las relaciones transatlánticas y comprar tiempo y «espacio político» en un momento en que el vínculo con Washington estaba tensionado por la guerra de Ucrania. 

También subrayó que las normas digitales europeas habían quedado fuera del pacto, preservando la soberanía regulatoria de la UE. Algunas voces han señalado que el acuerdo dejó atrás el momento «TACO» (Trump Always Chicken Out) y que la Unión Europea, como otros países, se dejó llevar a un nuevo momento «WACO» (World Always Chicken Out). Sin embargo, hay cesiones de improbable cumplimiento, que reflejaría que ante Trump la actitud general sería la de la «EMPANADA» (Everyone Makes Promises And Never Actually Does Anything) ²². 

Ante Trump, la Unión enfrenta un doble dilema, entre fragmentación o unidad, y entre subordinación o autonomía estratégica.

Josep Borrell y José Antonio Sanahuja

Hay voces que han aceptado ese acuerdo como un mal menor: The Economist señaló que la alternativa habría sido mucho peor: Trump ya había elevado los aranceles, y difícilmente volverán los tiempos de bajo proteccionismo mientras continúe en la Casa Blanca. Países como Japón aceptaron concesiones similares, y hay casos peores, como el de China o India. Incluso antes del acuerdo, este semanario recordó que la debilidad de Europa proviene de sus propias carencias estructurales: un mercado interior aún fragmentado, escasa innovación y mercados de capitales poco integrados, como han destacado los informes de Enrico Letta y Mario Draghi ²³.

Pero las fallas de ese acuerdo son muy evidentes. 

Para Dominique de Villepin ha sido una «rendición pura y simple», y Thierry Breton, anterior Comisario responsable del mercado interior y servicios digitales, se trató de una humillación que, además, es inútil, pues tampoco evitará un futuro de inestabilidad ²⁴. 

No se activó ni el reglamento anti-coerción ni otros instrumentos disponibles, y la Comisión habría optado por el posibilismo y la obsecuencia ante Trump, normalizado su estilo de política performativa. 

A pesar de su compromiso declarado con el multilateralismo, la Unión estaría validando violaciones del principio de nación más favorecida de la OMC, a costa de perder el capital político que hubiera permitido liderar una coalición internacional en defensa del comercio basado en reglas, en la que podrían haber participado socios latinoamericanos de peso, como Brasil. 

En un duro editorial, Financial Times subrayó que el pacto supone elevar el arancel efectivo de Estados Unidos a niveles no vistos en noventa años, alienta deslocalizaciones y consolida la dependencia tecnológica y en defensa de la Unión ²⁵. En materia ambiental, el acuerdo supone una clara apuesta por el gas de fracking estadounidense y la erosión de estándares ambientales mediante la eliminación de las barreras no arancelarias. En el sector automotriz, el principio de reconocimiento mutuo de normas abre la puerta del mercado europeo a los vehículos estadounidenses, con estándares de emisiones y seguridad menos estrictos.

La simplificación de certificados sanitarios debilita las exigencias ambientales y sanitarias europeas en el ámbito agropecuario. Bruselas también se compromete a revisar a la baja su Reglamento contra la deforestación —que hasta ahora imponía controles estrictos sobre soja, cacao, café, carne bovina o madera—, así como las directivas de diligencia debida empresarial, reduciendo las obligaciones de las grandes compañías en relación con los derechos humanos, el medio ambiente y la transición climática. 

En conjunto, estas concesiones implican un amplio retroceso normativo, que afecta no solo a la agenda verde europea sino también a su capacidad de proyectar un modelo regulatorio propio frente a Washington. Paradójicamente, pueden ser bien recibidas por América Latina, que las ha criticado como muestra de un nuevo «proteccionismo verde».  

Todo esto, a cambio de aplacar las amenazas de Trump, y de un horizonte incierto e inestable de acuerdos mal cerrados, que Washington puede volver a abrir en cualquier momento. 

En los términos utilizados por Emmanuel Macron, representaría un verdadero acto de vasallaje ²⁶: la mayor potencia comercial del mundo se sometería voluntariamente al acoso estadounidense. A cambio de aplazar castigos, renuncia a su autonomía estratégica, degrada el mercado único, debilita la agenda climática, y erosiona la capacidad democrática de defender las normas propias. 

Más allá del juicio moral, hay que recordar que Europa ha renunciado a usar sus cartas, que las tiene, como el tamaño de mercado, y herramientas como la represalia comercial y el instrumento anti-coerción. Por otro lado, cabe afirmar que la Unión tiene medios suficientes para sostener económica y militarmente a Ucrania, con o sin el uso de los activos congelados de Rusia, y evitar así el chantaje estadounidense sobre esta cuestión. Ya es el principal donante en ambos ámbitos, y según un cálculo de The Economist, ello supondría pasar del actual 0,2% a un 0,4% del PIB europeo, lo que parece justificado en términos de sus objetivos declarados de autonomía estratégica ²⁷. 

Pero incluso este acuerdo tan asimétrico no garantiza estabilidad ni predictibilidad. Ante las críticas, la Comisión Europea alegó que no había hecho concesiones en materia de regulación de los servicios digitales y que estas normas quedaban fuera del pacto comercial. 

Sin embargo, apenas unos días después, Trump utilizó su cuenta en Truth Social para lanzar nuevas amenazas contra los países que regulen o graven a las grandes tecnológicas estadounidenses. En concreto, anunció aranceles adicionales y controles a la exportación sobre aquellos Estados que, según él, «discriminan» a Silicon Valley. 

Por otro lado, los aranceles estadounidenses tienen una base legal frágil y han sido impugnados ante los tribunales, estando pendientes, en el momento en el que se escribe este artículo, de una resolución de la Corte Suprema.

En realidad, con la amenaza de abandonar su compromiso noratlántico tradicional, Estados Unidos exige a Europa una nueva relación de subordinación. 

Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos ha transformado, a peor, al sistema de relaciones internacionales. 

Josep Borrell y José Antonio Sanahuja

Ante Trump, la Unión enfrenta un doble dilema, entre fragmentación o unidad, y entre subordinación o autonomía estratégica. Las viejas élites atlantistas –Von der Leyen, Rutte, Starmer, Kallas, entre otros– siguen apostando por una política de contención de daños, y así preservar el vínculo con Washington, aunque cada vez a un precio más alto. 

La narrativa de la autonomía estratégica europea sigue presente en planes como ReArm EU o en políticas de energía, industria y defensa. También en la búsqueda de nuevos socios comerciales, como Mercosur o la India. Sin embargo, en la práctica, domina la lógica del apaciguamiento para evitar un colapso inmediato del vínculo transatlántico. Para la Unión, es una «tormenta perfecta»: si no cede en comercio o en gasto militar, Trump presiona con Ucrania y el compromiso con la OTAN, lo que deja a Europa atrapada en una triple y muy ardua negociación ²⁸. 

No obstante, cabe preguntarse si las elites atlantistas europeas no están cometiendo un error de diagnóstico, y el trumpismo no es un fenómeno pasajero, sino el exponente de un cambio más profundo en la cultura política estadounidense, más inclinada a la derecha, y en su orientación geopolítica hacia el Indo-Pacífico. 

Las concesiones europeas han evitado, por ahora, una ruptura abrupta, pero persisten las dudas sobre el compromiso real de Estados Unidos con la seguridad europea. Los acontecimientos de La Haya, Alaska y Washington, o el acuerdo comercial de Turnberry muestran hasta qué punto los acuerdos con Trump son volátiles y reversibles. Incluso cuando la Unión cede en cuestiones estratégicas –ya sea en seguridad, en soberanía energética o en comercio–, las amenazas y exigencias se reanudan inmediatamente después. 

La tendencia apunta, por tanto, a un debilitamiento estructural del vínculo transatlántico. Trump personifica un proceso en el que Washington exige más a sus aliados al tiempo que reorienta sus recursos hacia Asia. En este escenario, Europa enfrenta el reto de redefinir su papel: aceptar la subordinación y el vasallaje, o avanzar en una autonomía estratégica que, aunque costosa y arriesgada, parece ser la única vía para garantizar su seguridad y relevancia global.  

La Unión, América Latina y el Caribe: la importancia de la otra relación transatlántica

Con estos antecedentes, ¿Cuál es el papel que puede jugar la relación euro-latinoamericana? 

La ofensiva trumpista invita a fortalecer aún más las relaciones birregionales entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en clave de autonomía estratégica abierta ²⁹. 

Hay que recordar que esa relación había sido descuidada en los años anteriores, y se logró revitalizar en el periodo 2020-2024, en el que uno de los firmantes de este artículo fue alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión. 

Para ello, se le dio una nueva racionalidad geopolítica: promover esa autonomía de ambas regiones frente a la amenaza de bipolaridad entre China y Estados Unidos, y los alineamientos rígidos que podría suponer que el enfrentamiento se agudizara. 

Con esa lógica, se lograron avances en sus tres pilares: en el diálogo político, con la celebración de la Cumbre UE-CELAC en julio de 2023 en Bruselas, tras ocho años de ausencia de reuniones de ese tipo. Se reformuló la cooperación al desarrollo, con el nuevo instrumento de cooperación financiera e inversión de la pasarela Mundial o Global Gateway, con el anuncio de compromisos por unos 46.000 millones de euros en los próximos años. Finalmente, en el plano comercial, se cerró la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile; y se avanzó de manera decisiva con el Acuerdo con México y con Mercosur, a cuyo cierre final en diciembre de 2024 ha contribuido, de manera decisiva, la amenaza que representa Trump para ambas regiones ³⁰. 

Como se ha expuesto en las secciones anteriores, entre la Cumbre de Bruselas en julio de 2023 y la convocada en noviembre de 2025 en Santa Marta, Colombia, en noviembre de este año, el panorama ha cambiado y ha hecho aún más relevante esa racionalidad geopolítica y geoeconómica de la relación birregional. 

Frente a un Washington hostil y una China más presente, la UE y América Latina podrían ser socios estables y confiables para diversificar relaciones en inversión y comercio, basadas en normas predecibles, incluyendo estándares sociales y ambientales más elevados, y el compromiso con el multilateralismo ³¹. 

Persisten recelos históricos en América Latina, donde Europa es vista como parte del Norte global. 

Aunque la Unión cuenta con mejor imagen que Estados Unidos o China en transición verde y derechos sociales, necesita un diálogo más sensible a las asimetrías, y desde Europa hay que asumir que los dobles raseros con las vacunas y, sobre todo, en la guerra genocida de Gaza, han dañado, quizás irreversiblemente, el ascendiente moral de Europa como potencia normativa. 

También es necesario reconocer las fricciones que existen. 

La lucha contra la deforestación –una demanda democrática de la ciudadanía europea– ha generado inquietud en productores latinoamericanos; su aplicación escalonada debe combinar ambición climática con viabilidad operativa y cooperación técnica, para evitar impactos inasumibles en pequeñas y medianas empresas. No se trata de posponer la aplicación de las normas, sino de acompañarlas con cooperación técnica para asegurar su aplicación con los países afectados como copartícipes. 

Para la Unión, lo que está en juego es decidir si América Latina será un socio periférico o estratégico, mientras que América Latina busca balancear presiones de Washington y Beijing con la posibilidad de un vínculo más estrecho con Europa. 

Y esto ocurre en un momento en el que América Latina pierde gravitación internacional. Ello se debe a su decreciente peso económico, así como a causas autoinducidas, como su elevada fragmentación política, y el debilitamiento de sus organizaciones de concertación e integración regional. Estas son contestadas, como en Europa, por las nuevas fuerzas de ultraderecha en ascenso. 

En suma, el reto para la relación transatlántica-Sur, es pasar de la nostalgia de afinidades histórico-culturales o la invocación ritual a valores compartidos, a la acción conjunta en cuestiones como el acceso mutuo a mercados y financiación, la seguridad de los suministros, la transición climática, la transformación digital y la defensa de un orden multilateral en un momento en el que Estados Unidos reactiva, sin pudor, una política intervencionista que remite directamente al corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. 

No es difícil identificar los retos clave en juego para ambas regiones: la Unión busca acceso a materias primas críticas, diversificar mercados, asegurar inversiones y cadenas de suministro, y promover sus estándares ambientales y laborales, más exigentes. 

América Latina reclama financiación, transferencia tecnológica y espacio de política para la industrialización, así como apoyo en materia social y sanitaria, y frente a la crisis de seguridad ciudadana que está sufriendo. 

Ambas regiones necesitan diálogo regulatorio en áreas como las transiciones verde y digital, y los estándares laborales, ambientales y sociales ya mencionados ³². El acuerdo UE–Mercosur, finalmente cerrado en 2024, es ilustrativo: ya no es un mero acuerdo de libre comercio, y contiene reformas respecto a su diseño original que satisfacen esos objetivos. Su ratificación aún depende de que se superen algunas resistencias internas en la Unión, pero Trump es, paradójicamente, su impulsor, pues realza la importancia de ese acuerdo como instrumento geopolítico, de diversificación comercial y para establecer reglas claras y predecibles ante la ofensiva arancelaria de Washington ³³. 

Lo mismo puede decirse de programas como Global Gateway, que solo serán creíble si supone acceso real a financiación, genera proyectos tangibles y beneficios compartidos en sus áreas prioritarias –infraestructuras de conectividad física y digital, transición verde, brechas educativas o sanitarias– y no responde únicamente a los intereses de las empresas o los gobiernos europeos. 

En particular, no debiera alentar un nuevo ciclo extractivista. Global Gateway plantea importantes retos en materia de gobernanza y apropiación, y de movilización efectiva de financiación, evitando alentar un mayor endeudamiento para países latinoamericano con escaso margen para ello, y sin sacrificar otras modalidades tradicionales de cooperación al desarrollo, que siguen siendo valiosas ³⁴.     

Hay áreas de colaboración estratégica con potencial de cooperación, por ejemplo, en materia aeroespacial y de soberanía digital, como ilustra el programa Copernicus. El proyecto europeo Iris 2, para crear una red satelital de acceso a Internet que busca ser alternativa al cuasi-monopolio Starlink, de Elon Musk, también puede ofrecer nuevas oportunidades de colaboración con socios clave de América Latina. 

En materia social, es el momento de avanzar hacia un pacto birregional de cuidados que sitúe las cuestiones de igualdad de género y la agenda social en el lugar que no pudo tener en la Cumbre de 2023 en Bruselas. Frente a la inseguridad y el crimen organizado, y la tentación de convertir la seguridad en coartada para tendencias autocráticas –como ilustra el «modelo Bukele»–, la UE puede ser partícipe de una alianza birregional en esta materia, para que la región desarrolle nuevas políticas democráticas de seguridad basadas en el respeto al estado de derecho y los derechos humanos. En estos ámbitos, dada la fragmentación política que está presente en América Latina y en la relación birregional, pueden ponerse en práctica fórmulas de geometría variable, con coaliciones de países dispuestos a avanzar ya, quedando abiertas a quienes más adelante puedan incorporarse.  

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No ha transcurrido un año desde el inicio del nuevo mandato de Donald Trump, y la Unión y América Latina han tenido que afrontar un Estados Unidos más duro, transaccional y coercitivo, más ideologizado, menos confiable y predecible, que ha transformado, a peor, al sistema de relaciones internacionales y, en particular tanto las relaciones hemisféricas como el vínculo transatlántico. Es una política que pretende situar a latinoamericanos y europeos en una posición de subordinación, riesgos e incertidumbre, ni abre horizontes de desarrollo ni de democracia. Pero que, paradójicamente, puede dejar espacio a América Latina y la UE para ser socios más confiables y cercanos.  

Para la Unión, lo que está en juego es decidir si América Latina será un socio periférico o estratégico. 

Josep Borrell y José Antonio Sanahuja

Tras la Cumbre de la OTAN en La Haya y el mal acuerdo comercial en Turnberry, la UE, presa de sus temores respecto a la guerra de Ucrania, parece haber optado por una estrategia de acomodamiento o subordinación para evitar males mayores. Hasta ahora, el patrón de relaciones que presenta América Latina respecto de la administración Trump oscila entre el trumpismo subalterno de los gobiernos ideológicamente afines, como los de Bukele o Milei, la postración de los más débiles, como Panamá o Colombia, o el acomodamiento transaccional y la contención de daños de los países de mayor peso, como México o, quizás, Brasil. Por esos motivos es más relevante que en el pasado la lógica geopolítica de autonomía estratégica abierta que interesa a muchos de los países que son parte de la asociación birregional, buscando complementariedad, diversificación y resiliencia. 

Con los antecedentes descritos, la Cumbre de Santa Marta no va a ser –y posiblemente no deba ser– una ruidosa reunión contra Trump. 

Es conveniente mantener la calma, ser prudentes, no caer en provocaciones y evitar daños adicionales. 

Pero también hay que evitar que esa reunión sea solo un encuentro rutinario para la gestión de una hoja de ruta de mínimos. 

Con o sin las políticas de Trump, entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe existe ya una hoja de ruta trazada. 

Hay que mantener el rumbo con firmeza, y largar velas para que la singladura sea más rápida. Quizás esa cumbre no sea el lugar decisivo para defender el orden liberal internacional en su conjunto, que por otro lado necesita repararse desde hace tiempo. Pero sí puede ser un espacio apropiado para desplegar una estrategia plurilateral en esa dirección, con hechos concretos. En ese contexto, la presencia misma de los líderes europeos y latinoamericanos en la cumbre de Santa Marta tiene especial significación política. 

Para ambas regiones y sus estatus internacional sería devastadora la imagen de una cumbre deslucida, con ausencias significativas de jefes de Estado y de gobierno de ambas regiones y de la representación al máximo nivel de las instituciones de Unión, como la propia presidencia de la Comisión, frente a la flota estadounidense desplegada en aguas del Caribe y sus acciones armadas. 

Es importante no perder ni el rumbo ni la perspectiva. Queda un largo trecho en el nuevo mandato de Trump. A medio y largo plazo, no está claro aún si la estrategia trumpiana tendrá éxito y se impondrá a los controles y contrapesos de la democracia estadounidense.

Pero si Trump es solo el síntoma de cambios más profundos, la relación birregional debe ser una herramienta útil para evitar la dinámica de subordinación que ha iniciado. Para ello, de nuevo, será necesario dar a la relación entre la Unión y América Latina y el caribe, la relación transatlántica Sur, el papel y la altura que pueden y deben tener como instrumentos geopolíticos frente al trumpismo y a la internacional reaccionaria de la que es parte.