Con la publicación del informe Draghi, que el Grand Continent acompañó en las distintas lenguas de la revista, la Unión se prepara para entrar en una nueva fase. Desde hace varias semanas, damos la palabra a investigadores, comisarios europeos, economistas, ministros e industriales para que reaccionen ante una de las propuestas más ambiciosas de transformación de la Unión. Si aprecias nuestro trabajo y dispones de los medios para hacerlo, considera la posibilidad de suscribirte al Grand Continent
La producción de hidrógeno a partir de electricidad renovable y baja en carbono está llamada a desempeñar un papel fundamental no sólo en el éxito de las políticas energética, climática e industrial de la Unión, sino también a convertirse en una herramienta para la seguridad energética y alimentaria en un mundo roto. Sin la adopción a gran escala del hidrógeno renovable, parece imposible avanzar hacia una verdadera seguridad energética y alimentaria compatible con nuestras ambiciones climáticas. La aparición de una economía del hidrógeno a escala de la Unión podría hacer realidad esta visión.
Sin embargo, como nos recuerda el informe sobre el futuro de la competitividad de Mario Draghi, Europa se enfrenta a un reto de competitividad sin precedentes en tres frentes: la Unión no sabe ser sencilla, rápida ni eficaz en sus políticas industriales y energéticas.
La presente contribución hace balance de las políticas europeas esbozadas en el mandato anterior y propone siete maneras de mejorarlas: más simples, más fuertes y más eficaces. Aunque pueden leerse como adaptaciones más o menos directas de las grandes recomendaciones del informe Draghi, deben verse sobre todo a la luz del gran mensaje que nos envía Estados Unidos a favor de la simplicidad —y no del simplismo— y de un liderazgo más fuerte, que no es sinónimo de autoritarismo.
Europa ya no tiene tiempo para sofisticaciones, ni medios para acomodarse a las fuerzas económicas en juego. La reglamentación debe dejar de construirse sobre compromisos que crean complejidad e ilegibilidad: hay que optar decididamente por la simplicidad para trazar un camino claro hacia la descarbonización que favorezca la inversión, en lugar de organizar una jungla de regímenes reglamentarios y mecanismos de apoyo. En cuanto a la gobernanza, debe aspirar a la rapidez por encima de todo. Los buenos resultados deben ser apoyados, y los malos, castigados según normas anticipables, transparentes y no discriminatorias. Sólo así las normas serán eficaces.
Desarrollar una auténtica planificación a escala europea
Con el hidrógeno, por primera vez se despliega una nueva energía con una perspectiva europea integrada desde el principio, y no mediante la conexión y armonización de los mercados nacionales: la economía del hidrógeno es, por tanto, en sí misma un elemento importante en la búsqueda de la integración económica europea. Puede contribuir a la seguridad energética ampliando el acceso a las energías verdes, y reforzar nuestra soberanía alimentaria deslocalizando nuestros abonos del mañana hacia nuestros países o a países «amigos». Esta visión fue el núcleo de los logros de la Comisión Europea para el período 2019-2024, desde la estrategia de la Unión de 2020 sobre el hidrógeno hasta la importante revisión de la legislación energética y climática de la Unión a través del paquete «Fit for 55».
El informe Draghi subraya la importancia de una gobernanza integrada para afrontar el reto de la competitividad: la economía del hidrógeno debe planificarse ahora a escala de la Unión y pensarse en el marco del mercado único. Como primer importador mundial de energía, Europa puede marcar el ritmo de la transición de los combustibles fósiles a las energías limpias presentando un frente unificado sobre estas nuevas energías. En el contexto geopolítico actual, hay que acelerar todas las acciones que amplíen el alcance del acceso a las energías renovables y sustituibles, y el hidrógeno es uno de los principales vectores para lograrlo.
Siete propuestas
1 – Comprometerse a abandonar progresivamente la producción de hidrógeno fósil
Se necesitan señales simples y decisivas para estimular la inversión
El informe Draghi afirma que la transición gradual al hidrógeno y a los gases verdes en la industria debe tener lugar allí donde sea rentable.
Es posible que la infraestructura estratégica de importación de GNL, que está en expansión, deba reconvertirse en el futuro para manejar los combustibles emergentes de la transición energética. Por tanto, su financiación debería estar sujeta a un valor de opción que contemple un escenario de reconversión. Vamos más allá al afirmar que también debe planificarse una eliminación gradual de las aplicaciones de combustibles fósiles, como el hidrógeno «gris» producido a partir del gas natural, aprovechando las oportunidades de que dispone Europa en el Mar del Norte y el Mediterráneo para desplegar soluciones de captura y almacenamiento de carbono cuando proceda, u organizando y apoyando el cambio al hidrógeno verde. Un compromiso claro de la Unión de prohibir toda nueva capacidad de producción de hidrógeno fósil en la Unión y una eliminación progresiva planificada de la producción residual de hidrógeno fósil en un plazo razonable supondrían un gran impulso para la puesta en marcha del sector. La COP29 habría sido el escenario ideal para enviar este mensaje; ahora tenemos que apostar por Brasil y la COP30.
El mercado del gas, el de la electricidad y las energías limpias están muy correlacionados. Por eso, para optimizar la reconversión de las infraestructuras existentes, la evolución de las redes debe considerarse de forma integrada.
Despliegue de la “red troncal europea del hidrógeno” (European Hydrogen Backbone, EHB)
A este respecto, el despliegue de la red troncal europea del hidrógeno es un componente esencial de la producción de hidrógeno a gran escala en la Unión. La mayoría de los actuales ganadores de las convocatorias de proyectos del Banco del Hidrógeno dependen en gran medida de la EHB para abastecer a los consumidores finales (por ejemplo, los proyectos españoles). Además, en el contexto actual, en el que cada vez se alzan más voces en el sector eléctrico sobre el aumento de las horas de tarificación negativa, el acceso a una red dedicada al hidrógeno es esencial para permitir que los electrolizadores funcionen en modo de seguimiento de carga, absorbiendo el «excedente» de renovables durante las horas pico de energía solar/eólica. Como señala el informe Draghi, la disponibilidad de infraestructuras permitirá producir hidrógeno en lugares donde la energía renovable es abundante y barata, y crear un mercado líquido y competitivo para los consumidores industriales. Esto permitirá aprovechar mejor los activos europeos, en una economía que se está convirtiendo fundamentalmente en una economía de activos, de los que hay que extraer el máximo para reducir el costo de utilización de los activos instalados.
2 – Ofrecer garantías y normas de reparto de riesgos a escala de la Unión para desplegar la red troncal del hidrógeno
El despliegue de la red troncal del hidrógeno se enfrenta a varios retos.
El primero es el riesgo en términos de volumen y calendario para ponerla en servicio. Ningún marco aclara actualmente las condiciones en que se compensa a los productores de hidrógeno o a los consumidores potenciales si el Operador de la Red de Transporte de Hidrógeno (HTNO) los conecta con retraso, ni el modelo financiero para poner en marcha infraestructuras sin volúmenes inmediatamente contratados. Los riesgos financieros son enormes: a largo plazo, se aclararán mediante códigos de red y legislación europea, pero mientras tanto, la Unión Europea debería proporcionar una «garantía de disponibilidad de la infraestructura» para cubrir este riesgo, según un subconjunto de criterios y dentro del límite de un nivel de retraso aceptado, más allá del cual el HTNO seguiría siendo el único responsable. Esta garantía podría proceder de un instrumento específico del BEI, contragarantizado por recursos a nivel de la Unión.
El paquete del gas también prevé un marco para el riesgo de aceleración, es decir, el riesgo de tener que sufragar la totalidad de los costos de infraestructura de un pequeño número de usuarios pioneros de la red de hidrógeno, lo que los disuadiría de utilizar el hidrógeno en primer lugar. Aunque adaptado a las necesidades de los Estados miembros pioneros, por ejemplo, el sistema alemán Kernnetz, no corresponde con la estructura de mercado de todos los Estados miembros, ni con las diferentes capacidades financieras de los presupuestos nacionales. Ofrecer una cuenta de amortización a nivel de la Unión y un sistema de garantía a nivel del BEI para los HTNO que participen en el despliegue de la EHB sería, pues, un gran paso adelante.
Estas propuestas son similares a las presentadas para la red eléctrica en el informe Draghi.
Debido a su período de amortización y a su naturaleza de monopolios naturales, estas redes requieren mecanismos de financiación mediante deuda a largo plazo. La Comisión debe trabajar con el BEI y el Banco del Hidrógeno —cuyo mandato debería ampliarse y reforzarse para incluir otras nuevas energías— para desarrollar instrumentos financieros que movilicen capital privado para la inversión en las redes con el fin de limitar el impacto de los costos en el consumidor final o en los presupuestos públicos. Mario Draghi propone, por ejemplo, garantías públicas para reducir el riesgo de los préstamos a largo plazo para los inversores privados y hacer frente a los riesgos de refinanciación asociados a la larga vida económica de los activos de las redes.
Financiación de la economía del hidrógeno en Europa
Más allá del papel pionero del proceso de Grandes Proyectos de Interés Común Europeo, aplicado conjuntamente con los Estados miembros bajo los auspicios de la Comisión, esta última ha desplegado con éxito importantes herramientas de financiación a escala de la Unión a través del Banco Europeo del Hidrógeno y el Fondo de Inovación ETS, que han tenido un impacto positivo en el desarrollo de proyectos a gran escala de descarbonización del hidrógeno con bajas emisiones de carbono. Una iniciativa europea sobre la financiación de estas nuevas energías, y en particular de sus infraestructuras de carácter europeo, sería coherente con los objetivos y estaría a la altura de los mismos. Tendría en cuenta la necesidad de apalancamiento en toda Europa y evitaría sobrecargar aún más los presupuestos de los Estados miembros, muy limitados por los retos socioeconómicos a los que se enfrenta nuestro continente. Pronto habrá que abordar las mismas cuestiones en relación con la defensa. El planteamiento de un proteccionismo industrial asertivo, por una parte, y de una apertura máxima a los capitales extranjeros y a una ganancia financiera pública en Estados Unidos para reforzar su economía, por otra, así como la muy fuerte competitividad china apoyada en parte por fondos públicos de Pekín, son mensajes para que Europa reaccione lo más rápidamente posible en su política presupuestaria y monetaria. Los Estados miembros y la Unión Europea deben movilizarse lo más rápidamente posible, exigiendo al mismo tiempo una gran capacidad de reacción de los agentes económicos en la aplicación de las políticas europeas. Ello requiere una reglamentación diseñada para tener un impacto financiero directo y masivo: ayudar a los que avanzan y penalizar a los que se resisten.
Aprovechar el éxito del Banco del Hidrógeno a gran escala
En abril de 2024, la Comisión Europea adjudicó su subasta piloto en el marco del Banco del Hidrógeno a siete proyectos europeos de producción de hidrógeno renovable, lo que representa una inversión de 720 millones de euros. El desarrollo de este instrumento, como herramienta de financiación común, es un paso importante en la política energética-climática de la Unión. El banco Banco Europeo del Hidrógeno ha tenido un impacto positivo importante en la creación de un interés generalizado por el hidrógeno renovable y bajo en carbono. El siguiente paso necesario es aprovechar la experiencia adquirida y desplegar el instrumento a escala, es decir, más allá de los casi 2 mil millones de euros de apoyo anunciados.
3 – Un Banco del Hidrógeno con un presupuesto de 40 mil millones de euros para aplicar medidas de apoyo a gran escala
El principal reto consiste en desarrollar el instrumento hasta un nivel acorde con la ambición de la Unión: suponiendo que se pongan en marcha todos los proyectos adjudicados en la subasta piloto, el Banco Europeo del Hidrógeno apoyaría la producción de 0,15 Mt de H2/año, es decir, el 0,75% del objetivo de RePowerEU y el 1,5% del objetivo de producción nacional de la Unión. Suponiendo que sólo el 20% del objetivo de producción nacional de la Unión para 2030 (10 Mt/año) se alcance con el apoyo del Banco Europeo del Hidrógeno, y que el instrumento cubra, por término medio, una diferencia de precio de 2 euros/kg a lo largo de 10 años, el Banco Europeo del Hidrógeno necesita un presupuesto de unos 40 mil millones de euros a lo largo de su vida útil.
El informe Draghi apoya la necesidad de desarrollar instrumentos como el Banco Europeo del Hidrógeno y los Contratos por Diferencia (CfD), un mecanismo para cubrir la diferencia de costos entre la producción de hidrógeno fósil y la de bajo carbono. Recomienda simplificar, acelerar y armonizar los mecanismos de concesión de subvenciones mediante la adopción de instrumentos comunes. El informe también sugiere que podrían movilizarse más recursos del ETS para financiar tales instrumentos, incluidos los del ETS2: 1 apoyamos firmemente este planteamiento, en complementariedad con el capital privado. En la misma línea, el Banco Europeo también podría contribuir, como complemento de las políticas nacionales, a financiar en mayor medida las necesidades de inversión para la reconversión de las industrias de transformación intensivas en combustibles fósiles, a fin de garantizar su permanencia en el espacio europeo durante las próximas décadas: se trata de una cuestión de empleo, competitividad y soberanía energética e industrial.
La estabilización de las expectativas y la información sobre las sucesivas rondas de subastas deben ser transparentes y estar disponibles con suficiente antelación para facilitar la planificación de las inversiones.
Estrategias de financiación innovadoras: hacia un plan de ahorro climático de la Unión
La financiación de la estrategia del hidrógeno y, más en general, de las ambiciones climáticas de la Unión, preservando al mismo tiempo nuestra competitividad, requiere inversiones masivas a una escala no vista desde la posguerra, o incluso desde la primera revolución industrial, como muestra la cifra de 800 mil millones de euros que encabeza el informe Draghi. Los recursos públicos, ya sean de la Unión o de los Estados miembros, no serán suficientes. No nos equivoquemos: desplegar cuanto antes las inversiones en una economía baja en carbono sirve también a la soberanía y la seguridad del continente, no sólo en materia de energía, sino también para sus sectores estratégicos: el acero para la defensa, los fertilizantes para la alimentación.
4 – Aplicar una política monetaria respetuosa con el clima
La taxonomía de la Unión ha proporcionado un marco normativo para etiquetar las inversiones verdes y marrones.
Ahora corresponde a la Unión ofrecer incentivos económicos claros para desplegar inversiones verdes, más allá de las preferencias de los inversores y de los criterios ESG. Dada la naturaleza intensiva en capital de la transición, es esencial hacer todo lo antes posible para diferenciar el costo del capital entre inversiones verdes y marrones.
Una política monetaria respetuosa con el clima —ya sea que favorezca los activos verdes a través de la flexibilización cuantitativa o a través de tasas duales, como sugieren voces dentro de la comunidad económica— resultará necesaria: la Comisión tiene un papel que desempeñar animando al BCE a dar los primeros pasos y a confirmar su claro posicionamiento a favor de una política monetaria verde. Como sugiere el informe Draghi, un ajuste favorable de los requisitos de capital para los activos verdes también sería un incentivo clave para la transición.
5 – Una directiva europea sobre el ahorro verde
Al mismo tiempo, la tasa de ahorro agregada de los hogares de la Unión está en máximos históricos. 2
Poner el capital de los hogares al servicio de la financiación de la transición es, por tanto, una solución evidente. El ahorro a largo plazo —seguros de vida, planes de pensiones— es el vehículo ideal para financiar las infraestructuras necesarias para la transición debido a su largo vencimiento y al perfil de riesgo deseado: si la Unión no logra una transición competitiva hacia el balance neto cero, poco quedará de la economía productiva europea.
El informe Draghi indica que la Unión necesita canalizar mejor el ahorro de los hogares hacia la inversión productiva a través de productos de ahorro a largo plazo, como las pensiones.
Una solución podría ser la puesta en marcha de una directiva europea sobre ahorro verde, que defina un marco unificado para los productos de ahorro verde en la Unión, con baja liquidez por parte del consumidor, un vencimiento a largo plazo —invirtiendo únicamente en fondos categorizados según el art. 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles— y en activos que cumplan la taxonomía dentro de la Unión.
Estos productos constituirían una categoría de recursos listos para ser priorizados en futuras actualizaciones del marco de la Unión sobre requisitos prudenciales porque serían intrínsecamente resistentes al cambio climático y contribuirían a mitigarlo. Se trataría de una extensión natural de los esfuerzos del BCE por garantizar que el riesgo climático se tenga más en cuenta en las labores de supervisión y regulación. Se destinarían a inversiones en territorio europeo o en favor de agentes europeos, a fin de garantizar que el ahorro europeo sirva ante todo a los intereses estratégicos europeos.
Debería alentarse a los Estados miembros a ofrecer ventajas fiscales y jurídicas a estos productos, basándose en los regímenes fiscales existentes para los seguros de vida o el ahorro a largo plazo en algunos Estados miembros. Por supuesto, imponer deducciones o exenciones fiscales a los Estados miembros requeriría un acuerdo unánime en el Consejo, pero podría estudiarse la posibilidad de reservar determinados recursos de la Unión para inversiones en los Estados miembros que los adopten, por ejemplo, el EHB, el Fondo de Innovación, el CEF, en una lógica de adicionalidad: los recursos de la Unión se movilizan allí donde más urge que el capital privado invierta en la transición. También podría preverse que una fracción del costo fiscal soportado por los Estados miembros por las medidas a favor del ahorro verde se dedujera de sus contribuciones al presupuesto de la Unión, o que se dedujera de sus objetivos de déficit en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Llevar a cabo la transición energética
El informe Draghi también destaca el reto de la aplicación y la responsabilidad de los Estados miembros
La mayoría de los Estados miembros de la Unión no han cumplido los objetivos de 2020 para el uso de energías renovables en el transporte y, hasta la fecha, ninguno ha transpuesto formalmente en su totalidad las principales directivas aprobadas durante el mandato anterior, en particular la RED 2 y 3, la segunda y tercera directivas sobre energías renovables. La próxima legislatura deberá esforzarse por que estas directivas se apliquen lo más rápidamente posible y, para ello, deberá tratar de simplificar las normas para facilitar su adopción.
Esta situación, que se suma a la ilegibilidad de las normas de la RED 3 dada su inmensa complejidad, es una muestra del fracaso de la política reguladora europea por su falta de simplicidad, su incapacidad de transposición rápida y, sobre todo, su falta de eficacia en términos de aplicación, por su carácter incentivador o sancionador.
Urge un cambio europeo en este ámbito, o corremos el riesgo de paralizar nuestro continente bajo el peso de normas que no sólo son incomprensibles para el gran público, sino que incluso dividen y alejan a los expertos, y siguen siendo, en cualquier caso, incomprensibles para los inversores. La transición está hecha de proyectos concretos que con objetivos sutilmente articulados en directivas y reglamentos: para tener éxito, las opciones políticas deben traducirse de forma directa y sencilla en los modelos financieros de los inversores. Pero hoy dedicamos más tiempo a estas cuestiones que al despliegue real de proyectos, inversiones y actividades tangibles para los europeos. Esta situación es la peor ilustración de la desconexión entre nuestro mundo político y reglamentario y la vida de los ciudadanos y las empresas de Europa.
Transformar los objetivos de Fit for 55 en proyectos e inversiones
En el centro del diseño político del paquete «Fit for 55» se encuentra una doble combinación de medidas, basadas, por un lado, en la aplicación progresiva de un instrumento de tarificación del carbono en el conjunto de la economía europea y en la mejora de su resistencia a las fugas de carbono y, por otro, en mandatos sectoriales destinados a incorporar las energías renovables al consumo final de energía. Estos mandatos son un motor esencial para el desarrollo del hidrógeno, sin el cual no es posible su adopción a gran escala, dado que la señal de tarificación del carbono no es suficiente para desencadenar inversiones en los sectores más difíciles de descarbonizar. 3
6 – Hacer que los combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO) y los mandatos sobre energías renovables sean una realidad para los proyectos y las inversiones, aclarando el alcance y las condiciones de aplicación y garantizando una transposición uniforme en toda la Unión.
La demanda de regulación no se materializa —todavía— porque la regulación no es —todavía— eficaz.
Una de las principales razones por las que los offtakers se muestran cautelosos a la hora de comprometerse con cantidades a largo plazo se debe, en gran medida, a la naturaleza incierta de las obligaciones reglamentarias y las penalizaciones asociadas, provocadas por la falta de transposición, la transposición incorrecta o incompleta de las obligaciones reglamentarias, en particular, las de la Directiva sobre energías renovables, pero que también afectan, en cierta medida, a RefuelEU aviación y FuelEU marítimo. Esta situación ha dado lugar a la aparición de proyectos de hidrógeno destinados principalmente a las refinerías y no a la amplia gama de sectores difíciles de descarbonizar que serán necesarios.
La Comisión tiene un papel fundamental que desempeñar para hacer frente a estos retos.
- En primer lugar, aclarando el alcance de los mandatos y orientando a los Estados miembros para que la responsabilidad recaiga en los agentes económicos y no en los Estados miembros individuales, aprovechando al mismo tiempo la infraestructura del Mecanismo de Ajuste del Carbono en Frontera para garantizar una protección adecuada contra las «fugas de los mandatos», especialmente en el contexto de los artículos 22a/22b.
- En segundo lugar, garantizando que el marco de transposición sea homogéneo entre los Estados miembros y lo más claro posible para los inversores, de modo que las señales económicas compartan una estructura común y bien integrada en el mercado de la Unión. En su informe, Mario Draghi propone minimizar el costo de la transposición por parte de los Estados miembros y reforzar el papel del organismo encargado de aplicar las reglas del mercado único (SMET) para evitar una transposición incorrecta.
- En tercer lugar, basándose en esta transposición homogénea, fomentando la aparición de un mercado europeo transparente, líquido y eficaz de «certificados de incorporación de RFNBO», en lugar del actual sistema desarticulado de certificados nacionales que, en la mayoría de los casos, no permite una circulación fácil de los contenidos renovables incorporados a través de las fronteras intraeuropeas. Este enfoque está en consonancia con la recomendación del informe Draghi de coordinar y desplegar las herramientas de financiación —subvenciones, créditos, fiscalidad, derechos de emisión gratuitos— en todo el mercado único.
- En cuarto lugar, impulsando la demanda de productos renovables y con bajas emisiones de carbono en otros ámbitos políticos de la Unión. Por ejemplo, la Política Agrícola Común podría, en su próximo ejercicio, conceder primas a los agricultores que opten por fertilizantes renovables y bajos en carbono, y las normas para vehículos o edificios podrían exigir que se utilice una proporción cada vez mayor de acero bajo en carbono. En este sentido, el informe Draghi no propone una aplicación sectorial, sino que pretende estimular la demanda de productos verdes fomentando la transparencia mediante la definición de normas europeas de etiquetado, medición y comunicación de la huella de carbono de los productos.
Garantizar la eficacia de las normas europeas de CO2 en el transporte por carretera
La Unión ha impuesto, con razón, normas de CO2 muy ambiciosas, sobre todo para camiones y autobuses, y ha establecido requisitos mínimos para la recarga de vehículos eléctricos y el repostaje con hidrógeno a través del Reglamento sobre Infraestructuras de Combustibles Alternativos (AFIR). 4
7 – Enviar un mensaje claro sobre los objetivos de CO2 para los vehículos y desplegar una infraestructura de baterías/hidrógeno con un sistema de pago por capacidad a escala europea
Actualmente se teme que no sea posible alcanzar los objetivos fijados para camiones y autobuses, ya que los fabricantes parecen apostar por una revisión del objetivo. Algunos hechos preocupantes respaldan esta opinión: i) prácticamente no hay camiones de cero emisiones en las carreteras; ii) empiezan a existir modelos de camiones alimentados por baterías, pero a un precio muy elevado; iii) se están desarrollando y presentando modelos de camiones de H2, pero los fabricantes han declarado que no se comercializarán antes de 2027 (series pequeñas) o 2029-2030 (gran volumen) debido a la falta de infraestructuras; iv) el éxito del CEF/AFIR oculta la falta de una verdadera estrategia de despliegue coordinada por los Estados miembros, los fabricantes de vehículos y los operadores de infraestructuras.
El informe Draghi omite de forma evidente el papel del hidrógeno en la movilidad, especialmente en el transporte pesado. Se centra en los vehículos eléctricos y excluye los camiones y autobuses propulsados por hidrógeno, así como las infraestructuras de repostaje de hidrógeno, que son, sin embargo, necesarias para descarbonizar el transporte por carretera y que aliviarían la considerable presión que pesa actualmente sobre el refuerzo de las redes eléctricas, cuyo costo se estima en más de 500 mil millones de euros, y cuyo plazo de aplicación difícilmente estará a la altura de las ambiciones comunitarias.
Es posible aplicar modelos de asociación público-privada y crear una coalición de inversores si existe un modelo de inversión con garantías que acompañe la toma de riesgos establecida por las autoridades públicas. Las normas CO2 y AFIR están sujetas a una cláusula de revisión fijada para el 31 de diciembre de 2026: en otras palabras, 24 meses de rumores sobre una posible revisión a la baja de las normas CO2 y de los objetivos AFIR para el sector de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado podrían bastar para paralizar las inversiones. La Comisión puede aportar aclaraciones para evitarlo. Al mismo tiempo, es necesario coordinar el despliegue acelerado de infraestructuras. Si la Unión quiere mantener sus objetivos como es debido, necesita un despliegue muy rápido y ambicioso de la infraestructura de baterías/H2. Esto sólo puede lograrse mediante un enfoque mucho más coordinado. La Comisión debería hacer de esto una prioridad política, ya que su éxito es esencial para el éxito de las normas sobre emisiones de CO2.
El informe Draghi fomenta la colaboración público-privada y la cooperación transfronteriza: la Unión debería, en efecto, apoyar la innovación en el despliegue de los mercados a través de diferentes herramientas, citando la producción de combustibles renovables sostenibles bajos en carbono, incluido el eSAF, como una prioridad absoluta en el camino hacia la descarbonización del transporte.
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Los retos de la economía del hidrógeno son, pues, muy emblemáticos de toda la problemática europea, que tiene la visión más lograda del mundo en materia de políticas de transición, pero adolece de la capacidad de ejecución más frágil debido a la complejidad de la gobernanza y a la incapacidad de desarrollar un proceso vertical de toma de decisiones que es absolutamente crítico cuando el tiempo apremia. El poder se distingue por su velocidad de proyección, y necesitamos clarificar la gobernanza y el proceso de toma de decisiones para marcar el ritmo necesario. Ya no es momento de discusiones técnicas sobre políticas climáticas que están fuera del alcance de mucha gente porque sus beneficios tangibles son muy lejanos y difusos.
Las cuestiones de seguridad energética, seguridad alimentaria y defensa son fundamentos extremadamente tangibles de la política climática. La emergencia geopolítica exigirá que Europa acelere su aplicación, en beneficio de todos. Al mismo tiempo, es posible que la gobernanza europea tenga que revisarse radicalmente: esto es esencial para que Europa disponga de los medios para una política verdaderamente integrada en los ámbitos clave de su seguridad.
Notas al pie
- Banco Central Europeo, «Obstacles to the greening of energy-intensive industries», 17 de septiembre de 2024.
- Actualización del periodo Covid.
- Michael Grubb, Rutger-Jan Lange, Nicolas Cerkez, Ida Sognnaes, Claudia Wieners, Pablo Salas, Dynamic determinants of optimal global climate policy, Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 71, 2024.
- Sobre esta base, junto con Hy24, hemos diseñado nuestro fondo de modo que podamos invertir fuertemente en infraestructuras de repostaje de H2 (HRS) y flotas de H2. Hy24 ha realizado dos inversiones notables en estos ámbitos: una red de infraestructuras de repostaje en Alemania (H2 Mobility) y un modelo de negocio integrado —vehículos, infraestructuras y servicios gestionados por HysetCo— en Francia.