Tras meses de negociaciones y dos proposiciones de ley rechazadas desde noviembre pasado, el acuerdo que PSOE, ERC y Junts presentarán en el Parlamento español será la tercera versión de la ley de amnistía -y a priori la última-.

  • Esta ley sustenta el acuerdo fundamental que permitió a Pedro Sánchez mantenerse en el poder y formar Gobierno tras las elecciones de julio de 2023. Desde la investidura oficial del socialista, el 15 de noviembre, la legislatura ha estado paralizada porque no se había llegado a un acuerdo preciso entre los negociadores oficiales del Partido Socialista, por un lado, y Puigdemont, por otro.
  • Se habían citado «cuestiones técnicas» como motivo de los fracasos anteriores. Estas diferencias se referían, en particular, al número de personas que podrían beneficiarse de la amnistía -y las condiciones para tener derecho a ella, especialmente para los acusados de «terrorismo» en relación con la declaración de independencia de Cataluña, incluido Puigdemont-.

El nuevo proyecto de ley responde a las expectativas de todos los partidos, que han presentado respectivamente este último acuerdo como una victoria. Junts se adelanta incluso al regreso de Puigdemont a España en junio, anunciando que podría encabezar la lista para las elecciones europeas.

  • La amnistía debería poder aplicarse a todos los implicados en el procés. Según los negociadores, se trataría de más de 400 personas.
  • El texto -en particular el pasaje sobre «terrorismo»- ya no se remite al Código Penal español, sino al Derecho europeo y a la jurisprudencia internacional. Según los negociadores, la nueva propuesta cumple las recomendaciones de la Comisión de Venecia.
  • El organismo del Consejo de Europa estudió la propuesta de ley de amnistía a petición del Senado y el Partido Popular españoles. Aunque criticó el carácter urgente de la ley, la Comisión aprobó el texto por considerar que «la reconciliación social y política es un objetivo legítimo» de la medida en cuestión.

En efecto, Sánchez presenta la ley de amnistía como un medio para lograr la reconciliación y resolver la crisis catalana. Sin embargo, el retraso en las negociaciones parece, por el contrario, haber aumentado las tensiones sobre el tema.

  • En particular, la oposición liderada por el PP ha aprovechado el retraso para relanzar e intensificar sus numerosos ataques contra el Gobierno, al que acusa de corrupción a raíz de los acuerdos alcanzados con los independentistas.
  • Mientras tanto, los jueces españoles han decidido abrir nuevas diligencias judiciales contra Puigdemont sobre la base de lo que le amparaba en los anteriores proyectos de ley. El nuevo texto debería impedir cualquier nueva imputación del ex presidente de la Generalitat de Cataluña por parte de la justicia española.
  • Mientras tanto, en las filas del PSOE ha estallado un escándalo que afecta al Gobierno. Se trata del caso Koldo, un caso de corrupción relacionado con contratos millonarios para la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19, en cuyo centro se encuentra el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El tiempo y los plazos son, por tanto, cruciales para un Gobierno socialista en crisis, que busca cerrar este caso lo antes posible.

  • El proyecto de ley se presentará en el Congreso el próximo jueves, antes de pasar al Senado -donde el PP tiene mayoría-. La derecha española planea alargar el proceso todo lo posible. Probablemente pasarán varios meses antes de que el texto vuelva finalmente al Congreso para su validación final.
  • Tras esta victoria del PSOE, Sánchez podrá por fin desbloquear su legislatura aprobando los Presupuestos -que necesitan absolutamente el voto de los independentistas catalanes-.

Aunque parece estar en una situación delicada, por el momento el Gobierno de Sánchez no parece estar en peligro.

  • Sin embargo, habrá que estar muy pendientes de los resultados de las elecciones europeas y, sobre todo, de las catalanas, que deben convocarse antes de febrero de 2025.
  • Mientras el PP no sea capaz de llegar a un acuerdo con el PNV y Junts sobre el final de la legislatura -lo que hoy está lejos de ser el caso-, parece poco probable que el Gobierno caiga.